Por la Sedena se vale de todo

Atrincherados en el seno de la institución castrense, los militares que aspiran a sustituir al general Guillermo Galván Galván en la Secretaría de la Defensa Nacional urden sus estrategias. Asesinado Mario Arturo Acosta Chaparro y detenido y puesto bajo arraigo el divisionario Tomás Ángeles Dauahare, los generales Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen toman posiciones en una batalla de intrigas donde se valen de todo. Los patrones de sucesión en la Sedena cambiaron ante el enorme poder que los militares adquirieron a partir de la decisión presidencial que los puso al frente de la guerra contra el narcotráfico.

Jorge Carrasco Araizaga

Desde la época revolucionaria el relevo en la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) no había sido tan costoso para el Ejército. Aún faltan cuatro meses para la llegada del sucesor del secretario Guillermo Galván Galván y los divisionarios candidatos a sustituirlo ya fueron testigos del asesinato de un general de brigada, el encarcelamiento de uno de sus pares y la filtración de información de seguridad nacional para descarrilar a un tercero.
El ambiente sucesorio en la fuerza armada más poderosa del país puede todavía ser peor. El general detenido –Tomás Ángeles Dauahare– sigue en la mira de sus detractores dentro del Ejército y algunos de sus familiares han sido amenazados. Aunque dice no temer por su vida, el divisionario arraigado desde hace dos meses por la Procuraduría General de la República (PGR) se convirtió en un elemento incómodo para algunos militares por su relación con el asesinado general de brigada Mario Arturo Acosta Chaparro.
La disputa por la Sedena es intensa por la creciente importancia política y económica que representa. A pesar de haber sido desplazada parcialmente por la Marina ante la desconfianza hacia algunos mandos del Ejército debido a su supuesta relación con el narcotráfico, la Sedena se convirtió en el sexenio que termina en una de las dependencias con más recursos.
En los seis años del gobierno de Felipe Calderón recibió 268 mil 930 millones de pesos, casi la mitad del gasto del gobierno saliente en seguridad nacional. Entre otros oficiales de alto rango, aspiran al poder que representa la Sedena los generales  Salvador Cienfuegos Zepeda, Augusto Moisés García Ochoa, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa y Luis Arturo Oliver Cen.
En perspectiva de un gobierno de Enrique Peña Nieto, el Ejército puede adquirir aún más fuerza al convertirse en el proveedor de los 50 mil hombres para la Gendarmería Nacional, el proyecto con el que el candidato priista prevé el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas del combate al narcotráfico.
“En la sucesión de la Sedena, desde 2010 los patrones de comportamiento institucional se modificaron. Los generales en retiro que en el priismo autoritario ya no figuraban, ahora participan en el esquema sucesorio. Juegan y se dejan ver”, dice el investigador Erubiel Tirado, coordinador del diplomado en seguridad nacional de la Universidad Iberoamericana.
Es el caso de los generales Acosta Chaparro y Ángeles Dauahare. Desde finales de 2010 y hasta el asesinato del primero, el pasado 20 de abril, ambos se encaminaban a participar en el juego sucesorio de la Sedena. A su favor, de acuerdo con distintas fuentes consultadas por Proceso, tenían una estrecha relación con la Administración Antidrogas de Estados Unidos, (DEA, por sus siglas en inglés), información sobre la penetración del narcotráfico en el Ejército y el acercamiento con Peña Nieto.
Otro factor los identificaba: su separación crítica del Ejército y de la política de seguridad del gobierno de Felipe Calderón. Acosta Chaparro incluso estaba compartiendo información con la Marina.
Pero ambos generales tuvieron también un mal común: Mateo, el apelativo con el que la PGR identificó a Sergio Villarreal Barragán, El Grande, exintegrante del Cártel de los hermanos Beltrán Leyva que en noviembre de 2010 declaró contra Acosta Chaparro y en mayo pasado contra Ángeles Dauahare.
A las pocas horas de declarar contra el general de división en retiro, El Grande fue extraditado por la PGR a Estados Unidos. La DEA mandó un avión al hangar de la PGR en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México para llevarlo a Texas.
Las acusaciones de Mateo sobre la supuesta protección de ambos generales al Cártel de los Beltrán Leyva no han sido probadas. En una declaración ministerial del 26 de noviembre de 2010 dijo haber conocido a Acosta Chaparro desde 2006 por medio de Arturo Beltrán Leyva, El Barbas, quien supuestamente le pagó 500 mil dólares al general de brigada para que le diera protección y lo pusiera en contactos con oficiales del Ejército.
En esa declaración ante la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), Villarreal habló de una segunda reunión a mediados de 2007 entre El Barbas y Miguel Ángel Treviño, El Z-40, uno de los cabecillas de Los Zetas, para que Acosta Chaparro se reuniera con Heriberto Lazcano, El Lazca, principal jefe de esa organización. Pero en ambas fechas el general de brigada todavía estaba detenido, acusado de proteger al Cártel de Juárez.

