Mineras de Coahuila se nutren de muertes de trabajadores

Mineras que se nutren de muerte 

Como si fueran crueles dioses, los codiciosos empresarios de la minería, así como las autoridades del ramo y las organizaciones gremiales, requieren de muchas muertes sacrificiales como tributo para apenas voltear hacia el dolor humano… Si bien los más recientes accidentes ocurridos en el estado de Coahuila comienzan a traducirse en clausuras de instalaciones, en la minería nacional siguen prevaleciendo los intereses económicos, políticos y sindicales, por encima de la integridad de los trabajadores y sus familias.

Accidentes mortales en minas dejan familias enlutadas.

Juan Alberto Cedillo y Arturo Rodríguez García

La mañana del 25 de julio pasado, Gloria Arellano se enteró de que su hijo José Fidencio Sánchez Arellano había muerto en un accidente minero. Era el primer día de trabajo del joven en un pocito carbonero de la Compañía Minera Progreso que semanas antes había sido inspeccionado en 16 ocasiones. Por no tener salida de emergencia, los inspectores de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) la clausuraron.

Federico Quintanilla, exalcalde priista de Progreso, Coahuila, es el dueño de la empresa y no le importó la clausura. Siguió bajando mineros hasta el fondo sin medir la presencia de gas grisú, que por su explosividad es una de las principales causas de accidentes. La operación ilegal de la mina ocasionó la explosión que mató a José Fidencio y a seis de sus compañeros.

Ésta no fue la primera ocasión en que los pocitos carboneros enlutaron a Gloria. Dos años antes, el 30 de julio de 2010, Ramón, otro de sus hijos, perdió la vida en el rudimentario e inseguro pocito Boker. Los tres huérfanos que dejó quedaron al cuidado de Gloria, quien desde entonces participa en la organización Familia de Pasta de Conchos (FPC) exigiendo seguridad en las minas.
El luto es comunitario. La región carbonífera –integrada por cinco municipios y alrededor de 170 mil habitantes– tiene como motor económico la minería, y la tragedia se repite una y otra vez en los mismos pueblos y las mismas familias.
La comunidad de La Florida, donde se ubica el pocito letal ha registrado al menos cuatro accidentes mortales en distintas exploraciones a lo largo de un lustro. El accidente del 25 de julio es uno de los cuatro que provocaron el fallecimiento de 15 trabajadores en 15 días.
Desde la explosión en la Mina 8 Unidad Pasta de Conchos –ocurrida el 19 de febrero de 2006 y donde perecieron 65 obreros– hasta la fecha, suman ya 148 muertos por inseguridad laboral en los procesos del carbón.
El 20 de julio, en la comunidad mineral de Agujita, murieron dos trabajadores en un túnel propiedad de las familias González Garza y Montemayor, en cuyas instalaciones hubo otro percance, el 3 de mayo de 2011, que ocasionó la muerte de 14 trabajadores y la amputación del brazo de un menor (Proceso 1801 y 1805).
El siniestro más reciente ocurrió el viernes 3 y cobró la vida de seis personas. Ese día el estallido fue en la Mina VII “Saltillito”, la más tecnificada y “segura” de la región. El complejo pertenece a Minera del Norte (Minosa), subsidiaria de Altos Hornos de México (AHMSA), que preside Alonso Ancira Elizondo.
Si bien la Mina VII supuestamente contaba con todas las medidas de seguridad, apenas el año pasado ocurrió ahí un accidente en el que perecieron dos trabajadores. Las observaciones que hicieron los inspectores eran mínimas y las previsiones fueron insuficientes, pues mientras se encontraban haciendo barrenos –perforaciones de seguridad para detectar presencia de gas– sobrevino una explosión que provocó un alud de toneladas de piedra.
Horas después del accidente la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó que se adoptara como medida precautoria la suspensión de actividades en la Mina VII. A través del Oficio 63246, la Sexta Visitaduría del organismo conminó a la Secretaría de Economía (SE), de la cual depende la Dirección General de Minas, a mantener la suspensión hasta que se verificaran las condiciones de seguridad.
La SE acató la recomendación y el lunes 6 ordenó la suspensión por 30 días de los trabajos amparados en el título de concesión 196857, mediante el cual se operaba la Mina VII. Condicionó la reapertura al restablecimiento de las condiciones de seguridad.
La mañana del mismo lunes funcionarios de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) llegaron a dicha mina, encabezados por la titular, Rosalinda Vélez. Entre ellos iba el director general de Inspección, Alejandro Alcántara Torres, quien presidió una reunión con dirigentes de la Alianza Minera Nacional (AMN), la agrupación que desplazó al Sindicato Nacional de Mineros (SNM) dirigido por Napoleón Gómez Urrutia.
Al término de la reunión los trabajadores de la mina pidieron información a sus representantes, pero éstos les anticiparon que primero acudirían a la empresa. Media hora después, Alcántara los recibió y llegaron a un acuerdo al margen del sindicato: un trabajador de cada sección de la mina ingresaría el martes 7 con los inspectores para verificar las condiciones de la estructura, los equipos y los procedimientos.
Ante los mineros, Alcántara aceptó que se recomendara a Minosa modificar los procedimientos de barrenación y los de corte de carbón, y que se capacite a todo el personal durante el tiempo de reconstrucción de la Mina VII.
Además, según el expediente 162/000781/2012, en el que se asentó la inspección, se hicieron 123 recomendaciones para reestablecer las condiciones de seguridad. También se acordó que los trabajadores seguirían percibiendo su salario y transportes mientras dure la suspensión. La empresa aceptó que se privilegiara el tema de la seguridad por encima de los conflictos gremiales.

