El duopolio se consolida... y quiere más

Después de que la Comisión Federal de Competencia aprobó la fusión Televisa-TV Azteca en Iusacell, especialistas y competidores en el terreno de las telecomunicaciones señalan que las condiciones “impuestas” a los gigantes de la televisión abierta –entre ellas la licitación de la tercera cadena de televisión digital terrestre a más tardar el último día del sexenio– no eliminan el riesgo de que se coludan. Por una orden de Los Pinos, dice la AMEDI, “la CFC ha pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de un plumazo la escasa competencia que existía”. Aun así, las televisoras ya buscan cómo darle la vuelta a las condiciones, que consideran excesivas.

Adrian Steckel, director general de Iusacell, Ricardo Salinas Pliego y Emilio Azcárraga Jean.

Jenaro Villamil

El desenlace del proyecto de fusión de Televisa y TV Azteca, a través de la sociedad al 50% en el Grupo Iusacell, la tercera empresa de telefonía celular más importante del país, no dejó satisfechos a los involucrados, a los especialistas ni a las principales empresas vinculadas con las telecomunicaciones y con la industria publicitaria del país.

En todo caso los más satisfechos fueron los operadores de Los Pinos, que consideran esta medida como uno de los mejores legados del calderonismo en esta materia, aunque la decisión se haya tomado en uno de los momentos más delicados del proceso electoral federal y en medio de severas críticas de los jóvenes universitarios y de la prensa extranjera al poder desmedido que concentran las dos mayores empresas de televisión abierta en México.
Con un voto dividido de cuatro contra uno, la aprobación de la Comisión Federal de Competencia (CFC), el organismo responsable de evitar las prácticas monopólicas, está condicionada al cumplimiento de siete medidas –entre ellas la licitación de una tercera cadena de televisión digital terrestre– y, si éstas no se cumplen en dos años, “detonará automáticamente el mecanismo de disolución” de la sociedad Televisa-Iusacell.
Esta sociedad, anunciada en abril de 2011, implicó que Televisa invirtiera mil 565 millones de dólares de la empresa en deuda convertible en acciones y 37.5 millones de dólares en capital, es decir, un total de mil 600 millones de dólares.
El 24 de enero pasado, por tres votos contra dos, el pleno de la CFC rechazó la fusión. Pero en esta ocasión, tras intensas negociaciones y presiones de Televisa a través de sus funcionarios y mediante los representantes de Los Pinos, la CFC decidió aprobarla a cambio de estas siete condiciones.
Las otras seis condiciones son: la no discriminación en la venta de publicidad en las pantallas de Televisa y de TV Azteca a las otras compañías de telecomunicaciones (Telcel, Nextel, MVS y Telefónica, entre otras); la prohibición de las “ventas atadas” a la contratación de servicios de Iusacell y la venta separada de contenidos de televisión abierta y restringida, segmentos en los que Televisa y TV Azteca acaparan 88% de las frecuencias (224 concesiones para Televisa y 180 para TV Azteca), 90% de los contenidos y 57% de la publicidad en medios.
La CFC también estableció como requisitos la prohibición del llamado “empaquetamiento” de los canales de televisión abierta a los concesionarios de televisión restringida y la prohibición de que Televisa participe en la empresa Total Play, de TV Azteca.
La resolución incluye un anexo firmado por los secretarios de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña, y de Comunicaciones y Transportes, Dionisio Pérez Jácome, así como el presidente de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), Mony de Swaan, y el presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, para que se publique la convocatoria para la licitación de las frecuencias de televisión abierta en tecnología digital “a más tardar el 30 de noviembre de este año”, un día antes de que termine la administración calderonista.
El acuerdo indica que los secretarios de Estado y los presidentes de los órganos reguladores “manifiestan su compromiso de conducir, procurar y/o apoyar, en la esfera de sus atribuciones, los procesos regulatorios y la toma de decisiones” para que se realice puntualmente la licitación de la tercera cadena.
Este documento no establece ninguna sanción a los funcionarios que incumplan lo establecido. Especialistas involucrados en las negociaciones consideraron que se trata de un “acuerdo de buena fe”.

