Operativo Michoacán - Hernández

Vil instrumento

El gobierno espurio está usando de la manera más vil a la PGR para hacer política electoral, como en el operativo en Michoacán, advierte Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP) / “Lo ocurrido… es sumamente grave”, dice / Llama al Gobernador Leonel Godoy a reivindicar la soberanía de su Estado y que enfrente categóricamente el abuso fecalista / Urge parar al panfascismo por las vías pacíficas e institucionales, dice

MEXICO, D.F., 27 de mayo (UNIVERSAL).- El gobierno espurio de Felipe Calderón está usando “de la manera más vil” a la Procuraduría General de la República (PGR) para hacer política electoral, como en el operativo en Michoacán, advirtió Porfirio Muñoz Ledo, coordinador del Frente Amplio Progresista (FAP).
“En el gobierno de Vicente Fox, la Procuraduría inició una cacería contra el entonces jefe de Gobierno de la Ciudad de México (Andrés Manuel López Obrador) e intervino de modo directo en varios Estados de la República para atemorizar a candidatos de otros partidos”, agregó.
El también candidato a una diputación federal por el Partido del Trabajo (PT) recordó cómo en la elección del 2006, el gobierno federal “apretó artificialmente” los gobiernos de Mario Marín, en Puebla, y de Ulises Ruiz, Oaxaca, para forzarlos mediante la intimidación a cómplices del fraude electoral. Llamó al Gobernador de Michoacán a reivindicar la soberanía de su Estado y que enfrente de modo categórico un abuso de la federación.
“Lo ocurrido en Michoacán es sumamente grave. Desde 1985, la PGR conocía de vínculos entre algunos presidentes municipales y redes de narcotráfico. Pero hubo diálogos entre las autoridades federales y locales”.

Eso le pasa a Godoy por dar las nalgas.

Indicó que lo sorprendente del operativo en Michoacán no es la existencia de redes de complicidad en la Entidad, sino la manera “agresiva, electorera y descarada” como la Procuraduría pone contra la pared a todas las autoridades estatales de la República.
“¡Esto es una violación al pacto federal”, dijo el también ex embajador de México ante la Unión Europea.
Muñoz Ledo dijo que la agenda de la PGR es panista. “Si ayer (martes) quisieron crear un problema para la Izquierda en Zacatecas y Michoacán, y mañana quieren inclinar la balanza a un lado, lo hacen”.
Señaló que con esos golpes mediáticos, el gobierno federal quiere distraer l atención de la denuncia del ex presidente Miguel de la Madrid contra el que llamó “el capo de capos” Carlos Salinas de Gortari.
Coincidió con la presidenta nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Beatriz Paredes, al señalar que el Partido Acción Nacional (PAN) no quiere establecer acuerdos para gobernar sino perseguir a sus enemigos.
“El PAN está en una deriva fascistoide. Quieren ver una época pinochetista en México... están gobernando al margen de la política real y gobiernan mediáticamente”.
Afirmó que es urgente parar al “panfascismo” por las vías pacíficas e institucionales.

Despojo con el aval de Calderón

FRANCISCO CASTELLANOS Y RODRIGO VERA

En un capítulo más de impunidad que involucra a los gobiernos panistas, y con la omisión o complacenciade las autoridades del estado de Michoacán, un tribunal agrario ha fallado en tres ocasiones consecutivas en favor de Cosme Mares, el presunto prestanombres del expresidente Vicente Fox que está a punto de apropiarse de los terrenos de la bahía de El Tamarindillo para construir ahí residencias de lujo. Sobre los ejidatarios renuentes a venderle a Mares pesa el abandono de la justicia, mientras son víctimas de acoso y hasta amenazas de muerte, pero están dispuestos a defenderse hasta con la violencia.

COAHUAYANA, MICH.- Muchos en esta región le temen a ese fuereño alto y corpulento, malencarado, que suele llegar en aparatosas camionetas, custodiado siempre por un enjambre de amigos y guardaespaldas. Es Cosme Mares, el empresario guanajuatense que cada vez está más cerca de ganar una desigual batalla jurídica que le permitirá arrebatar a los campesinos la paradisíaca bahía de El Tamarindillo, donde planea construir lujosas residencias privadas para el expresidente Vicente Fox y sus amigos cercanos.El temor no es para menos: Cosme es descrito como un tipo de cuidado y viene ahora con todo el respaldo del presidente Felipe Calderón.