Más obstáculos

El tema de los conflictos sindicales se planteó en la reunión citada debido a la llegada de un grupo de trabajadores del SNM que dirige Gómez Urrutia. Encabezados por Javier Martínez Valadez, éstos declararon la toma de la Mina VII y un paro de labores, y anunciaron que iniciarían un juicio por “homicidio industrial”.
La FPC y el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal) denunciaron el martes 7 que la presencia de los napistas imposibilitaba no sólo el cumplimiento del acuerdo, sino también el restablecimiento de las condiciones de seguridad, pues como el acceso a la mina estaba siendo bloqueado por los napistas, las cuadrillas de trabajadores no podían ingresar.
En declaraciones a la prensa local, la activista de la FPC Cristina Auerbach aseguró que las denuncias por “homicidio industrial” son improcedentes porque este delito no existe, y por ello exigió que no intervinieran los dirigentes sindicales en pugna.
La AMN se formó tras el rompimiento entre AHMSA y el SNM. El 23 de mayo de 2008, luego de una serie de enfrentamientos entre facciones sindicales, el empresario Alonso Ancira acusó a Napoleón Gómez Urrutia de intentar extorsionarlo a través de Carlos Pavón.
Meses después, en diciembre de 2008, Pavón –quien aún era colaborador de Gómez Urrutia– fue encarcelado y, al recuperar su libertad, fundó otra organización y le impuso el nombre del padre del dirigente perseguido por el gobierno de Felipe Calderón: Sindicato Minero Metalúrgico don Napoleón Gómez Sada.
Mientras tanto, en las empresas de Ahmsa se creó la AMN. Al recuperar la toma de nota, luego de seis años de litigios, Gómez Urrutia reclama el reconocimiento que Ahmsa le niega desde 2008 y la salida de la AMN, decidida en Barroterán el pasado martes 7 por un grupo de trabajadores de la Mina VII, según publicó ese día el portal del periódico Vanguardia, de Saltillo.
“El paro ya derivó en un conflicto intersindical en el que la empresa ya no intervendrá”, advirtió el vocero de Ahmsa, Francisco Orduña.
Según Auerbach, el SNM quiso aprovechar la inconformidad con la AMN y, en lugar de procurar la seguridad en las minas, pretende lograr que la empresa los reconozca. “No tenemos interés en el tema sindical. El problema es que Napoleón quiere que su reconocimiento pase por el tema de la seguridad, y a eso sí nos oponemos”, dijo.
Tras las expresiones de la activista, el jueves 9 se efectuó una reunión en la que estuvieron al menos cinco integrantes del SNM. La activista, invitada por trabajadores, propuso que en la definición de las condiciones de seguridad no participaran los sindicatos en pugna. En respuesta, los napistas la echaron a gritos.
Horas después, el SNM emitió un comunicado en el que la acusó de trabajar para Ancira. Auerbach negó la imputación y aseguró que el principal obstáculo para garantizar condiciones de seguridad en las minas fue Javier Lozano Alarcón cuando se desempeñaba como titular de la STPS, y su pugna con Gómez Urrutia. Ahora, la nueva traba es el conflicto sindical entre éste y la AMN, el grupo afín a Ahmsa.

