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sábado, octubre 30, 2010

San Lázaro, la desvergüenza política

Una de las muchas sesiones en San Lázaro

Jesusa Cervantes

MÉXICO, DF, 29 de octubre (apro).- Cada vez que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, comparece ante los legisladores federales, más de uno lo acusa de “cínico”, pero lo ocurrido la noche del jueves pasado en la Cámara de Diputados no puede ser más que un gran monumento a la desfachatez, en donde los diputados, quienes hacen las leyes del país, recurrieron a una “chicanada” jurídica para violar la ley.

Tan cínicos han sido varios de lo secretarios de Estado del actual gobierno panista cuando comparecen ante senadores y diputados, como los propios legisladores que ayer, al no llegar a un acuerdo para “agandallarse” espacios en el Instituto Federal Electoral (IFE), como ha ocurrido desde 2003, decidieron no respetar la ley.

De los doce meses del año, la Cámara de Diputados sesiona solamente seis, tiempo más que suficiente para buscar consensos entre los diferentes grupos parlamentarios. Sin embargo, ante la falta de conciencia política de muchos de los legisladores, su desinterés por lo que el país requiere y el centrarse en sus propios beneficios o los de su partido durante los procesos electorales, todo lo dejan para el último momento.

Esto ocurrió, como en dos ocasiones anteriores (2003 y 2007), sólo que ahora con otros agregados: cinismo, irresponsabilidad y desvergüenza política.

De acuerdo con la ley, tres de los nueve consejeros del IFE deben dejar el cargo a la medianoche del 30 de octubre, por lo tanto, y es de lógica elemental, quienes los han de sustituir deben ser designados cuando menos un minuto antes.

Pero como la ley no lo dice expresamente, los diputados federales decidieron recurrir a una “chicanada leguleya” y considerar que lo que no está prohibido esté permitido. Es decir, si no está prohibido rebasar el día 30 de octubre para nombrar a los tres nuevos consejeros, pues está permitido elegirlos cualquier día del año, cuando a los diputados se les antoje, cuando “lleguen a un acuerdo”, a “un consenso”.

Incluso, justifican su actuación invocando “la responsabilidad” para “el diálogo” y la “construcción de acuerdos”.

Nada más grotesco que argumentar que como la ley sólo dice que el 30 de octubre deben dejar el cargo los consejeros a relevar, los diputados no están obligados a elegir a quienes habrán de sustituirlos. Lo absurdo proviene de que, en derecho, ante este tipo de circunstancias que el legislador no previó cuando realizó los cambios a la ley, debe hacerse una interpretación a contrario censu, es decir, al dejar el cargo --por ley-- un integrante de un órgano colegiado, se debe prever el nombramiento de quien lo habrá de sustituir por lo menos unos minutos antes.

El Poder Legislativo está obligado a mantener la conformación de un órgano colegiado con todos sus integrantes, no sólo con dos terceras partes.

Uno de los legisladores, el vicecoordinador panista Carlos Pérez Cuevas, dijo que no había problema en que el IFE se quedara con seis y no los nueve consejeros que lo integran, primero “porque son días de asueto, no trabajará el instituto”; y no sólo eso, justificó el actuar de los diputados que aprobaron la suspensión de la elección de los funcionarios electorales al exponer que si hubiera necesidad de reunirse, el IFE cuenta en este momento con seis integrantes, suficientes para hacer quórum.

No se trata de tomar decisiones de última hora ni de establecer que se está de vacaciones, que el IFE no va a trabajar, o decir, “qué importa, si hay quórum”. Lo destacable aquí es la falta de cumplimiento del marco legal de quienes hacen las leyes en el país, las salidas fáciles, la distribución de cuotas, la utilización del IFE como si fuera propiedad de los partidos políticos y no de una institución que tuvo como preámbulo marchas, muertes, abusos y robos de elecciones. Es, en síntesis, una bofetada a uno de los órganos clave para avanzar hacia una democracia efectiva, no sólo formal.

El cinismo con que actuaron los diputados no es menor que el que exhibieron los secretarios de Estado en sus comparecencias ante los legisladores. En suma, cayeron en lo mismo que tanto le han criticado al gobierno en turno.

Esa falta de respeto a sí mismo aumenta más cuando los partidos políticos dicen ante la ciudadanía que ya no quieren caer en los mismos errores de las dos últimas elecciones, el reparto de cuotas, y que ha dado como consecuencia la falta de credibilidad del IFE, e incluso su burla.

