
http://www.youtube.com/watch?v=-1_LM4B5ino
Quienes están cerca de la Cámara pueden tener sólo algunas pistas del porqué la urgencia por entregar a la Procuraduría General de la República (PGR) al michoacano y medio hermano del aún gobernador de Michoacán, Leonel Godoy.
Desde la noche del miércoles, el estado de Michoacán ardió. Enfrentamientos entre policías federales y el cártel de La Familia se produjeron en Apatzingán hasta extenderse en la capital Morelia, pasando por Nueva Italia y caminos vecinales.
El próximo martes, día en que se tiene programado iniciar el proceso de desafuero, habrá un motivo más de preocupación para algunos michoacanos y hará feliz a otros, entre ellos Luisa María Calderón, la hermana de quien dice ser el presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, y por quien el país ha enterrado 30 mil muertos para atenuar su lucha contra el narcotráfico.
Quien promovió el desafuero tendrá un juego de tres banda: por un lado desacreditará al PRD para el proceso electoral del año entrante que se celebrará en el Estado de México y dividirá a ese partido y lo enfrentará con el PAN para que se cancele toda posibilidad de alianza.
El gran beneficiado en este caso será el priista Enrique Peña Nieto, actual gobernador mexiquense y quien requiere con urgencia el triunfo de su partido en esa entidad para agenciarse la candidatura presidencial.
Por otro lado, el PRD en Michoacán, que también renovará el gobierno estatal, llegará menguado a la contienda y con el hermano del actual gobernador acusado de pertenecer al narcotráfico.
Aquí la gran beneficiada será Luisa María Calderón, quien ya se ha destapado como la candidata del PAN para gobernar Michoacán, entidad que en el pasado le negó el voto a Felipe Calderón Hinojosa.
Sin duda, todo el peso del Estado federal apoyará a la hermana del presidente de la República y Luisa María Calderón, mejor conocida como la Cocoa, como la llaman de cariño, sabrá explotar los señalamientos contra el aún diputado Julio César Godoy Toscano.
Y, finalmente, habrá un ataque al gobierno de Gabino Cué en Oaxaca, quien derrotó al primitivo gobernador saliente, el priista Ulises Ruiz.
Cué llegó por una alianza entre PRD y PAN, así es que ahora el descrédito de Godoy Toscano, quien hasta el mes pasado aún militaba como perredista, sin duda le pegará al gobierno perredista-panista de Cué.
Aquí, el gran beneficiado será a quien ya mencionan en la Cámara de Diputados como el operador del desafuero: el propio Ulises Ruiz.
Como se recordará, Ruiz Ortiz fue una pieza de Roberto Madrazo Pintado, quien lo impulsó para que fuera el candidato al gobierno de Oaxaca. Y uno de sus operadores y hombres más cercanos en aquel entonces fue justamente César Augusto Santiago, hoy presidente de la Sección Instructora encargada de analizar el desafuero contra Godoy Toscano.
La versión de que detrás de toda la maniobra estuvo Ulises Ruiz cada día cobra mayor fuerza en la Cámara de Diputados, aunque no hay nadie que se atreva a declararlo.
Y es precisamente Ruiz Ortiz --quien enfrentará el juicio de los oaxaqueños en su contra por todo el daño que le hizo a la entidad, a su población, la persecución contra organizaciones sociales, los asesinatos y las detenciones que se presentaron en su sexenio, así como la persecución de lo que bien podría llamarse grupos de choque para eliminar a quien le estorbara-- el que pretende ganar impunidad. ¿Cómo?, arribando al Comité Ejecutivo Nacional del PRI que se nombrará el próximo año y bajo la égida de Peña Nieto.
Como se sabe, ya Peña Nieto y Manlio Fabio Beltrones pactaron para que el próximo presidente del partido sea Humberto Moreira, que pronto dejará la gubernatura de Coahuila y quien fue impulsado por la maestra Elba Esther Gordillo, por cierto una expriista que hoy está más cerca que nunca de Peña Nieto.
