El Ejército en Acapulco.Cada mañana, en la puerta 8 del Campo Militar Número 1, decenas de soldados y marinos vestidos de civil se van juntando hasta que, en punto de las 7:00 horas, un toque de corneta llama a formación y un oficial cuartelero pasa lista con potente voz de mando.
Al trasponer el arco de acceso, luego de sortear exhaustivas revisiones, se llega a la base de la Policía Militar, que destina uno de sus patios a la formación. El campo es enorme, con sus espaciosos edificios, extensiones arboladas, limpias avenidas y explanadas ociosas… pero el Agrupamiento de Militares Libres Bajo Caución de la Primera Región tiene bien delimitadas sus zonas y salir de ellas, así sea para buscar la sombra de un árbol, puede ser motivo de castigo.
Estas descripciones respecto de la situación que impera en la instalación castrense son hechas por los propios prisioneros, quienes refieren que aun oficiales y personal de tropa son despojados ahí de uniformes, insignias y todo distintivo, salvo el gafete de acceso que los iguala con el estigma de ser indiciados. No hay ningún general, almirante ni otros oficiales superiores; sólo mandos medios, grumetes y soldados rasos.
Una vez que pasaron lista, deben tomar un desayuno insalubre, en trastes de plástico manchados por no lavarse en varios días, rellenos una y otra vez del potaje extraído de la llamada “cazuela del perro”.
Luego se les ordena permanecer en un lugar para el adiestramiento, que no les dan, pero rompen filas hasta que algún oficial lo decide. Los originarios del Distrito Federal van con sus familias, pero la mayoría, sin ingresos y venidos de lejos, permanecen inactivos, esperando por años que se resuelva su caso.
Están ahí en cumplimiento del artículo 6 del Reglamento de los Grupos de Militares Procesados y Sentenciados (RGMPS), norma que no reglamenta ninguna ley.
Los motivos por los que cumplen esa prisión a medias no son claros para alrededor de 2 mil efectivos indiciados por la justicia castrense que están repartidos en las regiones militares. No fueron sentenciados por un tribunal ni se les acredita aún ningún delito, pero en general fue por “sospechosos” que perdieron la libertad, sus derechos laborales y su patrimonio, además de que no cuentan con seguridad jurídica.
“Dando una interpretación mezquina a la Constitución, nos convierten en víctimas de un código de justicia militar que es ambiguo, confuso, arcaico. Estamos indefensos, marginados, percibiendo el 10% de nuestro salario, muchas veces acusados por encontrarnos en la parte inferior de la cadena de mando”, explica el capitán segundo Manuel Contreras Marqueda.
A ello se suma la cancelación de créditos hipotecarios y la confiscación de bienes facultada por el artículo 33 de la Ley Orgánica de Banjército.
Desde enero de 2011, un grupo de oficiales que forma parte del agrupamiento emprendió una serie de acciones para exigir la derogación del fuero de guerra, que consideran injusto para los propios militares y en el que, dicen, se basa la impunidad en violaciones a los derechos humanos de civiles. Incluso señalan que orilla a soldados a suicidarse o bien desertar o enrolarse en grupos criminales, con tal de “subsistir a cualquier costo”.
De acuerdo al párrafo segundo del artículo 13 constitucional, en México “subsiste el fuero de guerra para los delitos y faltas contra la disciplina militar”. Además, el artículo 123, en la fracción XIII de su apartado B, establece que los militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público, peritos y miembros de instituciones policiales se regirán por sus propias leyes.
A juicio de los denunciantes, entrevistados por Proceso, lo anterior posibilita la subsistencia del RGMPS y que el Código de Justicia Militar (CJM) sea el marco jurídico por el que ministerios públicos y juzgados militares carecen de autonomía y siguen al servicio del mando militar, con lo que se viola la división de poderes estipulada en el artículo 49 constitucional. Es decir, en última instancia el presidente es comandante en jefe, legislador, acusador y juez.
El capitán Contreras explica que los defensores de oficio no suelen representar a los acusados en la justicia militar y los que tienen posibilidades de hacerlo son designados fiscales. Así, los peores abogados militares son defensores de oficio, y los mejores, ministerios públicos. Ellos, como los jueces, responden a la misma cadena de mando y a la nómina de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Por lo general, el defensor aconseja al “cliente” que se declare culpable.
“El espíritu de nuestra denuncia contra el fuero de guerra se funda en la exigencia legítima al Estado mexicano de que propicie la igualdad ante la ley. Como integrantes de las Fuerzas Armadas, reclamamos que se nos reconozca como seres humanos y como ciudadanos”, añade el oficial.
Sus compañeros condicionan el encuentro con el reportero: “Aceptamos hablar, pero que quede claro: hacemos responsable a nuestro comandante en jefe, el presidente Felipe Calderón, y a los secretarios de Defensa y de Marina, de nuestra integridad y la de nuestras familias”.
