El acuerdo para la explotación de pozos transfronterizos de hidrocarburos firmado entre México y Estados Unidos pone en juego el 50 por ciento de las reservas del país, según los propios cálculos de Pemex. El documento “marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana”, considera experto. Con su próxima entrada en vigor, el país vecino tendrá permiso para explotar los yacimientos Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. El potencial de la zona ya fue mapeado por la paraestatal, con un costo para el erario mexicano de 50 mil millones de pesos. 
En las aguas profundas del Golfo de México se localizaría el 50 por ciento del oro negro del país. Se trata de los recursos prospectivos que Petróleos Mexicanos (Pemex) ha calculado en la zona, de acuerdo con su boletín informativo 19/2012, y que ahora se podrían compartir con Estados Unidos a través de los llamados pozos transfronterizos.
Y es que tras cuatro años de intensas presiones políticas del Departamento de Estado estadunidense y al margen del Congreso de la Unión mexicano, los gobiernos de Barack Obama y de Felipe Calderón firmaron el Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América Relativo a los Yacimientos Transfronterizos de Hidrocarburos en el Golfo de México.
Para Sergio Suárez, investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas (Iiec) de la Universidad Nacional Autónoma de México, “el denominado tratado Clinton-Espinosa marca la culminación de la desnacionalización de la industria petrolera mexicana. [Con éste] se pierde soberanía, seguridad e independencia petrolera, en función de restituir reservas, incrementar la producción de crudo y mantener la de gas, al abrir indebidamente paso a las trasnacionales en una actividad exclusiva de Pemex”.
Entre otras cosas, el Acuerdo establece en su artículo 7 que si se localiza un yacimiento transfronterizo sin que haya sido aprobado un acuerdo de unificación por las partes, cada país “deberá adoptar medidas para facilitar la explotación del yacimiento transfronterizo como una unidad transfronteriza…”.
En el llamado Golfo de México Profundo, la paraestatal reconoce que ya identificó recursos contingentes por 283 millones de barriles de petróleo crudo equivalente e incorporó “reservas a nivel 3P (probadas, con un nivel de 10 por ciento de certidumbre) por 822 millones de barriles”.
De 2000 a 2011, la subsidiaria Pemex Exploración y Producción destinó unos 50 mil millones de pesos a la exploración, perforación de pozos y adquisición de información sísmica en la zona petrolera denominada Golfo de México Profundo, refiere el boletín 19/2012. En esta se calcula recursos prospectivos por 29 mil 500 millones de barriles.
Con la entrada en vigor del Acuerdo, signado el 20 de febrero pasado, todos los mapas exploratorios serían entregados a su contraparte: los artículos 4 y 5 estipulan que si cualquiera de los dos países tiene conocimiento de la posible existencia de un yacimiento transfronterizo o de una manifestación de hidrocarburos cerca de la línea de delimitación, la parte deberá de notificarlo por escrito a su homóloga en un lapso de hasta dos meses después del hallazgo. A partir de esta notificación y en el mes siguiente deberán de proporcionar la totalidad de la información geológica relevante, así como entregar toda la información disponible que posean.
México cuenta con mapas elaborados durante los dos sexenios panistas respecto de las reservas prospectivas en las cuatro regiones que limitan con Estados Unidos: Delta Río Bravo, Franja de Sal Alócotona, Cinturón Plegado Perdido y Planicie Abisal. Entre otras cosas, las cláusulas de confidencialidad que se establecen en el Acuerdo podrían ocultar el uso que darán los funcionarios del gobierno federal a esta información.
Fabio Barbosa Cano, investigador en el Iiec, considera “inaceptable el elevado número de cuestiones y la facilidad que el tratado establece para declarar como información confidencial la información geológica. Se trata de asuntos que en un país como México, donde la industria es de la nación, no pueden ser secretos; situación distinta a Estados Unidos, donde los campos petroleros son propiedad de los inversionistas privados”.
El artículo 2 del Acuerdo establece que es “confidencial cualquier información o datos, incluyendo información geológica de cualquier tipo, clase o naturaleza, ya sea escrita u oral, revelada por una de las partes a la otra, que no está públicamente disponible y cuya información o datos han sido identificados por la parte transmisora como confidencial”.
Sergio Suárez –doctor en investigación económica por la Universidad Complutense de Madrid, España– señala que ya se identificaron y mapearon siete provincias petroleras.
De éstas destaca “Cinturón Plegado Perdido. Si bien no han comprobado la existencia de yacimientos, la ubican como el área de mayor prospectiva para Pemex, por estimar que es la continuación de descubrimientos de crudo ligero del lado estadunidense. Las demás provincias serán explotadas por empresas trasnacionales vía contratos incentivados, al contar con la seguridad jurídica y un acuerdo internacional respectivo para trabajar en zonas marítimas mexicanas del Golfo de México.
“En consecuencia, culmina así el objetivo central de la reforma petrolera de 2008: dar cierre al proceso de desnacionalización de la industria petrolera mexicana.”