Cancelaciones

Desde 2007, la FPC ha insistido en la necesidad de erradicar los pocitos de carbón por la inseguridad con que operan. La exigencia ha sido expuesta ante las autoridades locales y federales; en el ámbito legislativo, el senador Ricardo García Cervantes ha propuesto diferentes puntos de acuerdo sobre el particular.
Asimismo, el tema ha sido abordado en la Organización Internacional del Trabajo (OIT). A petición del grupo de deudos de mineros, esa instjancia mantiene abiertos tres expedientes relacionados con la minería de carbón: uno relativo al caso de Pasta de Conchos, otro por la minería del carbón en general y uno más por el trabajo infantil en las minas.
El mismo martes 7, los titulares de la SE, Bruno Ferrari, y de la STPS, Rosalinda Vélez, anunciaron la cancelación de 32 minas: 18 pocitos de manera definitiva y 14 de manera provisional hasta que acaten medidas de seguridad. Al jueves 16 el número de concesiones canceladas ascendía a 62.
Una fuente de la SE dice a Proceso que en los próximos días podrían cancelarse cerca de 300 concesiones, cada una de las cuales involucra a varios pocitos de carbón irregulares.
La permanencia de los pocitos de carbón se debe a que las autoridades estatales y federales argumentaron durante años que debían proteger las fuentes de empleo que generan. El gobierno de Coahuila tiene una paraestatal, Promotora del Desarrollo Minero (Prodemi), que es intermediaria en el abastecimiento de carbón a las dos carboeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cercanas a la frontera.
Luego de la quincena trágica de julio-agosto, el gobernador Rubén Moreira anunció que la Prodemi dará un plazo de un año y hasta entonces dejará de comprar a los pocitos.
Otro de los obstáculos para lograr la seguridad en las minas es el interés empresarial en aprovechar el gas metano asociado al carbón. Días después del accidente en Pasta de Conchos, Ancira promovió una reforma para que el gas fuera aprovechable y se garantizara la seguridad en las minas. La reforma se logró pero la política fiscal no favorece el negocio que, según declaraciones de Ancira realizadas en 2006, reportaría ganancias por 200 millones de dólares anuales (Proceso 1533).
En esta ocasión los comunicados emitidos por AHMSA tras el siniestro de la Mina VII insistían en la necesidad de “culminar la liberación económica del gas metano asociado al carbón, de manera que su extracción y aprovechamiento permita elevar sustancialmente la seguridad en los yacimientos”. También se dolió de lo que llamó “doble tributación”.
Por su parte, Auerbach señaló: “Ancira –quien acapara 70% de las concesiones de carbón– dice que tiene tecnología para desgasificar pero que no lo hace por la doble tributación. Sucede que la seguridad de los trabajadores queda relegada, pues la extracción del gas se condiciona a las ganancias y no a proteger la vida de los trabajadores”.
Entre 2011 y 2012, en las minas del empresario ha habido tres siniestros con saldo de nueve muertos: en 2011, en La Esmeralda murieron cuatro trabajadores, y en la Mina VII otros dos; a esta última se suman los fallecidos el viernes 3.
“Así como es inmoral que Napoleón Gómez Urrutia use la muerte de los mineros para su agenda sindical, también lo es que Ancira lo haga para abordar la liberación económica y fiscal del metano”, sentenció Auerbach.