Ulises Ruiz pretende estar al lado de Moreira como secretario de Organización o como secretario de Elecciones, campo este último en el que su amigo César Augusto Santiago se sabe mover muy bien y tiene una amplia experiencia.
Con estos datos sólo queda pensar que el desafuero será totalmente político, presentado antes de tiempo y que en su camino afectará muchas líneas de acción y beneficiará a otros.
Aquí no se defiende a Godoy Toscano, lo he dicho desde un inicio, si es culpable que se le juzgue, pero lo que no se vale es utilizarlo para beneficiar y golpear políticamente a diversos grupos y partidos.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
MÉXICO, D.F., 1 de octubre (apro).- A una semana de que el secretario de Gobernación, Francisco Blake Mora anunció que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitaría el desafuero de Julio César Godoy Toscano por el conocido “michoacanazo”, el gobierno de Felipe Calderón cumplió su amenaza.
Esta tarde la PGR entregó a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados la solicitud para despojar de su fuero al hermano del gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, que apenas protestó como el diputado número 500 el pasado 23 de septiembre.
Hace una semana, se detalló en este espacio la forma en que el expediente del aún legislador “viajó” por gran parte del país, debido a que diversos jueces primero otorgaban amparos a Godoy Toscano y, segundo, porque otros jueces negaban al gobierno de Calderón la entrega de una nueva orden de aprehensión contra Julio César.
Después de tanto andar con el expediente, finalmente a la PGR “llegó” una denuncia anónima el 27 de agosto de 2010, donde involucraba al diputado de tener nexos con el narcotráfico. Recordemos que esta “denuncia anónima” apareció en las oficinas judiciales justo dos días después de que un Tribunal Colegiado había exonerado en definitiva a Godoy Toscano de la acusación de junio de 2009. Esto quiere decir que la orden de aprensión es nueva y por otros delitos distintos a los de 2009, que motivaron la persecución del legislador durante un año.
De nuevo hacemos la referencia sólo para ilustrar cómo, al tropezar las pretensiones de Calderón con resoluciones en su contra, recurre a la estrategia mediática, prepara el terreno y luego asesta el golpe.
El jueves 30 de septiembre, a una semana de que el PRD en la Cámara de Diputados y Godoy Toscano pusieron en ridículo a la Policía Federal de la Secretaría de Seguridad Pública, el gobierno de Calderón emprendió una acción mediática: convocó la PGR a conferencia de prensa para anunciar que denunciaría ante la Judicatura Federal al juez que amparó a Godoy para que se le restituyeran sus derechos política y así tomar protesta como diputado federal.
El anuncio lo pudo haber hecho mediante un comunicado, pero el gobierno calderonista prefirió que se convocara a la prensa y exponer nuevamente al diputado ante los medios.
Ese mismo jueves, de gira por Michoacán, Calderón dijo que es el estado donde el crimen organizado a crecido con mayor celeridad. De hecho, ahí fue donde Calderón arrancó “su guerra” contra el narcotráfico, luego de que elementos del Ejército fueron emboscados por un grupo delictivo.
Así, mientras Calderón ubicaba a Michoacán como una de las entidades más peligrosas para vivir, pues ahí es donde esta asentado el crimen organizado y crece con mayor rapidez la delincuencia, por otro, el procurador General de la República, Arturo Chávez Chávez, anunciaba una demanda contra un juez de ese mismo estado, que había concedido el amparo a un diputado michoacano, por cierto, hermano del gobernador de esa entidad.
Así, de un día para otro, Michoacán se convirtió en la entidad que acaparó los reflectores, incluso más que la peligrosa Chihuahua. Luego, vino el golpe de la PGR, solicitar el juicio de desafuero para juzgar a Godoy Toscano.
