Careo entre policías y testigos de la represión en Atenco
El gobierno mexiquense alarga el proceso, acusa abogado
Javier Salinas Cesáreo (Corresponsal)
Texcoco, Mex., 5 de noviembre. Con un fuerte dispositivo de seguridad en las inmediaciones del penal de Molino de Flores, en Texcoco, este lunes tuvo lugar otra audiencia en el caso de los presos y procesados tras la represión policiaca ocurrida en San Salvador Atenco, estado de México, en mayo de 2006.
En esta prisión se efectuó el careo de policías de la Agencia de Seguridad Estatal (ASE), algunos de ellos, mandos medios que participaron en dicha incursión policiaca, y testigos de los procesados.
El abogado Juan de Dios Hernández Monge denunció que a lo largo de 18 meses el gobierno del estado de México ha hecho una “administración” del conflicto para alargar más aún el proceso judicial.
Durante la audiencia se presentaron algunos de los policías participantes en la represión del 3 y 4 de mayo de 2006, quienes detuvieron a activistas y simpatizantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT).
Una frase se repitió una y otra vez en el juzgado primero de lo penal: “Yo lo detuve porque participó en los bloqueos” y “jamás lo saqué de su domicilio”, expresaban los uniformados para inculpar a los activistas procesados.
Hernández señaló que la falsedad de las acusaciones de los policías quedó demostrada hoy, cuando “cada uno (de los efectivos) repitió la misma frase hasta el cansancio” y se presentaron aleccionados. “Parecían pericos repitiendo exactamente lo mismo; eso demostró su falsedad”, acusó.
Los agentes declararon que jamás sacaron de sus viviendas a los activistas para detenerlos; sin embargo, la mañana del 4 de mayo del 2006 –durante la toma de Atenco– ocurrió todo lo contrario, los policías irrumpieron y catearon domicilios para aprehender a los residentes.
Desde temprana hora de este lunes, un dispositivo de seguridad formado por unos 200 elementos antimotines de la ASE se desplegaron en las inmediaciones del penal, ante la realización de la audiencia. Miembros del FPDT y varios de los procesados (junto con sus testigos) estuvieron presentes en el juzgado.
martes, noviembre 06, 2007
Calderón gastó en 10 meses más de $2 mil 650 millones para promover su imagen
Es decir, su imagen personal es diez veces más importante para él que un millón de damnificados en Tabasco. Para Tabasco ofrece 200 millones y los 2,650 millones fueron tirados a la basura porque su nefasta imagen va todavía más a la baja.
Diputados perredistas afirman que incurrió en el delito de peculado; presentan querella
Alfredo Méndez
En los primeros 10 meses del actual gobierno federal, el presidente Felipe Calderón erogó más de 2 mil 650 millones de pesos para promover su imagen personal, por lo que, desde la perspectiva de un grupo de diputados del PRD, el titular del Ejecutivo incurrió en una violación al artículo 223 del Código Penal Federal (CPF), que tipifica el delito de peculado.
Por esta razón, los legisladores perredistas presentaron ayer en la Procuraduría General de la República (PGR) una querella en contra de Calderón, debido a que la ley penal “sanciona a aquella persona que, siendo funcionario, utiliza recursos públicos para hacer promoción de su imagen personal”, indicó el diputado Andrés Lozano.
Entrevistado en las instalaciones de la dependencia, adonde acudió para entregar la denuncia en compañía de los diputados Raúl Jiménez y Valentina Batres, Lozano refirió que el gasto realizado por Calderón en espots “equivaldría a la cantidad que podría destinarse para la compra de 7 mil computadoras para cada uno de los estados, es decir, más de 220 mil computadoras en todo el país.
“Esta cantidad es superior a la que se destina en más de 28 estados de la República para los rubros de vacunas, mastografías, atención de enfermedades y todo lo que se conoce como ramo 33.
“O podría distribuirse la leche Liconsa por más de tres meses de manera gratuita en todo el país; también con esta cantidad podría cubrirse un año completo del programa de vivienda del Distrito Federal o es más que el presupuesto destinado para la delegación Iztapalapa”, indicó.
Desde la perspectiva del diputado, “existen los elementos jurídicos suficientes para que se investigue en este sentido, pues el CPF dice que el servidor público que utilice indebidamente fondos públicos con el objeto de promover la imagen política de su persona se hará acreedor a la sanción que equivale a entre dos y 14 años de prisión”.
Según Lozano, en los primeros meses de la actual admnistración federal “lleva más de 2 mil 650 millones de pesos gastados en este rubro (imagen pública), la mayoría en televisión abierta, pero también en radio y prensa”.
El legislador del sol azteca recordó que en días pasados se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para indagar el tema del “excesivo gasto” del gobierno de Calderón en materia de propaganda política, el cual fue aprobado por los dos tercios requeridos gracias al voto de los legisladores de PRI, PRD, PT y Convergencia.
Diputados perredistas afirman que incurrió en el delito de peculado; presentan querella
Alfredo Méndez
En los primeros 10 meses del actual gobierno federal, el presidente Felipe Calderón erogó más de 2 mil 650 millones de pesos para promover su imagen personal, por lo que, desde la perspectiva de un grupo de diputados del PRD, el titular del Ejecutivo incurrió en una violación al artículo 223 del Código Penal Federal (CPF), que tipifica el delito de peculado.
