Militares, policías federales y servidores públicos encabezan la lista de agresores contra la prensa mexicana, documenta Artículo 19. La organización internacional, con oficinas en México y Centroamérica, contabilizó 172 casos que inhibieron la libertad de expresión en 2011. Los hechos: asesinatos, desapariciones y ataques explosivos a las instalaciones de los medios de comunicación, entre otros.
San Diego, California, Estados Unidos. Más de 170 ataques fueron
perpetrados contra la prensa mexicana en 2011, consecuencia de la
“guerra” declarada contra el crimen organizado por Felipe Calderón
Hinojosa desde que ascendió al poder. Militares, policías federales y
servidores públicos son los principales agresores de la libertad de
expresión.
La organización internacional Artículo 19 ?con oficinas en México y Centro América?, documenta en Silencio forzado. El Estado, cómplice de la violencia en México. Informe 2011, un total de 172 agresiones contra periodistas, trabajadores de medios e instalaciones de los mismos, tan sólo el año pasado.
De origen inglés, Artículo 19 trabaja desde hace más de 20 años en
la defensa y promoción de la libertad de expresión en el mundo. Esta
organización identifica que los ataques del año pasado consistieron en:
nueve asesinatos contra periodistas, dos asesinatos de trabajadores de
medios, dos desapariciones de comunicadores y ocho agresiones con armas
de fuego o de explosivos contra instalaciones de medios.
Entre las entidades que presentaron el mayor número de periodistas y
medios agredidos se encuentran: Veracruz con 29; el Distrito federal
con 21; Chihuahua y Coahuila con 15 cada uno; y Oaxaca con 11 casos.
“Lo anterior –indica el informe–, en medio de una crisis de
“seguridad pública” en el país con origen en el crecimiento y expansión
de los grupos de la delincuencia organizada, las pugnas cada vez más
violentas entre ellos y el papel asumido por la Policía Federal y las
Fuerzas Armadas en la estrategia para enfrentarlos”.
Según la organización internacional, “la dificultad para
restablecer las condiciones de seguridad en varias zonas del territorio
nacional ha obligado al gobierno federal a iniciar operativos
coordinados entre la Marina, el Ejército y la Policía Federal, que han
implicado el despliegue de unos 49 mil 650 efectivos militares, según
datos de la Defensa Nacional hasta 2010”.
México, sin cultura de respeto a la prensa
En el contexto del taller internacional para periodistas en riesgo, Mundos distintos, amenazas similares–organizado por el Institute of the Americas y su vicepresidente Lynne Walker, WAN-IFRA y Artículo 19–, el periodista Javier Darío Restrepo comentó que el riesgo al que se enfrentan los periodistas en tiempos violentos, no sólo se relaciona con la amenaza de hombres armados, sino que también se enfrentan a reprimendas tras la denuncia de actos de corrupción en diferentes esferas de poder. “Son las dos violencias a las que nos exponemos cuando hacemos periodismo en estas tierras [de América] y en muchas otras”.
Rodrigo Bonilla, coordinador del departamento de libertad de prensa
de la Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Noticias
(WAN-IFRA, por su sigla en inglés), con sede en París, Francia, dice que
la causa de la violencia contra los comunicadores mexicanos es
estructural: “No existe una cultura de respeto a la prensa. No hay la
idiosincrasia de que el periodista es un ciudadano informado y con un
rol particular e importante, si es que la sociedad quiere ser
democrática.
“Esto se mide con el nivel de agresividad de las autoridades frente
a la prensa, la falta de voluntad política en proteger a los
periodistas y la inmovilidad de la opinión pública, frente a lo que se
está viviendo. En otras sociedades, si la prensa estuviera viviendo lo
que la mexicana habría marchas continuas”, comenta.
El Estado, principal perpetrador
El
informe de Artículo 19 evidencia que el principal agresor de la prensa
mexicana es el gobierno, en sus tres niveles. De los 303 agravios
registrados, el 53.4 por ciento fue cometido por servidores públicos o
funcionarios de distinto rango.
La lista muestra que, a nivel federal, los principales agresores
fueron los militares, con 45 casos; integrantes de la Policía Federal
con 36; y servidores públicos con 17. En los estados, 77 casos
ocurrieron de manos de agentes locales, en tanto que 44 fueron por parte
de funcionarios. Mientras que otros adscritos a gobiernos municipales
incurrieron en 47 y su policía contó 37.
El periodista Javier Arturo Valdez Cárdenas, uno de los fundadores del semanario sinaloense Ríodoce,
indica que el problema de violencia que hay en el país y, en
consecuencia, para con el gremio periodístico “es síntoma de la pobreza,
la falta de oportunidades, el desempleo. Un país que debería
avergonzarnos a todos porque los jóvenes no pueden estudiar y son
rechazados de las escuelas públicas”.
Galardonado en diciembre de 2011, con el Premio Internacional a la
Libertad de Prensa del Comité para la Protección de Periodistas, Javier
Arturo enumera los diversos factores que afectan el trabajo
periodístico en el país: “La división de los principales cárteles, una
política del gobierno antinarco muy torpe y la falta de
investigación y persecución de políticos y empresarios involucrados en
la delincuencia organizada, aunada a los banqueros que lavan dinero. Todo esto, sin incluir políticas sociales que atiendan el problema de la miseria.
“Lo otro son factores históricos: mucha de la droga que pasaba por
aquí, ahora se queda. Los cárteles están en medio de un proceso de
degeneración impresionante, su distintivo es la crueldad, ya no hay nada
que los detenga. Cada suceso es para sorprendernos y lamentarnos más de
estos niveles de violencia”, comenta.
David García Davish, director y fundador de la agencia de noticias Quadratín,
en Michoacán, apunta que en su estado, al igual que el resto de la
república, se han acrecentado los riesgos para cumplir con la tarea
profesional periodística. Sin embargo, es optimista y agrega que
“empieza, aunque de manera incipiente, a manifestarse una preocupación
en el gremio. Se comienzan a interesar en la organización y en llevar a
cabo protocolos que permitan blindarnos y protegernos en lo personal”.
24 millones sin ejercer en protección
Contrario al clima de impunidad y violencia que impera en la sociedad, el gobierno federal −a través de la Secretaría de Gobernación− subejerció poco más de 24 millones de pesos, destinados a la creación de políticas en materia de prevención y protección. Los recursos públicos debieron ser canalizados mediante el Mecanismo de Protección a Periodistas.
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