El desacato de la SIEDO

En el caso del general Ángeles Dauahare la SIEDO enfrenta ahora una acusación de desacato judicial por negarle a la defensa del general retirado Tomás Ángeles la posibilidad de desacreditar la acusación de Mateo y de otro testigo protegido identificado como Jennifer sobre la supuesta protección del divisionario a los Beltrán Leyva.
El abogado Ricardo Sánchez Reyes Retana logró que el Juzgado Décimo Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal resolviera que la SIEDO cometió el desacato judicial de corroborar las acusaciones contra el divisionario. El fallo, que fue impugnado por la PGR, señala que la SIEDO violó una suspensión definitiva que la obligaba a verificar las imputaciones contra Ángeles.
“La resolución es una muestra clara de la parcialidad con la que se ha conducido la representación social al no contestar a las peticiones de la defensa ni desahogar los escritos de ofrecimiento de pruebas. Cuando el juez decida sobre una eventual orden de aprehensión, sólo tendrá los elementos de cargo de la autoridad y no los de descargo, que demuestran la falsedad de las acusaciones”, dice a Proceso Sánchez Reyes Retana.
Conforme se acerca el 3 de agosto, fecha límite para mantener bajo arraigo al general en retiro y consignarlo ante la justicia o liberarlo por falta de elementos, las presiones se incrementan. El sábado 14 el periódico Reforma dio a conocer amenazas y hostigamiento contra la familia del militar por parte de la SIEDO y del propio Ejército.
Este semanario confirmó amenazas no sólo contra familiares, sino el temor de una agresión contra Ángeles Dauahare, como ocurrió con el general Acosta Chaparro.
En diciembre de 2010 ambos militares en retiro se encontraron por primera vez desde que en 2002 Ángeles Dauahare había presidido el Consejo de Guerra contra Acosta Chaparro por su supuesta protección al Cártel de Juárez en los noventa.
El encuentro fue en el restaurante del hotel Radisson, frente al centro comercial Perisur de la Ciudad de México. Acosta Chaparro había salido de la cárcel en junio de 2007, cuando un juez revocó la sentencia de 15 años a la que había sido condenado por el Consejo de Guerra. Antes, la justicia militar lo había exonerado de los delitos de lesa humanidad que le imputó la desaparecida Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp) por su papel durante la represión a la guerrilla en los setenta y ochenta, sobre todo en Guerrero.
Por esas fechas Acosta Chaparro ya se había distanciado de su excompañero de generación en el Colegio Militar, el general Galván Galván. El titular de la Sedena no sólo lo sacó de la cárcel en 2007, también le devolvió sus insignias, le dio el reconocimiento de “héroe” del Ejército y, ya en el retiro y con el consentimiento de Calderón, lo tuvo como asesor para el combate al narcotráfico.

“No soy traidor”