Por esta razón, los legisladores perredistas presentaron ayer en la Procuraduría General de la República (PGR) una querella en contra de Calderón, debido a que la ley penal “sanciona a aquella persona que, siendo funcionario, utiliza recursos públicos para hacer promoción de su imagen personal”, indicó el diputado Andrés Lozano.
Entrevistado en las instalaciones de la dependencia, adonde acudió para entregar la denuncia en compañía de los diputados Raúl Jiménez y Valentina Batres, Lozano refirió que el gasto realizado por Calderón en espots “equivaldría a la cantidad que podría destinarse para la compra de 7 mil computadoras para cada uno de los estados, es decir, más de 220 mil computadoras en todo el país.
“Esta cantidad es superior a la que se destina en más de 28 estados de la República para los rubros de vacunas, mastografías, atención de enfermedades y todo lo que se conoce como ramo 33.
“O podría distribuirse la leche Liconsa por más de tres meses de manera gratuita en todo el país; también con esta cantidad podría cubrirse un año completo del programa de vivienda del Distrito Federal o es más que el presupuesto destinado para la delegación Iztapalapa”, indicó.
Desde la perspectiva del diputado, “existen los elementos jurídicos suficientes para que se investigue en este sentido, pues el CPF dice que el servidor público que utilice indebidamente fondos públicos con el objeto de promover la imagen política de su persona se hará acreedor a la sanción que equivale a entre dos y 14 años de prisión”.
Según Lozano, en los primeros meses de la actual admnistración federal “lleva más de 2 mil 650 millones de pesos gastados en este rubro (imagen pública), la mayoría en televisión abierta, pero también en radio y prensa”.
El legislador del sol azteca recordó que en días pasados se presentó en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para indagar el tema del “excesivo gasto” del gobierno de Calderón en materia de propaganda política, el cual fue aprobado por los dos tercios requeridos gracias al voto de los legisladores de PRI, PRD, PT y Convergencia.
Círculo cerrado
Pedro Miguel
El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU determinó por unanimidad (Resolución 39) que “en sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini”. No sólo eso: afirmó que “el gobierno fascista de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español con ayuda de las potencias del Eje, y que brindó asistencia material en la guerra a tales potencias, no representa al pueblo español”. Para entonces, el joven Joseph Ratzinger ya había sido liberado por los soldados aliados que lo pillaron en los alrededores de Ulm tratando de sacarse de encima el uniforme nazi, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Libre de sospechas, el seminarista se dedicó a su carrera académica y, posteriormente, a escalar cargos en la burocracia vaticana. Con ese fin se disfrazó temporalmente de teólogo progresista durante el Concilio Vaticano II y luego –fuera máscaras– se rencontró en una intolerancia muy anterior al nazismo: el absolutismo medieval para el que resulta inconcebible la adaptación de la Iglesia a las nueva realidades sociales y la incorporación de los desarrollos del pensamiento humanista; en todo caso, que el mundo se ciña a la ortodoxia de la Iglesia. Con tales actitudes, el reaccionario Juan Pablo II lo designó para que acabara con la teología de la liberación y para que reprimiera el más tímido ensayo de aggiornamiento en las entrañas del Pelícano. En términos ideológicos, Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger eran almas gemelas, y el polaco dejó al alemán muy bien encaminado para sucederlo en el trono de Pedro.
El régimen franquista, por su parte, logró su propia exoneración gracias a los intereses geopolíticos de Estados Unidos durante la guerra fría. Washington jamás abogó por la democratización de España como lo hizo con los países de Europa oriental no porque los primeros estuvieran gobernados por dictaduras menos brutales, sino porque los gobernantes de Madrid acabaron siendo sus aliados. A Dwight Eisenhower se le olvidó que Franco era fascista en cuanto éste aceptó, a cambio de préstamos jugosos, la instalación de bases militares gringas en varios puntos de la piel del toro. A la postre, Franco logró meter en la ONU a sus representantes.
Muchos años después, superado el franquismo y en el esplendor de la España neoborbónica, el papado de Ratzinger beatifica a medio millar de españoles que fueron víctimas de las persecuciones anticlericales desatadas en España durante la II República –sí, claro que las hubo– o bien bajas de guerra del bando franquista. En la magna ceremonia vaticana no hubo una sola palabra de recuerdo para los cientos de miles de asesinados por el levantamiento militar de 1936 –activamente apoyado por la jerarquía eclesiástica local y por el Vaticano–, y por el feroz exterminio de opositores que se instauró tras la caída de la República.
El canciller Ángel Moratinos, muy agradecido, se apersonó en el ritual de beatificación. El gobierno al que pertenece también ha autorizado la permanencia de los símbolos fascistas en los templos católicos de España. Linda manera de impulsar la reconciliación nacional. Por su parte, Ratzinger ha hecho el favor de recordarle al mundo –por si alguien lo había olvidado o no le quedaba claro– en qué bando estuvo y sigue estando. Hace medio siglo la serpiente salió del huevo y hoy se muerde la cola.
