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Una veintena de legisladores de PRD, PT y Movimiento Ciudadano
desplegaron ocho mantas en protesta por los resultados de la elección
presidencial. Después de instalarse la 62 Legislatura se convocó a
sesión de Congreso General el primero de septiembre, en la que se
recibirá el sexto Informe de gobierno de Felipe Calderón
Cierra el TEPJF expediente del juicio madre; hoy por la tarde, sentencia definitiva
Se prevé que el tribunal desechará las impugnaciones y validará los comicios
Vigilancia en el tribunal electoral debido a la protesta de #YoSoy132 y otros inconformesFoto Cristina Rodríguez
Fabiola Martínez y Alonso Urrutia
La
comisión de magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de
la Federación (TEPJF) responsable de calificar los comicios ordenó
anoche el cierre de instrucción del juicio de inconformidad del
Movimiento Progresista en que se demanda la invalidez de esa votación.
Más tarde se confirmó que la sesión pública para resolver el
juicio madrede la elección se realizará hoy a las 17 horas.
Con
esa determinación, la coalición de izquierda ya no podrá presentar
nuevas pruebas relacionadas con el juicio promovido contra la elección
presidencial. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación
señala que el límite temporal para la presentación de pruebas
supervenientes es el cierre de instrucción.
La
comisión de magistrados –integrada por Flavio Galván, Salvador Nava y
Constancio Carrasco– consideró que el cierre de instrucción obedece a
que ya
está concluida la sustanciación del citado medio de impugnación, por lo que queda en estado de dictar sentencia.
Acusaciones de uso excesivo de dinero y compra de voto
Seis
años después de la controvertida elección presidencial que provocó el
descabezamiento del Instituto Federal Electoral (IFE) y una reforma
constitucional para intentar zanjar las deficiencias del sistema, de
nuevo los magistrados se encuentran en la disyuntiva de resolver una
polémica elección, ahora por el presunto uso desmesurado de recursos y
la compra del voto.
De acuerdo con los recientes
veredictos del TEPJF (recuento de votos de sólo mil 125 casillas, de 70
mil solicitadas; la anulación de sólo 524 casillas de 143 mil 132
instaladas, y el rechazo a acelerar la fiscalización de gastos de
campaña, entre otros elementos), la ruta previsible es que el recurso madre de la coalición se declare infundado.
En
las horas o días posteriores a la resolución del juicio central, con
el límite del 6 de septiembre, el tribunal convocará a la sesión para
calificar la elección presidencial y, en su caso, validarla. Enseguida
emitirá la declaratoria de presidente electo y entregará la constancia
respectiva.
El texto del proyecto del
juicio madreincluye la respuesta a cada uno de los siete agravios expuestos por el bloque que postuló a Andrés Manuel López Obrador: parcialidad de las televisoras y de las empresas encuestadoras a favor del priísta Enrique Peña Nieto; rebase de gastos de campaña, triangulación ilegal de recursos y la parcialidad de los gobernadores, entre otros.
La
coalición pidió la nulidad de los cómputos distritales que dieron como
ganador a Peña Nieto y, de manera simultánea, promovió la invalidez
por violaciones a la Constitución.
La ruta en 2006 y 2012
–
En 2006 los partidos interpusieron en conjunto 375 juicios contra la
elección presidencial, y en el proceso en curso se contabilizan 364,
correspondientes a 296 distritos electorales.
–
Hace seis años, tras 47 días de diligencias, presentación de pruebas y
análisis de los comicios, el TEPJF desahogó todos los juicios (242
fueron promovidos por la izquierda y 131 por el PAN).
–
En aquel momento, los agravios documentados por la coalición Por el
Bien de Todos se concentraron en la falta de equidad, la injerencia del
presidente Vicente Fox, una campaña negra alentada por el
PAN, uso indebido de programas sociales, abierta intervención de
sectores empresariales y, como ahora, parcialidad del IFE.
–
La sesión para resolver los juicios se realizó el 28 de agosto de 2006
y desechó por improcedentes o infundados la mayoría de esos procesos.
