Familias desplazadas del centro cultural y ceremonial triqui de San Juan Copala, Oaxaca, continúan a la espera de que el gobierno de Gabino Cué pueda garantizar el regreso a su comunidad. Los más de 700 triquis, simpatizantes de la creación de un municipio autónomo, viven en el exilio desde el 13 de septiembre de 2009, cuando un grupo paramilitar ocupó el poblado y expulsó a las 100 familias que resistían un asedio de más de un año.
Desde inicios del conflicto, cuando las organizaciones partidistas triquis comenzaron el acoso contra los "autónomos", son ya 35 personas asesinadas por grupos paramilitares. Tanto la Unidad de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), afiliada al Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), del Partido Unidad Popular, se opusieron a la construcción de un municipio autónomo en la región.
El 20 de enero pasado, el Consejo Autónomo de Desplazados de San Juan Copala informó a los medios de comunicación, en conferencia de prensa, que estaba "todo listo" para el regreso de unos 700 indígenas a su comunidad.
En el encuentro con la prensa solicitaron “apoyo” para la reconstrucción de sus casas, que iniciaría el lunes 23 de enero a las 9:00 horas. Requirieron alimentos como maíz y frijol, colchas, pintura y materiales para reactivar la vida en la comunidad.
Sin embargo, por la noche del mismo día, un comunicado del gobernador de Oaxaca, Gabino Cué Monteagudo, señaló que “no hay fecha definitiva para el retorno de las familias triquis a San Juan Copala”. Agregó que el retorno de las familias desplazadas se realizaría de "manera gradual" y respetuosa de las medidas cautelares dictadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
El ejecutivo estatal informó que aún no “existe fecha definitiva para su retorno, hasta en tanto existan condiciones óptimas que garanticen su seguridad física y patrimonial, así como un gran acuerdo de paz entre los actores sociales vinculados”.
Dijo que aún “se requiere de un mayor diálogo para la concreción de un gran acuerdo de paz, donde todas las partes hagan expresa su voluntad para la creación de condiciones viables para un retorno seguro y perdurable”.
Con su comunicado, el gobierno estatal estaría cancelando la participación de la fuerza pública que garantizaría el retorno pacífico de las familias desplazadas.
Aunque los voceros de los desplazados sostienen que los 700 triquis regresarán a sus casas el lunes 23, reconocen que continuarán las consultas entre los afectados para definir una nueva posición ante lo que consideran un "incumplimiento" de gobierno de Gabino Cué.
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