El 12 de diciembre de 1946 la Asamblea General de la ONU determinó por unanimidad (Resolución 39) que “en sus orígenes, naturaleza, estructura y conducta general, el régimen de Franco es un régimen fascista modelado sobre, y en gran medida establecido gracias a, la ayuda recibida de la Alemania nazi de Hitler y la Italia fascista de Mussolini”. No sólo eso: afirmó que “el gobierno fascista de Franco en España, impuesto por la fuerza al pueblo español con ayuda de las potencias del Eje, y que brindó asistencia material en la guerra a tales potencias, no representa al pueblo español”. Para entonces, el joven Joseph Ratzinger ya había sido liberado por los soldados aliados que lo pillaron en los alrededores de Ulm tratando de sacarse de encima el uniforme nazi, en los días finales de la Segunda Guerra Mundial. Libre de sospechas, el seminarista se dedicó a su carrera académica y, posteriormente, a escalar cargos en la burocracia vaticana. Con ese fin se disfrazó temporalmente de teólogo progresista durante el Concilio Vaticano II y luego –fuera máscaras– se rencontró en una intolerancia muy anterior al nazismo: el absolutismo medieval para el que resulta inconcebible la adaptación de la Iglesia a las nueva realidades sociales y la incorporación de los desarrollos del pensamiento humanista; en todo caso, que el mundo se ciña a la ortodoxia de la Iglesia. Con tales actitudes, el reaccionario Juan Pablo II lo designó para que acabara con la teología de la liberación y para que reprimiera el más tímido ensayo de aggiornamiento en las entrañas del Pelícano. En términos ideológicos, Karol Wojtyla y Joseph Ratzinger eran almas gemelas, y el polaco dejó al alemán muy bien encaminado para sucederlo en el trono de Pedro.
El régimen franquista, por su parte, logró su propia exoneración gracias a los intereses geopolíticos de Estados Unidos durante la guerra fría. Washington jamás abogó por la democratización de España como lo hizo con los países de Europa oriental no porque los primeros estuvieran gobernados por dictaduras menos brutales, sino porque los gobernantes de Madrid acabaron siendo sus aliados. A Dwight Eisenhower se le olvidó que Franco era fascista en cuanto éste aceptó, a cambio de préstamos jugosos, la instalación de bases militares gringas en varios puntos de la piel del toro. A la postre, Franco logró meter en la ONU a sus representantes.
Muchos años después, superado el franquismo y en el esplendor de la España neoborbónica, el papado de Ratzinger beatifica a medio millar de españoles que fueron víctimas de las persecuciones anticlericales desatadas en España durante la II República –sí, claro que las hubo– o bien bajas de guerra del bando franquista. En la magna ceremonia vaticana no hubo una sola palabra de recuerdo para los cientos de miles de asesinados por el levantamiento militar de 1936 –activamente apoyado por la jerarquía eclesiástica local y por el Vaticano–, y por el feroz exterminio de opositores que se instauró tras la caída de la República.
El canciller Ángel Moratinos, muy agradecido, se apersonó en el ritual de beatificación. El gobierno al que pertenece también ha autorizado la permanencia de los símbolos fascistas en los templos católicos de España. Linda manera de impulsar la reconciliación nacional. Por su parte, Ratzinger ha hecho el favor de recordarle al mundo –por si alguien lo había olvidado o no le quedaba claro– en qué bando estuvo y sigue estando. Hace medio siglo la serpiente salió del huevo y hoy se muerde la cola.
Calderón; “un inmoral gato o gasto desmedido”?!
Diputados del PRD denuncian en la PGR a Calderón por “peculado”
Valentina BatresFoto: benjamín flores
México, D.F., 5 de noviembre (apro).- Diputados perredistas presentaron una denuncia penal por “peculado” contra Felipe Calderón Hinojosa, “quien se hace pasar por presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos”, por la utilización de recursos públicos “en la promoción de su imagen personal”.Los legisladores federales Andrés Lozano, Faustino Soto, Gerardo Villanueva y Valentina Batres, así como el diputado local Ramón Jiménez, presentaron la denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) al considerar como “un gasto desmedido” la utilización de 2 mil 650 millones 384 mil 543 pesos en publicidad.En el documento, los legisladores hacen un desglose de los recursos públicos utilizados en publicidad de enero a octubre de este año, tras advertir que la cifra es mayor que lo erogado por el expresidente Vicente Fox en el mismo periodo de 2006.Además, se especifica que, durante el gobierno de Calderón –al que se le menciona como “personaje” que se “hace pasar” o se “ostenta”como presidente de la República-- se asegura que, para la contratación de publicidad en televisión abierta, utilizó 861 millones 836 mil 009 pesos; en radio, mil 167 millones 466 mil 298 pesos, mientras que a la prensa destinó 10 millones 937 mil 750 millones de pesos.En la denuncia se agregan a las cifras anteriores gastos de las secretarías de Seguridad Pública (SSP), 209 millones 263 mil 163 pesos; Educación Pública (SEP), 124 millones 491 mil 553 pesos; Hacienda y Crédito Público (SHCP), 241 millones 604 mil 927 pesos; Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), 12 millones 062 mil 602 pesos; Comunicaciones y Transportes (SCT) 13 millones 521 mil 846 pesos, y DIF, 8 millones 750 mil 846 pesos.En total, se destaca, los recursos destinados a la publicidad oficial suman más de 2 mil 650 millones 384 mil 543 pesos.Como argumentación jurídica, los legisladores consideran que Calderón violó los artículos 212 y 223, fracción II y último párrafo del Código Penal federal, pero sólo citan el último ordenamiento referente a delito de peculado.El