Ocho contratos firmados entre la Sedena y una empresa estadunidense
provocan intensas auditorías de las dos instituciones fiscalizadoras en
México: la Secretaría de la Función Pública y la Auditoría Superior de
la Federación, las cuales incluso trasladaron a sus titulares a las
oficinas castrenses para encabezar las revisiones. La propia Secretaría
de la Defensa Nacional inició una investigación, a través de su
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. Los
productos y servicios adquiridos son para uso de las secciones Segunda y
Séptima del Estado Mayor, y se utilizarían para espiar y contener los
movimientos armados y desarticular los cárteles del narcotráfico. La
disputa por la sucesión al interior de las Fuerzas Armadas deja al
descubierto las capacidades tecnológicas adquiridas por la inteligencia
militar en los últimos dos años de gobierno de Felipe Calderón. Una
nueva indagatoria ahora inicia la Policía Militar: busca descubrir
quiénes filtraron los documentos.
El Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se
encuentra bajo el escrutinio de la Secretaría de la Función Pública
(SFP), la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de la propia
Inspección y Contraloría General del Ejército y Fuerza Aérea. El motivo:
ocho contratos y seis convenios modificatorios de los mismos celebrados
por la dependencia garante de la salvaguarda de la nación con una
empresa privada de capital estadunidense, por un monto total que alcanza
los 5 mil 628 millones de pesos. Se espera que los restantes 10
contratos, de un total de 18 celebrados para adquirir equipos y
servicios de inteligencia entre 2010 y 2012, sean auditados en los
próximos días.
Las pesquisas son encabezadas en las oficinas castrenses por los
titulares de las dependencias fiscalizadoras, quienes han tenido que
despachar en estas semanas desde la Sedena: Rafael Morgan Ríos, de la
SFP; Juan Manuel Portal Martínez, de la ASF, y el general de división
Diplomado de Estado Mayor Marco Antonio González Barreda, de la
Inspección y Contraloría militar.
Los equipos y servicios adquiridos mediante estas adjudicaciones
directas –a través de la Dirección General de Administración, a cargo
del general de división Diplomado de Estado Mayor Augusto Moisés García
Ochoa– son para uso de las secciones Segunda y Séptima del Estado Mayor
de la Sedena, cuyo jefe es el general de división Diplomado de Estado
Mayor Luis Arturo Olivar Cen. La Sección Segunda es la encargada de las
actividades de inteligencia y contrainteligencia del Ejército Mexicano.
La Séptima, de las operaciones contra el narcotráfico.
Los ocho contratos auditados –asignados sin licitación de por
medio, “por tratarse de asuntos de seguridad nacional”, a decir del
director de Comunicación Social de la dependencia, general brigadier
Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo– se celebraron con la
empresa Security Tracking, SA de CV. Los otros 10 contratos fueron
signados también con esta compañía y con AV y D Solutions, SA de CV.
Ambas compañías son representantes en México de corporativos
estadunidenses especializados en tecnologías de inteligencia y
aeronáutica, respectivamente.
El objetivo de los ocho contratos fiscalizados fue incrementar las
capacidades de espionaje y procesamiento de información de inteligencia
de la Sedena. De acuerdo con las copias de los mismos –proporcionadas a Contralínea
por fuentes que tuvieron acceso a ellos en el proceso de revisión– el
Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana construyeron un Sistema de
Inteligencia Regional para modernizar el Centro de Comando y Control,
sus subcentros y módulos, y construir la Plataforma Pegasus.
De
los contratos se desprende que el proyecto se denominó “Sistema de
Inteligencia Regional para Incrementar las Capacidades de la S-2
[Sección Segunda] (Intl) [Inteligencia] EMDN [Estado Mayor de la Defensa
Nacional]”. Consta de tres fases, las cuales están amparadas por sendos
contratos firmados con Security Tracking Devices: 4550000033,
4550000007 y 4550000006. Además, otros contratos intermedios se firmaron
con la misma empresa también para adquirir productos y servicios
relacionados con las actividades de inteligencia: 4500006718,
4500006876, 4500006908, 4500000147 y 4500000525. El monto total de estos
ocho contratos asciende a 5 mil 628 millones 499 mil 999 pesos.
El equipo adquirido por la inteligencia militar mexicana es de tal
capacidad, que la empresa estadunidense debió contar con la autorización
de la Secretaría de Estado de Estados Unidos para poder venderlo a la
Sedena.
Según la descripción de los contratos, la Sección Segunda del
Estado Mayor de la Defensa cuenta ahora con la capacidad de intervenir
cualquier tipo de comunicación electrónica. Más aún, de manipular a
distancia –mediante órdenes que pasan inadvertidas para los ciudadanos
espiados– computadoras, radios, teléfonos celulares y cualquier tipo de
teléfono “inteligente” o smartphone.
En entrevista con Contralínea, el general de división
Diplomado de Estado Mayor Ricardo Trevilla Trejo, director de
Comunicación Social de la dependencia, dice que el equipo adquirido se
utilizará contra “determinados grupos criminales. Contra delincuentes en
general, no. Es contra grupos armados. El equipo es para cumplir con
nuestras misiones, establecidas en la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza
Aérea. En este caso nos referimos a la segunda misión: garantizar la
seguridad interior”. Las otras son, de acuerdo con el artículo 1 de la
legislación citada por el general: “Defender la integridad, la
independencia y la soberanía de la nación; auxiliar a la población civil
en casos de necesidades públicas; realizar acciones públicas y obras
sociales que tiendan al progreso del país; y en caso de desastre,
prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y
sus bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas”.
Señala que el “monitoreo” que realizan “es apegado a derecho, con
la autorización de un juez, el cual determina, con base en las pruebas
que se le presenten, si se autoriza o no una intervención en las
comunicaciones; además, por cuánto tiempo y qué tipo de comunicación.
Eso está dentro de lo que la ley nos permite”.
Con respecto del procedimiento con que se firmaron los contratos
agrega: “todo está conforme a derecho; no hay nada irregular. Ya se han
auditado y no han encontrado nada. Y no van a encontrar porque todo ha
sido apegado al procedimiento”.
Leer articulo completo AQUI.
Entradas
No hay comentarios.:
Publicar un comentario