¿Sucesión o sustitución presidencial?

En este dramático sexenio que va para su cuarto año, necesario para accionar la sustitución presidencial a causa de la renuncia por causa grave (según la Ingeniería constitucional de Sartori) del inquilino de Los Pinos, es necesario volver a las páginas escritas por Francisco I Madero: La sucesión presidencial en 1910, donde se deduce que, sin que esto quiera decir que la historia se repite, las circunstancias analizadas por Madero son muy semejantes a las que hoy imperan. Y que al avanzar el tiempo del binomio gobierno-administración, se anuncian días de tormenta social con conjuro de lo que representan para los mexicanos más conscientes las fiestas de elite para celebrar el bicentenario de la Independencia y el centenario de la Revolución, ocurridos por hambre, desempleo e injusticias sociales.

Álvaro Cepeda Neri

Este alegato contra el mal gobierno porfirista de más de 30 años y su insistencia en prolongarse (Ramón Corral, impuesto en la vicepresidencia, era el heredero de Porfirio Díaz,), no es meramente histórico. Hoy, con motivo del anticipado final del nuevo porfirismo (del foxismo al calderonismo), es espejo de viejos-nuevos males sociales.
Madero redactó, a toro pasado, el acta de defunción del porfiriato y el testamento de un dictador que pasó de liberal en lo político a conservador derechista; que impuso una modernización económica sobre casi la esclavitud del pueblo, entonces más campesino que urbano, volcado al semindustrialismo por su mano de obra regalada.
No supo conciliar desarrollo económico con republicanismo democrático. Fue la dictadura que se corrompía a la par de su senilismo hacia la decadencia. Los capítulos 2, 3, 4 y 5 del libro son una magistral disección política del cadáver porfirista. Madero sintetizó el presente y vislumbró cómo deshacerse pacíficamente del mal gobierno.
Es un retrato hablado del porfirismo, y según nuestro presente, un espejo donde miramos reflejado el resto descompuesto de la alternancia panista con su conservadurismo derechista fanáticamente religioso.
Torpe, que en lugar de gobernar, como el porfirismo, cayó en el desgobierno, ante el cual no había más que la renuncia del porfirismo o la Revolución. Son siete capítulos de un libro editado una y otra vez desde que se publicó en 1908.
Madero nació en 1873 y fue asesinado en 1913 por el golpe de Estado del alcohólico y militarista (¿alguna semejanza con el actual inquilino de Los Pinos?) Victoriano Huerta.
La sucesión presidencial en 1910. El Partido Nacional Democrático, por Francisco I Madero, San Pedro, Coahuila, diciembre de 1908, es una reedición muy bien presentada de más de 300 páginas. Nos muestra que hoy la nación tiene problemas parecidos a los del porfiriato, pero con más agravantes: una población 10 veces mayor a la de entonces, alarmante desempleo, elites económicas más enriquecidas, elites políticas como los “científicos” del porfirismo, sin conciencia de la realidad y hambruna, y empobrecimiento masivos.
Ficha bibliográfica:
Autor: Francisco I Madero
Título: La sucesión presidencial en 1910
Coedición: Clío-Historia para todos-Taurus-Conaculta
cepedaneri@prodigy.net.mx

México: Elecciones para estabilizar y frenar las revoluciones

Pedro Echeverría (especial para ARGENPRESS.info)

1. Las elecciones burguesas son procesos políticos plenamente individuales que muy poco tienen que ver con los intereses colectivos de los trabajadores. Es extraño para las leyes electorales que una asamblea de campesinos, de obreros o sectores populares –después de analizar y discutir lo que a ellos interesa como trabajadores: desempleo, salarios, créditos, construcción de escuelas, mercados, viviendas- tome determinaciones de votar en forma colectiva o en bloque por un partido que por su ideología y su trabajo diario se ha ganado su confianza.La burguesía subraya siempre el “voto individual, secreto y libre” para diferenciarlo de las organizaciones y los intereses colectivos de los trabajadores. Mientras tanto esa misma burguesía dominante actúa en bloque con sus leyes, sus instituciones electorales y sus medios de información.

2. En los últimos años las únicas elecciones importantes han sido las que se realizado en Venezuela, en Bolivia y en Ecuador porque han planteado la instrumentación de procesos revolucionarios que mes tras mes están poniéndose en práctica para beneficio de la población. Votar por la renovación o cambio de una Constitución política, por el cambio radical de la economía o la puesta de marcha de una sociedad equitativa, obliga a participar. Sólo ese tipo de elecciones que anuncian cambios profundos que han venido practicándose a través de las semanas y meses valen la pena. Por el contrario, comicios para cambiar partidos o personas, con programas iguales o parecidos no puede, o no debería, despertar ningún interés. Perder el tiempo en votar por más de lo mismo se antoja una tontería.