En esto momento, según encuestas diversas que se han publicado, la percepción de la gente es que el IFE dejó de ser “autónomo”. La actuación de los diputados del pasado jueves lleva a suponer que esto continuará.

Así, los diputados no sólo violentaron sus propias leyes, sino que además evidenciaron las luchas internas que tienen en sus partidos; por ejemplo, el PRI que pretendió nombrar a dos de los tres consejeros, uno de ellos respondería a los deseos del gobernador mexiquense Enrique Peña Nieto y el otro a los del senador sonorense Manlio Fabio Beltrones, ambos posibles aspirantes a la candidatura priista a la Presidencia.

Pero al interior del PRI surgió un tercer bloque, el que dijo no a ese reparto sin que se les incluya a ellos. Se trata de quienes tienen simpatías con el gobernador de Veracruz, Fidel Herrera. Esos diputados de Veracruz, Oaxaca y Puebla también actuaron por intereses partidarios y no por un afán de “democratizar” al IFE. Incluso amenazaron con votar en contra si se les dejaba fuera.

Por esto también es que se suspendió la elección: por desacuerdos al interior del PRI, por desacuerdos entre uno y otro partido.

Meses tuvieron los diputados para ir preparando la elección, meses para hacer un proceso limpio que no creará suspicacias entre la población o, ya de perdida, entre la clase política, pero las prioridades electorales hicieron de los legisladores actuar sin ética, hicieron que mostraran su incapacidad política.

Bien pudieran decir que convocarían a sesión extraordinaria para tratar de llegar a un acuerdo, lograr consensos al interior de sus partidos y luego hacia fuera, y consumarla elección el 30 de octubre. Pero en lugar de eso prefirieron, además de todo, irse de “puente” y elegirlos cuatro días después. La falta de tacto político, de todos por aceptar este retraso, lo único que logró fue minar aún más la credibilidad el IFE.

Y el tema no es si los 17 que acordó la Comisión de Gobernación son buenos o malos para ocupar este cargo, no, el asunto es la evidencia con que actuaron quienes elegirán a los próximos tres nuevos consejeros que saldrán de esa lista. Bastante trabajo tendrán a quienes elijan para remontar el estigma con el que llegarán a un ya de por sí desvencijado instituto. Y en esto, todos los partidos que votaron a favor y los que se abstuvieron tienen ya responsabilidad.