primer artículo mencionado por los perredistas se refiere a los servidores públicos, lo que implicaría el reconocimiento de que Calderón desempeña “un cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal centralizada o en la del Distrito Federal, organismo descentralizados, empresas de participación mayoritaria, organizaciones y sociedades similares a éstas, fideicomisos públicos, en el Congreso de la Unión o en los poderes Judicial federal y Judicial del Distrito Federal”.En la cita del artículo 223 se señala que comete delito de peculado “el servidor público que indebidamente utilice fondos públicos u otorgue alguno de los actos a que se refiere el artículo del uso indebido de atribuciones y facultades, con el objeto de promover la imagen política o social de su persona, la de su superior jerárquico, o a fin de denigrar a cualquier persona” y “cuando el monto de los distraídos o de los fondos utilizados indebidamente exceda de 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito, se impondrá de dos a 14 años de prisión, multa de 300 a 500 veces el salario mínimo diario vigente en el Distrito Federal en el momento de cometerse el delito y destitución e inhabilitación de dos a 14 años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos”.Los diputados piden la comparecencia de Felipe Calderón, así como girar un oficio a la Presidencia de la República para que se informe sobre los “gastos publicitarios ordenados y realizados pro el señor Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, quien se ostenta como presidente de la República”.En conferencia de prensa, los legisladores señalaron que no tienen las facturas sobre las erogaciones. “Hay muchas cosas a la vista. Vamos a abonar con la procuraduría buscando las pruebas: No es fácil conseguir las facturas de cuánto se pagó en los medios y vamos a estar al pendiente buscando este tipo de pruebas”, señaló el diputado Faustino Soto Ramos.Los legisladores señalaron que lo erogado por Calderón en la promoción de su imagen equivale al presupuesto destinado este año a la delegación Iztapalapa; a la adquisición de 220 mil computadoras, y a los recursos públicos destinados a servicios de salud, entre otros gastos.Además, consideraron “inmoral” que, mientras se erogan recursos para la promoción de la imagen de Calderón, no se cuente con fondos suficientes para atender la emergencia en Tabasco, a la que se destinará sólo 2 mil 500 millones de pesos.
Iniciativa Mérida: correr la frontera hacia el sur
Luis Hernández Navarro
Un alto mando del Ejército Mexicano, con larga experiencia en el trato con Washington, resume en tres consejos la relación que las fuerzas armadas deben tener en la cooperación con Estados Unidos: “A los estadunidenses –dice– hay que cumplirles lo que se les ofrece, no ofrecerles lo que no se va a cumplir y no abrirles la puerta para que pasen porque si no, no se les saca nunca…”
La lección tiene como sustrato una amarga y compleja historia de forcejeo silencioso y colaboración de baja intensidad. Una historia marcada por el hecho de que el Ejército Mexicano mantiene una doctrina militar propia, atravesada por el nacionalismo.
Estas advertencias, sin embargo, las pasó por alto el gobierno mexicano en sus negociaciones con la Casa Blanca. Con el beneplácito de Los Pinos, el 22 de octubre de 2007, el presidente George W. Bush dio un paso más en su plan de correr la frontera de su país un poco más hacia el sur. O, si se quiere, avanzó en sus planes de relocalizar sus conflictos en otros territorios. La agenda de la seguridad estadunidense, su doctrina, se han convertido, más de lo que ya eran, en un asunto mexicano.
Ese día, el mandatario estadunidense pidió al Congreso un presupuesto de 550 millones de dólares como “financiamiento de emergencia para otras actividades críticas de seguridad nacional”, entre las que mencionó la “asistencia vital a nuestros socios en México y Centroamérica, quienes están trabajando para vencer a los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y detener el tráfico humano. Todas esas son prioridades urgentes de Estados Unidos, y el Congreso debe financiarlas sin demora”.
La partida se presentó como anexo de una propuesta por 46 mil millones de dólares para sostener las intervenciones militares en Afganistán e Irak. Un acto simbólico. Para Washington, las relaciones con México son una pieza más del rompecabezas bélico global. La guerra sigue siendo el poder constituyente desde el que quiere trazar la nueva geografía planetaria.
En un hecho que anticipa cómo se van a manejar las cosas, el anuncio de la iniciativa fue una medida unilateral, a pesar de ser un programa binacional. Durante días se habló de que los mandatarios de Estados Unidos y México darían a conocer a la opinión pública el proyecto de manera conjunta. No fue así. Finalmente fue George W. Bush quien lo difundió.
El programa de cooperación tiene como telón de fondo la creciente importancia de México como abastecedor de drogas ilícitas a Estados Unidos, el crecimiento de la narcoviolencia y el incremento de la migración indocumentada.
El plan coloca el combate a las drogas, la delincuencia y el terrorismo en territorio mexicano como una de las “necesidades críticas” de la seguridad nacional estadunidense. Al hacerlo, abre las puertas para que actúen impunemente y sin control policías de su vecino del norte.
Simultáneamente, en su frontera sur, el gobierno mexicano hace el trabajo sucio a la administración de Bush. Se ha vuelto su gendarme y se prepara para levantar una valla que frene el paso de indocumentados centroamericanos, ubicada a 3 mil kilómetros de distancia de donde Washington construye un muro para evitar el paso de mexicanos sin papeles.