3. ¿Qué importancia electoral puede tener cambiar al PSOE o PP en España, votar por De Gaulle, Pompidou, Mitterrand y Sarkozy en Francia, o por Fanfani, Andreotti o Berlusconi en Italia, si todos son exactamente lo mismo para el pueblo? ¿Acaso no lo mismo debe decirse de EEUU donde se turnan en el gobierno el partido demócrata y el republicano que cuentan con poderosos intereses petroleros, en la industria de armas y por la dominación mundial? Esos países que acumularon riquezas y poder desde tiempos lejanos, extrayéndolos mediante el saqueo a los países débiles, hoy siguen gozando de esas riquezas pero con elecciones que no despiertan interés alguno y con un extremado abstencionismo. Aunque sigue existiendo un pueblo pobre y marginado el control electoral de la partidocracia en Europa es total.

4. Los gobiernos de Chávez, Morales y Correa –para no caer en esas poderosas burocracias políticas burguesas que han dominando a sus pueblos y al mundo, tienen que mantener a sus gobernados en revolución permanente. Frenar las trasformaciones culturales, las contradicciones y la crítica, los profundos cambios e iniciativas que se requieren en los fuerzas productivas, en las tecnologías, en las relaciones sociales, es comenzar a morir. Podría llegar un momento en que esas elecciones burguesas formales fueran sustituidas por asambleas y grandes reuniones en las que de manera colectiva se solucionen directamente los problemas y de la misma manera se elijan a los dirigentes rotativos y revocables. Las elecciones burguesas individualista no podrán ya subsistir donde dominan las colectividades.

5. En México, durante los 35 años de régimen Porfiriano (1876-1911) se realizaron en por lo menos nueve “elecciones nacionales” legales cada cuatro años –con la participación del dos por ciento de la población- que sólo sirvieron para confirmar en el poder al gobierno de los grandes terratenientes, del ejército y los inversionistas extranjeros. Nadie –ni porfiristas ni pueblo- tenía creencias en ellas. Fueron simples requisitos que cumplía Porfirio Díaz para demostrar ante el mundo la solidez de la “democracia electoral mexicana” de entonces. El 95 por ciento de la población vivía en la miseria y el hambre, pero a cualquier protesta o revuelta se aplicaba la orden de “mátalos en caliente”. A esta época se le sigue llamando, y hasta añorando por los viejos ricos, “La bendita paz porfiriana”.

6. La revolución mexicana de 1910, además de responder a las duras condiciones económicas de la población, nació porque la parte activa del pueblo comprendió que todas las elecciones habían sido una burla, que sólo habían servido para legitimar a los gobernantes y que si no se levantaba en armas podrían pasar otros 35 años o más sin que las cosas cambiaran. Procesos electorales nacionales y locales iban y venían y todo seguía igual, a pesar que los grandes ricos se construían sus enormes haciendas, casas de campo, palacetes en la ciudad y cárceles, eso sí grandes cárceles, para encerrar a los indios y rebeldes que no alcanzaban asesinar. En todas las dictaduras burguesas se realizan formalmente elecciones en las que el pueblo no tuvo control de nada; sólo legitimó.

7. Al concluir la revolución burguesa mexicana en 1917, después de proclamar su Constitución Política, se establecieron nuevamente las elecciones para que “el pueblo se expresara pacíficamente, entregara sus armas y se institucionalizara el poder”. Siempre lo mismo, como en todos lados porque “la revolución no puede ser permanente, se debe frenar la revolución para que venga la construcción de la paz y de las instituciones”. Por eso para ellos, “los termidorianos”, lo primero fue lo primero: eliminar a los revolucionarios radicalizados (en Francia, Rusia, México, etcétera) para dar paso a la consolidación de una fuerte burocracia política que –eso sí, en nombre de la revolución- ordenara lo que debe hacerse. Lograr desmoronar el poder de los vencidos, imponer el retroceso, la decepción, la rutina, el fin de la energía revolucionaria.

8. Nuevamente se instalaron las elecciones a partir de 1917. De Carranza a Calderón se han registrado por lo menos 17 elecciones presidenciales y otras tantas intermedias que han sido más de lo mismo: 15 comicios para elegir presidentes pertenecientes al PRI y dos para el PAN. De 1917 a 2009 -92 años- con la misma Constitución, la misma política, el mismo modelo económico, el mismo presidencialismo, el mismo corporativismo, la misma dependencia, las mismas elecciones, los mismos fraudes, promesas y engaños. A partir de 1977, con la llamada “reforma política” la izquierda amaestrada fue integrada totalmente al carro del poder y los cambios de fachada se intensificaron para recuperar a los electores y para frenar las transformaciones reales.

