La
ciencia nos muestra que cuando un miembro comienza a gangrenarse, si
no se cura a tiempo acabará con la vida de quien no actuó en forma
adecuada. Esto puede servir de símil para hacer notar la urgencia de
cortar la parte “gangrenada” del cuerpo social, pues ya no hay tiempo
para paliativos. El sistema político mexicano necesita curaciones de
fondo, para evitar que la “gangrena” de la corrupción lo invada
totalmente y acabe con él. Este es el verdadero riesgo que pesa sobre
el grupo en el poder, no un levantamiento armado de ciudadanos hartos
de sufrir las injusticias y desmanes de la oligarquía que se beneficia
con la situación imperante.
No hay duda que el gran legado de la alternancia al país fue
haber elevado al cubo la corrupción de la clase política y de los
poderes fácticos. Se crearon enormes vacíos de poder que fueron llenados
de la manera más vil, por políticos de nuevo cuño sólo interesados en
seguir una carrera que los enriqueciera rápidamente. Sobran ejemplos de
tal afirmación, sólo basta ver cómo cambió la vida para muchos
gobernadores y sus familiares cercanos, antes en niveles económicos que
no rebasaban la medianía, actualmente señores potentados con
inversiones en diferentes sectores, sobre todo en el de servicios.
Hasta los propios priístas, alarmados por los excesos en
que incurrió la burocracia dorada en los últimos doce años, están
convencidos de la necesidad de frenar las ambiciones de sus cuadros, por
eso planean crear una comisión nacional anticorrupción. No lo hacen
con la finalidad de acabar con el flagelo, sino únicamente con el de
evitar excesos que los malquistaran con la ciudadanía, cuando menos los
dos o tres primeros años del sexenio, en el caso de que llegaran
nuevamente a Los Pinos, “haiga sido como haiga sido”.
Saben que la prioridad para ellos es sacar las dichosas
reformas estructurales, con las que asegurarían el apoyo de los grandes
centros de poder trasnacional y el aplauso de la oligarquía, así como
la firmeza de una alianza estratégica con el PAN, cuyos dirigentes
estarán muy atentos a que los priístas “no se rajen”, posibilidad que
advirtieron los voceros del partido blanquiazul, Juan Molinar Horcasitas
y Juan Manuel Oliva, en la reunión que tuvo la dirigencia con la
bancada panista de la 62 legislatura. Ambos coincidieron en señalar que
ven riesgos de que el PRI, por razones tácticas, le saque al bulto a
las reformas laboral y hacendaria, con el incremento generalizado al
IVA, incluyendo alimentos y medicinas.
Vemos así que para el PAN no significó un problema irresoluble su
salida de Los Pinos, pues sabe que ahora los priístas harán el trabajo
sucio necesario para que la oligarquía siga beneficiándose. Para los
panistas es mejor estar en la retaguardia, con el fin de que sean los
priístas quienes reciban los golpes y se desgasten en el ejercicio del
poder. Sobre todo cuando quedó demostrado que México cuenta con una
amplia capa social dispuesta a evitar que el país sea totalmente
carcomido por la gangrena de la corrupción, como lo evidenciaron los
más de 15 millones de votos libremente emitidos por un electorado
convencido de que aún hay posibilidades de salvar al país de una
catástrofe irreparable.
Este gran
número de votantes, que seguramente pudo haber sido mucho más si el
Movimiento Progresista hubiera tenido representantes en las zonas
rurales, donde el PRI hizo lo que quiso en las urnas, patentiza la
confianza de amplios sectores de la sociedad en que los cambios que
requiere la nación se den de manera pacífica. El pueblo así estaba
confirmando que rechaza el camino de la violencia. Cabe puntualizar que
tal convencimiento no equivale a una resignación fatalista a que la
realidad nacional siga siendo absolutamente desfavorable a las clases
mayoritarias. La experiencia histórica nos enseña que siempre hay un
límite a la paciencia ante los constantes abusos de los grupos en el
poder.
Que se puede llegar a ese
límite no hay duda, pero no porque así lo quiera la izquierda, sino
porque la sociedad agraviada se da cuenta de que mantenerse impávidos
ante las humillaciones es contraproducente. Sólo queda esperar que lo
entienda la oligarquía y no quiera excederse en sus abusos, de por sí
muy indignantes, pues llegaría el momento en que el pueblo sacaría las
uñas. De ahí el imperativo de que, como un paso importante en la
dirección correcta, el Tribunal Electoral anule una elección ilegal y
sea nombrado un presidente interino. Lo prioritario en este momento es
calmar las aguas políticas, lo que sólo podrá lograrse respetando la
voluntad de quienes votaron convencidos de un cambio democrático. Los
votos para la derecha fueron comprados, al menos una gran mayoría, por
eso no debe preocupar una reacción inexistente.
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