“Pemex perderá”
Este año “la estrategia exploratoria en aguas profundas privilegiará las provincias geológicas propensas a contener aceite, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido y la provincia Salina del Bravo en la parte Norte de la porción mexicana del Golfo de México”, refiere la paraestatal en su boletín 19/2012.
Este año “la estrategia exploratoria en aguas profundas privilegiará las provincias geológicas propensas a contener aceite, como es el caso del Cinturón Plegado Perdido y la provincia Salina del Bravo en la parte Norte de la porción mexicana del Golfo de México”, refiere la paraestatal en su boletín 19/2012.
El maestro Fabio Barbosa Cano prevé que el Senado aprobará el Acuerdo casi sin discusión, pero aclara que éste no es la culminación de un proceso: “Apenas establece normas generales. La sociedad mexicana tiene que mantenerse vigilante cuando se descubra el primer yacimiento transfronterizo, para conocer cuál es la evaluación sobre reservas formulada por las partes, basada en la información geológica específica; cuál es la producción esperada y qué porcentajes de las reservas y de la producción corresponderán a cada país, qué mecanismos existen para que técnicos independientes puedan revisar la información”.
El experto en reservas petroleras considera que “la tendencia más probable es que si se descubren yacimientos no sólo al cruzar la línea fronteriza, sino incluso cerca de la frontera, como es el caso de las localizaciones Trión y Maximino, se utilizará la infraestructura de proceso ya existente a unos 40-50 kilómetros al Norte en las instalaciones que opera [la empresa de hidrocarburos Royal Dutch] Shell, para trasladar la nueva producción mexicana a las refinerías en Houston, Texas”.
El maestro en ciencias Antonio Gershenson opina que México llega a este Acuerdo bilateral sin ninguna ventaja. “Primero fueron desmantelando la planta calificada de Pemex, ingenieros y similares, con el pretexto de que ya no tenían [materia de trabajo]; le fueron encargando a particulares cada vez más [trabajos]. En las aguas profundas [operan] puras empresas extranjeras. Y ahora con el Acuerdo de la frontera marítima, mandan a Pemex a asociarse sin medios propios, y en una zona en la que el ciento por ciento de las perforaciones realizadas, su procesamiento y transporte está del lado estadunidense”.
Sin embargo, el panista Felipe de Jesús Cantú Rodríguez, presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, considera que el Acuerdo es benéfico para el país, porque “reduce los riesgos de pérdidas”.
En entrevista, asegura que la distribución del petróleo extraído de los yacimientos transfronterizos se hará en partes iguales para México y Estados Unidos. Respecto de las empresas contratadas tanto para los trabajos de exploración y explotación, indica que éstas son confiables. “Cualquier manejo deshonesto las haría perder mucho, pues son empresas internacionalmente conocidas que perderían más por un acto deshonesto que por las ganancias que de ello pudieran generar. Serían vetadas internacionalmente”.
“Revertir el destino fatal”
El maestro Fabio Barbosa indica que la ruta trazada por el Acuerdo bilateral no es “fatalmente el único destino de la producción mexicana en la Región Norte: un gobierno nacionalista, preocupado por la transformación industrial de las materias primas y el impulso al empleo en Tamaulipas y el Norte de Veracruz, puede diseñar otros esquemas de desarrollo de los eventuales campos; por ejemplo, el empleo de una unidad flotante de almacenamiento y proceso, como las que ya operan en la Sonda de Campeche y las innumerables que Brasil ha instalado en sus campos”.
Para la elaboración de este trabajo se solicitó la versión de Petróleos Mexicanos. Al cierre de edición, aún se gestionaba la respuesta del gerente de Comunicación Social, Wilhem Friedrich Hagelsieb Garza.
Congreso debe discutir a profundidad el Acuerdo
Congreso debe discutir a profundidad el Acuerdo
El abogado Humberto Hernández Haddad considera necesario que los legisladores discutan a profundidad el Acuerdo bilateral sobre yacimientos transfronterizos, que signaron la secretaria de Estado de Estados Unidos, Hillary Clinton, y la secretaria de Relaciones Exteriores de México, Patricia Espinosa, el 20 de febrero de 2012.
“La Cámara de Senadores tiene que ser muy prudente y muy cuidadosa en conocer a profundidad los contenidos y alcances de ese tratado, que pueden hacer de la cuenca económica del Golfo de México una gran cuenca de armonía y desarrollo de México y Estados Unidos si se hacen bien las cosas; o si no se hacen bien, la pueden convertir en un pozo muy profundo de inagotables controversias y litigios internacionales. Eso es lo que deben de tener en claro los que van a dictaminar y votar ese tratado, que permitiría la explotación de yacimientos petroleros submarinos transfronterizos por parte de empresas privadas, con el consentimiento de los gobiernos de México y Estados Unidos y la designación de una autoridad ejecutiva que administraría la extracción de hidrocarburos en esos yacimientos transfronterizos, conforme lo indica en sus 25 artículos dicho tratado”.
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