La primera misión de Acosta Chaparro fue en septiembre de 2008 para detener a los supuestos responsables del narcoatentado con granadas que dejó más de 100 heridos y 12 muertos en el centro histórico de Morelia, Michoacán, cuando las autoridades celebraban el Grito de Independencia. Fue el inicio de sus contactos con los distintos grupos del narcotráfico como emisario del gobierno de Calderón para que bajaran la violencia en el país (Proceso 1768).
El desencuentro con Galván ocurrió cuando el general secretario le pidió que se pusiera un chip localizador para su encuentro con Joaquín El Chapo Guzmán. “No, Guillermo. Yo facilito acuerdos. No soy un traidor” –le dijo Acosta Chaparro a su interlocutor–. Se quejó también con sus allegados de no recibir ningún pago por parte del gobierno de Calderón: “Ni las gracias me dieron”.
Poco después, en mayo de 2010, sufrió un primer atentado justo cuando empezaba a investigar el secuestro del exsenador del PAN Diego Fernández de Cevallos. Después de medio año de convalecencia, el general se reincorporó a sus actividades de investigación. Fue cuando se encontró con el general Ángeles Dauahare.
En sus recorridos encubiertos con los distintos jefes del narcotráfico en México, Acosta Chaparro recolectó información sobre la protección institucional que reciben, incluida la del Ejército.
Congelada su relación con la institución a la que perteneció, el militar se acercó a la Marina. Pocas semanas antes de ser asesinado se reunió en un hotel de Polanco, en el Distrito Federal, con uno de los jefes de la DEA en México y mandos operativos de la Marina. También estuvo un gobernador que las fuentes consultadas evitaron identificar. Ahí hablaron sobre un operativo.
“Prefiero trabajar con la Marina porque con el Ejército no se puede. Hay muchos intereses y corrupción. Está muy infiltrado”, dijo, según refieren testigos del encuentro.
Al mismo tiempo estrechaba su relación con Ángeles Dauahare con miras a la sucesión en la Presidencia y en la Sedena, en el entendido de que la Ley Orgánica de esta dependencia no impide que un general de división en retiro sea el jefe del Ejército y la Fuerza Aérea.
Acosta Chaparro estaba en contacto con Luis Felipe Puente Espinosa, coordinador de la campaña del candidato priista en la circunscripción II, que abarca ocho estados, y quien fuera secretario de Transportes del Estado de México durante la gestión de Peña Nieto, mientras que Ángeles mantenía relación con otro colaborador del mexiquense, un sobrino del extitular de la Sedena, el general retirado Enrique Cervantes Aguirre, a cuyo grupo dentro del Ejército perteneció el divisionario ahora bajo arraigo.
Acosta Chaparro estaba haciendo varias propuestas “para fortalecer al Ejército” cuando lo mataron. Sus ejecutores seguían sus pasos desde hacía días. La fotografía publicada en la prensa sobre su encuentro con el general Ángeles Dauahare en el restaurante del Lago, en el Bosque de Chapultepec, la víspera de su asesinato, es sólo una de las varias que le tomaron, dicen a este medio fuentes cercanas al general.
Muerto Acosta Chaparro, Ángeles decidió hacer público su acercamiento con Peña Nieto. El 9 de mayo, una semana antes de su arraigo, estuvo con el candidato presidencial en un foro sobre seguridad nacional organizado por la Fundación Colosio en San Luis Potosí.
Ángeles había salido de forma intempestiva del Ejército en marzo de 2008 en medio de especulaciones de que sustituiría al general Galván al frente de la Sedena. Era subsecretario de la Defensa Nacional, cargo en el que quedó en diciembre de 2006, cuando no pudo llegar al despacho principal del Ejército.
Fresco aún el asesinato de Acosta Chaparro, Ángeles Dauahare fue detenido en su casa de la Ciudad de México la noche del 15 de mayo. En diversas ocasiones ha dicho que su detención fue para sacarlo del relevo en la Sedena.
Los prospectos
Mandos del Ejército aseguran que el general Galván se enteró de la detención una vez que la Policía Judicial Militar lo llevó al Campo Militar Número 1 y luego a la SIEDO. “Al secretario lo están haciendo a un lado o le quieren ganar el juego sucesorio”, dicen al reportero.
Incluso la atribuyen al subsecretario de la Sedena, el general de división Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, uno de los prospectos a suceder al general Galván y a quien se le adjudica la propuesta de transferir 50 mil hombres del Ejército y la Fuerza Aérea a la Gendarmería Nacional que quiere Peña Nieto.
De 63 años, el general Gaytán es uno de los cuadros más experimentados de la Sedena tanto en el mando operativo como en su funcionamiento burocrático. Formalmente está a cargo de la administración de la secretaría, pero el control administrativo de la dependencia pasa también por el oficial mayor, el general de división Salvador Cienfuegos Zepeda, quien también tiene trayectoria operativa y desde el sexenio pasado es mencionado como candidato a la Sedena.
Gaytán Ochoa fue ascendido a general de división en noviembre de 2006 por el entonces saliente secretario de Defensa, el general Clemente Vega. A partir de su ascenso fue designado jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, el cargo operativo más importante del Ejército. Los dos años anteriores fue subjefe operativo del Estado Mayor de la Sedena.
En la Escuela de las Américas, en Panamá, recibió del ejército de Estados Unidos el curso de administración de recursos, aunque su experiencia internacional está limitada a la agregaduría militar de México en Perú. En su hoja de servicios destaca su participación como comandante de agrupamiento en la Fuerza de Tarea Arcoiris, creada para sofocar el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en Chiapas, en 1994.
En la disputa por la sucesión, el lunes 16 el periódico El Universal y el noticiario matutino de MVS Radio, conducido por Carmen Aristegui, informaron que de marzo de 2011 a marzo de 2012 la Sedena gastó casi 5 mil millones de pesos en la compra de “equipos de espionaje político”.
El dardo fue directo contra el director general de Administración de la Sedena, el general de división Augusto Moisés García Ochoa, otro de los prospectos para llegar al despacho del secretario.
García Ochoa también tiene fuerza dentro de la Sedena. Fue secretario particular del anterior secretario, Clemente Vega. También formado en la Escuela de las Américas, donde tomó el curso operaciones en selva, tiene experiencia operativa en funciones de Estado Mayor de la Defensa Nacional.
La filtración a la prensa de los contratos por adjudicación directa a la empresa Security Tracking Devices busca repetir lo ocurrido hace seis años con el general Juan Alfredo Oropeza Garnica, ahora en retiro, quien se hacía al frente de la Sedena cuando se supo que metió en un problema legal internacional a la dependencia por modificar sin permiso un arma de una empresa alemana proveedora del Ejército mexicano y que se conoce como el Xiuhcóatl 5 (Proceso 1572).
A la lista de aspirantes se suma el general de división Luis Arturo Oliver Cen, el jefe de Estado Mayor de la Defensa Nacional, el hombre responsable de la operación del Ejército y que al inicio de este sexenio fue designado subjefe operativo.
Exagregado militar adjunto en la embajada de México en Washington, es el encargado de hacer cumplir las órdenes en la Sedena, pero también es el encargado de las relaciones del Ejército con las dependencias gubernamentales para la protección de las instalaciones de seguridad nacional, así como con el Senado y los gobiernos extranjeros.