Los tribunales y las más altas autoridades del país, entre ellas el procurador agrario, Rocendo González Patiño, le están dando la razón al empresario en sus litigios para apropiarse de la bahía, al considerarlo como un “ejidatario” que “legalmente” ya puede realizar inversiones en este tramo de costa enclavado en los límites de Michoacán con Colima.Sólo falta que, así sea mediante la presión y el hostigamiento, el supuesto prestanombres de Fox logre comprar el área de la bahía que todavía sigue en manos de algunos ejidatarios y posesionarios renuentes a venderle.
Dámaso Mendoza, asentado en un lote de la bahía donde construyó la única casa que hay en El Tamarindillo, comenta preocupado:“Cosme Mares no me ha dejado en paz. Está terco en que le venda mi terreno. He recibido muchas presiones suyas. Hasta amenazas de muerte. En dos ocasiones envió gente para que tumbara las puertas de mi casa y quitara la tubería de cobre, escarbando las paredes. Puse demandas contra él que no prosperaron.”
–¿Cosme le propuso personalmente que le venda su terreno?
–Sólo en una ocasión que nos reunimos en un restaurante de Colima. Eso fue muy al principio, en 2004. Él llegó al aeropuerto en un avión de la Presidencia de la República. Lo acompañaban su esposa (Josefina Hernández) y unos licenciados. Me dijo que mi casa estorbaba ahí, que era un feo pegoste que iba a contrastar con las lujosas residencias que piensa construir en la bahía.
–¿Planea Cosme levantar un desarrollo turístico?
–No, turístico no. Planea más bien un desarrollo privado de superlujo, muy exclusivo. Para puro poderoso y millonario. Hasta me mostró los planos: 12 residencias a lo largo de los casi 700 metros de longitud que tiene la bahía. Al frente, cada una con su piscina mirando al mar, después la construcción y, al fondo, áreas de jardines y palmeras.
–¿Le dijo para quién serían esas residencias?
–Sí, me comentó que para Vicente Fox sería una residencia de tres niveles, con un mirador en la parte más alta, cerca del club de playa. Otra residencia para el propio Cosme y una más para su cuñado Rubén Hernández, el hermano de su esposa. También tendría la suya Florencio Salazar, que fue el secretario de la Reforma Agraria de Fox. Lo mismo que (José Luis) Luege Tamargo, en ese tiempo a cargo de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Además, tres industriales de Guanajuato tendrían sus residencias. Fueron los únicos que mencionó.
–¿Por qué se negó usted a venderle?
–Porque me ofreció muy poco: millón y medio de pesos por mi terreno de 3 mil metros cuadrados, con su casa de dos cuartitos. Ni loco le voy a vender. También me niego porque veo que los ejidatarios y posesionarios no vamos a recibir ningún beneficio. No va a ganar nada la región.
“Fox y sus amigos serían los únicos beneficiados. Quieren adueñarse de esta bahía que tiene la arena más fina de toda la costa michoacana, con un agua azul turquesa y tan quieta como si fuera una alberca, rodeada de cerros siempre verdes.”
El litigio
Perteneciente a los bastos terrenos del ejido El Ticuiz, que actualmente aglutina a 325 ejidatarios, El Tamarindillo se parceló en la parte baja que da al mar, mediante un sorteo entre los ejidatarios realizado a principios de los ochenta. Fueron 50 los ejidatarios que obtuvieron entonces sus respectivos lotes de playa y hoy son posesionarios. El actual objetivo de Cosme Mares es irse apropiando de esos terrenos.
Cosme es uno de los amigos de Fox, al que apoyó en su campaña presidencial y en la remodelación de sus ranchos de Guanajuato. Desde que llegó a la zona, el empresario logró granjearse a las autoridades ejidales, al grado de que el 7 de diciembre de 2003, en una asamblea del ejido para delimitar la asignación de tierras ejidales y el reconocimiento de derechos, lo registraron a él y a su cuñado, Rubén Hernández Haas, como “ejidatarios” de El Tamarindillo.
A Cosme se le asignó la “parcela número 430”. Luego se dijo –sin que hasta la fecha se haya comprobado con documentación– que por ese mismo tiempo compró 265 hectáreas de la bahía en 25 millones de pesos (Proceso 1470).
