Fuero de guerra: violación impune de derechos humanos

Gilberto López y Rivas

El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro (Prodh) y Fundar (Centro de investigación y análisis) han reiterado la trascendencia de que el 8 de julio pasado la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) envió a su pleno el amparo en revisión 989/2009, mediante el cual familiares de víctimas civiles de violaciones a derechos humanos cometidas por miembros de las fuerzas armadas cuestionan que los militares se juzguen a sí mismos.

La SCJN tiene la oportunidad histórica de fijar el alcance del fuero militar en nuestro país y poner un límite a la impunidad castrense, especialmente en un contexto de militarización creciente, control del Ejército de regiones del país que sufren una virtual suspensión de garantías, aumento de casos documentados de abusos, asesinatos, violaciones sexuales, ingreso a domicilios sin orden de cateo, sembrado de evidencias falsas, retenes inconstitucionales, incursiones a poblados, sometimiento de autoridades civiles, desapariciones forzadas y torturas perpetrados por militares contra civiles desarmados y no involucrados en actividades delictuosas.

Las quejas por violaciones de militares a derechos humanos se han sextuplicado en este sexenio: tan sólo en 2008 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos reconoce haber recibido mil 230 quejas contra el Ejército. Según el Prodh, “entre enero de 2006 y noviembre de 2008, 500 averiguaciones previas han sido remitidas a la justicia militar por las autoridades civiles; de éstas, 381 corresponden a 2008. En el mismo periodo, la Procuraduría General de Justicia Militar aceptó que sus agentes del Ministerio Público iniciaron 174 averiguaciones previas por delitos cometidos contra civiles –110 en 2008—, de las cuales únicamente 11 fueron consignadas: menos de una de cada 10. La información recabada confirma que los abusos militares van en aumento y que, frente a ello, la justicia militar tiende a perpetuar la impunidad en casos de violaciones a derechos humanos de civiles”.

Estos esfuerzos del Prodh y Fundar coinciden con intentos fracasados de larga data encaminados a lograr una reforma profunda de las fuerzas armadas, el control civil y el escrutinio de la sociedad y del Congreso sobre sus misiones, desempeño, presupuesto y funcionamiento. Recuerdo los intentos vanos durante la 57 Legislatura para que compareciera el secretario de la Defensa en la Cámara de Diputados, o para investigar el destino del gasto aprobado para la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la transparencia de sus licitaciones, inversiones y bienes, temas que no tenían ninguna relación con la seguridad nacional, argumento socorrido para negar información, incluso a legisladores.

El caso que da lugar al debate de la SCJN es paradigmático en su dramatismo y recurrencia: el 28 de marzo de este año, cuatro jóvenes fueron asesinados y otros dos heridos por elementos del Ejército Mexicano en la comunidad de Santiago de los Caballeros, municipio de Badiraguato, Sinaloa. Los soldados abrieron fuego en contra del vehículo en el que viajaban sin razón ni motivo que lo justificase. El Prodh y el Frente Cívico Sinaloense dieron cuenta de que las víctimas no iban armadas ni realizaban ninguna conducta ilícita, sino que se trató de una privación arbitraria de la vida perpetrada por militares en contra de un grupo de civiles, violación grave a los derechos humanos y delito sancionado por la ley penal como homicidio.

Estas organizaciones denunciaron que la Sedena “ha desplegado una estrategia de comunicación social que, de manera aparentemente deliberada, ha propiciado la confusión y la opacidad en el esclarecimiento de lo ocurrido, minimizando el hecho al calificarlo como un incidente, concluyendo que es grave que las autoridades del fuero militar investiguen los hechos aun cuando éstos de ningún modo constituyen faltas contra la disciplina militar, sino delitos cometidos en perjuicio de civiles que deben ser conocidos por las instancias ordinarias. Éste es el patrón de impunidad que prevalece cuando las violaciones a derechos humanos cometidas por militares en perjuicio de civiles son investigadas por las propias instituciones militares.

Veintiséis organizaciones de derechos humanos de 13 países y universitarias, así como la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Harvard y la Comisión Internacional de Juristas entregaron por separado tres memoriales a través de la figura amicus curiae (amigos de la corte o expertos que presentan una opinión calificada) a la SCJN para el caso 989/2009 de Sinaloa, afirmando que el derecho internacional prohíbe la aplicación del fuero militar a violaciones de derechos humanos. La Corte debe definir si el fuero de guerra es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales que el Estado mexicano ha firmado y ratificado. Señalan, por ejemplo, que se violan los artículos 8 (derecho al debido proceso) y 25 (derecho a la protección judicial) de la Convención Americana de Derechos Humanos.

La SCJN es la última instancia mediante la cual los familiares de las víctimas y la sociedad esperan justicia, aunque las esperanzas se desvanecen ante la proclividad de los ministros para someterse a los intereses creados y a los designios de un Ejecutivo federal que ha proclamado la defensa incondicional del fuero y el estamento castrenses. Finalmente, fueron los militares quienes dieron a Felipe Calderón la protección y el apoyo para asumir ilegal e ilegítimamente la Presidencia de la República. No obstante, será difícil para la Corte no delimitar la extensión del fuero militar como establece la Constitución, dada la solidez de los argumentos jurídicos en los ámbitos nacional e internacional en favor de hacerlo.

La Revolución Mexicana: 98 años después

El periodista Fernando Velázquez entrevista al profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México y colaborador del diario "La Jornada," Gilberto López y Rivas.

En esta entrevista con el periodista Fernando Velázquez, el profesor del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la ciudad de México y colaborador del diario "La Jornada," Gilberto López y Rivas, habla sobre la pobreza, hambre y abusos que experimenta el pueblo de México, las mismas causas que dieron paso al conflicto armado de 1910, similitud entre la Revolución Mexicana y la revolución rusa; y el actual neo-zapatismo y movimientos sociales de México.

