Reforma laboral panista, atentado contra el sindicalismo independiente: FAT

Rosalía Vergara

MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- El Frente Auténtico del Trabajo (FAT) advirtió hoy que aceptar la iniciativa de reforma laboral presentada por los diputados “empresariales” del Partido Acción Nacional (PAN) presagia la “muerte del sindicalismo independiente”.
Por esa razón hizo un llamado a la movilización sindical en contra de esa iniciativa “que presentan los diputados empresariales, que proponen una reforma para cambiar las reglas a favor del patrón, cuyo único fin es enterrar cualquier posibilidad de sindicalismo independiente”.
En un boletín, manifiesta que ese proyecto vulnera la Constitución y los convenios firmados con la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Viola específicamente el derecho a la libertad de asociación y contratación colectiva, al proponer requisitos imposibles e insalvables, propiciando que ésta sea como imposición del patrón”, resalta.
Destaca que con esto se consolida el régimen corporativo y se reducen las garantías laborales de los trabajadores.
Además, indica que promueve los despidos masivos sin derecho a la indemnización por años trabajados, mediante la legalización de los contratos temporales, “ampliando con ello la imposibilidad del empleo. La consecuencia será más precariedad laboral”.
Explica que esta propuesta provocará la supresión, entre otros, de los sindicatos democráticos del sector aéreo, como ASSA y ASPA, y del sector educativo.
Considera que la “perspectiva de género” de la iniciativa es “pura simulación”, pues no trata a fondo temas como la desigualdad laboral, violencia o discriminación de las mujeres en los empleos.
“Nos parecería inexplicable que cualquier asociación sindical pudiera avalar este suicidio del sindicalismo autónomo”, advierte el FAT.

Reforma laboral panista "favorece a patrones": CILAS
Rosalía Vergara

MÉXICO, DF, 18 de marzo (apro).- El Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) denunció que la iniciativa de reforma laboral, que hoy presentaron diputados panistas, “es abiertamente favorable a los patrones”.
En un comunicado, señaló que con esa acción el gobierno federal muestra claramente su carácter de enemigo de los trabajadores mexicanos.
Y mientras los diputados panistas exponían en San Lázaro las presuntas “bondades” de la iniciativa, fuerzas policiacas reprimían en Ecatepec y Toluca a los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), que se mantenían en plantón pacífico en defensa de sus derechos laborales.
“En la propuesta de reforma laboral, que se materializa después de múltiples amagos, los legisladores del PAN pretenden hacer creer que se trata de democratizar y transparentar la vida sindical mexicana y de promover el empleo; no obstante, en realidad se avanza hacia la legalización de los abusos patronales, los bajos salarios, la precarización del empleo y la obstaculización de la organización sindical”, acusa el CILAS.
La iniciativa panista, añade, a tono con las posiciones emitidas repetidamente por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), promueve el trabajo por temporada y por “capacitación inicial”, así como el pago por horas, con lo que se contravienen las disposiciones constitucionales que tienen que ver con la estabilidad en el trabajo y la obligatoriedad de la seguridad social.
Además, indica, se promueve una “flexibilización salvaje” encaminada a la total precarización del empleo y a la evasión de las obligaciones laborales por parte de los patrones.
Asimismo, “se pretenden incorporar nuevos requisitos para el ejercicio del derecho de huelga, con lo que de fondo se busca prácticamente hacerlo nugatorio o, en el mejor de los casos, dejarlo sujeto a la calificación discrecional de las autoridades para negar la validez de los emplazamientos”.
Una de las más abiertas agresiones al derecho de los asalariados, sostiene, es la intención de limitar en los conflictos laborales el pago de los salarios caídos a un máximo de seis meses; “si actualmente los juicios llegan a durar varios años por culpa de las autoridades laborales, con esa nueva disposición es obvio que se prolongarían todavía por más tiempo y siempre en beneficio de la parte empleadora”.
No obstante, el CILAS considera pertinente “estudiar a fondo la iniciativa”, que refleja la tendencia del gobierno mexicano a “actuar como vocero de los empresarios”, pues ataca todo lo que signifique organización y lucha de los trabajadores en defensa de sus derechos, ya sea por la vía legal, “con una reforma regresiva, o en las calles mediante la represión física”.

Trabajadores por outsourcing en la Secretaría del Trabajo

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha recurrido al esquema de tercerización, conocido como outsourcing, para contratar servicios de personal externo en las áreas de mantenimiento, limpieza, vigilancia, monitoreo de medios y servicios de informática. Con ello, la dependencia encargada de salvaguardar los derechos de los trabajadores incurre en una práctica que atenta contra los principios de tutela del trabajo.

