MÉXICO, D.F. (apro).- En los últimos cien días de poder que le quedan, Felipe Calderón hará cuanto pueda para cobrar facturas.
Su
actuación en el caso de la banda 2.5GHz expresa ese ánimo, sin
importarle las consecuencias. No sólo dejará con escaso margen de
maniobra a su sucesor, sino que el caso se empantanará en tribunales
algunos años, mismos que significarán un retraso en la operación de esa
frecuencia, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países,
incluso de América Latina.
Biliar, su decisión de
expropiar –en términos prácticos– esa banda, remite al acto
desesperado e irresponsable del fallecido José López Portillo de
nacionalizar la banca en medio del desastre económico y financiero,
decisión que anunció en su último informe de gobierno, hace casi 30
años, el 1 de septiembre de 1982.
El sucesor,
Miguel de la Madrid –también ya fallecido– tuvo que revertir la medida
con la devolución de una tercera parte de la banca. El escenario de
enmienda es difícil que se repita.
Todo apunta a
que Enrique Peña Nieto será ratificado por el Tribunal Electoral.
Criatura de Televisa, podría mantener la decisión de Calderón no por
estar en conflicto con la familia Vargas o la periodista Carmen
Aristegui –quien seguramente no le gusta–, sino por pagarle los favores a
la televisora.
El favor está en que al
mantenerse en litigio, nadie podrá hacer uso de las posibilidades de
televisión, entre otras, de la banda 2.5. Es decir, por algunos años
más está garantizada la falta de competencia para las televisoras de
Emilio Azcárraga y Ricardo Salinas.
Calderón no sólo cobró facturas a Vargas y Aristegui, sino que le hizo el trabajo sucio a Peña Nieto.
El
mismo talante está detrás de su decisión de desplegar más de mil
efectivos de la Policía Federal en Michoacán para ir contra quienes, en
los hechos, pusieron en entredicho su llamada estrategia contra el
narcotráfico.
Fue en su estado, precisamente,
donde su secretario consentido, Genaro García Luna, sufrió sus peores
bajas en emboscadas y ataques contra efectivos de la Policía Federal.
La respuesta fue uno de los ataques más represivos de su gobierno: por
aire, se metió a las comunidades que controlaba esa organización
delictiva en Apatzingán y fue contra los liderazgos.
Escindió al grupo y la atomización dio lugar a los Caballeros Templarios,
a quienes ahora quiere acabar con operativos similares, exacerbando
más el enfrentamiento. De fuerza y coraje, no inteligencia, ha sido la
reacción de Calderón.
Michoacán, además, le
representa sus peores agravios políticos: nunca ha podido ganar una
elección presidencial en su tierra. Quiso ser gobernador y no pudo.
Como presidente, tampoco pudo ganar el estado en las dos elecciones que
le tocaron; la última, con su hermana Luisa María. Tampoco pudo ganar
el Congreso local para su partido ni hacerse de la mayoría de las
alcaldías.
Como herencia, dejará a su estado como uno de los más violentos del país y en manos del PRI. Menudo fracaso.
En
sus agravios, ya pasó también factura al Poder Judicial, al que acusó
una y otra vez de sabotear su “estrategia” de seguridad. Jueces
corruptos, dijo, sueltan a los delincuentes que su gobierno “agarra y
agarra”.
El gobierno calderonista sometió al
escándalo al único poder en México que no había sido relacionado con el
narcotráfico. A partir de las declaraciones de un testigo protegido,
acusó a un exsecretario de estudio y cuenta de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación de haber filtrado información al cartel de Sinaloa, de Joaquín El Chapo Guzmán.
Calculó
bien el golpe. Lo dirigió a la ponencia más vulnerable de la Corte por
sus afanes políticos, la del ministro Sergio Valls Hernández.
Aún
está por saberse lo que pase con el acusado, Juan Carlos de la Barrera
Vite, de quien asegura la Corte, si filtró información fue cuando
trabajó bajo las órdenes de Marisela Morales, cuando la ahora titular de
la PGR estaba al frente de la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada.
Con tal
de justificar su fracaso en seguridad, no se ha detenido en atentar
contra uno de sus principales aliados, el Ejército. Lo hizo al
encarcelar, otra vez con testigos protegidos, al general de División
retirado Tomás Ángeles Dauahare, a quien también le pasó la factura por
apuntarse para suceder, en 2008, a su leal García Luna.
jcarrasco@proceso.com.mxVer mas
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