A 16 días de las elecciones presidenciales, Enrique Peña Nieto,
abanderado del PRI, anunció que en caso de salir triunfador emplearía al
colombiano Óscar Naranjo Trujillo, el “mejor policía del mundo” y
general de “cuatro estrellas”, como consultor externo en materia de
seguridad. Víctimas de violación a derechos humanos y organizaciones no
gubernamentales denuncian supuestos nexos del también miembro de la DEA
con grupos criminales. Advierten que contribuyó a la consolidación del
“terrorismo de Estado” en Colombia y que cuenta con un proceso abierto
en Ecuador por el asesinato de 25 personas, entre ellas cuatro
estudiantes mexicanos. De acuerdo con especialistas, Óscar Naranjo es la
pieza de la continuidad de la política de seguridad ejercida por Felipe
Calderón, estrategia impulsada desde Washington.
El pasado 1 de julio inició formalmente la cuenta regresiva de los
gobiernos panistas luego de 12 años de ocupar la Presidencia de la
República. No así de la política de seguridad ejercida por Felipe
Calderón Hinojosa: la “guerra” contra el narcotráfico.
Enrique Peña Nieto –quien según los primeros conteos del Instituto
Federal Electoral, y de no prosperar la impugnación hecha por el
candidato Andrés Manuel López Obrador, sería el próximo presidente de
México– presentó el 14 de junio a Óscar Naranjo Trujillo, exdirector
General de la Policía Nacional Colombiana, como su consultor externo en
materia de seguridad, en caso de salir triunfador del proceso electoral.
La historia del este personaje lo coloca como el policía más
vitoreado del mudo: un general de “cuatro estrellas”, de acuerdo con el
nombramiento que le confirió Juan Manuel Santos Calderón, presidente de
Colombia. Entre sus hazañas, que le han valido una cuarentena de
honores, destacan el desmantelamiento de cárteles del narcotráfico y el
combate a la guerrilla.
“A partir de esta experiencia, de este éxito y del reconocimiento
que hay a su trayectoria profesional, no sólo en su país sino en el
ámbito internacional, es que solicité amablemente que aceptara asesorar a
un servidor a partir de llegar a la Presidencia y de ganar esta
elección”, expresó en aquel momento el abanderado del Partido
Revolucionario Institucional (PRI).
Paralelo a esta versión, las víctimas, defensores de derechos
humanos y académicos críticos aseguran que el expolicía colombiano es
pieza clave en la consolidación del “terrorismo de Estado” en en el país
suramericano:
“Se trata de una política de ‘seguridad’ que data de la década de
1960, pero se fortaleció durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez
[presidente de Colombia de 2002 a 2010], y con Óscar Naranjo a cargo de
las labores de inteligencia”, explica Clemencia Correa González,
profesora del posgrado de derechos humanos de la Universidad Autónoma de
la Ciudad de México.
Señala que sus principales características son la violación
sistemática de los derechos humanos, la militarización, el
involucramiento de la sociedad civil en tareas militares, el
fortalecimiento del paramilitarismo, la aplicación de políticas de
terror por parte del Estado o con su aquiescencia y la legitimación de
este régimen desde los medios de comunicación.
A finales de junio pasado, Carlos Fazio dedicó su colaboración en el diario La Jornada
a Naranjo Trujillo. En su artículo “Basada en corrupción y mentiras, la
historia del colombiano Óscar Naranjo”, el periodista de origen
uruguayo recuerda que el exgeneral tiene una orden de arresto por
asesinato ante un tribunal de Sucumbíos, Ecuador, y que ha sido
incriminado por sus nexos con el excapo Wílber Varela, del cártel del
Norte del Valle, en el juicio que se ventila en la corte del distrito
del Este de Virginia, en Estados Unidos.
Además, destaca su participación, en la década de 1990, en el
llamado Bloque de Búsqueda, unidad especializada de la Policía Nacional
de Colombia, al que se le atribuye la ejecución del traficante de drogas Pablo Escobar Gaviria, dirigente del cártel de Medellín.