Escuche aquí la entrevista completa. 12 minutos. 

(Grabado en la radio KPFK en Los Ángeles, California, EEUU) (Tamaño: 11.72 MB)

El movimiento por la dignidad ciudadana

El movimiento por la dignidad ciudadana
Gilberto López y Rivas

La Jornada

Por su firmeza, congruencia, imaginación, abnegación y capacidad organizativa, el movimiento popular contra el fraude y la imposición de un presidente espurio y en favor de los derechos democráticos ciudadanos rebasó a todos los actores políticos del país, incluyendo a los partidos de la izquierda institucionalizada y a la otra campaña. A más de un mes de las elecciones y con la certeza de un fraude electoral -orquestado y consumado desde las estructuras mismas del Instituto Federal Electoral (IFE), con la intervención especializada de las huestes de la dirigente magisterial Elba Esther Gordillo y sus avispados discípulos en Acción Nacional-, este movimiento no tiene visos de desgaste o mengua y, por el contrario, enfrenta con éxito, incluso entusiasmo, las estrategias gubernamentales, la satanización mediática, empresarial y eclesiástica, la intelectualidad sistémica, las agresiones, infiltraciones y provocaciones, los naturales desacuerdos internos e, incluso, las deslealtades y omisiones de uno que otro funcionario y representante popular electos de la coalición Por el Bien de Todos, para quienes la resistencia cívica es un estorbo en el futuro desempeño de sus importantes funciones públicas o tareas legislativas.

Con la sabiduría que otorgan la experiencia traumática de más de 70 años de régimen priísta, una transición democrática y reforma del Estado frustradas, una democracia tutelada por los grandes intereses corporativos y grupos delincuenciales, el movimiento popular no tiene la menor confianza en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Su resolución inicial, el recuento de 9.07 por ciento de las casillas de votación, expresa la rutinaria, burocrática y limitada interpretación de las leyes y la Constitución, en un país en donde magistrados y jueces adecuan el derecho y la administración de justicia a las necesidades y exigencias de los poderosos. Resultó grotesco escuchar al presidente magistrado del tribunal en su alocución final referirse al concepto jurídico de certeza, cuando las profusas pruebas de la defraudación, dolo, irregularidades, errores aritméticos y programas electrónicos arreglados a modo de los delincuentes electorales son de dominio público. La primera sesión del tribunal fue una lamentable demostración de la necesidad imperiosa de transformar a fondo todo el andamiaje jurídico de la República y la composición del Poder Judicial, con base en un cambio de rumbo con orientación popular en el sistema de hegemonía de la nación mexicana.

También, en los campamentos de la resistencia existe una justificada desconfianza en el conteo iniciado el miércoles pasado, dada la eventual manipulación previa de los paquetes por los funcionarios del IFE y la no descartada intervención de mapaches profesionales que cuadran cifras y sustituyen actas y documentos. La coalición, por su parte, aceptó participar bajo protesta en el nuevo conteo, en el entendido de que ahora sí no descuidarán ninguna de las casillas ni confiarán en las supuestas vocaciones democráticas e imparcialidad de los magistrados y jueces federales que dirigen y supervisan todo el proceso, ¡la iglesia en manos de Lutero!

Los medios de comunicación masiva, particularmente los televisivos, radiales y algunos de la prensa escrita han perdido toda legitimidad frente a millones de mexicanos. Como resultado, estos medios no sirven de mucho al poder establecido para las tareas de manipulación y deformación de la opinión pública. La histeria, simplificación y el maniqueísmo de locutores, conductores, editorialistas y, en suma, sicarios de la información, han producido un efecto inverso a sus pretensiones de ganar adeptos a la causa del orden, el estado de derecho y la lucha contra los violentos y renegados.

En el campo de la derecha las cosas no van bien. Su candidato no convence ni a sus propios seguidores y dirigentes partidarios, que en lugar de respaldarlo, prefieren irse de vacaciones, eso sí, de naturaleza muy recatada y religiosa. El bajo perfil político, intelectual y moral de quienes rodean a Calderón y sus conexiones directas con El Yunque y otros agrupamientos confesionales, así como los apoyos solícitos de las mafias sindicales, dan una idea de lo que sería el gobierno en caso de que se imponga el golpe de Estado técnico que pretenden consumar con el fraude y la presidencia espuria. Por ello, los grandes electores no descartan la posibilidad de la presidencia interina, cuyo titular sería nombrado por la mayoría cómplice de lo que queda del PRI y el PAN. Con el interinato consideran que se podría desactivar el movimiento popular, reagruparse, realizar las ansiadas reformas estructurales que Vicente Fox no pudo efectuar del todo y enfrentar una nueva elección de Estado en mejores condiciones de consenso y "gobernabilidad".

Muchos se preguntan acerca de lo que piensan los miembros de las fuerzas armadas en torno a la coyuntura política, que en un país como el nuestro son tema tabú y fuera del control y escrutinio de la sociedad y el Congreso de la Unión. Los transportes militares con civiles de indumentarias y apariencias de "estudiantes", "campesinos" y "tercera edad" son una demostración de que la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional recaba datos claves sobre el movimiento democrático popular, sin cuidar las formas de discreción que suponen sus labores de inteligencia. Ojalá que esta información no sea para otro baño de sangre como el que llevaron a cabo contra los movimientos populares del pasado, con su secuela de asesinados, desaparecidos, presos y torturados. Fortalecer el movimiento popular es clave para triunfar en esta lucha por el rescate de la nación y la dignidad ciudadana.