Uno de los mayores obstáculos que enfrenta el guanajuatense es que la asamblea de 2003 aún es impugnada por un grupo de ejidatarios, ya que en el acta aparecieron las firmas de 18 personas que ya habían fallecido, y cuatro firmas más de personas que estaban presas en Estados Unidos, entre otras anomalías. Las actas de defunción y otras pruebas que documentan las irregularidades fueron entregadas por los inconformes al Tribunal Unitario Agrario número 38, de Colima, que llevó el caso. En tres ocasiones el tribunal ha validado la asamblea y, con ello, los derechos ejidales de Cosme Mares. Y tres veces los ejidatarios inconformes han interpuesto amparos. El último fallo del tribunal fue el 13 de agosto del año pasado.
Sólo que el pasado 6 de marzo el procurador agrario, Rocendo González Patiño, intervino públicamente en la disputa: declaró que Cosme Mares es un ejidatario con todos sus derechos en ese núcleo agrario. En una entrevista con el diario La Jornada, González Patiño dijo que la Procuraduría Agraria busca “el acercamiento” entre empresarios y ejidatarios.
–¿El asunto de El Tamarindillo está concluido? –le preguntó el diario.
–Jurídicamente no hay problema. Ha habido infinidad de aceptaciones de nuevos miembros en ejidos del país.
Proceso solicitó una entrevista a González Patiño para que ampliara su postura, pero se negó.Para los ejidatarios de El Ticuiz, los fallos del tribunal y ahora las inusitadas declaraciones del procurador evidencian que, con Felipe Calderón, Cosme Mares sigue bajo el cobijo de la Presidencia de la República.El ejidatario Antonio Lúa comenta:“Está mal lo que hace el procurador al apoyar a Cosme Mares, que sigue queriéndose apropiar a la mala de El Tamarindillo. Él dice que ya le compró a 118 ejidatarios y que tiene los documentos legales. Nosotros le decimos que no. Todavía a fines del año pasado, el mismo Cosme nos dijo a un grupo de ejidatarios que él había comprado en bulto toda la bahía. ¡Eso no se puede! Nunca ha aclarado qué terrenos son los suyos.
¿En qué va a parar todo? ¿En la violencia? ¿En que a la brava nos defendamos? No queremos llegar a eso.”Mariano Márquez, quien el 9 de septiembre interpuso el amparo ante el tercer fallo del tribunal, dice por su parte:“Cuando llegó aquí, Cosme Mares apantalló a medio mundo diciendo que venía en representación del presidente Vicente Fox. Por eso estábamos felices cuando acabó el sexenio foxista, pensábamos que las cosas cambiarían. Pero hoy vemos que no, que el presidente Calderón está apoyando a Cosme Mares.
“Ese señor sigue moviéndose aquí con una influencia y una impunidad encabronada. Ningún razonamiento legal de nosotros es válido para las autoridades agrarias. En cambio, éstas apoyan las arbitrariedades de Cosme. Cualquiera se da cuenta que tiene todo el apoyo oficial.
–¿Qué harán si se vuelve a fallar a favor de Cosme?
–Recurriremos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no nos queda de otra. ¿Qué otras instancias pueden hacernos justicia? Hasta cartas le hemos enviado al presidente Calderón pidiéndole su apoyo. Pero hoy comprobamos que está del lado de Cosme.
Cuando aún era presidente electo, en noviembre de 2006, los ejidatarios inconformes –que por ese tiempo tomaron la bahía con pancartas de protesta– le enviaron una carta de seis páginas a Calderón, para ponerlo al tanto del conflicto.
Decía la misiva:“Al agotarse las instancias legales y ver que la justicia inclina su balanza hacia los poderosos (la familia Fox Sahagún), nos vemos en la necesidad de tomar los terrenos de El Tamarindillo, que de manera arbitraria, con engaños, amenazas, tráfico de influencias, abuso de poder, falsificación de documentos oficiales y triquiñuelas legaloides, nos obligaron a vender.”Y agregaba que Florencio Salazar, secretario de la Reforma Agraria de Fox, e Isaías Rivera Calderón, el procurador agrario de entonces, orquestaban el despojo, con el apoyo de los dirigentes ejidales de El Ticuiz, a quienes lograron plegar de su lado.