Todo esto se da en medio de un proceso electoral que arrancará próximamente y culminará el año que entra con la elección del nuevo gobernador en Michoacán, entidad de la que es originaria la familia Calderón y estado que pretendió gobernar Felipe Calderón y perdió de manera rotunda, pues ni sus paisanos lo quieren como gobernante; una entidad que hoy pretende gobernar la hermana “del Presidente de la República”, de un país en donde “al Presidente” nunca se le dice que no cuando algo quiere.
Quizá por todo esto es que el PRD asegura que el desafuero de Godoy Toscano, más que un asunto jurídico, es un tema político.
Así lo sostiene el propio inculpado y así lo hace parecer el cúmulo de errores que diversos jueces le han ido marcando al gobierno de Calderón, cuando a un año de que encarceló a 35 servidores públicos, no ha podido sostener la acusación en su contra, por lo que 34 ya están libres y exonerados.
La semana pasada se dijo en este espacio que no se pretende defender o culpar a Godoy Toscano, pues los medios de información no son jueces; únicamente indagan asuntos de interés nacional, de abusos, corrupción y todo aquello en donde quienes ostentan el poder abusan de él. Esto se reitera.
Pero quienes sí afirman que todo esto tiene que ver con el proceso electoral de Michoacán y el capricho de la hermana del Presidente de la República, es el PRD.
Tan convencidos están de ello que Jesús Zambrano, uno de los integrantes más respetados al interior del PRD, exigió a Calderón “que cese la persecución política”.
Incluso, a través de un comunicado, le pidió que “no confunda sus filias familiares muy entendibles por el afecto hacia su hermana Luisa María, con su función de Estado, con su alta responsabilidad a la que está obligado frente a todos los mexicanos”.
Sea persecución política, jurídica, de seguridad pública, o cómo le quieran llamar, lo cierto es que el “michoacanazo” no esta cerrado, no sólo por el ridículo en que han quedado la PGR y la SSP, sino también porque, todo parece indicar que el tema va unido a la elección del próximo gobernador.
Para Calderón, Michoacán es una espina política que trae clavada desde hace varios años, y parece que su hermana pretende sacarla para reivindicar en las próximas elecciones el desaire que los michoacanos hicieron a la familia calderón.
NATALICIO DE MORELOS. El presidente Felipe Calderón encabezó ayer en Morelia la conmemoración del natalicio de José María Morelos y Pavón. Lo acompañan su esposa, Margarita Zavala, y el gobernador Leonel GodoyFoto Alan Ortega /La Jornada Michoacánaceptaciónde hechos consumados y el paso del tiempo. En Ecuador se aprovecha la resistencia de segmentos policiales y militares a la nueva ley de servicio público que un día antes aprobó la Asamblea Nacional, la cual reduce prestaciones y privilegios a los uniformados, que así encuentran bandera de oportunidad para insubordinarse y abrir el camino a la posibilidad de un golpe de Estado.
En México también se han vivido las consecuencias de esas políticas del bushismo-obamismo, que sólo han tenido modificaciones cromáticas y tácticas. Los intereses dominantes de México encontraron respaldo pleno en los centros de poder de Estados Unidos para impedir que en 2006 se estableciera un gobierno federal que significaría reto y riesgo para ese entramado de altos privilegios. Lo que menos podía permitir el poderoso vecino es que a un lado de su frontera se instalara una admi- nistración progresista que de alguna manera extendiera la presencia e influencia de los aliados sudamericanos cargados a la izquierda. Prefirieron, por eso, inflar una opción menor pero, por ello, manejable, sobre todo a la hora de instalar en México la lamentable guerra
contra el narcotráfico, que tuvo objetivos de control social, reducción de derechos y garantías, desman- telamiento institucional, abatimiento de lo que quedara del estado de derecho
y emplazamiento de redes militares activas para enfrentar previsibles insurrecciones.