Excesos
–¿A qué se refiere con “verle los calcetines” a su superior?
–¿Le suena absurdo, verdad? Esa es una de las acusaciones: la falsedad de haberle visto los calcetines a un oficial.
“También me acusaron de que algunos elementos me llaman por mi nombre y otros por mi grado; del delito de que mi hermano sea yerno del contralmirante Marco Antonio Peyrot (que fue secretario de Marina en el sexenio de Fox); además, de ser estricta en las limpiezas bucales, de haber dejado un resto reticular y de que mi consultorio se contaminó de influenza. Contra todas las pruebas que aporté, el Consejo de Honor me declaró culpable”, explica la teniente de fragata y odontóloga Elvia Emilia Eguileta Arias.
Una veintena de soldados, de civil y encapuchados, se presentó en las instalaciones sanitarias de la Primera Región Naval, en Tampico, Tamaulipas, el 18 de febrero de 2010. Descendieron de tres vehículos y con violencia se llevaron a la teniente Eguileta al hospital militar de esa ciudad portuaria.
La oficial es alta, rubia y atlética. Los soldados le ordenaron desvestirse y le tomaron fotografías y video. De ahí la llevaron a la base militar de Tancol, en el mismo estado.
“Me dijeron que me trasladarían. Ellos iban de civil, yo uniformada; entonces supe que me querían matar. En la central camionera de Tampico me querían aplicar la ley fuga, porque de repente abrieron la puerta y me aventaron. Gracias a Dios, me les escapé a los judas.”
La teniente se escondió. Mandó publicar un desplegado denunciando los hechos el 19 de febrero de 2010 en El Sol de Tampico, pero no encontró protección, sino al contrario: un comando ingresó a su domicilio particular y sustrajo equipos de cómputo, documentos y objetos personales. Con miedo, viajó a la Ciudad de México y se entregó a la justicia militar.
“Aún no me explico cómo el contralmirante (Francisco Sáynez) permitió ese secuestro, siendo yo una oficial de la Armada y mis captores elementos del Ejército”, dice.
Como oficial de la Marina Armada de México, la teniente Eguileta es procesada por la justicia militar, pues la Secretaría de Marina no cuenta con un sistema de justicia. “En las Fuerzas Armadas hay mucha corrupción. Mientras el presidente dice que quiere cambiar el país, nosotros vemos que no atiende las soluciones que se le plantean, y una de ellas es la eliminación del fuero de guerra”, agrega.
El teniente de corbeta Iván Gómez Ortiz añade que con la propuesta de reforma a la Ley de Seguridad Nacional que promueve Felipe Calderón no sólo se daría un poder descomunal a los mandos militares:
“Si con nosotros hacen lo que quieren, imagínese con el personal civil. Con esa reforma nadie va a poder detenerlos. Es mucho poder en juego. Con miedo estamos abordando el tema y, más allá de nuestros casos, estas denuncias son por México, por sus instituciones y por los compañeros que están en la misma situación que nosotros, sin ser escuchados y vencidos en juicio, que han perdido todos sus derechos.”
Entre los integrantes de este agrupamiento hay quienes dispararon a civiles por una orden de sus superiores, pero éstos no asumieron las consecuencias. También los que trataron de expresarse con libertad.
Por ejemplo, el teniente de transmisiones Manuel Álvares Domínguez fue acusado de motivar a otros militares a conseguir un incremento salarial. El oficial consiguió que integrantes del Centro de Investigación y Docencia Económicas asumieran su causa en lugar de un defensor de oficio militar y, gracias a un amparo, regresó a su plaza.
En un escrito dirigido a los titulares de los tres poderes, así como al ómbudsman y a distintas instancias especializadas en derechos humanos dentro y fuera del país, el 11 de julio de 2011 el capitán Álvares expuso los casos de otras víctimas de la justicia militar, que impone a los militares indiciados una “sentencia previa”.
Citó al mayor médico cirujano Óscar Antonio Cabrera, quien se suicidó en agosto de 2010 al no soportar las cargas del proceso y el despojo de su patrimonio, y al teniente de zapadores Julio César Reyes Fiscal, quien terminó con su vida al mes siguiente. Ambos estaban en el agrupamiento.
Juicios por consigna
El capitán segundo en materiales de guerra del Ejército, Manuel Contreras, y el teniente de corbeta y contador de la Armada, Iván Gómez, están acusados de delitos semejantes: descubrir robos y denunciarlos.
Contreras estaba destacado en la XXIV Zona Militar, con sede en Morelos, bajo las órdenes del general Ricardo Escorcia Vargas, a quien relevó después el general Leopoldo Díaz Pérez, hoy conocido por estar implicado en la desaparición de Jethro Ramsés Sánchez Santana, ocurrida el 1 de mayo de 2011, así como por ser el operador del plan contrainsurgente en Chiapas de 1995 a 2000.