–
Ese año, como ahora, los magistrados advierten que el juzgador no es
investigador; en su opinión, los demandantes son quienes deben poner a
disposición del tribunal los elementos indiciarios y pruebas que
sustenten sus acusaciones.
– En ambos procesos,
ante la petición de nulidad, los magistrados aludieron a la existencia
de errores, pero afirmaron que éstos no se cometieron con dolo, sino
por falta de pericia de los ciudadanos que participaron como
funcionarios de casilla.
Posiblemente la única
diferencia, en esta fase de análisis de la elección, fue que hace seis
años la coalición integrada por el PRD, el PT y Convergencia pidió el
recuento total
voto por voto, casilla por casillay se les concedió sólo una mínima parte, con el argumento de que la ley no incluía esa revisión.
Ahora,
la propia reforma electoral desactivó esa petición, ya que el recuento
se acepta a nivel de los cómputos distritales y por causas
específicas; de ahí que el IFE autorizó el nuevo escrutinio en 54.5 por
ciento de los paquetes y el tribunal añadió menos de un punto
porcentual, esto es, mil 125 casillas.
– Tras
dirimir el caudal de juicios, en 2006 los magistrados se concentraron
en evaluar el impacto de la intromisión de Fox y la propaganda sucia contra López Obrador, alegato central del
recurso madrede la coalición, mientras en el proceso electoral vigente el
juicio madreincluye siete agravios, por lo que se exige la invalidez de los comicios.
–
Una vez concluido todo lo relacionado con los juicios, se abre un
lapso para el análisis de la calificación de todo el proceso. En 2006
esta sesión ocurrió el 5 de septiembre, un día antes de que venciera el
plazo legal.
Aquel martes, los magistrados reconocieron la existencia de anomalías y concluyeron que las declaraciones de Fox
constituyeron un riesgo para la validez de la elección; sin embargo, declararon válidos los comicios, con ventaja mínima de Felipe Calderón sobre López Obrador, de apenas 0.56 por ciento: 233 mil 831 sufragios.
Un día después, el 6 de
septiembre, Calderón acudió al tribunal a recibir su constancia como
presidente electo. La ceremonia fue breve, no más de 17 minutos. Afuera
llovían huevos que se estrellaban en la explanada, con el coro de
repudio al
fraude.
– En la actualidad, la
comisión calificadora ha emitido 40 acuerdos, relativos a intercambio
de información y recepción de pruebas de los impugnadores.
– Tras el cierre de instrucción, de nuevo se anuncia una sentencia adversa a la izquierda.
Los mexicanos detenidos en Nicaragua se declararán culpables de nexos con el crimen
- Fuentes policiacas reiteran que al menos cinco tienen relación con Televisa
- Confirma la prensa local que los vehículos son de la televisora y un importante ejecutivo está implicado
Alfredo Méndez, Ciro Pérez y agencias
Los
18 mexicanos que se hicieron pasar por reporteros de Televisa,
detenidos y enjuiciados en Nicaragua por lavado de dinero y nexos con
el crimen organizado se declararán culpables, informó la defensa de los
acusados en un intento por reducir la pena por estos delitos.
A
pesar de que Televisa ha negado que los detenidos sean sus
trabajadores, fuentes policiales nicaragüenses han reiterado las
versiones de que cinco de los 18 detenidos se identificaron como
empleados del consorcio televisivo.
Mientras
tanto, fuentes de la Procuraduría General de la República (PGR)
adelantaron que ya enviaron personal de la dependencia a ese país para
coadyuvaren las investigaciones. Las mismas fuentes revelaron que la embajada de México en Nicaragua envió las primeras declaraciones ministeriales de los detenidos, en las que se confirma el hallazgo de los 9 millones 255 mil 631 dólares, ya que en cada camioneta se transportaba alrededor de un millón y medio de dólares.
En medios del
país centroamericano se informó que una llamada anónima alertó a la
policía de ese país acerca del ingreso de 18 mexicanos a través de
Honduras, quienes buscarían información
para desprestigiaral gobierno de Daniel Ortega.