Ese golpismo indirecto, o no confeso, tiene en países como México vertientes que hasta ahora no han requerido el uso de las armas de fuego. Ha bastado el uso de los instrumentos de conformación de las percepciones nacionales, sobre todo de las televisoras de alcance nacional, marcadamente Televisa. Las fuerzas armadoras de la distorsión nacional se han constituido en jueces y verdugos, que sentencian y ejecutan mediante la utilización manipulada de sus pantallas, frecuencias y páginas, en un abanico mediático que a conveniencia pagada por los poderes facciosos promueven versiones falsas que acaban convirtiendo en verdad
a fuerza de repetición, y difaman, persiguen y excluyen a quienes presentan posiciones distintas u opositoras. Televisa, en especial, ha demostrado una capacidad de represión selectiva que beneficia sus empresariales intereses y los del gobierno de golpismo electoral que hoy despacha desde Los Pinos.
Así, desde las pantallas de la compañía presidida por Emilio Azcárraga Jean se han fabricado telenovelas de nota roja como la de Salvador Cabañas y el Bar Bar, lo mismo que se ha atacado con saña a quienes pretenden instaurar una tercera cadena nacional televisiva o a quienes, como el diario Reforma, han insistido en las gangas con que Televisa y Nextel se están haciendo de nuevos negocios en materia de telecomunicaciones (Iusacell asegura que por esas concesiones deberían haberse pagado 5 mil millones de pesos, no 180 millones 300 mil pesos, lo que a juicio de la empresa de Ricardo Salinas Pliego es un robo
). Televisa también ha mostrado su talante persecutorio en cuanto la periodista Carmen Aristegui trata a fondo en su noticiario radiofónico temas que resultan molestos para la firma cuyo emblema es El canal de las estrellas; igual agresión continua se mantiene contra el diputado panista Javier Corral, quien ha sido un persistente e informado denunciante de los excesos de dicha televisora.
Otro episodio de golpismo indirecto está a la vista en el caso de la corriente social que impulsa nuevamente a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República. A lo largo de más de cuatro años se ha practicado en su contra un desa- fuero mediático, televisivo: no sólo se le ha construido una leyenda negra, sino que se le ha reducido a la condición de invisible. Lo que no es transmitido en las pantallas de las televisoras no sucede
, de tal manera que al obstruir sistemáticamente la presencia de AMLO en las vitrinas electrónicas, se le pretende condenar a una muerte cívica y política. En ese libreto de exterminio visual se ha incluido la polémica decisión dividida del tribunal electoral federal de retirar del aire los pocos minutos que López Obrador podría estar en pantallas conforme a tiempos oficiales del Partido del Trabajo. No todos los golpes son mediante las armas de fuego.
Astillas
De visita en Morelia para conmemorar el natalicio de Morelos, el hermano de la Cocoa Calderón Hinojosa, quien busca ser candidata panista a gobernar Michoacán, defendió la validez y consistencia de las acusaciones hechas casi un año y medio atrás contra 35 funcionarios y presidentes munici- pales que, salvo uno, han sido declarados judicialmente inocentes y puestos en libertad. Con profunda convicción, el panista fraterno dijo que sí había elementos probatorios de la culpabilidad de los ahora exonerados, pero habló de que en el país existe un fenómeno del andamiaje, cobertura social o política que facilita obviamente la acción de los criminales
... Viendo lo de Ecuador, ¿cuánto poder concentraría en sus manos el jefe máximo de una policía única en México?... El ERPI reitera que no tiene en su poder a Diego Fernández de Cevallos, sobre quien circulan insistentes versiones de que ya se ha pagado su rescate... Y, mientras el espirituoso gobernador de Jalisco reconoce haber ido a la casa del jefe de la Universidad de Guadalajara, Raúl Padilla, la madrugada del día de la megamarcha en su contra, con unas copas previas y otras tomadas en ese domicilio, ¡feliz fin de semana!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
La disputa por la NaciónMÉXICO, DF, 24 de septiembre (apro).- El jueves pasado, la ineptitud, incongruencia y falta de solidez del gobierno de Felipe Calderón, así como de todas sus policías, fue exhibida públicamente por un hombre, El Godoy, como llama la Procuraduría General de la República (PGR) a Julio César Godoy Toscano, el diputado número 500 que después de un año rindió protesta como el representante de los ciudadanos del distrito de Lázaro Cárdenas, Michoacán.