La organización a sueldo de las agencias de seguridad
estadunidenses, en las que Naranjo fungía como jefe de inteligencia,
reeditó viejas tácticas de las guerras sucias de contrainsurgencia y
estableció alianzas estratégicas con el cártel de Cali y con el grupo
paramilitar Los Pepes. Este último habría sido pionero del
narcoparamilitarismo colombiano y responsable de unas 300 ejecuciones.
El
Bloque sería aplaudido después por el desmantelamiento y la
“espectacular” captura de los líderes del cártel de Cali, acción a la
que Carlos Fazio se refiere como un mito: “No existió una limpia y
exitosa operación policial, sino una entrega negociada”. En 1997, en la
corte federal de Miami, Estados Unidos, el excontador de ese grupo
criminal, Guillermo Palomari, confesó el acuerdo con Ernesto Samper
Pizano, entonces presidente de Colombia: la detención pactada de los
hermanos Rodríguez Orejuela.
Respecto de la asesoría en materia de seguridad, que el priísta
Peña Nieto ha requerido al policía colombiano, el también profesor de la
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) manifiesta: “El fichaje
de Naranjo por el PRI se produjo después de las presiones de Estados
Unidos sobre Peña Nieto ante un eventual cambio de política respecto de
los grupos criminales mexicanos”.
Quien pensó que al no votar por el PAN pondría fin a la política de
seguridad que aplicó Calderón, se equivocó. Para Clemencia Correa,
quien desde 2011 es perita en impactos sicosociales para la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, Óscar Naranjo, actual miembro de la
DEA (agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos dedicada a
la lucha contra el contrabando y el consumo de drogas), es la pieza que marcará la continuidad de tal política.
Se trata de una estrategia de inteligencia regional dictada desde Washington
que, en el contexto del Plan Colombia, aprobado en 1997, “ha utilizado
al país suramericano para exportar conocimiento en materia de seguridad,
especialmente a México y Centroamérica”, precisa Carlos Fazio.
En enero pasado, por ejemplo, el diario estadunidense Washintong
Post reveló que, con el apoyo de Estados Unidos, Colombia ha entrenado
ya a más de 7 mil policías mexicanos para, supuestamente, enfrentar a
los cárteles de la droga.
El objetivo estratégico, además del mantenimiento del estatu quo,
es el control territorial y económico de la región. Aunque en ambos
países, en México, con la Iniciativa Mérida, y en Colombia, con el Plan
Colombia, la “bandera” es el combate al narcotráfico, la sociedad civil
ha denunciado y documentado que el verdadero blanco de los ataques es el
pueblo.
Clemencia Correa recuerda una conferencia en el Centro de Cultura
Casa Lamm, en la que participó en 2007. Entonces había personas, incluso
investigadores, que aún eran escépticos respecto de la injerencia de
Colombia en México. ¿Por qué ahora se hace pública esta relación? La
asesora de organizaciones de derechos humanos y de víctimas explica que
cuando algo se hace público es porque se sabe que “ya no hay ningún
costo político”.
Uno de los primeros consejos de Óscar Naranjo a Peña Nieto fue la
creación de grupos de choque, conformados por integrantes del Ejército
Mexicano, la Armada de México y cuerpos policiales, para combatir
narcotraficantes y bandas de sicarios.
Especialistas advierten un debate en torno a la posible violación
del Artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, que establece que “los extranjeros no podrán de ninguna
manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país”.
Sucumbíos. Denuncia por asesinato en contra de Naranjo
Mes con mes, integrantes y solidarios de la Asociación de Padres y Familiares de las Víctimas de Sucumbíos, Ecuador, se manifiestan frente a la embajada de Colombia en México. Claman justicia: el 1 de marzo de 2008, cuatro estudiantes mexicanos fueron asesinados y una más fue herida de gravedad en una operación militar odel gobierno colombiano, en contra de un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias. Los responsables no han sido castigados.
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