Mariano Márquez menciona que Cosme lo sigue presionando: A principios de este año, una mujer que no se identificó le advirtió que no le convenía oponerse a Cosme Mares, porque “él es un empresario muy poderoso”.
Así son los métodos de Cosme, dice el ejidatario, quien asegura haber sido amenazado varias veces. “Una vez llegaron con una cinta métrica y me dijeron: ‘Venimos a tomarte tus medidas para hacerte tu caja de muerto’. A puro terror y engaño quiere adueñarse de nuestras playas”.
El protegido de Los Pinos –comenta– suele llegar directamente a la casa ejidal, un pequeño inmueble de concreto de forma rectangular, al que se accede por un camino bordeado de tupidos platanares.
Ya instalado ahí, Cosme reúne a las actuales autoridades del ejido El Ticuiz: Elías Campuzano, presidente; Ibis Escalera, tesorero; Juvenal Valdovinos, a cargo del Consejo de Vigilancia… Juntos planean estrategias, hacen planes para doblegar a los ejidatarios rejegos. Después, el empresario invita a prolongadas comilonas en las “ramadas” de las playas de Boca de Apiza o de San Telmo. Entre copa y copa, los contertulios ven bajar al sol en el horizonte marino del Pacífico. Un grupo de mariachis ameniza los convivios.Cuenta Mariano Márquez:“En una ocasión, a finales del sexenio de Fox, Cosme invitó a Florencio Salazar a una de sus comidas.
El secretario de la Reforma Agraria llegó en una avioneta que aterrizó en una pista de por aquí. Estuvieron brindando en las playas de Boca de Apiza, en la ramada de doña Conchita.”En una de esas visitas, en septiembre pasado, Cosme mandó llamar al contador José Valencia, quien se encarga de llevarle sus asuntos legales a la señora María Luisa Villanueva, radicada en Estados Unidos y posesionaria de un lote en El Tamarindillo que no ha querido venderle a Cosme Mares. José Valencia se presentó en la casa ejidal, donde ya lo esperaba Cosme y su gente. Le sugirió que lo mejor era que su representada le vendiera.“Yo le pregunté: ‘¿Cuánto ofreces?, pues tú eres el interesado’. Y él me respondió: ‘No, no, tú ponle precio al terreno’. Y entonces le dije: ‘200 mil’. Vi que le brillaron los ojos de gusto. Luego le aclaré: ‘Pero dólares, 200 mil dólares’. Se puso furioso y me respondió secamente: ‘¡Olvídate!’. Le dije que entonces no tenía caso seguir platicando, y me fui.“Allá en Estados Unidos, al esposo de María Luisa le llegó un correo electrónico donde le dicen que se cuide porque lo van a tronar. ¿Otra de las amenazas de Cosme? No sabemos. Pero él así se maneja. Algunos ejidatarios tienen temor hasta de ir a la bahía, algún vigilante de Cosme puede venadearlos desde los matorrales. Yo jamás iría solo al Tamarindillo. Cosme es un tipo de cuidado.”Hasta el momento, el amigo de Fox ha salido impune de las querellas en su contra. La más reciente es una demanda penal del exalcalde de Coahuayana, Elías López Mendoza, debido a que el empresario falsificó documentos del ayuntamiento con el fin de que la Semarnat le otorgué una concesión de la parte de la bahía que es zona federal (Proceso 1651).
Ni siquiera la pasada legislatura del Congreso federal pudo poner alto a sus atropellos, pese a que creó una subcomisión investigadora que indagó el caso. Para la exdiputada perredista Ana Lilia Guillén, quien fue la encargada de esa subcomisión, el asunto es muy claro:“Felipe Calderón está protegiendo los intereses de Fox. Hay acuerdos cupulares entre ellos. Y Cosme es sólo el operador de Fox”, asegura Guillén, quien también demandó penalmente al empresario.
Las quejas contra Cosme llamó la atención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán, que ya planea visitar Coahuayana para hablar con su alcalde y, más delante, abrir una oficina en la zona.El secretario de la Comisión, Antelmo Esparza, sólo espera que los ejidatarios pongan su queja para intervenir de lleno: “En la comisión no actuamos por oficio, sino por queja. Nosotros estamos interesados en ese asunto”.