De
acuerdo con la acusación del Ministerio Público nicaragüense, el
informante anónimo sostuvo que los mexicanos habrían comentado en el
hotel Presidente Intercontinental de Tegucigalpa, Honduras, que
buscarían
obtener informaciónque
sería utilizada para desprestigiar al gobierno de Nicaragua.
La
denuncia telefónica se efectuó la noche del domingo 19 de agosto y
alertó a las autoridades, que activaron el sistema de seguridad a
escala nacional. La detención de los 18 mexicanos que se trasladaban en
seis camionetas con logotipos de Televisa se hizo el lunes 20 en el
puesto fronterizo de Las Manos, en el límite con Honduras.
Prima de Javier Alatorre, una de las detenidas, dicen
Citando
fuentes policiales, varios medios nicaragüenses insisten en que al
menos cinco de los 18 mexicanos que fueron detenidos trabajan en
Televisa, entre ellos Raquel Alatorre Correa, quien fue identificada
como la jefa del grupo. Incluso, información publicada por
CronistaDigital.com, señala que Alatorre, además de ser empleada de
Televisa es prima de Javier Alatorre, el conductor del noticiero Hechos,
de Tv Azteca, la segunda cadena de televisión de México.
Podemos confirmar que Raquel Alatorre Correa y al menos tres o cuatro de los detenidos en las seis Van que ingresaron a Nicaragua el pasado lunes por un punto fronterizo con Honduras, son trabajadores de Televisa, el gigante de la televisión mexicana que no sabemos cómo explicará esto, señala una nota difundida en la página del CronistaDigital.com, firmada por el periodista Óscar Merlo.
El periódico impreso Bolsa de Noticias,
en su edición del martes publicó también que las unidades móviles,
equipadas con lo necesario para realizar transmisiones televisivas,
efectivamente son de Televisa y que en el envío de los vehículos está
involucrado un importante ejecutivo de la empresa.
Los
detenidos están actualmente en prisión preventiva y la audiencia oral y
pública está programada para el 5 de septiembre. El abogado Ramón
Rojas, representante del despacho jurídico que lleva la defensa,
informó que la decisión de declararse culpables fue tomada de manera
consensuada.
Y es que, según reportes migratorios
de ese país, los mexicanos detenidos cruzaron las fronteras de
Nicaragua hasta en 34 ocasiones.
Ver masEl tribunal emitirá sentencia sin terminar investigaciones, advierte Jaime Cárdenas
- No invalidar la elección es atentar contra la democracia, tuitea López Obrador al TEPJF
- El organismo se apresta a dar un fallo imperfecto, sostiene el abogado de la coalición de izquierda
Andrés Manuel López Obrador tuiteó anoche en un mensaje dirigido al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que
Enrique Peña Nieto violó la Constitución. Es mejor invalidar la elección. No hacerlo es atentar contra la democracia y optar por la corrupción.
A
su vez, Jaime Cárdenas, integrante del equipo jurídico del tabasqueño,
advirtió que el tribunal se apresta a emitir un fallo imperfecto de la
elección presidencial, pues para cuando emita su sentencia habrá
investigaciones pendientes en torno a las quejas interpuestas contra el
Partido Revolucionario Institucional y Peña Nieto, lo que abriría la
puerta a la coalición Movimiento Progresista para recurrir, en su
momento, a instancias internacionales.
En
entrevista, el abogado señaló que todo apunta a que habrá una violación
al artículo 17 constitucional y al 25 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, relativas al principio de resoluciones completas,
exhaustivas y al derecho a la protección judicial, lo que constituye
uno de los elementos que tendríamos que impugnar en un futuro ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Luego
que el órgano electoral desechara pruebas, incidencias y alegatos de
la izquierda contra la coalición que postuló a Peña Nieto, Cárdenas
Gracia dijo:
Todo preludia que el tribunal no está orientado a darnos la razón y va a declarar la validez de la elección.
Resaltó
que como jurídicamente ya no pueden hacer nada, más que esperar la
decisión definitiva, se contempla impugnar ante una instancia
internacional y demostrar en foros académicos
los defectos de la sentencia, aunque resaltó que eso deberá ser acordado con López Obrador, quien ya prepara un pronunciamiento al pueblo de México para darlo a conocer una vez que el TEPJF califique la elección.
