La trama corrupta de Peña Nieto

La demanda por el delito de “conspiración para defraudar” interpuesta en Estados Unidos contra colaboradores del círculo íntimo de Enrique Peña Nieto desnuda una compleja trama corrupta –en la que incluso habrían tomado parte los cárteles de la droga– que amenaza la campaña del candidato priista. Entrevistado por Proceso, el demandante, el mexicano-estadunidense José Luis Ponce de Aquino, propietario de la empresa Frontera Television Network, no sólo ratifica sus acusaciones; también anuncia que ampliará los términos de su demanda, luego de haber sido desacreditado públicamente por los peñanietistas Luis Videgaray y Roberto Calleja.

Jesusa Cervantes, J. Jesús Esquivel y Jenaro Villamil

Un nuevo frente de conflicto se abrió para el aspirante presidencial del PRI, Enrique Peña Nieto, ya que sus principales operadores políticos y mediáticos –Luis Videgaray, David López, Luis Enrique Miranda Nava, Roberto Calleja y Edwin Lino– están demandados ante una Corte Federal de Distrito Central de California, Estados Unidos, por el delito de “conspiración para defraudar” a un empresario mexicano-estadunidense y utilizar sus documentos para justificar gastos millonarios de la campaña.

El costo total del proyecto iba a ser de 56 millones de dólares, que presuntamente provendrían del narcotráfico y de otros “amigos” del PRI, según le hicieron saber posteriormente para intimidarlo.
A las investigaciones emprendidas desde Estados Unidos en contra de funcionarios y empresarios vinculados a tres exgobernadores del PRI (Tomás Yarrington, Humberto Moreira y Fidel Herrera) se suma esta demanda civil presentada el 7 de junio pasado por José Luis Ponce de Aquino, conocido como Pepe Aquino y propietario de la empresa Frontera Television Network (FTN), a quien –como él ha relatado– los priistas contactaron en noviembre de 2011 para difundir y posicionar la imagen de Peña Nieto entre la comunidad de origen mexicano en Estados Unidos.
Aquino sostiene que FTN perdió 15 millones de dólares, ya que a pesar de haber firmado dos contratos y entregar la documentación de su empresa, los acusados no le entregaron los fondos para operar ni le devolvieron los papeles originales. Cuando exigió a los acusados que cumplieran el trato o lo cancelaran debidamente, éstos lo amenazaron y le dijeron que “más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido porque de lo contrario su vida estaría en peligro”.
En la página tres de la demanda EDCV12-920-VAP (DTBx), presentada ante la Corte Federal con sede en la ciudad de Riverside se lee: “Frontera Television Network, por medio de sus agentes autorizados, fue amenazada. Se les indicó que el dinero se originó y fue transferido (a la campaña de Peña Nieto) por compañías que pertenecen a los cárteles de la droga”.
Entrevistado vía telefónica por Proceso, después que el escándalo detonara en el noticiario radiofónico de Carmen Aristegui en MVS, Aquino se congratula: “Gracias a Dios, a la virgen de Guadalupe, les pedí que el contrato tenía que ser bajo las reglas del estado de California. Por eso los he podido demandar”.
El alegato presentado por el abogado del empresario, Maxwell C. Agha, sostiene que en la trama fraudulenta están involucradas las empresas Jiramos S.A. de C.V., de Alejandro Carrillo Garza Sada; GM Global S.A. de C.V.; Mario Ignacio Morán Jiménez; los hermanos José y Alfredo Carrillo Chontowsky, así como la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez González, quienes actuaron como intermediarios y “compañeros en la conspiración” de los políticos del primer círculo de Enrique Peña Nieto.
El vocero del PRI, Eduardo Sánchez, ha difundido otra versión. Califica la demanda como una “extorsión del tamaño de una catedral” y señala que un representante de Aquino en México, Francisco Javier Torres, acudió el 4 de mayo pasado al equipo de campaña para exigir que el partido le diera 5 millones de dólares a cambio de no desatar un escándalo mediático y político.
A las 19:22 horas del miércoles 13, poco antes de que el caso se ventilara en el periódico Reforma y en el noticiario de MVS Radio el jueves 14, el PRI presentó una “denuncia de hechos por extorsión” ante la Procuraduría General de la República.
Luis Videgaray, coordinador general de la campaña de Peña Nieto, como Roberto Calleja, coordinador de Comunicación Social del PRI, ofrecieron una rueda de prensa para refutar a Aquino. Ahí admitieron que a finales de noviembre de 2011 se realizó una reunión con las dos empresas intermediarias a las que demanda el propietario de FTN: Jiramos, S.A. de C.V., de Alejandro Carrillo Garza Sada, y GM Global S.A. de C.V., de Mario Ignacio Morán Jiménez y Giselle Morán Jiménez, que suscribieron el primer contrato.
En cambio, los priistas ni siquiera mencionaron al intermediario en el segundo contrato, la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez. En entrevista para MVS Radio, el viernes 15, Ramírez desconoció cualquier relación con Aquino y con las personas demandadas.
El caso resonó hasta un acto de campaña de Peña Nieto en Michoacán, donde el mexiquense especuló en una rueda de prensa que la demanda puede ser obra “de algún vival o de algunos que quieren realmente nota y escándalo de un tema que no tiene ningún soporte, ningún fundamento… Yo no sé si esto está orquestado con el ánimo de venir a generar un escándalo de este tipo en este momento de campaña. Rechazo este tipo de imputaciones. Yo me estoy enterando de esto”.

