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Vista gorda-Rocha
Futuro escritor-Helguera
El ex hacker afirma que EU podría llevar al mundo a una era de opresión al periodismo
*Insta a liberar al soldado Manning, acusado de entregarle datos secretos
*Revela que la policía de GB hizo intento de arresto el miércoles pasado
- Doce años después, los casos Monex y Soriana podrían terminar en una
elevada multa
- En 2000 salieron a la luz los financiamientos ilícitos a Francisco Labastida y Vicente Fox
Protesta en una tienda Soriana en Iztapalapa, el pasado 10 de agostoFoto Guillermo Sologuren
Gustavo Castillo García
Los
casos Monex y Soriana guardan mucha similitud con lo ocurrido hace 12
años, cuando por primera ocasión se descubrieron financiamientos
ilícitos en las campañas presidenciales de los partidos Revolucionario
Institucional (PRI) y Acción Nacional (PAN), y que se conocieron como Pemexgate y Amigos de Fox. Los candidatos eran Francisco Labastida Ochoa y Vicente Fox Quesada, respectivamente.
En
los comicios de julio pasado, el Movimiento Progresista –integrado por
los partidos del Trabajo, Movimiento Ciudadano y de la Revolución
Democrática– denunció que se utilizó dinero ilícito para comprar votos a
favor del candidato priísta, Enrique Peña Nieto, y que en ello
estarían involucrados Banco Monex y la cadena de tiendas Soriana.
Sin embargo, en los casos de Pemexgate
y Amigos de Fox, la Procuraduría General de la República (PGR) nunca
logró acreditar la existencia de delitos que se tipifican en el Código
Penal Federal como delincuencia organizada, aunque en el ámbito
electoral se impusieron multas millonarias al PAN y al PRI por rebasar
los topes de gastos de campaña, pero no se modificaron los resultados
de la elección.
Recursos volátiles
En el caso conocido hoy como Monexgate,
la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales
(Fepade) investiga si los recursos que debieron destinarse a promoción
de Peña Nieto se desviaron para comprar votos.
A este respecto,
el Instituto Federal Electoral (IFE) ha confirmado que el PRI utilizó
empresas privadas para adquirir tarjetas del Banco Monex y que, a
través de ellas, al menos 70 millones de pesos fueron canalizados para
actividades relacionadas con la elección presidencial; ante la denuncia
del Movimiento Progresista de que se trató de dinero ilícito, la
Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia
Organizada (Siedo) participa en las indagatorias.La Fepade únicamente podrá sancionar –en caso de que lo acredite– los delitos de tipo electoral y tendrá que consignar a los responsables ante jueces federales, pero los indiciados podrán enfrentar su proceso en libertad bajo fianza, porque esos ilícitos no son considerados graves. Asimismo, sus investigaciones no tendrán ningún impacto en la calificación de la elección.
Para que se considere que existió el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, y que se violó la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, la Siedo tendrá que acreditar que el dinero provino de un delito anterior y,
a sabiendas, los priístas ocultaron su origen.
¿El petróleo en la política?
En
mayo de 2000, el entonces director de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy,
transfirió al sindicato petrolero, sin autorización del consejo de
administración, dos cheques por mil 100 millones de pesos, mismos que
fueron depositados en un banco en Houston, Texas, y luego transferidos a
México a cuentas bancarias a nombre del PRI.
El 10 de diciembre
de 2001, la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo
(Secodam) presentó denuncia penal ante la Procuraduría General de la
República (PGR) por el manejo irregular de recursos federales a través
del sindicato petrolero y se inició la averiguación previa PGR/UEDO
182/2001 por lavado de dinero.En enero de 2002, Melitón Cázares, Andrés Heredia y Alonso Beraza, miembros del área de finanzas del PRI, fueron detenidos por la PGR y se convirtieron en testigos protegidos tras acordar que revelarían los mecanismos de operación para ocultar el dinero entregado por Pemex.
Durante la investigación, el Ministerio Público Federal descubrió que la dirigencia priísta trató de ocultar el origen y destino de los recursos provenientes de Pemex a través de varias maniobras; una fue una rifa, en la cual los números ganadores se entregaron a familiares de líderes regionales y los premios nunca se cobraron, ya que el dinero se distribuyó en efectivo entre sus dirigencias estatales para solventar sus operaciones proselitistas.
El
5 de mayo de ese año, la PGR solicitó órdenes de aprehensión y el
juzgado 13 de distrito en materia de procesos penales federales, a
cargo de José Luis Moya Flores, libró los mandamientos de captura
contra Rogelio Montemayor y los ex funcionarios de la paraestatal
Carlos Juaristi Septién, Juan José Domene y Julio Pinter.
La
procuraduría no pudo procesar a los inculpados por lavado de dinero,
ya que el sindicato petrolero demostró que los recursos le fueron
entregados como parte de los acuerdos contractuales con Pemex.
En
2003, el IFE impuso al PRI una multa de mil millones de pesos por
rebasar los topes de gastos de su campaña presidencial en el año 2000.
