El robo de gas condensado en la Cuenca de Burgos comenzó en los sexenios panistas. Desde inicios de su gobierno, la Presidencia fue informada del modus operandi, también la Secretaría de la Función Pública, que declaró “incompetencia para investigar”. La omisión habría alentado los hurtos: a medida que avanzó el sexenio, el yacimiento se consolidó como una veta de negocios para la mafia con una industria paralela a Pemex que abastece a petroleras trasnacionales.
Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó en abril una tercera demanda
en contra de compañías de origen estadunidense y europeo acusadas de
comprar gas condensado robado por los cárteles de la droga en la Cuenca
de Burgos, el yacimiento de gas que se ubica a lo largo de Tamaulipas,
Nuevo León y Coahuila: uno de los más prolíficos del mundo.
En esta nueva acusación judicial ante las cortes de Texas, la
paraestatal demanda a las empresas Conoco Phillips, Sunoco Marketing
Partners LP, FR Midstream Transport, Marathon Petroleum, y dos filiales
de la Royal Dutch Shell el resarcimiento económico por las supuestas
compras ilegales de los hidrocarburos de su propiedad.
Para los cárteles de la droga los hidrocarburos son ahora tan lucrativos como la cocaína. Del oro negro
comercializan desde petróleo crudo (que extraen de los oleoductos),
gasolina y diésel (a través de tomas clandestinas instaladas en la red
nacional de ductos), hasta todo tipo de lubricantes y refinados de pipas
y camiones cisterna. Pero en especial el que les deja muy altos
márgenes de ganancias por su alta demanda en el mercado es el gas
condensado, subproducto que se obtiene en el proceso de extracción del
gas natural.
La venta que hace Pemex de gas condensado no es a particulares,
sino exclusivamente entre las subsidiarias que lo utilizan como materia
prima en diversos procesos de producción. No obstante, desde 2006,
cantidades industriales de condensado mexicano han inundado territorio
estadunidense, donde se cotiza muy bien, particularmente para la
elaboración de gasolinas de alta calidad. Ni una sola gota de ese
condensado es legal, es decir, absolutamente todo es robado.
Entre 2010 y 2012, una veintena de compañías pequeñas, medianas e
inclusive trasnacionales del sector energético han estado implicadas en
transacciones mafiosas, según acciones judiciales en su contra que
hablan de compras que habrían hecho a los traficantes vinculados o
asociados con los cárteles de la droga mexicanos.
Las acusaciones promovidas por los abogados de Pemex –todas en
cortes de Texas– incluyen a importadoras, transportistas, operadoras de
ductos, de refinerías, comercializadoras de hidrocarburos y consorcios
de la industria química principalmente.
Entre las compañías que judicialmente han sido implicadas destacan
el caso de Murphy Energy, corporativo que produce aceites y gasolina que
comercializa en sus propias gasolineras en todo Estados Unidos,
instaladas junto a los Walmart y Sam’s, con el nombre de Murphy USA;
también la Basf, el gigante mundial de la industria química; y ahora las
subsidiarias de Shell, consorcio propiedad de la corona holandesa.
Abogados de algunas de las compañías demandadas por Pemex
explicaron que “desde dentro de Pemex se les indicó comprarle el
hidrocarburo a quien se lo compraron” y ese es, precisamente, el
argumento de su defensa.
En marzo los abogados, quienes pidieron guardar su identidad dados
los procesos jurídicos en curso, aseguraron que las adquisiciones que
hicieron del gas condensado fueron inducidas desde el interior de Pemex.
De lograr probar su dicho, el caso pondría en evidencia el nivel de
infiltración que el crimen organizado tiene en la paraestatal.
Por lo pronto, en torno a este caso, hay muchos elementos que
evidencian cómo la omisión oficial de parte del gobierno de Felipe
Calderón contribuyó a que en su sexenio el yacimiento gasero se
convirtiera en una veta de negocios del crimen organizado.
Incompetencia oficial
Ésta es la historia del impacto que tuvo la omisión de una denuncia
que desde Pemex se envió a la casa presidencial y que por disposición
de los más altos funcionarios fue sepultada:
Los robos de condensado en la Cuenca de Burgos inauguraron el último año de gobierno de Vicente Fox Quesada. En el tradicional año de Hidalgo,
empleados de Pemex, de sus contratistas, empresas privadas y agentes
aduanales asociados con cárteles de la droga hallaron en los
hidrocarburos una atractiva veta de negocios.
El condensado era trasegado de cualquier punto del extenso
yacimiento de 70 mil kilómetros cuadrados hasta la franja fronteriza de
Tamaulipas y de allí, los embarques cruzados por las aduanas formales
mediante documentos aduanales apócrifos en los que los cargamentos se
registraban como si fuese nafta. Luego los embarques se llevaban hasta
terminales y bodegas de las zonas portuarias de Texas para su
almacenamiento temporal y posterior distribución a los compradores.
Entre 2008 y 2009 el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la
DEA (Drug Enforcement Administration), el FBI (Federal Bureau of
Investigation) y el ICE (Immigration and Customs Enforcement) efectuaron
una investigación que exhibió la implicación de importantes consorcios
en la compra de condensado robado en Burgos con el auspicio de los
cárteles de la droga y comercializado en ese país. Se identificó
entonces a La Compañía –la dupla que formaban el cártel del Golfo y Los
Zetas– como la organización detrás de ese negocio.