La Iniciativa forma parte, además, del intento de la Casa Blanca por contener la expansión continental de alternativas al neoliberalismo. Según El País (21/10/07), en una reunión con Diálogo Interamericano, Stephen Jonson, subsecretario del Departamento de Defensa, vinculó en términos estratégicos este acuerdo a la amenaza que Estados Unidos y algunos aliados sienten por el ascenso del presidente venezolano Hugo Chávez y los gobiernos de Ecuador, Bolivia o Nicaragua.
Presentada como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”, la Iniciativa Mérida coloca un nuevo piso en la edificación que sirve de marco a la colaboración en torno a las cuestiones de seguridad establecidos. Un edificio del que forman parte, entre otros, el Plan Antinarcóticos de la Frontera Suroeste, el Comando Norte y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Este nuevo piso implica una participación mucho mayor de Estados Unidos en asuntos de seguridad pública y nacional mexicanos.
En 2002 el Ejército Mexicano sostuvo que no se involucraría en el Comando Norte, proyecto de transformación de las fuerzas armadas continentales impulsado por Estados Unidos en el contexto de su guerra contra el terrorismo. No obstante ello, recibe entrenamiento militar en Fort Bragg y Fort Benning, la Fuerza Aérea ha obtenido tecnología para el desarrollo de una plataforma de vigilancia aérea y la Armada recibe fragatas destructoras. Sin embargo, este nivel de relación es insuficiente en la lógica estadunidense. Como muestra un informe de la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) –La Jornada, 21/9/07–, la prioridad central del Pentágono consiste en la participación del Ejército Mexicano en un esquema de cooperación que pase de la fase actual de entrenamiento y disposición de equipo a la fase de coordinación, que en la doctrina se conoce como interoperabilidad de los cuerpos militares. El Plan México sería uno de los instrumentos para obligar a dar este paso.
La alarma que la Iniciativa Mérida ha provocado en una parte importante de las fuerzas políticas del país no es expresión de un nacionalismo trasnochado. Se trata, por el contrario, de una sana reacción a un peligro real: el que proviene de la pretensión estadunidense de correr sus fronteras hacia el sur, transformar la doctrina militar de nuestro Ejército y convertirnos en maquiladores de su seguridad.
Un alto mando del Ejército Mexicano, con larga experiencia en el trato con Washington, resume en tres consejos la relación que las fuerzas armadas deben tener en la cooperación con Estados Unidos: “A los estadunidenses –dice– hay que cumplirles lo que se les ofrece, no ofrecerles lo que no se va a cumplir y no abrirles la puerta para que pasen porque si no, no se les saca nunca…”
La lección tiene como sustrato una amarga y compleja historia de forcejeo silencioso y colaboración de baja intensidad. Una historia marcada por el hecho de que el Ejército Mexicano mantiene una doctrina militar propia, atravesada por el nacionalismo.
Estas advertencias, sin embargo, las pasó por alto el gobierno mexicano en sus negociaciones con la Casa Blanca. Con el beneplácito de Los Pinos, el 22 de octubre de 2007, el presidente George W. Bush dio un paso más en su plan de correr la frontera de su país un poco más hacia el sur. O, si se quiere, avanzó en sus planes de relocalizar sus conflictos en otros territorios. La agenda de la seguridad estadunidense, su doctrina, se han convertido, más de lo que ya eran, en un asunto mexicano.
Ese día, el mandatario estadunidense pidió al Congreso un presupuesto de 550 millones de dólares como “financiamiento de emergencia para otras actividades críticas de seguridad nacional”, entre las que mencionó la “asistencia vital a nuestros socios en México y Centroamérica, quienes están trabajando para vencer a los cárteles de la droga, combatir el crimen organizado y detener el tráfico humano. Todas esas son prioridades urgentes de Estados Unidos, y el Congreso debe financiarlas sin demora”.
La partida se presentó como anexo de una propuesta por 46 mil millones de dólares para sostener las intervenciones militares en Afganistán e Irak. Un acto simbólico. Para Washington, las relaciones con México son una pieza más del rompecabezas bélico global. La guerra sigue siendo el poder constituyente desde el que quiere trazar la nueva geografía planetaria.
En un hecho que anticipa cómo se van a manejar las cosas, el anuncio de la iniciativa fue una medida unilateral, a pesar de ser un programa binacional. Durante días se habló de que los mandatarios de Estados Unidos y México darían a conocer a la opinión pública el proyecto de manera conjunta. No fue así. Finalmente fue George W. Bush quien lo difundió.
El programa de cooperación tiene como telón de fondo la creciente importancia de México como abastecedor de drogas ilícitas a Estados Unidos, el crecimiento de la narcoviolencia y el incremento de la migración indocumentada.
El plan coloca el combate a las drogas, la delincuencia y el terrorismo en territorio mexicano como una de las “necesidades críticas” de la seguridad nacional estadunidense. Al hacerlo, abre las puertas para que actúen impunemente y sin control policías de su vecino del norte.
Simultáneamente, en su frontera sur, el gobierno mexicano hace el trabajo sucio a la administración de Bush. Se ha vuelto su gendarme y se prepara para levantar una valla que frene el paso de indocumentados centroamericanos, ubicada a 3 mil kilómetros de distancia de donde Washington construye un muro para evitar el paso de mexicanos sin papeles.