Lo que estalló en MoreliaJorge Carrasco Araizaga Y Francisco Castellanos

Fue la demostración de que nadie está a salvo; de que se puede golpear duramente al gobierno sin enfrentarse a sus Fuerzas Armadas. Pero con el artero asesinato de civiles en plena festividad cívica del 15 de septiembre en la capital michoacana, se hizo añicos la de por sí mermada confianza en el Estado, que no es capaz de brindar seguridad pública. Lo peor es que el fenómeno se está reproduciendo en el resto del país, con todo tipo de autoridades.

MORELIA, MICH.- Una de las líneas de investigación del gobierno federal sobre el ataque del 15 de septiembre contra civiles en Morelia -según reportes de inteligencia civil y militar- es que el atentado estaba dirigido contra el gobernador Leonel Godoy, presuntamente en represalia por acuerdos incumplidos con el crimen organizado en Michoacán.
En entrevista, Godoy niega que su gobierno tenga vínculo alguno con la delincuencia organizada y que esté en la mira de los narcotraficantes. Señala que si la administración federal tiene información sobre nexos de funcionarios estatales o municipales con el narcotráfico, tiene que actuar legalmente.
El gobierno de Michoacán realiza sus propias indagatorias y, de acuerdo con el procurador general de Justicia del estado, Miguel García Hurtado, el Ejército es uno de los objetivos de los narcotraficantes que actúan en el estado.
Según el funcionario, hasta el gobierno de Michoacán han llegado advertencias dirigidas a los militares. Una de éstas anticipó que habría un ataque contra los que participaran en el desfile castrense del 16 de septiembre. Semanas antes hubo otras advertencias sobre un atentado.
De todas formas, la parada militar fue suspendida por el atentado de la noche anterior, cuando un grupo de desconocidos atacó con granadas a la multitud que festejaba en el centro cívico de Morelia el 198 aniversario del Grito de Independencia. Los ataques dejaron un saldo de siete muertos y 132 heridos.
Las granadas fueron lanzadas con cinco minutos de diferencia y a una distancia de menos de medio kilómetro una de la otra, en lo que los reportes federales inscriben dentro de la "teoría de la confusión".
Según esas investigaciones, el propósito de los atacantes pudo ser detonar los artefactos lo más cerca de Godoy cuando saliera al balcón a dar el Grito, pero una vez que la primera granada estalló en la plaza al momento en que el gobernador tañía la campana del palacio de gobierno, es probable que decidieran lanzar la segunda mientras escapaban por el lado poniente del centro cívico. Su salida -se acota en uno de los reportes- fue facilitada por una patrulla policial.
Dentro de las investigaciones, en las que participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se estima que esa noche estaban presentes en el centro de Morelia por lo menos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Con esa versión, desestiman que el ataque tuviera como destinatario al gobierno federal: "Si hubieran querido dar un mensaje a Calderón era muy fácil atacar la casa donde vive su mamá, que está ubicada en un lugar vulnerable".
Juan Luis Calderón Hinojosa, uno de los tres hermanos del presidente de la República que viven en la ciudad, y director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, asegura que pese al atentado, su familia no tiene pensado mudarse.
"Esta es nuestra casa y nuestra ciudad. Aquí hemos estado siempre. Miedo no le tenemos a nadie. Así sea por seguridad, de Morelia no nos vamos a ir. Nadie nos va a sacar del pueblo, sin duda alguna", declaró a Proceso en el "acto de unidad" convocado el miércoles 17 por Godoy en el palacio de gobierno, durante el cual la clase política michoacana condenó los asesinatos.
A su vez, Godoy, entrevistado en la Casa de Gobierno la noche del jueves, asegura que hasta ahora la autoridad federal no ha comprobado que existan vínculos de protección política al narcotráfico en Michoacán, aunque sí se han dado casos de protección policiaca.
Sin embargo, enfatiza que no bastan los señalamientos políticos ni periodísticos contra los policías o los presidentes municipales, sino que "tiene que haber un procedimiento legal" para actuar contra ellos. Reitera: "Yo no tengo ningún caso de un presidente municipal que, conforme a derecho, esté demostrado que esté vinculado con el crimen organizado, porque yo ya lo hubiera hecho del conocimiento de la autoridad federal".
Más aún, dice, "nosotros no hemos recibido ninguna presión, llamada u ofrecimiento. Nada. Sería grave que nos hubiera ocurrido y que lo estuviéramos negando".