Mayela Sánchez

A sus 44 años, Cristina se dice conforme con su trabajo. Ella es afanadora en oficinas de la Secretaría del Trabajo, ubicadas en avenida Paseo de la Reforma. Pero formalmente Cristina no es empleada de la dependencia, pues la empresa que la contrató es Limpiatec, SA de CV. Desde hace tres años, Cristina trabaja con dicha compañía, que se especializa en ofrecer servicios de limpieza de inmuebles. Vestida con uniforme gris, Cristina habla, recelosa, de su trabajo. Afirma que cuenta con seguro social, aunque nunca lo ha utilizado; parca, contesta que también le dan vacaciones y aguinaldo.
De su cuello cuelga una fina cadena dorada, con la que juguetea, nerviosa, mientras comenta que le pagan 1 mil 200 pesos a la quincena por los seis días que trabaja de siete de la mañana a tres de la tarde. Reconoce que ese dinero no le alcanza para sus gastos, “pero sea poquito o mucho, uno siempre dice que no alcanza, ¿no?”, agrega, como queriendo justificar su desazón por el precario salario que recibe.
Dice que ha oído que la empresa quizá se vaya, porque su contrato con la secretaría está por terminar. Pero Cristina está tranquila. Confía en que, como sucedió tiempo atrás cuando la anterior empresa se fue, la nueva compañía los integre a ella y a sus compañeros. Tendrán que esperar a que su supervisor, único contacto que tienen con Limpiatec, les dé la noticia; con los directivos de la secretaría no mantienen ninguna relación.
Historias como ésta son cada vez más comunes debido a que la contratación de personal externo se ha vuelto una práctica recurrente en el país. Aunque se ha señalado que atenta contra el trabajo digno, la estabilidad laboral, la participación en el reparto de utilidades, la seguridad social y la organización de los trabajadores, las autoridades laborales no sancionan ni a las empresas que proveen servicios de personal ni a las empresas que los contratan. Por el contrario, se alienta esta práctica al considerarla un mecanismo de creación de empleos, incluso hay dependencias públicas que se han servido de este esquema de contratación vejatorio de los derechos laborales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) es una de ellas.

La comercialización del trabajo
Servicios de limpieza, atención telefónica y mantenimiento se encuentran entre los servicios que la dependencia a cargo de Javier Lozano Alarcón ha subcontratado. También ha optado por el esquema de tercerización (u outsourcing) para allegarse personal que preste servicios de informática, soporte técnico e incluso para la seguridad y vigilancia de sus oficinas.
Especialistas en materia laboral, como el doctor Alfonso Bouzas, han señalado que las empresas tercerizadoras violan los principios básicos de tutela del trabajo, además de que no responden ante los trabajadores por las posibles violaciones que cometan las empresas que los contratan.
El artículo 123 constitucional dice que toda persona tiene derecho al trabajo digno, a la estabilidad en el trabajo, a una jornada laboral máxima, a recibir un salario igual por un trabajo igual, a participar en el reparto de utilidades, a organizarse con los demás trabajadores y a ser protegido por la seguridad social. Estas garantías también están respaldadas por la Ley Federal del Trabajo.
Pero en los hechos estas prerrogativas se trastocan debido a la falta de regulación de las empresas tercerizadoras, afirma Francisco Retama, asesor de los sindicatos de Industria Vidriera del Potosí y General Tire de México. Añade que muchas de estas empresas ni siquiera cuentan con registro legal, mientras que en el sector industrial es común que incumplan las normas de seguridad e higiene establecidas en la ley.
Retama también considera que hay una violación al artículo 3 de la Ley Federal del Trabajo, que reconoce el trabajo como “un derecho y deber sociales, no un artículo de comercio”, ya que las empresas outsourcing conciben al trabajo como “una mercancía más con la que se puede lucrar”.
El profesor Manuel Fuentes, del departamento de Derecho de la Universidad Autónoma Metropolitana unidad Azcapotzalco, concuerda con esta postura, pues dice que en este esquema se establecen contratos mercantiles entre las empresas, de manera que las compañías tercerizadoras en realidad “se dedican a rentar trabajadores”.
Outsourcing en la STPS
De 2006 a la fecha, la STPS, responsable de proteger los derechos de los trabajadores mexicanos, ha recurrido a la contratación externa de servicios de personal a través de 33 convenios, de acuerdo con información consultada en el Portal de Obligaciones de Transparencia de la dependencia.
Para brindar atención telefónica a los usuarios del Sistema Nacional de Empleo y del Programa Chambatel, la STPS recurrió a la empresa Toptel, S de RL de CV, en dos ocasiones durante 2007. Además, firmó tres contratos para que ésta ofreciera el servicio de un centro de contacto e-multimedia. En el portal electrónico de Toptel, S de RL de CV, se describe la operación de consultoría en los centros de contacto de la siguiente manera: “Tomamos las funciones de su empresa y las habilitamos en una operación de ambiente distribuido, en la cual un agente o supervisor remoto puede interactuar con el centro como si estuviese físicamente localizado en él”.
A pesar de que en la estructura orgánica de la STPS existe la Dirección General de Comunicación Social, dentro de la que se encuentra la Subdirección de Síntesis, Análisis y Monitoreo, la secretaría también ha acudido a empresas externas para efectuar el monitoreo de medios audiovisuales y elaborar la carpeta informativa de la dependencia. De mayo a diciembre de 2006, la empresa Especialistas en Medios, SA de CV, fue la encargada de ambas tareas. Para el año siguiente, Especialistas en Medios, SA de CV, fue nuevamente contratada; pero a partir de mayo se delegó la tarea de monitoreo a la empresa Lógica en Medios, SA de CV. Actualmente ambas empresas prestan sus servicios a la secretaría.
Para el mantenimiento de la red de telecomunicaciones, la STPS recurrió a la compañía Sistemas de Red Mundial, SA de CV, mientras que para el mantenimiento de los equipos informáticos contrató a la empresa CEPRA Servicios, SA de CV. Aunque los servicios de ésta fueron requeridos por la dependencia de enero a octubre de 2007, se celebraron tres contratos: de enero a abril, de mayo a junio y de julio a octubre. La diferencia entre el segundo y el tercer contrato fue de apenas dos días.
Tercerización, violatoria de la ley
El investigador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS), Matteo Dean, define el outsourcing o tercerización como “contratar una actividad que antes hacía yo o que estoy en capacidad de hacer”. En el libro Tercerización (Outsourcing). Respuestas desde los trabajadores, publicado recientemente por el CILAS, se plantea que si bien este esquema era habitual en la industria, se ha ampliado a otros sectores como administración de personal, gestión inmobiliaria, seguridad, servicios económico-financieros, logística y gestión de cobranzas.

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