El plan B

Los primeros en reaccionar fueron los voceros y representantes jurídicos del Grupo Salinas, concesionario de TV Azteca y de Iusacell. Luis Niño de Rivera calificó de “onerosas, restrictivas, excesivas y muy duras” las condiciones de la CFC.
Niño de Rivera afirmó que uno de los requisitos “más graves” es el plazo de dos años para disolver la sociedad en caso de no licitarse de manera exitosa una tercera cadena de televisión abierta: “Si no se lleva a cabo la licitación por razones ajenas a las empresas, ¿en qué precepto legal puede sustentarse la CFC para disolver la existencia de la inversión? Yo esperaría que no se llegue a ese extremo ridículo”.
Más cauto, el Grupo Televisa envió un comunicado a la Bolsa Mexicana de Valores señalando que analizará los términos y condiciones impuestos por la CFC para aceptarlos o impugnarlos en un plazo de cinco días, a partir del 14 de junio.
Este anuncio benefició al conglomerado en la Bolsa Mexicana de Valores. La cotización de sus acciones cerró con un alza de 3.5%, después de haber perdido más de 20% al conocerse el rechazo inicial a la fusión en febrero pasado.
El comisionado presidente de la CFC, Eduardo Pérez Motta, declaró a la prensa que si las empresas no aceptan en cinco días, tienen la libertad de no concentrarse: “Si el perro ya no existe, ya no hay rabia. Nosotros atacamos la rabia a través de estos compromisos y, si no les gusta, pues ya no hay perro y ya no hay rabia. Es una decisión que está en manos de ellos”.
Observadores consultados por Proceso coinciden en que, acepten o no las condiciones del regulador, Grupo Iusacell ya ganó porque la inyección de mil 600 millones de dólares del Grupo Televisa permitió sanear las finanzas de la empresa, que tenía severos problemas con su deuda.
Además, existe un “plan B” por si no aceptan las condiciones de la CFC: la alianza con la empresa española Telefónica Movistar, la segunda empresa más importante de telefonía móvil en el país, hasta hace meses un enemigo acérrimo del Grupo Iusacell y que se mantuvo al margen de la guerra de las dos televisoras contra Telcel-Telmex, de Carlos Slim.
Dos días antes de que se conociera la resolución de la CFC, el Grupo Iusacell firmó un acuerdo con Telefónica para aumentar la penetración del servicio móvil y beneficiar a más de 27 millones de usuarios, a través del servicio de roaming y de la ampliación de 36 mil kilómetros de fibra óptica que permitirá aumentar la calidad, cantidad y velocidad de los servicios.
Telefónica y el Grupo Iusacell afirmaron que a través de esta alianza tendrán cerca de 30% del mercado de telefonía móvil, que controla Telcel.
Juan Abellán, presidente ejecutivo de Telefónica, dijo que la alianza busca beneficiar la competencia, en contra de “un monopolio que ha impedido que millones de mexicanos accedan a los beneficios de la tecnología por los altos precios de los servicios”, en clara referencia a Telcel.
Unos meses antes de esta resolución, la CFC le canceló la “megamulta” de mil millones de dólares a Telcel a cambio de que cumpliera cinco  condiciones en materia de interconexión. Esta resolución dejó sin efecto, en los hechos, el acuerdo que establecieron Telefónica y Telcel en diciembre de 2010 en materia de tarifas de interconexión, que aceleró la disputa entre las televisoras y Slim.
Nextel, que fuera socio del Grupo Televisa en la polémica Licitación 21 de la banda 1.7Ghz,  afirmó que no resultará afectado si se concreta la fusión Televisa-Iusacell:
“En nuestro escenario más competido ya habíamos descontado que se diera la unión”, afirma Gustavo Cantú, vicepresidente de Nextel en México. Antes de que se diera a conocer la resolución de la CFC, la Fundación Nextel convocó a un concurso para documentar la “propiedad cruzada de los medios” de comunicación en México, en referencia a los riesgos de la alianza entre las dos televisoras más importantes.
Nextel es el cuarto operador por usuarios del país, con cerca de 4% del mercado, mientras que el Grupo Iusacell tiene alrededor de 6%, de acuerdo con los datos de la Cofetel.