Y rechaza que sea objeto de amagos: "No tenemos ninguna amenaza directa. Ayer (miércoles), en Uruapan, avisaron que en una casa estaba preparándose (un acto) en contra nuestra. Fuimos y resultó falso. Tenemos que estar muy precavidos, actuar conforme a la ley, pero no siento que en el caso del gobernador debamos de tomar decisiones irresponsables. No puedo andar diciendo que estoy presionado, acosado o intimidado, si no ha ocurrido eso".
De acuerdo con elementos federales que participan en la investigación, en las reuniones de Calderón y Godoy (el martes 16 en Los Pinos y el miércoles 17 en Morelia), el presidente manifestó su molestia y advirtió que los ataques contra la población civil tendrán consecuencias graves. Pero Godoy niega que haya ocurrido así: "A mí no me dijo él nada de ese tema... Aunque sí hemos compartido la preocupación de que han dicho que determinado presidente municipal fue apoyado, pero hasta ahí han llegado nuestras conversaciones".
La noche del miércoles, cuando regresó al Distrito Federal para participar en el aniversario 69 del Partido Acción Nacional, Calderón condenó la protección política que recibe el narcotráfico en el país. Sin mencionar directamente a Michoacán, dijo que los narcotraficantes no sólo tienen protección de las corporaciones policiacas, sino también "una cobertura de carácter político (...) que debe ser rechazada".
Dominios de "La Familia"
Ciudad natal de Calderón, Morelia es la base de operaciones de La Familia, una poderosa organización delictiva que se dedica a la venta de cocaína y mariguana, así como al secuestro, la extorsión, el cobro de protección, control de la prostitución y la piratería en 87 de los 113 municipios del estado.
Según las mencionadas investigaciones federales, la organización tiene colocados a varios funcionarios de alto nivel tanto en la Secretaría de Seguridad Pública del estado como en la PGJE. Algunos de ellos han sido procesados por protección al crimen organizado, como Jehová Cortés López, primer comandante de la Policía Ministerial durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel. El procurador García Hurtado confirmó que Cortés López regresó a la dependencia en la actual administración.
Si bien las primeras versiones difundidas por la prensa apuntaban hacia La Familia como la responsable de los atentados de Morelia, esa organización se los atribuye a sus antiguos aliados del cártel del Golfo, en particular a Los Zetas, a quienes después de una breve alianza han logrado desplazar del estado.
A través de mensajes electrónicos difundidos el miércoles 17 y el jueves 18 entre funcionarios y periodistas estatales, además de las mantas que aparecieron la mañana del viernes en los puentes peatonales de las salidas a Salamanca y Quiroga, La Familia se deslindó del ataque con granadas.
Además anunció que haría sus propias investigaciones para ubicar y castigar a los verdaderos autores del atentado.
De la preeminencia de La Familia en el estado da cuenta lo ocurrido el pasado 13 de junio, cuando varios productores de aguacate y frutas de Tacámbaro, Acuitzio del Canje, Pátzcuaro, Villa Madero y Santa Clara del Cobre, entre otros municipios, fueron convocados al restaurante Los Escudos, en el centro de Pátzcuaro.
Funcionarios federales señalan que a ese encuentro llegaron jefes de la organización, uno de ellos vestido con uniforme militar pero que no pertenece a las Fuerzas Armadas.
Según las mismas fuentes, el mensaje a los agricultores fue claro: que no debían preocuparse porque La Familia tenía el control de las autoridades estatales y federales, por lo que esta organización resolvería cualquier problema con la policía del estado o la federal. Sin embargo, se les recordó que todo tiene un costo y por eso cada uno de los presentes tenía que aportar el dinero que se le pidiera.
Así mismo, se les dijo que La Familia había tenido que matar a muchas personas, pues no entendieron que la organización está por encima de todo. Aquellos que no quisieran cooperar se atendrían a las consecuencias.
En una entrevista para Proceso (edición 1569), uno de los jefes del grupo delictivo aseguró que éste cuenta con más de 4 mil miembros y que cada uno gana entre mil 500 y 2 mil dólares mensuales. Según explicó, uno de sus objetivos es "proteger" al estado de organizaciones delictivas foráneas.
Además de La Familia y Los Zetas, en Michoacán operan células de prácticamente todos los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Temas explosivos
Ni el gobierno de Calderón ni el de Godoy habían presentado, hasta el cierre de esta edición, indicios sólidos acerca de los culpables del atentado ni de sus motivos.