9. Las elecciones jamás han despertado – sólo para los incautos- esperanza alguna de cambios importantes. En 1988 no hubo esperanzas, aunque después del posible fraude hubo un despertar. En 2000, en vez de esperanzas -porque el PRI después de 71 años perdió la Presidencia- surgió un profundo desaliento porque la derecha empresarial asumía el gobierno. En 2006 surgieron algunas esperanzas por las posibilidades que la centro izquierda asumiera la Presidencia y se abrieran espacios para profundizar las luchas de los trabajadores hacia una sociedad igualitaria. Fue un fracaso casi total.

Hoy el rechazo electoral es grande y no podemos prever lo que pasará. Espero que no sea más de lo mismo porque entonces tendremos que esperar muchos años más con el dominio de la derecha.

Cananea

El Despertar

Cananea

José Agustín Ortiz Pinchetti

En Cananea está abierta una herida por la que puede verse la decadencia de nuestra República. La población en la extremadura sonorense está rodeada de desiertos. Algún día próspera, agoniza hoy después de 21 meses de huelga. Las autoridades federales por instrucciones de Calderón intentan vencer por hambre la resistencia de los trabajadores.
Asombra la insensibilidad de la derecha frente a los símbolos. La huelga de 1906 en este mismo sitio fue reprimida con salvajismo por el régimen de Porfirio Díaz con intervención del ejército estadunidense. Este hecho se convirtió en antecedente de la revolución mexicana e impulsó la reforma que dio origen al artículo 123 de la Constitución, pero el espíritu antiobrero ha renacido con extremo vigor a 100 años de distancia. La oligarquía mexicana y el gobierno que le sirve mantienen la misma mentalidad reaccionaria. “No han olvidado nada ni han aprendido nada”.
Inclinarse de forma abusiva en favor de la empresa no es un caso aislado, es una política de Estado y no es nueva. Opera desde hace 25 años. Los obreros no tienen una verdadera representación sindical, la mayoría de sus derechos son letra muerta. Existe un proyecto para ampliar los privilegios en favor del sindicalismo oficial y de los patrones.
En la huelga de Cananea se ha llegado a la aberración de decretar la extinción del contrato colectivo invocando como causa “una fuerza mayor”, que no ha sido probada y tampoco, de acuerdo con la ley, es motivo para terminar el contrato y la huelga. Los tribunales federales han nulificado las decisiones del gobierno, pero éste insiste para ganar tiempo y debilitar a los trabajadores.
México tiene ante sí un panorama muy difícil. La economía declina y un déficit explosivo se hace inevitable por la caída del precio del petróleo. Agredir a la clase trabajadora es apresurar un conflicto social y político. Pero a Calderón no le queda más remedio. La familia Larrea, dueña de Minera Cananea, pertenece al grupo de los que aportaron 180 millones para imponerlo en la Presidencia. Él no tiene ninguna capacidad para enfrentar a los sindicatos corruptos, ni para eliminar los privilegios de los grandes grupos, ni para hacer una verdadera reforma fiscal, ni para proteger a los trabajadores. Optará por utilizar los recortes presupuestales y, muy probablemente, acelere el final del régimen.
jaorpin@yahoo.com.mx

