¿Pena de muerte a consejeros del IFE?

Reunión con el núcleo duro de Morena en San José del Cabo, Baja California Sur. En un pequeño salón donde lo único que ya no cabe es el aire, lo mejor de lo mejor de la estructura electoral que defendió los votos de AMLO el primero de julio pasado, se vuelve a encontrar para discutir las exigencias de la próxima coyuntura. La pregunta clave es una: ¿qué hacer cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tribepojufe) califique los presidenciales comicios?

Los asistentes se enteran de que, durante el fin de semana en la UNAM, la asamblea interuniversitaria de #YoSoy132 se declaró en “alerta amarilla” y convocó a sus bases en todo el país a preparar acciones de desobediencia civil intensa en el momento en que el Tribepojufe declare “presidente electo” a Enrique Peña Nieto. Al saber que en la ciudad de México podrían producirse paros intempestivos en los convoyes del Metro, las opiniones se dividen.

Algunas personas lamentan que en Baja California Sur no haya Metro. Otras piden un poco de compasión para los habitantes del Distrito Federal que, de por sí, “tardan horas en avanzar una cuadra”. A mi turno comparto mis recuerdos de los disturbios que hubo en Buenos Aires, en diciembre de 2001, cuando la crisis del Corralito.

Las manifestaciones pacíficas terminaban a media noche, cuando grupos organizados irrumpían con palos y piedras, lanzaban cocteles molotov contra la Casa Rosada (el palacio argentino de gobierno) y después quemaban sucursales de bancos y cajeros automáticos. Frente al desbordamiento de la furia popular, en una semana cayeron cinco presidentes de la República. ¿Es impensable que algo así ocurra en México para evitar la imposición de Peña Nieto?

Hemos tenido la capacidad de soportar la muerte horrorosa de más de 100 mil personas, la desaparición de decenas de miles más, la masificación del desempleo, el endeudamiento del país en grado superlativo, los “donativos” de miles de millones de dólares de Felipe Calderón al FMI y el Banco Mundial, el saqueo de las compañías mineras canadienses (que no son tan canadienses), el regalo de nuestro petróleo a Estados Unidos y de nuestro gas a España, y muchas, muchas vejaciones más, pero no parecemos dispuestos a protagonizar una semana de revueltas callejeras.

Los pros y los contras apasionan a los que discuten. Los más sensatos tercian en el debate y recuerdan las sabias palabras que Paco Ignacio Taibo II pronunció el domingo pasado por la noche en La Paz: “Mientras el Tribunal no mate al gato, no podemos decir qué haremos ante la muerte del gato, sin correr el riesgo de que cuando lo hagamos, el gato pase delante de nosotros y nos deje en ridículo”.

Tenemos que seguir esperando, pues, a que los magistranzas emitan su fallo. Y esperar con calma, aunque el presidente del Tribepojufe, Alejandro Luna Ramos, haya dicho (a favor de Peña Nieto con palabras mustias) que “nadie gana en la mesa lo que no ganó en las urnas”. Y no irritarnos a pesar de que ayer, la ex presidenta del mismo Tribunal, la Gioconda de la sonrisa totalitaria, María del Carmen Alanís, haya confesado que está “hasta el gorro de las impugnaciones de AMLO”.

Fodonga la señora que se queja porque tiene que trabajar para desquitar su sueldo de 600 mil pesos mensuales, descarado el sentencioso Luna Ramos, hermanados en la prepotencia y la abyección con Leonardo Vazurita, ignoran que en el seno del pueblo al que ofenden y ultrajan cobra fuerza la idea de impulsar una reforma penal que condene a la pena de muerte a funcionarios como ellos que se vendan por un plato de cacahuates de oro.

Porque, como bien lo dijo ayer un pescador sudcaliforniano, “ya no podemos andarnos con miramientos, compañeros, sin entender que los poderes fácticos son muy poderosos”. ¿Pena de muerte a los consejeros del IFE y magistranzas del Trife? Si tienen alguna opinión al respecto hoy también estaré en Twitter en la cuenta @Desfiladero132, por si ocupan.

Jaime Avilés

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