La PGJE está a cargo de la investigación para hallar a los homicidas, que según el gobernador deben ser castigados también por terrorismo, delito tipificado en el Código Penal de Michoacán.
A su vez, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tiene la tarea de determinar la responsabilidad por el uso de los explosivos, reservados para las Fuerzas Armadas.
El procurador García Hurtado -un abogado en cuya formación profesional prevalece el tema agrario- dio a conocer el jueves el retrato hablado de uno de los presuntos responsables: un individuo robusto, como de 28 años y 1.75 metros de estatura.
Entrevistado el miércoles 17 en sus oficinas de la PGJE, el funcionario asegura que cuenta con cinco videos grabados con las cámaras ubicadas alrededor de la plaza.
Explica que las amenazas se remontan al primer trimestre del año, cuando se anunciaron atentados con explosivos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la central camionera. Sin embargo, dice, para el 15 de septiembre se habían recibido advertencias de ataque contra las ciudades de Huetamo, en Tierra Caliente; Lázaro Cárdenas, en la costa; y la presidencia municipal de Tancítaro, en la meseta purépecha.
"En Morelia no esperábamos ninguna agresión para ese día, pues las llamadas que habíamos recibido decían que podía haber un atentado contra elementos del Ejército durante el desfile cívico militar", asegura el procurador michoacano.
Y si la información ha sido escasa por parte del gobierno estatal, el gobierno de Felipe Calderón es igual de reticente. Ante los escasos resultados de sus pesquisas, la noche del viernes 19 la PGR ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien le proporcione información sólida sobre los autores de los ataques.
Más allá de la retórica desafiante que Calderón desplegó en Morelia cuando visitó a los deudos de las personas asesinadas y a los heridos, el Ejecutivo federal no ha informado sobre las características de las granadas, aunque no es la primera vez que se investiga un atentado con esos artefactos para el uso exclusivo del Ejército en Michoacán.
El pasado 26 de agosto, un comando armado lanzó dos granadas contra la Subprocuraduría Regional de la PGJE en Lázaro Cárdenas. Los explosivos eran similares a los utilizados la noche del lunes 15, explicaron los investigadores federales.
Hay varios hechos delictivos recientes que los reportes de inteligencia relacionan con el atentado. Uno de ellos es que el Ejército tiene motivos para estar agraviado con las autoridades locales porque desde hace semanas está desaparecido el teniente coronel retirado Carlos Negrete Lezama, quien fue subdirector de la Policía Ministerial de Michoacán en la administración de Lázaro Cárdenas Batel.
Su más reciente cargo fue el de director de Policía y Tránsito de Uruapan, territorio controlado por La Familia.
Procedente de Aguascalientes, donde fue director de la Policía Ministerial, el militar en retiro es investigado por violaciones a los derechos humanos.
El 29 de agosto acudió a las instalaciones de la PGJE para participar en la última sesión del curso "Preservación de evidencia", impartido por instructores del FBI adscritos a la embajada de Estados Unidos en México.
Cuando abandonaba el lugar, el procurador García Hurtado le pidió a su director Antisecuestros, Efraín Loaiza Farías, que le presentara a Negrete Lezama. El exmilitar fue llevado al edificio central de la procuraduría.
Desde entonces se desconoce dónde está, aunque su familia informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les alcanzó a llamar por teléfono para decirles que era trasladado por agentes de la procuraduría a Uruapan, en una camioneta del grupo Antisecuestros con placas PGJE 00-358.
Cinco días antes, la noche del 24 de agosto, fue raptada la secretaria del ayuntamiento de Uruapan, Maribel Martínez Martínez, cuando salía de un acto en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad. En esa acción resultaron heridos de gravedad un escolta y dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública que se enfrentaron a los secuestradores.
Las investigaciones federales destacan que la creciente violencia registrada en Uruapan, desde robos hasta levantones y ejecuciones, puede estar relacionada también con incumplimientos de acuerdos por parte de la administración de Antonio González, el presidente municipal panista.
De acuerdo con esa vertiente, la administración de González -que inició el 1 de enero de este año- pudo comprometerse a darle a La Familia la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Obras Públicas, la feria y el palenque a cambio de apoyo en su campaña electoral, y "al no hacerlo, pese al apoyo que recibió, le están pasando la factura", dicen los reportes a los que tuvo acceso este semanario. l