México es uno de los países del continente con más inmuebles históricos, que además de ser costosas joyas arquitectónicas únicas en su tipo, son herencia histórica de la nación, desde las hermosas y costosísimas catedrales barrocas, neoclásicas o góticas, las iglesias con primorosos retablos y techos bañados en oro, los monumentales palacios de virreyes y condes que hoy, en su mayoría, albergan museos, oficinas públicas o colegios.
Todo ello, junto con las islas, presas, playas y carreteras que aún no se privatizan, son patrimonio nacional e incluso algunos de la humanidad, de acuerdo con la clasificación otorgada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.Su administración corresponde al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), órgano desconcentrado de la Secretaría de la Función Pública.
Conforme los preceptos básicos de la administración, para disponer un bien mueble o inmueble, lo primero es saber su valor, contar con los planos correspondientes y su inscripción ante el registro público correspondiente. Pero, en el caso de los bienes patrimoniales de carácter federal, la realidad es otra: durante todo el sexenio, la administración de Felipe Calderón, a través del Indaabin administró los bienes nacionales sin tener precisión del número ni valor de éstos, así lo revela la Auditoría Superior de la Federación, en recientes auditorías a ese instituto.
No obstante, en tal circunstancia, se dieron de baja o se transfirieron una gran cantidad de inmuebles sin que se tenga claridad de lo que ocurrió con éstos.
El diputado federal Mario Di Costanzo, secretario de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, identifica como “un gravísimo foco rojo en materia administrativa” el manejo que el Indaabin hizo del patrimonio nacional. Explica que “lo que ocurre con el Indaabin es lo mismo que ocurrió con el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario, que el gobierno ni siquiera sabía lo que tenía y así comenzaron a echar mano de esos inmuebles y activos sin que al final se supiera su destino”.
Gasto y lastre
Gasto y lastre
En 2000 la recién llegada administración de Vicente Fox detectó que había numerosos bienes muebles e inmuebles “ociosos o desaprovechados”, y, según se dijo, su control, vigilancia, mantenimiento, conservación y protección generaba altos costos, en detrimento de los recursos económicos del Estado.
No se sabía el número exacto de los bienes inmuebles que integraban el patrimonio; en muchos casos no se contaba con la documentación que acreditara su propiedad y, por ende, no se tenía seguridad jurídica sobre ese patrimonio.
Para ordenar y regularizar todo ello, en 2004, se creó el Indaabin, que ejercería las atribuciones de la Ley General de Bienes Nacionales, diseñaría los ordenamientos jurídicos en materia de avalúos, justipreciaciones de rentas, inventarios, registro y catastro de inmuebles federales y de los pertenecientes a entidades paraestatales, además de la protección, adquisición, enajenación y afectación de los inmuebles.
Para su operación se invirtió en promedio más de 100 millones de pesos anuales.
Sin embargo el lastre continuó, aun cuando el gasto se incrementó significativamente. En 2010, por ejemplo, de un presupuesto original de 115 millones 427 mil pesos se incrementó hasta 298 millones 898 mil 900 que se gastaron en servicios personales, recursos materiales, financieros y de inversión.
Más bienes para la Iglesia
Más bienes para la Iglesia
De la administración de Fox a la de Felipe Calderón el patrimonio inmobiliario federal disminuyó en 0.4 por ciento en promedio anual al pasar de 103 mil 781 inmuebles en 2005, a 101 mil 595, en 2010.
No hay claridad de cuál fue el destino de esos más de 2 mil inmuebles, ése es uno de los puntos que Contralínea plantearía al Indaabin en la solicitud de entrevista que se solicitó a su titular, José Luis López Díaz Barriga. Hasta el cierre de edición, no se obtuvo respuesta.
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