Cuando, cumpliendo sus funciones, Contreras hizo un balance de materiales detectó cartuchos faltantes. Dio parte del robo, pero lo hizo tres meses después de ocurrido, pues se trata de un inventario difícil de detectar por el volumen. Pese a que comprobó que no estaba a cargo del almacén en el momento del robo y que fue él quien lo denunció, se le abrió la averiguación previa 042/2010. Como pocas veces, pudo sentar a un general (Díaz Pérez) en su juicio, pero éste respondió con burlas y divagaciones en la diligencia mientras el juez lo festejaba. Ahí sigue Contreras, a un año y medio de ser indiciado.
Al teniente Gómez, según el expediente 057/2011, se le acusa de no percatarse a tiempo de un fraude. Contador público egresado del Instituto Politécnico Nacional, Gómez realizó una auditoría en la Primera Región Naval, en Tuxpan, Veracruz, y aportó los elementos para la denuncia.
Al presentarse en el juzgado para dar su testimonio, se sorprendió porque apareció como responsable y ahora está sujeto a proceso militar. “Cuando a los mandos les pegas en el dinero, no sabes lo que te espera”, dice.
Contreras abunda en que el agrupamiento es un negocio fraudulento que capta recursos que los militares y marinos denunciantes calculan entre 15 y 20 millones de pesos mensuales, ya que a unos 2 mil indiciados se les retiene el 90% de su ingreso y el destino de ese dinero no es transparente.
“Con eso, según mis cálculos, se pagarían la Estela de Luz y la Línea 12 del Metro”, interviene la teniente Eguileta.
De acuerdo al artículo 20, fracción IV del RGMPS, la nómina y beneficios incautados deben reintegrárseles a los indiciados si quedan absueltos. Pero eso no ocurre y nadie sabe a dónde va el dinero. A eso le atribuyen que siempre resultan culpables.
Contreras afirma que en esta trama juega un papel importante el Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFAM), que termina siendo un instrumento de persecución por las retenciones de nómina sin transparencia.
En el mencionado oficio de 2011, el teniente Álvares Domínguez observó: “Se pierde totalmente el fin único de la existencia de la justicia, pues ya no se busca balancear la ecuación existente entre delito, acusado y daño, sino la tipificación del acusado, la persecución y exterminio en vida”. Añade que la mayoría de los indiciados no cuenta con una profesión civil, pues ha dedicado su vida a las Fuerzas Armadas.
“Hemos olvidado el concepto de dignidad y nos hemos dedicado a sobrevivir, no escatimando modo alguno de obtener ingresos, trabajando de cargadores, pintores, vendedores de tamales o dulces y, los más afortunados, trabajando de escoltas, sin la certeza de que en alguna ocasión escolten, sin darse cuenta, a personas de la delincuencia organizada, con la única intención de no ver a sus hijos lamentándose en la miseria.”
Para Contreras Marqueda, las consecuencias del fuero de guerra van más allá y provocan un daño a la sociedad, ya que posibilita la impunidad de los mandos superiores en la violación de derechos humanos. Por eso, dice, todos los actores políticos le temen al Ejército, pese a que con el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla el Estado mexicano debería reformar el Código de Justicia Militar.
–Sabe usted mucho de leyes –se le comenta.
–La mayoría no sabemos nada, confiados en que siendo gente de bien nunca nos pasará nada, hasta que un día pasa y tienes que aprender para defenderte.
En octubre pasado los oficiales inconformes sostuvieron un encuentro con Margarita Zavala, la esposa del presidente Felipe Calderón. Fue un logro, pues desde hace un año han pedido cita al ómbudsman Raúl Plascencia pero ni él ni nadie los recibe en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Zavala los escuchó, fue amable, les dio una lectura jurídica y les dijo que ya habían hecho mucho, que ahora confiaran en quienes deben resolver las cosas. Esperaron y nada, como también aguardan respuestas del Congreso, del Poder Judicial y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, al que le hicieron llegar sus denuncias para que se investigue a los responsables de la justicia militar por su actuación y se indague el destino del dinero confiscado, así como para proponer reformas que erradiquen el fuero de guerra.
Eguileta y Gómez, marinos ambos, alzan sus tazas de café y las chocan. La primera advierte:
“Los militares y marinos somos buenas personas, gente común como todos, pero con una responsabilidad con el país. Muchos creemos en las Fuerzas Armadas y en la lucha contra el narco. Muchos arriesgan sus vidas a diario, por eso nos duele esta situación. No somos maleantes, pero nuestras familias sufren y, claro, tenemos miedo por nosotros y por ellos. Lo único que queremos es justicia para todos, militares y civiles, por eso es esta lucha.”
En México, militares violan derechos y gozan de impunidad: HRW
MÉXICO, D.F. (apro).- La tortura y las amenazas de muerte son prácticas comunes utilizadas regularmente por las fuerzas armadas de México contra aquellas personas acusadas
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