Pero más grave que eso --el posible montaje de la Policía Federal (PF) a las afueras del Congreso de la Unión o las pugnas al interior del PAN-gobierno--, resulta el cinismo y abuso con que las autoridades federales utilizan las figuras del “arraigo”, “testigo protegido” o las “denuncias anónimas” que fueron concedidas por los propios legisladores, precisamente como herramientas para enfrentar el crimen organizado, y hoy, paradójicamente, se echa mano de ellas con fines electoreros o publicitarios.
La reaparición de Godoy Toscano en la vida pública sintetiza el fracaso del conocido michoacanazo, aquel operativo de limpia que el gobierno de Calderón Hinojosa emprendió el 26 de mayo de 2009 para detener a 12 alcaldes, 29 funcionarios y un candidato a diputado federal por presuntos vínculos con la delincuencia organizada, en particular con el cártel de La Familia michoacana.
Un año y medio después, 11 presidentes municipales están libres, así como 23 funcionarios, por falta de pruebas. De todos los inculpados por la PGR, el único que se encontraba prófugo era Godoy Toscano, medio hermano del actual gobernador perredista de Michoacán, Leonel Godoy Rangel.
La reaparición de El Godoy resulta emblemática porque detrás del hecho hay un ir y venir de su expediente.
Cabe destacar que para respaldar sus acusaciones, la PGR --la de ayer de Eduardo Medina Mora y la de hoy de Arturo Chávez Chávez-- se basó primero en una acusación “de oídas”; luego, en que su nombre apareció en una “narcolista” extraída de una USB de computadora y, finalmente, la dependencia federal echó mano de una “denuncia anónima”.
Así las cosas, la PGR recurrió primero a una orden de aprehensión del juez primero de distrito con sede en Tepic, Nayarit, quien la otorgó el 14 de julio de 2009; luego Godoy Toscano interpuso la suspensión provisional ante el juez segundo de distrito de Morelia, el 3 de septiembre de 2009, la cual se le concedió en definitiva el 22 de marzo pasado.
Para revertir la decisión del juez de Morelia, la PGR presentó el 16 de abril un recurso de revisión, y por ello acudió al XX Tribunal Colegiado de Zacatecas, instancia que por unanimidad le dio la razón a Godoy Toscano.
Por esa razón quedó sin efecto la orden de aprehensión y las tres acusaciones que sobre él pesaban: delincuencia organizada, delitos contra la salud y operaciones con recursos ilícitos.
Irritada por la virtual exoneración de Godoy Toscano, la PGR solicitó una nueva orden de aprehensión el 28 de agosto pasado, pero ahora ante el juez primero de distrito de Tamaulipas quien, dos días después, es decir, el 30 de agosto, negó la petición de la dependencia federal por considerar insuficientes las pruebas en contra del hoy diputado federal.
El 1 de septiembre, ante el mismo juzgado, la PGR solicitó una nueva orden de captura, la cual se le negó por segunda ocasión, ya que las pruebas del Ministerio Público federal eran insuficientes.
Días después, el 6 de ese mismo mes, y en cumplimiento de la resolución del Tribunal Colegiado, el juez primero de distrito de Moreloa, Michoacán, ordenó al Instituto Federal Electoral (IFE) que restituyera la totalidad de los derechos civiles y políticos de Godoy Toscano, por lo que el 7 de septiembre el entonces diputado electo figuró nuevamente en el padrón federal electoral.
Al día siguiente, para sorpresa de las propias autoridades federales, éstas recibieron una notificación, pero no de un juez, sino de la PGR, de que existe otra orden de aprehensión que fue liberada por el juzgado noveno de distrito de Guadalajara, Jalisco.
Efectivamente, luego de que el juez de Tamaulipas negó a la PGR en dos ocasiones la nueva orden de aprehensión, las autoridades federales recurrieron al juez de Jalisco, quien aceptó girar la orden de captura.