La Iniciativa forma parte, además, del intento de la Casa Blanca por contener la expansión continental de alternativas al neoliberalismo. Según El País (21/10/07), en una reunión con Diálogo Interamericano, Stephen Jonson, subsecretario del Departamento de Defensa, vinculó en términos estratégicos este acuerdo a la amenaza que Estados Unidos y algunos aliados sienten por el ascenso del presidente venezolano Hugo Chávez y los gobiernos de Ecuador, Bolivia o Nicaragua.
Presentada como “un nuevo paradigma de cooperación en materia de seguridad”, la Iniciativa Mérida coloca un nuevo piso en la edificación que sirve de marco a la colaboración en torno a las cuestiones de seguridad establecidos. Un edificio del que forman parte, entre otros, el Plan Antinarcóticos de la Frontera Suroeste, el Comando Norte y la Alianza para la Seguridad y la Prosperidad de América del Norte (ASPAN). Este nuevo piso implica una participación mucho mayor de Estados Unidos en asuntos de seguridad pública y nacional mexicanos.
En 2002 el Ejército Mexicano sostuvo que no se involucraría en el Comando Norte, proyecto de transformación de las fuerzas armadas continentales impulsado por Estados Unidos en el contexto de su guerra contra el terrorismo. No obstante ello, recibe entrenamiento militar en Fort Bragg y Fort Benning, la Fuerza Aérea ha obtenido tecnología para el desarrollo de una plataforma de vigilancia aérea y la Armada recibe fragatas destructoras. Sin embargo, este nivel de relación es insuficiente en la lógica estadunidense. Como muestra un informe de la Oficina de Contabilidad Gubernamental (GAO, por sus siglas en inglés) –La Jornada, 21/9/07–, la prioridad central del Pentágono consiste en la participación del Ejército Mexicano en un esquema de cooperación que pase de la fase actual de entrenamiento y disposición de equipo a la fase de coordinación, que en la doctrina se conoce como interoperabilidad de los cuerpos militares. El Plan México sería uno de los instrumentos para obligar a dar este paso.
La alarma que la Iniciativa Mérida ha provocado en una parte importante de las fuerzas políticas del país no es expresión de un nacionalismo trasnochado. Se trata, por el contrario, de una sana reacción a un peligro real: el que proviene de la pretensión estadunidense de correr sus fronteras hacia el sur, transformar la doctrina militar de nuestro Ejército y convertirnos en maquiladores de su seguridad.
Los caminos inciertos del derecho indígena
Magdalena Gómez
La reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas encuentra en México un escenario poco propicio para alcanzar justiciabilidad en el orden interno. Varios factores inciden: en primer lugar, la postura de la clase política que hegemoniza en el Congreso de la Unión: nos referimos a la dupla PRIAN, mientras el PRD no logra remontar de manera unánime el impacto de la postura que asumió su fracción en el Senado en 2001. Por otra parte, las organizaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena tienen fundada desconfianza en la posibilidad de que se modifique la contrarreforma que dio al traste con el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, desvirtuando el contenido de los acuerdos de San Andrés.
En el primer caso, un indicador del escaso o nulo interés en los pueblos indígenas es la agenda de la reforma del Estado, en la que brilla por su ausencia la reflexión y propuesta en esta materia. Sus prioridades son más bien endogámicas y responden a la necesidad de revisar sus reglas de juego sin consideración siquiera a la apertura de espacios de democracia participativa. En el caso de quien ocupa el Ejecutivo no se le ven las mínimas señales de voluntad para asumir en serio la implicación del contenido de la Declaración; basta ver la orientación regresiva de la actual política indigenista.
En correspondencia con esta realidad, en el reciente Encuentro de Pueblos Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, sencillamente no se destacó la demanda por el reconocimiento de derechos y la aplicación de la Declaración de la ONU. El movimiento está en otra dinámica.
Si a ello sumamos que la naturaleza jurídica de la Declaración deja su aplicación a expensas de la voluntad política de los estados, nos encontramos con un panorama frágil, por decir lo menos. Llamó la atención que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el comunicado oficial del pasado 13 de septiembre señaló que, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, supone un instrumento legal internacional que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación, y subrayó: “La declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento”. Hasta hoy el único Estado que ha hecho eco de la recomendación es la República de Bolivia, que ya convirtió en ley la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas.
Pese a la situación descrita, hay inquietud en algunos sectores por conocer cuáles serían los espacios posibles de impacto de la declaración. Por ello es importante que se conozca su contenido, se analice el contraste del mismo frente a lo que hoy establece la Constitución General en nuestro país, en particular que se tome en cuenta que uno de los derechos claves en el documento internacional es el relativo a la libre determinación y a la autonomía para disponer de sus territorios y recursos naturales, señalando que se refiere a los que “tradicionalmente han poseído u ocupado”; también se refiere a la necesidad de contar con el consentimiento libre e informado antes de que el Estado realice algún proyecto, incluye dentro del patrimonio de los pueblos indígenas los recursos genéticos, etcétera. Como vemos, hay un claro antagonismo con la lógica privatizadora dominante.
Por lo demás, de regularse en nuestro país tendría que ser en la Constitución General, ya que la materia es de competencia federal. Este punto es importante porque en algunas entidades se está promoviendo legislación en el contexto de la Declaración de la ONU y habría que estar muy claros de que los márgenes de regulación a ese nivel son muy estrechos.