Cárdenas Gracia afirmó que
lo más sólido que queda (de la impugnación de la izquierda) es el caso Monex, aunque no está exento de problemas jurídicos, porque la Unidad de Fiscalización del Instituto Federal Electoral (IFE) no ha concluido la investigación correspondiente y
seguramente no lo hará ni dará a conocer los resultados a tiempo.
Sobre este punto, el secretario adjunto de Elecciones del Partido Acción Nacional (PAN), Juan Manuel Oliva, reiteró que el blanquiazul respetará el fallo del tribunal, pero pedirá
que se aplique la ley hasta las últimas circunstancias en casos concretos como el de Monex.
Por
su parte, el coordinador de los senadores del partido de la Revolución
democrática (PRD), Luis Miguel Barbosa, sostuvo que el partido del sol
azteca no asumirá una posición
rupturista ni colapsadoraante la calificación de la elección.
No veo ningún estallido social, vemos asuntos de inconformidad, de decepción, de encontrar que el voto aún puede manipularse y la autoridad electoral no resuelve conforme a derechoestas situaciones.
El beneficio de la duda
Jorge Eduardo Navarrete
Cuando
aparezcan estas líneas, escritas la víspera, faltarán dos días para
que se agote el plazo con que cuentan los tres magistrados designados
para indicar al pleno del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la
Federación el sentido en el que proponen que éste responda la demanda
de invalidez de la elección presidencial. Según los indicios y
filtraciones acumulados hasta ahora, cabe esperar que ponentes y pleno
se inclinen por declararla válida y proclamar electo al candidato que
recibió el mayor número de votos considerados válidos por el propio
tribunal. Una resolución de este corte condenará al país, por segunda
ocasión consecutiva, a ser regido por un presidente elegido con
aparente arreglo a las formalidades legales, pero carente de
legitimidad. A estas alturas, ya no es posible extender al tribunal el
beneficio de la duda.
La brecha entre legalidad y legitimidad será más notoria si el tribunal decide no agotar el plazo asignado al proceso de calificación y anuncia sus proclamas antes del 6 de septiembre. Será evidente entonces que prefirió desechar, actuando al menos con premura, las causas de invalidez que le fueron presentadas, a pesar de que las informaciones e indicios sobre las mismas continuaban apareciendo de hecho hasta el último día. Bajo cualquier supuesto, resultaba indispensable agotar la investigación por los órganos concernidos, dentro de la esfera de competencia de cada uno. Si algo resultaba necesario, en materia de plazos, era explorar la posibilidad de ampliarlos, ante la excepcionalidad de la situación y la obvia necesidad de contar con tiempo adicional para realizar indagaciones exhaustivas. Si se falla cuando aún se dispone de tiempo y están a la vista de todos extremos no suficientemente examinados de las denuncias e impugnaciones, habrá un incumplimiento flagrante de la responsabilidad política e institucional del tribunal: garantizar que se cumplieron los supuestos constitucionales del proceso electoral y que, por tanto, su resultado es válido y cierto.
La brecha entre legalidad y legitimidad será más notoria si el tribunal decide no agotar el plazo asignado al proceso de calificación y anuncia sus proclamas antes del 6 de septiembre. Será evidente entonces que prefirió desechar, actuando al menos con premura, las causas de invalidez que le fueron presentadas, a pesar de que las informaciones e indicios sobre las mismas continuaban apareciendo de hecho hasta el último día. Bajo cualquier supuesto, resultaba indispensable agotar la investigación por los órganos concernidos, dentro de la esfera de competencia de cada uno. Si algo resultaba necesario, en materia de plazos, era explorar la posibilidad de ampliarlos, ante la excepcionalidad de la situación y la obvia necesidad de contar con tiempo adicional para realizar indagaciones exhaustivas. Si se falla cuando aún se dispone de tiempo y están a la vista de todos extremos no suficientemente examinados de las denuncias e impugnaciones, habrá un incumplimiento flagrante de la responsabilidad política e institucional del tribunal: garantizar que se cumplieron los supuestos constitucionales del proceso electoral y que, por tanto, su resultado es válido y cierto.
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