No fue sino mucho después de que las enjuició el gobierno de
Estados Unidos que, en 2010, los abogados de Pemex presentaron la
primera demanda en contra de algunas empresas. No obstante que desde
2007 el gobierno de Calderón fue informado de las ordeñas en cantidades
industriales y su destino, tal y como lo revelan documentos recibidos
por la Presidencia de la República.
El 10 de agosto de 2007 la Presidencia de la República recibió una
denuncia que detallaba que en Burgos diariamente 200 pipas eran llenadas
con condensado y contrabandeadas hacia Estados Unidos. Desde la
Secretaría de la Función Pública (SFP), el Ejecutivo declaró
“incompetencia para investigar”.
Cita el documento: “En las aduanas de Reynosa y las que se
encuentran cerca de ésta se está realizando el paso de productos
pertenecientes a Petróleos Mexicanos, sin que estas aduanas soliciten a
los exportadores ningún documento que acredite la propiedad de dichos
productos. Realizando así el robo en contubernio con las autoridades de
aduanas.
“La aduana de la ciudad de Reynosa y los puentes fronterizos que se
encuentran cerca permiten el paso de carrostanque a Estados Unidos sin
que se les pida ningún permiso ni procedencia del producto, realizándose
un robo escandaloso ya que por ese lugar pasan al vecino país más de
200 carrostanque por día.
“Como usted sabrá es una mafia entre Petroquímica Gas autoridades
civiles y militares, así como agentes aduanales y lo más delicado, la
Secretaría de Hacienda, ya que ésta jamás pide a quién se le compró el
producto que se exporta a Estados Unidos; la única manera de evitar ese
robo es que la aduana pida las facturas correspondientes de a quién le
compran y los pagos que se hacen de este producto para enviarlo fuera
del país [sic].”
Sin embargo, más peculiar fue la respuesta que el gobierno dio al
denunciante a través de la Secretaría de la Función Pública:
“Incompetencia para investigar”.
En la región gasera, a medida que crecía el robo, también aumentaba
la participación de empleados de Pemex, así lo documentan los
expedientes integrados por las contralorías internas de la paraestatal.
El robo creció exponencialmente en respuesta a la demanda de condensado
mexicano que se hacía desde territorio estadunidense. Para finales de
2007, el 40 por ciento de todo el gas condensado que se producía en la
Cuenca de Burgos era robado y contrabandeado hacia el vecino país del
Norte.
Ante las contralorías internas de Pemex Exploración y Producción
(PEP) y Pemex Refinación, trabajadores de Pemex denunciaron supuestas
amenazas y golpes si se negaban a colaborar en la sustracción ilícita.
La mayoría de esos expedientes fueron simplemente archivados por las
autoridades. Muchas de esas indagatorias fueron promovidas ante la
contraloría interna de Pemex Refinación, pero como la Cuenca de Burgos
es una zona que administrativamente está a cargo de la subsidiaria PEP,
los contralores simplemente aludieron a la incompetencia del Órgano
Interno de Control a su cargo.
La referencia que de aquellos años tiene uno de los contralores de
Pemex Refinación, es ilustrativa de cómo la burocracia administrativa
acrecentó el ilícito:
“En una ocasión los especiales detuvieron docenas de pipas, estaban
todas cargadas con condensado robado. Nos llevaron a nosotros, de la
contraloría de Refinación, para levantar las actas. Tenían las unidades
detenidas en Reynosa, cuando llegamos nos dimos cuenta que era un asunto
que le competía a la contraloría de Exploración y Producción. Nos
regresamos y ya no supimos si se investigó el asunto.”
El “asunto” no se investigó. No obra constancia de ellos en las
indagatorias de la contraloría de PEP. Ante la omisión de las
autoridades mexicanas se convirtió en un boyante negocio, descubierto de
manera casi accidental, en un operativo binacional contra la
delincuencia organizada entre Estados Unidos e Italia.
Operación cálculo
En 2008 la División de Operaciones Especiales del Departamento de
Justicia, la DEA, el FBI y el ICE iniciaron el llamado Project Reckoning
(Operación Cálculo) para la detención de miembros del crimen
organizado. En septiembre detuvieron a 12 residentes de El Valle del Río
Grande, acusados de narcotráfico y lavado de dinero.
Entre los detenidos estaba Luis Ariel Rivera Rodríguez, un mexicano
nacionalizado estadunidense, quien tenía consigo más de un millón 100
mil dólares en efectivo. Rivera declaró que una parte de ese dinero era
el pago del gas condensado comercializado en Estados Unidos. Reveló que
en México eran el cártel del Golfo y Los Zetas quienes daban la
autorización para su sustracción y comercialización.
A partir de esa declaración y de indagatorias propias, las autoridades estadunidenses establecieron el modus operandi:
compañías contratistas transportaban el condensado extraído de los
campos petroleros de Burgos. Posteriormente, el gas se transfería a
otras pipas y las de los contratistas se rellenaban con agua, misma que
los empleados de Pemex recibían como si fuese el hidrocarburo a cambio
de sobornos. Luego el condensado se trasegaba por las aduanas
fronterizas de Tamaulipas hacia Estados Unidos, donde los agentes y
funcionarios aduanales autorizaban su paso con pedimentos falsos que
identificaban el hidrocarburo como nafta, a cambio de sobornos.
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