El 26 de agosto de 2011 concluyó el Pemexgate.
El juzgado 13 de distrito con sede en la ciudad de México declaró
prescrito el delito de peculado electoral para el líder petrolero
Carlos Romero Deschamps.
Entre amigos
En mayo de 2000, La Jornada publicó
los primeros indicios de que en la campaña presidencial de Vicente Fox
se habían utilizado recursos ilegales: el First National Bank denunció
ante la PGR a Juan Pablo Fox Quesada (hermano de Vicente) por el
delito de fraude, y reveló que una de sus cuentas había sido utilizada
para triangular dinero a distintos destinos, como si se tratara de
operaciones de lavado de dinero.
En ese año, el
entonces senador priísta Enrique Jackson denunció que a través de la
empresa Alta Tecnología en Impresos una mujer identificada como Carlota
Robinson había recibido dinero de la compañía belga Dehydration
Technologies Belgium, y los recursos se habían transferido directamente
a cuentas de Lino Korrodi, presidente de la asociación Amigos de Fox.
Ante ello, la PGR abrió dos averiguaciones previas: una por delitos
electorales, en la Fepade, y otra en la Siedo por lavado de dinero.
En
el ámbito electoral, el 6 de octubre de 2003 el IFE impuso multas de
360 millones 971 mil 39 pesos al PAN, y 184 millones 198 mil 610 para
el Partido Verde Ecologista de México, por haber rebasado los topes
para gastos de campaña.
Las investigaciones de la
Fepade y la Siedo fueron archivadas por considerar que no se
cometieron delitos de tipo penal ni electoral.
A tarjetazos
En
el caso que está en curso, el Movimiento Progresista denunció ante la
PGR, el IFE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
(TEPJF) que por medio del Grupo Financiero Monex y la cadena de
tiendas Soriana el PRI trianguló millones de pesos para comprar votos a
favor de su candidato, Enrique Peña Nieto.
Las primeras investigaciones, realizadas por el área de fiscalización del IFE, han detectado que el tricolor
utilizó a los grupos Koleos y Tiguan, la comercializadora Atama y a
las empresas Inizzio y Efra para depositar más de 70 millones de pesos
en tarjetas prepagadas de Monex.
La dirigencia
nacional priísta reconoció que usó los monederos electrónicos (Monex)
para pagar a sus representantes de casilla, y que el dinero forma parte
de la partida de gastos ordinarios del Comité Ejecutivo Nacional.
Sin
embargo, el Movimiento Progresista ha señalado que existió un presunto
financiamiento ilegal y lavado de dinero en estas acciones. También ha
denunciado que mediante miles de tarjetas de la cadena Soriana, en las
cuales se depositaron entre cien y mil pesos en cada una, se realizó
la compra de votos.
En días pasados, la Fepade
llevó a cabo diligencias en los estados de Guanajuato y Zacatecas, y en
ellas se tomó declaración a representantes tricolores.
En
el caso de Guanajuato, declararon cuatro priístas; uno entregó una
tarjeta Monex Recompensas, mostró su nombramiento de representante de
casilla y aceptó haber recibido un pago por fungir como representante.
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Anuncian marchas y jornada contra la imposición de Peña durante septiembre
Advierte Comisión Metropolitana que el PRI profundizará la política panista
El
próximo primero de septiembre se realizará una marcha y una jornada
nacional En contra de la imposición del candidato del PRI a la
presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, del Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación a la Cámara de Diputados, así como
un contrainforme de gobierno.
En la primera
reunión preparatoria de la Convención Metropolitana contra la
Imposición, que se llevó a cabo ayer en el Sindicato Mexicano de
Electricistas (SME), se informó de esta movilización.
De
igual manera, se destacó que el 6 de septiembre se realizará otra
jornada nacional de lucha, el 15 y 16 del mismo mes se llevará a cabo la
campaña Por un México sin PRI, en diversas plazas públicas, y el 22 y
23 la Convención Nacional contra la Imposición.
En
la reunión, a la que asistieron –a titulo personal– miembros de
diversas organizaciones sindicales, también se presentó una propuesta de
resolución del Comité Estudiantil en Defensa de la Educación Pública
(Cedep), que establece que
de prosperar el fraude electoral del pasado primero de julio, el nuevo gobierno profundizará la política panista de más pobreza y desempleo; habrá represión y se impondrán por la fuerza los planes de los banqueros y empresarios.
Dicho comité alertó que con el gobierno tricolor
se continuará desmembrando a la educación pública, en especial a la de
nivel superior, por lo que se pronunció por una mayor unidad de acción
de las organizaciones sociales, civiles, políticas y no
gubernamentales, y a quienes han sido víctimas de la crisis económica,
política, social y de seguridad pública y de
la guerra de Felipe Calderón.
El
Cedep sostuvo que ratifican el acuerdo tomado en la Convención
Nacional contra la Imposicion, celebrada en San Salvador Atenco,
“consistente en impulsar un paro nacional de universidades para el 2 de
octubre próximo.
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