Y en esta ocasión la PGR ya no argumentó tres delitos contra Godoy, sino sólo dos: delincuencia organizada y delitos contra la salud. Aunque por este segundo delito el mismo juez de Jalisco le negó a la dependencia federal la orden de aprehensión, pero aceptó otra por delincuencia organizada.
Lo grave del caso es que la prueba que presentó el MP federal fue sólo “la constancia de una denuncia anónima”.
Llama la atención que luego de ser absuelto por el Tribunal Colegiado el 25 de agosto, dos días después la PGR recibió una “denuncia anónima” contra Godoy Toscano.
Para contrarrestar la nueva denuncia en su contra, el ahora diputado federal recurrió a la solicitud de un amparo, ahora ante el juez primero de distrito de Michoacán.
El amparo definitivo se le concedió a Godoy el 20 de septiembre y fue únicamente para salvaguardar sus derechos civiles y políticos, y es por esta razón que pudo rendir protesta como legislador, pues el resolutivo fue notificado a la Cámara de Diputados el día siguiente.
Sin embargo, las figuras a las que recurrió el gobierno federal --“arraigo”, “testigos protegidos” y “denuncia anónima”-- es lo que resulta criticable en este caso. Aquí no se está defendiendo a Godoy Toscano.
Si tiene vínculos o no con la delincuencia organizada, no le corresponde a los medios de información determinarlo, pero sí hacer hincapié en los yerros en los que incurre la autoridad, pero sobre todo su inconsistencia al fundamentar sus señalamientos.
En un país en donde cualquier ciudadano puede ser acusado por una “denuncia anónima” sólo evidencia que, cuando ese recurso se utiliza de manera equívoca, el autoritarismo asoma de manera temeraria.
Ahora se anuncia que se solicitará el desafuero para que Godoy enfrente a la autoridad por el único delito que hoy se le atribuye: delincuencia organizada, pues los demás ya “se le cayeron” a la PGR.
Si a todo esto se suma la exoneración que recibió más de 75% de los inculpados en el michoacanazo, y luego de ver la forma en que fueron exhibidos cuando se les trasladó la penal de Tepic, Nayarit, sólo queda la incredulidad ante las acciones del gobierno federal, sobre todo cuando se tiene conocimiento de que una hermana de Felipe Calderón quiere ser gobernadora de Michoacán, entidad que por cierto celebrará elecciones el próximo año.
Entonces uno se pregunta si este gobierno utiliza las herramientas que el Congreso le dio para enfrentar al crimen organizado o sólo pretende obtener triunfos electorales. La realidad parece apuntar a lo último, algo de por sí grave cuando en el país existen 6 millones de jóvenes que no estudian ni tienen trabajo y cuando 60 millones de mexicanos se encuentran sumidos en la pobreza.
Este gobierno de Calderón, que centra su actuar contra unos cuantos en lugar de poner un alto a la violencia que se da en la mayor parte del país, o en casos tan evidentes y graves como el de San Juan Copala, Oaxaca, es también lo que preocupa, pues abre la puerta para que la gente empiece a tomar la justicia por su propia mano, como ahora mismo ocurre en el municipio de Ascensión, Chihuahua, en donde los pobladores, cansados de padecer tres secuestros por semana y luego de haber linchado a dos presuntos delincuentes, presionó al presidente municipal para que suprimiera a la policía local.
Estos mexicanos decidieron tomar la justicia por propia mano; la ayuda federal no les ha llegado para hacer frente al crimen y determinaron formar una red de vigilancia vecinal. Y este cuerpo de seguridad que ellos mismos formarán, ya lo anunciaron, actuará con una clara consigna: cualquier delincuente será linchado por la multitud.
Si el gobierno de Calderón sigue errando el rumbo, no nos sorprendamos cuando otras poblaciones del país decidan seguir el ejemplo de los ciudadanos de Ascensión, Chihuahua.
Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx
El PRD no tiene dueño