Operación porcina

Poco después que se conociera la acusación por extorsión en su contra, Pepe Aquino afirmó a Proceso que ampliará su demanda para incorporar las afirmaciones de los voceros del PRI.
“El mismo señor Eduardo Sánchez se está contradiciendo. Si estaban seguros de que era una extorsión, ¿por qué no acusaron antes a Francisco Torres, mi representante? ¿Por qué lo recibieron con tanta amabilidad? ¿Por qué no se comunicaron conmigo para decirme: ‘señor Aquino, no sé de qué nos está hablando’?”, cuestiona el empresario.
“Yo aquí estoy. No puede haber ninguna extorsión porque hay un contrato firmado. Es injusto que busquen un chivo expiatorio como el señor Francisco Torres. Él está preocupado por su seguridad y la de su familia. No es un empleado de Inbursa (como dijo Sánchez que se ostentó); es un consultor privado al que yo contraté para que me representara. Les pido que se abstengan de causarle daño al señor Torres”, agrega el dueño de FTN.
–¿Torres se reunió con Luis Enrique Miranda Nava? –se le pregunta a Aquino. Miranda es candidato a la presidencia municipal de Toluca por el PRI, muy cercano a Peña Nieto.
–Así es. Torres fue enviado para reunirse con Miranda. Él le dijo que iba a llamarle al señor (Luis) Videgaray, que iba a averiguar qué paso. Jamás se volvió a comunicar.
–¿A usted le deben 5 millones de dólares?
–No es a mí a quien se los deben. Yo hice compromisos con otras personas y empresas para cumplir con el contrato que firmamos, el cual iniciaría el 6 de enero de 2012. Ellos incumplieron, a pesar de que los fondos ya se habían liberado desde diciembre de 2011.
Aquino advierte que el caso tiene “dos peculiaridades”: primero se firmó un contrato entre FTN y las empresas Jiramos, de Alejandro Carrillo Garza Sada, y GM Global, de Morán Jiménez. Ocho días después lo llamaron desde la Ciudad de México para decirle que el trato se cancelaba. Eso sucedió el 10 de diciembre de 2011.
El segundo contrato se firmó con la Organización Nacional de Porcicultores y Sector Agropecuario, representada por Alejandro Ramírez. El intermediario fue Manuel Gascón, quien se quedó con los documentos de la empresa de Aquino.
Inicialmente le prometieron al dueño de FTN fondear los primeros 15 millones de dólares en cinco días. No cumplieron. Le pidieron paciencia porque un “señor Peralta” tenía que arreglar cuestiones fiscales derivadas del acuerdo.
Para continuar con las negociaciones, Carrillo Garza Sada le exhibió a Aquino una garantía de 900 mil dólares para el proyecto e incluso lo llevó a las instituciones de crédito Monex y Mifel, donde le mostró en pantalla cuentas con recursos suficientes para financiar los servicios solicitados. Con esa seguridad, Aquino reservó espacios para publicidad en sus empresas, en el de Colorado y en el Canal 50 de San Diego, California.
Poco después Carrillo Garza Sada le volvió a dar largas, diciéndole que “los amigos” del PRI no habían autorizado aún la transacción. En abril Aquino le dio un ultimátum reclamándole el pago o la devolución de los documentos de FTN, y fue entonces cuando Carrillo Garza Sada le respondió que no era posible porque ya se habían utilizado para justificar aportaciones de dinero a la campaña de Peña Nieto por parte de empresas del Estado de México.
En su demanda, Aquino asegura ante la Corte Federal estadunidense que “FTN fue obligada a firmar un acuerdo nuevo bajo el cual Jiramos, S.A. de C.V., ya no sería la empresa que cubriría los costos de la campaña de promoción de Peña Nieto, por lo cual le pidieron a Aquino que el compromiso se firmara a nombre de una nueva empresa (estadunidense) llamada Intellmedia LP –a nombre del demandante–, mientras que por parte de los acusados firmaría la compañía SISA, S.A. de C.V., de la Asociación Nacional de Porcicultores, que preside Alejandro Ramírez González.
“Ramírez González –prosigue Aquino– orquestó un esquema que tenía el objetivo de convertir fondos de la campaña presidencial del PRI en dinero privado para uso personal. Después se conoció que esos fondos habían sido reportados como provenientes de compañías cuyos dueños eran cárteles de la droga.”
Explica en la querella que una de las razones para firmar los dos contratos fue que Carrillo Garza Sada le presentó documentos de solvencia económica, recibos, saldos de cuentas bancarias e incluso le comentó que “ya había hecho trabajos para el PRI en la elaboración de camisetas que le dejaron una ganancia de 900 mil dólares”.
Irónicamente, Aquino dice que, antes de firmar el primer contrato, los demandados enviaron a Estados Unidos a Gustavo Lomelí para que verificara la seriedad de FTN y así cerciorarse de que fuera la indicada para llevar a cabo la campaña propagandística de su candidato presidencial, Enrique Peña Nieto.