Cananea

Arnaldo Córdova

Las instituciones del derecho del trabajo que se expandieron por el mundo en el siglo XX, que la Revolución Mexicana adoptó, adaptó y consagró en su Constitución y que luego florecieron en el derecho internacional, pasando a formar parte esencial del conjunto de los derechos humanos, a decir verdad, nunca han funcionado plenamente en nuestro país, ni con la eficacia que era deseable. Derechos como el de la libre contratación, el de huelga, el de asociación libre y voluntaria, el del salario remunerador y suficiente, el tiempo máximo de trabajo al día, una seguridad social que proporcione oportunamente servicios de salud, educación y vivienda digna, así como un sistema de justicia imparcial y equitativo, amén de muchos otros, la mayoría de las veces han sido una entelequia.
En los tiempos que corren hay, además, signos ominosos que nos muestran que esas instituciones que hicieron entrar a México en el mundo moderno andan moribundas o son ya cadáveres insepultos. Los gobiernos priístas y sus antecesores revolucionarios, con la luminosa excepción del de Cárdenas, jamás se distinguieron por proteger las relaciones del trabajo, y en ello ni los empresarios, especialmente los pequeños y medianos, se escaparon. Los gobernantes panistas, por su modo de actuar, si no es que incluso por sus palabras, nos vienen demostrando que, para ellos, el mejor derecho del trabajo es el que no existe. Los hechos de Cananea en los dos años recientes lo muestran sin ningún género de duda.
El 30 de julio de 2007 los mineros declararon la huelga por violaciones graves al contrato colectivo de trabajo. La empresa de Germán Larrea, Grupo México, obtuvo sin problemas y en cuatro ocasiones laudos consecutivos de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declarando inexistente la huelga y en otras tantas la justicia federal amparó a los trabajadores. El 5 de marzo de este año la empresa obtuvo de la Secretaría de Economía una inspección amañada para verificar las condiciones de las instalaciones de la mina. Se hizo en un lugar donde sólo había maquinaria de desecho y basura industrial y los alcahuetes de Economía certificaron que la mina no estaba en condiciones de seguir operando.
En un solo día, el 20 de marzo, la Secretaría de Economía produjo una resolución asentando el resultado de la inspección, notificó a la empresa de la misma y ésta presentó una demanda ante la Junta que fue admitida y, a la vez, se fijó audiencia para el 14 de abril. Pasada la medianoche de este día, la Junta declaró la terminación de la relación laboral. Pocos días después, al interponer una demanda de amparo, el sindicato minero obtuvo la suspensión del acto reclamado y la huelga sigue su curso. Al mismo tiempo, los mineros dieron demostraciones a la prensa que quiso asistir de que la maquinaria y las instalaciones de la mina estaban en perfectas condiciones de funcionamiento y que la “inspección” era una farsa.
Lo que deberá tenerse siempre en cuenta es que la continua agresión a los mineros de Cananea implica, abiertamente, la conculcación en los hechos de las instituciones del derecho del trabajo. La “causal” que la Junta admitió sobre la base de la inspección de Economía no entra, como lo ha hecho ver Néstor de Buen, en los supuestos que se establecen en el artículo 469 de la Ley Federal del Trabajo para levantar una huelga: acuerdo entre las partes; aceptación del patrón a lo que se le demanda; laudo de árbitro que ambas partes decidan o laudo de la Junta si los huelguistas someten el conflicto a su consideración. Tampoco está entre las causales de inexistencia de la huelga y, ante todo, la resolución de la Junta es violatoria de los derechos que produce el contrato de trabajo y los términos de la ley, aparte de que es un golpe brutal al derecho de huelga.
La terminación de la relación o contrato de trabajo es un concepto jurídico que no ofrece ningún problema: quiere decir simplemente que ya no existe. Los hechos, sin embargo, son necesarios para decidirlo y la ley los fija. Aquí el problema es que la huelga, derecho establecido por la ley (y la Constitución) y reivindicado y aceptado en el contrato de trabajo, forma parte de la relación y es una necedad afirmar que es algo independiente de ésta. Sí hay huelga y, además, ha sido amparada cuatro veces por el Poder Judicial federal la relación existe. El abogado de la empresa, Salvador Rocha Díaz, debería dedicarse a chicanear en otra parte y no decir idioteces como aquella de que “no habiendo contrato colectivo, entonces no hay huelga”.
Si la huelga y las condiciones en que se podía realizar se preveían como condiciones para el cumplimiento del contrato, es lógico que mientras haya huelga la relación subsiste y la ley lo impone. Las instalaciones de la empresa quedan a cargo de los huelguistas y su deterioro, por lo demás, fue meramente inventado por la empresa y la Secretaría de Economía. Mientras haya huelga subsisten también las condiciones para negociar; si se recurre mañosamente a otro expediente, no se está negociando y, ya desde aquí, se está violando el derecho de huelga y el mismo contrato de trabajo.
No es posible saber cómo es que a Don Roque se le pudo venir a la cabeza que “todo lo que hace la STPS en cuanto al conflicto minero es para resolverlo y no para agravarlo”; según él, la resolución de la Junta ahora permitirá “restablecer la normalidad en un sector clave de nuestra economía, aumentar la productividad, la generación de riqueza, el ingreso de los trabajadores, establecer la normalidad de las relaciones laborales, la paz laboral”. Pues sí: destruyendo el contrato colectivo de trabajo, declarado por sus gatos “inexistente”; echando a mil 200 trabajadores con una miserable liquidación y, si se resisten, desalojarlos con 400 policías que al mismo tiempo se instalaron en las inmediaciones. Es la solución panista a los conflictos de trabajo.
¿A quién defiende el gobierno panista? Pues a Germán Larrea, dueño, junto con algunos socios menores, de Grupo México. Larrea defraudó a la Asarco (antigua propietaria de la mina de Cananea en tiempos del porfirismo) por miles de millones de dólares y en Estados Unidos se sospecha que el narcotráfico utiliza Ferromex, también de su propiedad, junto con la Union Pacific, su socia; pero es uno de los hombres más acaudalados de México, de esos a los que el gobierno panista cuida y protege para permitirles enriquecerse sin medida. De ello depende que el país produzca más para que unos cuantos dueños de la riqueza se embolsen todo lo que queda.