Por otra parte, habría que considerar el impacto político de sepultar definitivamente la aspiración de que se derogue la contrarreforma indígena de 2001, si se entra al juego de reformitas locales marginales que en última instancia irían en concordancia con el vaciamiento de los acuerdos de San Andrés que se realizó en el texto actual del artículo segundo constitucional. Si bien formalmente la Declaración da respaldo para que se amplíe el marco de derechos a los pueblos indígenas y se vaya más allá incluso de lo pactado entre el EZLN y el gobierno federal en 1996, no podemos engañarnos sobre la fuerza política que se requiere para lograr tal objetivo.
Por ejemplo, hoy se cuenta con el reconocimiento parcial de algunos de los derechos de los pueblos indígenas, pero ni siquiera esos precarios derechos se han cumplido. Es el caso del derecho al traductor e intérprete: en 20 años no se ha logrado concretar un programa nacional de formación y profesionalización de traductores en lenguas indígenas. De estas realidades lamentables hablamos, más allá del voluntarismo discursivo y formalista.
La reciente aprobación de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas encuentra en México un escenario poco propicio para alcanzar justiciabilidad en el orden interno. Varios factores inciden: en primer lugar, la postura de la clase política que hegemoniza en el Congreso de la Unión: nos referimos a la dupla PRIAN, mientras el PRD no logra remontar de manera unánime el impacto de la postura que asumió su fracción en el Senado en 2001. Por otra parte, las organizaciones vinculadas al Congreso Nacional Indígena tienen fundada desconfianza en la posibilidad de que se modifique la contrarreforma que dio al traste con el proceso de diálogo entre el EZLN y el gobierno federal, desvirtuando el contenido de los acuerdos de San Andrés.
En el primer caso, un indicador del escaso o nulo interés en los pueblos indígenas es la agenda de la reforma del Estado, en la que brilla por su ausencia la reflexión y propuesta en esta materia. Sus prioridades son más bien endogámicas y responden a la necesidad de revisar sus reglas de juego sin consideración siquiera a la apertura de espacios de democracia participativa. En el caso de quien ocupa el Ejecutivo no se le ven las mínimas señales de voluntad para asumir en serio la implicación del contenido de la Declaración; basta ver la orientación regresiva de la actual política indigenista.
En correspondencia con esta realidad, en el reciente Encuentro de Pueblos Indígenas de América, realizado en Vícam, Sonora, sencillamente no se destacó la demanda por el reconocimiento de derechos y la aplicación de la Declaración de la ONU. El movimiento está en otra dinámica.
Si a ello sumamos que la naturaleza jurídica de la Declaración deja su aplicación a expensas de la voluntad política de los estados, nos encontramos con un panorama frágil, por decir lo menos. Llamó la atención que el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, en el comunicado oficial del pasado 13 de septiembre señaló que, aunque la declaración no es jurídicamente vinculante, supone un instrumento legal internacional que ayudará a proteger a los indígenas contra la discriminación y marginación, y subrayó: “La declaración será vinculante para los gobiernos si promulgan leyes nacionales para reconocer el documento”. Hasta hoy el único Estado que ha hecho eco de la recomendación es la República de Bolivia, que ya convirtió en ley la Declaración universal de derechos de los pueblos indígenas.
Pese a la situación descrita, hay inquietud en algunos sectores por conocer cuáles serían los espacios posibles de impacto de la declaración. Por ello es importante que se conozca su contenido, se analice el contraste del mismo frente a lo que hoy establece la Constitución General en nuestro país, en particular que se tome en cuenta que uno de los derechos claves en el documento internacional es el relativo a la libre determinación y a la autonomía para disponer de sus territorios y recursos naturales, señalando que se refiere a los que “tradicionalmente han poseído u ocupado”; también se refiere a la necesidad de contar con el consentimiento libre e informado antes de que el Estado realice algún proyecto, incluye dentro del patrimonio de los pueblos indígenas los recursos genéticos, etcétera. Como vemos, hay un claro antagonismo con la lógica privatizadora dominante.
Por lo demás, de regularse en nuestro país tendría que ser en la Constitución General, ya que la materia es de competencia federal. Este punto es importante porque en algunas entidades se está promoviendo legislación en el contexto de la Declaración de la ONU y habría que estar muy claros de que los márgenes de regulación a ese nivel son muy estrechos.
Por otra parte, habría que considerar el impacto político de sepultar definitivamente la aspiración de que se derogue la contrarreforma indígena de 2001, si se entra al juego de reformitas locales marginales que en última instancia irían en concordancia con el vaciamiento de los acuerdos de San Andrés que se realizó en el texto actual del artículo segundo constitucional. Si bien formalmente la Declaración da respaldo para que se amplíe el marco de derechos a los pueblos indígenas y se vaya más allá incluso de lo pactado entre el EZLN y el gobierno federal en 1996, no podemos engañarnos sobre la fuerza política que se requiere para lograr tal objetivo.
Por ejemplo, hoy se cuenta con el reconocimiento parcial de algunos de los derechos de los pueblos indígenas, pero ni siquiera esos precarios derechos se han cumplido. Es el caso del derecho al traductor e intérprete: en 20 años no se ha logrado concretar un programa nacional de formación y profesionalización de traductores en lenguas indígenas. De estas realidades lamentables hablamos, más allá del voluntarismo discursivo y formalista.