Comentarios: mjcervantes@proceso.com.mx

viernes, febrero 27, 2009

Corrupción y delincuencia


El señalamiento formulado ayer por el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Arturo González de Aragón, en el sentido de que el gobierno realiza una contabilidad mañosa” para usar y abusar con discrecionalidad –y muchas veces en forma inescrupulosa– de los recursos públicos puestos a su disposición, es, más que una revelación, confirmación documentada de hechos que se conocen de antiguo. En efecto, desde los tiempos de las presidencias priístas eran prácticas comunes manipular el presupuesto, desviar partidas a usos distintos para los que habían sido destinadas y cubrir los huecos resultantes con otros recursos públicos, desviados, a su vez, de otros programas, o justificarlos con erogaciones inventadas. Esta suerte de alquimia contable se ha servido desde hace décadas de fideicomisos opacos, subejercicios furtivos y, para emplear la expresión del auditor federal, otros recursos mañosos.
Sería improcedente, pues, atribuir toda la responsabilidad del desaseo administrativo imperante al gobierno calderonista; es preciso señalar, sin embargo, que este desaseo se ha venido incrementando sexenio tras sexenio, independientemente del relevo de siglas y colores que tuvo lugar en el Ejecutivo federal en 2000, y que al fin de cada administración la sociedad ha podido descubrir, exasperada e impotente, indicios de una corrupción monumental e inocultable; por norma, tales hallazgos van seguidos de la ubicación, por parte del gobierno siguiente, de algunos chivos expiatorios que son procesados penalmente en el contexto de una política de control de daños y por la exoneración de la mayor parte de las corruptelas e irregularidades.
La actual administración federal es ejemplo claro de este comportamiento: desde mediados del sexenio foxista surgieron pistas que hacían presumir una vasta suciedad administrativa en el entorno presidencial, que hacía imperativa una investigación a fondo; sin embargo, el calderonismo optó por hacerse de la vista gorda ante las masivas sospechas y por abstenerse de cumplir con su obligación de emprender una pesquisa de oficio; con ello, quedó inexorablemente vinculado a su antecesor y amplios sectores de la opinión pública piensan que entre el guanajuatense y el michoacano se estableció un intercambio ilegítimo de favores: la indebida injerencia presidencial en el proceso electoral para favorecer al candidato oficial y perjudicar a su competidor principal, a cambio de que el sucesor se abstuviera, una vez asumido el cargo, de hurgar en las irregularidades del foxismo.
Los señalamientos expresados ayer por González de Aragón indican claramente que nada ha cambiado en materia de corrupción oficial en lo que va del presente régimen. El auditor dispone de la información requerida para fundamentar una apreciación compartida por muchos, dentro y fuera del país, y coincide con lo asentado en el reciente informe sobre derechos humanos del gobierno estadunidense, en el sentido de que existe una corrupción generalizada en todos los niveles de la administración pública de nuestro país.
El desaseo administrativo, expresado en la privatización ilegal de bienes públicos, es una de las principales rémoras nacionales, una inaceptable manifestación de atraso cívico y político, una carga exasperante para la economía y un motivo justificadísimo de descontento social y de ingobernabilidad potencial. Combatir este flagelo tendría que ser, por ello, una de las prioridades centrales de cualquier gobernante dispuesto a ejercer el poder en beneficio de la nación y no de su grupo faccioso.
Pero, en las circunstancias actuales, la persistencia de la corrupción en las oficinas públicas es un problema particularmente grave por dos razones: la primera es que el país enfrenta una gravísima crisis económica en la que los recursos escasean y su desvío, dilapidación o robo, resulta particularmente lacerante para una población a la que los gobiernos neoliberales han sumido, por décadas, en una aguda estrechez material, si no es que en franca miseria; la otra, igualmente grave, es que cualquier propósito oficial de combatir a la delincuencia y restablecer el estado de derecho se vuelve insostenible e inverosímil en la medida en que son los mismos equipos de gobierno los que dan ejemplo de conductas ilícitas o simplemente inmorales. Por lo demás, es claro que la criminalidad organizada que degrada la seguridad pública y la confianza de los ciudadanos en las instituciones, no puede subsistir y desenvolverse sin un entorno gubernamental descompuesto y minado por la corrupción.

martes, diciembre 23, 2008

SE VISTE DIPUTADO DE SANTA............QUE POCA MAUSER MAS DE 10.000 PESOS CADA ARCONCITO

Los arcones tienen un valor estimado en 10 mil 555 pesos.

Entre las botellas del arcón legislativo destacan Cognac Hennessy X.O, cuyo precio comercial asciende es de 2 mil 440 pesos

Enrique I. Gómez

Toluca, Estado de México (23 diciembre 2008).- El espíritu navideño puso generoso al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso mexiquense, el panista Juan Carlos Núñez, quien decidió enviar 40 arcones navideños a igual número de legisladores con una selección de vinos cuyo valor comercial supera los 10 mil pesos.Entre las botellas del arcón legislativo destacan Cognac Hennessy X.O, cuyo precio comercial asciende a 2 mil 440 pesos; Champagne Dom Pérignon, de 2 mil 170 pesos, Tequila Herradura Selección Suprema de mil 890 pesos, y whisky Johnnie Walker Blue Label cotizado en 2 mil 363 pesos.El obsequio fue entregado con discreción desde la semana anterior, y en algunos casos se pidió a los legisladores recogerlo en el estacionamiento subterráneo del Ayuntamiento de Toluca, ubicado junto al Congreso.El arcón contenía además un portarretratos y estaba acompañado por una tarjeta de Núñez, quien en entrevista aclaró que fueron enviados a 40 de los 75 diputados mexiquenses."No hay criterio de selección, sólo fue a los presidentes de comisiones. Los compañeros (de la bancada panista) observaron a quiénes se les podría hacer el obsequio. Fue un acuerdo del grupo parlamentario", explicó Núñez.El diputado detalló que tenían un presupuesto de 100 mil pesos para los obsequios navideños, que fueron pagados con recursos de su grupo parlamentario, y aseveró que en anteriores gestiones se han hecho este tipo de regalos.Los legisladores del PRI, Cruz Juvenal Roa, y del PAN, Selma Montenegro, confirmaron que les llegaron los arcones pero dijeron desconocer el costo.

APAGA LA TELEVISION, NO PERMITAS QUE ASESINEN TU MENTE, MEJOR LEE UN LIBRO E INFORMATE EN LOS MEDIOS ALTERNATIVOS.

YUNQUELAND ROMPIENDO EL CERCO INFORMATIVO.

http://www.yunqueland.com/

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