Los intermediarios

En la entrevista, Pepe Aquino advierte que “si a alguien deben investigar los priistas es al señor Alejandro Carrillo Garza Sada. Él me hizo rehacer los contratos, él me dio las garantías de que se iba a invertir”.
Incluso recuerda que en una conversación Carrillo le presumió: “Me acabo de comprar otro avión en Miami y lo voy a rentar en las campañas”.
En su demanda, Aquino asienta que tiene indicios para creer que “todos los fondos (56 millones de dólares) fueron transferidos a las cuentas en Monex Bank y Mifel Bank, y que después Carrillo Garza Sada dividió el dinero con Giselle Morán, David López, Edwin Lino (secretario particular de Peña Nieto), Roberto Calleja, Alfredo y José Carrillo Chontowsky, y Hugo Vigues”.
Por medio del empresario Vigues, los Carrillo Chontowsky le advirtieron que no presentara ningún recurso legal porque las empresas que aportan los fondos están relacionadas con el narcotráfico. “Más le valía ser muy cuidadoso para no hacer cualquier ruido, porque de lo contrario su vida estaría en peligro”, se enfatiza en la página tres de la demanda interpuesta por Aquino.
Por esta razón, el empresario mexicano-estadunidense notificó los hechos ante Carolina Zaragoza, cónsul de México en San Bernardino, California, quien lo canalizó a su vez con el representante de la PGR en Los Ángeles. Carrillo Garza Sada no sólo transmitió la amenaza; le reiteró que no presentara una demanda porque le impediría entrar a México y hasta podría quitarle sus empresas establecidas en el país.
Proceso consiguió el número telefónico de Carrillo Garza Sada, presunto propietario de Jiramos, S.A. de C.V., pero no fue posible localizarlo en su casa de Monterrey, Nuevo León. El secretario de Prensa del PRI, Roberto Calleja, negó haberlo visto antes del encuentro con Aquino en noviembre de 2011 y aseguró que nunca más se volvió a reunir con él porque la propuesta de Carrillo para promover a Peña Nieto en Estados Unidos era “ilegal e inviable”.
Una de las empresas intermediarias en este presunto fraude, GM Global S.A. de C.V., trabaja para gobiernos estatales. El padrón del Gobierno del Distrito Federal, en su actualización del 31 de marzo al 30 de abril de 2012, la incluye como proveedora del Fondo Mixto de Promoción Turística.
GM Global tiene sus oficinas en Río Guadalquivir 29, colonia Cuauhtémoc, Distrito Federal. Cuando este semanario buscó ahí a Mario Ignacio Morán Jiménez, la secretaria informó que no iba en días ni horarios fijos, y el vocero, Víctor Morán, aclaró que Mario Ignacio Morán Jiménez “hace dos meses renunció a la empresa”.
En su página en internet, GM Global informa que edita tres revistas de promoción inmobiliaria o real estate. Ahí se ofrecen en venta propiedades en sitios coloniales o turísticos de varios estados. Víctor Morán comentó a Proceso que la empresa se especializa en este sector y “quien hace los negocios con los estados es la señora Giselle Morán”.