Concentración televisiva

Jorge Fernando Negrete, director de Mediatelecom, escribió un detallado análisis sobre la fusión señalando que “usuarios ganan en telefonía y pierden en televisión”.
Afirma que “si bien la licitación de una nueva cadena de televisión nacional es un paso importante para favorecer la competencia en el sector, que además podría aportar las condiciones necesarias para una mayor diversidad e inclusión en televisión, la entrada de un nuevo competidor no garantiza necesariamente y de manera automática la generación de mejores condiciones”.
Para el especialista, además del compromiso de licitar una tercera cadena, se requiere “fortalecer los medios públicos y comunitarios, así como la producción nacional independiente, al tiempo que se permita que otros operadores de telecomunicaciones puedan proveer televisión y producir contenidos audiovisuales”.
Negrete considera que la clave está en garantizar “un pleno crecimiento de las compañías proveedoras de contenidos”, tanto en televisión abierta como en televisión restringida. En ambos casos Televisa domina ampliamente en contenidos y, junto con TV Azteca, acapara 95% de inversión publicitaria del país dirigida a televisión abierta, valuada en 33 mil millones de pesos anuales, o 58% de toda la inversión publicitaria del país (que incluye radio, prensa, revistas, cine, internet y otros medios digitales).
“Dada la cobertura, el nivel de inversión publicitaria que acaparan, la audiencia cautiva que poseen ambas compañías y el poder político que han alcanzado a través del uso de un medio de comunicación tan relevante como es la televisión abierta, Televisa y TV Azteca han sido señaladas como la constitución de un duopolio que restringe la entrada de nuevos competidores, mantiene una posición dominante en la distribución de contenidos y establece prácticas anticompetitivas en contra de anunciantes”, resume el director de Mediatelecom.
Negrete considera que la prohibición de “venta de contenido no empaquetado o atado” en televisión restringida (donde el Grupo Televisa domina en más de 55% a través de sus filiales Cablevisión, TVI, Cablemás y Sky) es una medida “que parece quedarse corta”, ya que no obliga a la transmisión o retransmisión gratuita de los canales de televisión abierta (canales 2, 5, 9 y 4, propiedad de Televisa) en los sistemas de televisión restringida que no son de la empresa de Azcárraga Jean. Esta medida es conocida como must carry, must offer.
Mediatelecom recordó que, hasta ahora, a pesar de una resolución de la CFC, Televisa no ha cumplido con las condiciones que se le dictaron para adquirir Cablemás, la tercera empresa más grande del país. Entre esas condiciones está la venta de 32% de la participación de Cablemás en PCTV, la unión de compañías cableras que controla y negocia en paquete los contenidos para televisión restringida.
La Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi) también reaccionó en contra de la fusión. En su comunicado, su presidenta, Aleida Calleja, considera que los comisionados de la CFC violaron la Constitución y la Ley Federal de Competencia:
“Con esta decisión, la CFC ha querido configurar un monopolio convergente que se enfrenta a las principales empresas de telecomunicaciones de este país, pero con ello no protege el interés público ni el bienestar de los consumidores. Ha pretendido equilibrar el mercado de las telecomunicaciones, pero erradicó de un plumazo la escasa competencia que existía en radiodifusión, fusionando a las dos televisoras que concentran la casi totalidad del mercado audiovisual.”
Señala que la decisión de la CFC fue por “instrucción presidencial” y acusa a Felipe Calderón de ser “el responsable directo del otorgamiento de privilegios y prebendas a través de organismos reguladores como la CFC y la Cofetel, capturados por los intereses político-electorales de la actual administración”.
El especialista Ramiro Tovar Landa, académico del ITAM, también consideró que las condiciones impuestas por el organismo antimonopolios “no resuelven en absoluto el riesgo de colusión” entre Televisa y TV Azteca. “La entrada de una nueva televisora no tienen efecto alguno en las conductas colusivas potenciales o incluso actuales que se pueden dar o se están dando en los mercados en donde participan”.

Operación de Los Pinos

La presión sobre los cinco comisionados de la CFC (Eduardo Pérez Motta, Rodrigo Morales Elcoro, Luis Alberto Ibarra Pardo y Cristina Massa, quienes votaron a favor, y contra Miguel Flores Bernés, quien mantuvo su voto en contra) se intensificó en las semanas previas a la fecha límite para dar a conocer la resolución final, el 15 de junio.
Las encuentros más duros se realizaron entre el vicepresidente de Televisa, Alfonso de Angoitia, y los representantes de la CFC. Se llegó a plantear la posibilidad de que Televisa se deshiciera de alguna de sus tres cadenas de televisión abierta, especialmente el Canal 9. La empresa de Emilio Azcárraga Jean se negó tajantemente.
Desde Los Pinos, la vocera presidencial Alejandra Sota comenzó a operar para destrabar la negociación sobre la licitación de la tercera cadena de televisión digital, que se quedó atorada en la Cofetel. El anuncio de que este organismo licitará en “un plazo máximo de 18 meses” la tercera cadena de televisión digital se hizo días antes de que se tomara la decisión en la CFC.
Cuatro de los cinco comisionados de este organismo regulador votaron a favor. Sólo José Luis Peralta mantuvo su oposición al proyecto encabezado por el presidente, Mony de Swaan.
En paralelo, distintas fuentes consultadas confirmaron que en Los Pinos también se planea una reestructuración de la banda de 2.5 Ghz, considerada una de las más valiosas del espectro, para permitir servicios de banda ancha en internet por vía inalámbrica.
La mayor parte del espectro (190 Mhz) está en manos de MVS, de Joaquín Vargas. La negociación en Los Pinos es otorgarle el refrendo a esta empresa para que pueda operar la empresa Banda Ancha para Todos a cambio de que el Grupo Televisa también tenga la posibilidad de rentar en esta banda, siempre y cuando no sea accionista del consorcio encabezado por MVS.
El otro gran tema pendiente es la liberación de la banda de 700 Mhz, conocida como “dividendo digital”. En ésta es donde las televisoras transmiten sus actuales señales analógicas. Televisa y TV Azteca poseen 88% de las concesiones analógicas, pero también 78% de los llamados “canales espejo” que el gobierno mexicano les otorgó para la transición hacia la televisión digital.
La negociación más fuerte en Los Pinos y en la Cofetel es la devolución de los canales espejo que se les otorgó a las dos grandes televisoras y la liberación de la banda 700 Mhz, considerada uno de los activos más importantes a nivel mundial para impulsar el internet de banda ancha móvil.
Es la última pieza de negociación entre el gobierno de Felipe Calderón y las televisoras, en vísperas de las elecciones federales del 1 de julio.