En 11 años de gestiones panistas, al menos 300 inmuebles y 3 mil 14
piezas arqueológicas e históricas fueron afectadas parcial o
totalmente, revela información oficial. Se trata de los 722 casos por
robo, daño o destrucción del patrimonio arqueológico e histórico de la
nación alertados al Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH)
por civiles y autoridades.
A pesar de las cifras, el Intituto sólo ha conseguido que la
Procuraduría General de la República (PGR) abriera 481 averiguaciones
previas por violaciones a la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas
Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en ese mismo lapso. Las
denuncias penales comprometen 4 mil 235 piezas muebles y 106 inmuebles
dañados. Aunque la PGR investiga más casos respecto de las piezas
muebles que fueron reportadas al INAH, en el caso de los bienes
inmuebles se indagan 194 casos menos.
De acuerdo con información obtenida por Contralínea –a
través de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental–, los ilícitos incluyen robo; tráfico de piezas;
saqueo; traslado ilegal de piezas; demolición de construcciones
originales; daño a petrograbados; afectaciones por maquinaria pesada;
destrucción por proyectos carreteros, habitacionales y petroleros;
extracciones; pintas con aerosol, o trabajos de restauración erróneos.
Además, algunas construcciones han sido afectadas por incendio o
inundación.
Los responsables
Las 205 fojas entregadas a Contralínea revelan que incluso
la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) ha contribuido a la
destrucción de vestigios. Una denuncia registrada en 2009 acredita que
el proyecto Aceite Terciario del Golfo abrió una brecha que conduce a
una plataforma de Pemex. Ésta pasa supuestamente a sólo 80 metros del
sitio arqueológico Vista Hermosa en el municipio de Papantla, Veracruz,
cuando el margen mínimo permitido es de 150 metros.
Otra de las denuncias, registrada en ese mismo año, da cuenta de
que la paraestatal “proyectaba” construir una plataforma sobre un sitio
arqueológico de 13 estructuras en el municipio de Chicontepec, Veracruz.
El INAH también recibió otra denuncia por la supuesta afectación
parcial del sitio arqueológico El Garro, en el municipio de Isla,
Veracruz: la compañía de transporte y construcción Trasecol, SA de CV,
habría utilizado el área como banco de material.
De 2000 a 2011, la delegación veracruzana recibió por lo menos dos
denuncias más por el uso de montículos arqueológicos como banco de
material. También en 2009, el Centro INAH Veracruz fue notificado de que
se llevaban a cabo obras de construcción de maquiladoras que habrían
provocado una probable alteración y saqueo de piezas en el sitio
arqueológico ubicado en la cabecera municipal de Amatlán de los Reyes.
Según la información –de la que Contralínea posee copia– no
sólo la negligencia de las autoridades y empresarios ha causado daño y
destrucción, pues, a la par, los ciudadanos no contribuyen a la
salvaguarda de los bienes nacionales.
Tal fue el caso de un monumento histórico atacado por los propios
residentes: a pesar de que el Instituto Nacional de Antropología e
Historia ordenó la suspensión de la obra, en 2005 particulares
demolieron el muro testero. El inmueble se ubicaba en el centro de
Tulancingo, Hidalgo.
También en ese año, un inadecuado trabajo de restauración de
personal inexperto ocasionó daños a 10 pinturas murales. Dichas obras,
considerados monumentos históricos, se encuentran en el Exconvento de
San José, municipio de Tula, Hidalgo.
El impacto de un vehículo en 2007 a la entrada del templo de la
comunidad de Xochitlán de las Flores, municipio de Tula de Allende, en
esa misma entidad, causó daños al atrio de la capilla considerada
también monumento histórico.
En 2009 y sin que se especifique si la alerta fue objeto de
denuncia penal, se da cuenta del supuesto desmantelamiento de una
pirámide de piedra lisa en el predio de Esteban Acosta García, en
Misantla, zona arqueológica Paxil, en Veracruz.
Con fecha del 9 de noviembre de 2005, se denunció un siniestro en
la Misión de San Francisco Javier de Jicamuracho, municipio de Uruachi,
Chihuahua. Los daños se presentaron por incendio. Además de afectarse la
cubierta y la pintura interior del inmueble, se dañaron nueve pinturas
del siglo XVIII consideradas bienes muebles históricos. Entre las obras
se encontraban los óleos titulados La dolorosa, San Francisco de Asís, Sagrada familia, Inmaculada concepción y San José con el niño.
El INAH es responsable de la protección de los monumentos
arqueológicos construidos antes de 1521, y de los históricos a partir de
ese año y hasta 1900 –periodo que comprende también el arte sacro–, así
lo establece la Ley Federal sobre Monumentos. Sin embargo, la Auditoría
Superior de la Federación emitió dictamen negativo al considerar que no
cumple con su principal encomienda.
Índice de saqueo y destrucción
Entre los inmuebles dañados o destruidos se encuentran sitios y
monumentos arqueológicos, montículos prehispánicos, basamentos
piramidales, obras hidráulicas antiguas, muros y bardas con valor
histórico, capillas, templos, portales y atrios.
Las piezas muebles van desde vasijas, cántaros, platos, figurillas
arqueológicas, fragmentos de petrograbados, ofrendas y restos humanos,
cerámica, herramientas y armas prehispánicas, discos de obsidiana,
piedras talladas y piedras preciosas; hasta pinturas, esculturas,
imágenes, lienzos y óleos de carácter religioso y objetos sacros, como
cálices, campanas y coronas, entre otros.
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