Rechaza Oceanografía tener vínculos con los Bribiesca Sahagún
Privilegiada por Petróleos Mexicanos con contratos multimillonarios
Foto: rosa santana sánchez
Ciudad del Carmen, Camp., 5 de noviembre (apro).- Privilegiada por Petróleos Mexicanos con contratos multimillonarios, la empresa Oceanografía rechazó tener vínculos con personajes de la política, y sostuvo que las acusaciones en su contra son “infundadas”. En nombre del Consejo Directivo que preside Amado Yáñez Osuna, el director comercial de la empresa, presuntamente ligada a los hijos de Marta Sahagún, Hermilo Escobedo Obrador, sostuvo que Oceanografía “es una empresa con un número importante de contratos con Petróleos Mexicanos que van en relación directa con el tamaño” de su flota, por lo que “una vez más niega de manera categórica cualquier relación con actores políticos con quienes se nos ha tratado de involucrar”.Afirmó que “nunca hemos sido beneficiados de manera irregular con la asignación de contratos de ningún tipo por parte de Petróleos Mexicanos y nadie ha intervenido para intentar que así sea”. Además, aclaró que “Oceanografía gana los contratos porque posee la flota más grande, porque las embarcaciones que ofrecemos en arrendamiento o con las que proporcionamos los servicios son de su propiedad y no las tenemos que subarrendar a terceros”.Añadió: “En los últimos 12 años la empresa ha sido más dinámica porque incursionó en otras líneas de negocio para lo que creó varias divisiones que se encargan de brindar servicios de calidad para satisfacer las exigencias de nuestros clientes”.En conferencia de prensa, en la que no aceptó cuestionamientos de los reporteros, Escobedo Obrador aseguró que “los únicos socios que la empresa reconoce son los accionistas y empresas en México y en el extranjero, con las que hemos concretado alianzas plenamente transparentes, para estar en condiciones de competir en la búsqueda de trabajo para la compañía”, aunque evitó identificarlas. Respecto de “las acusaciones infundadas” de las que, dijo, ha sido objeto “por parte de ciertos actores políticos y que han sido reproducidas en algunos medios de comunicación”, Escobedo insistió que Oceanografía “es una empresa consolidada que está próxima a cumplir 40 años de haber sido fundada por hombres visionarios que creen en México, y muestra de ello es que nuestra flota ondea la bandera mexicana”.Involucrada por el coordinador de los senadores del PRI, Manlio Fabio Beltrones, en el accidente ocurrido en la Sonda de Campeche el pasado 22 de octubre, en el que murieron 22 trabajadores petroleros de la compañía Perforadora Central y de la paraestatal al zozobrar los botes salvavidas en los que fueron evacuados de la plataforma Usumacinta, el funcionario de Oceanografía deslindó a ésta empresa de la tragedia.“Oceanografía no está dedicada a la venta o mantenimiento de equipos de salvamento en ninguna de sus divisiones. Con los botes salvavidas la única relación que tenemos es la adquisición de los mismos a compañías certificadas para ello, de acuerdo con la normatividad internacional y son ellos mismos los que, según el programa de mantenimiento, se encargan de su supervisión y recertificación”, señaló.“Es más, por las características de nuestra flota ni siquiera empleamos las llamadas `mandarinas`, sino botes de salvamento”, añadió.Aunque el pasado 11 de enero uno de sus buques de transporte de personal, el Seba`an se siniestró en la Sonda de Campeche con 177 personas a bordo, una de las cuales falleció, Gualberto Márquez Jiménez, de la empresa Cotemar, Escobedo destacó que “Oceanografía no tiene nada de qué avergonzarse” y sostuvo que, por el contrario, “se enorgullece de que, gracias a su flota –seis buques multipropósito, seis abastecedores, seis remolcadores, tres utilitarios, un chalán de carga, una barcaza de tendido de ductos submarinos y siete lanchas de pasaje--, proporciona empleo a 3 mil 880 personas.Afirmó que, “gracias a la confianza que refleja nuestra empresa con la banca internacional, se encuentran actualmente en construcción en astilleros alrededor del mundo ocho embarcaciones que empezarán a ser entregadas a principios de 2008, de forma que, entre enero del próximo año y diciembre de 2009, Oceanografía generará otras 2 mil 438 fuentes de empleo directo, al contratar la tripulación de estos navíos, además de personal técnico y administrativo”.Agregó: “Oceanografía es una empresa mexicana sólida, responsable, que brinda servicios a la industria petrolera, y es la primera compañía mexicana a la que le han sido contratados servicios de buceo en Estados Unidos, donde también cumplimos con todas las especificaciones que nos permiten trabajar a través de nuestra filial en ese país”.
Ja, ja, ja, ja, ja, ja y mas y mas ja, ja, ja.........
Sin proporción ni equidad
Carlos Fernández-Vega
Calderón gasta en propaganda 18 veces más que los $200 millones ofrecidos a Tabasco
A pesar de su compromiso (“vamos a reconstruir Tabasco, cueste lo que cueste”) y sus tres recorridos por la zona de desastre, parece que el inquilino de Los Pinos no alcanza a entender la proporción del problema ni la magnitud del drama tabasqueño. Ello, porque apenas cuatro días atrás tomó el micrófono para asegurar a propios y extraños aquello de “cueste lo que cueste”, pero ayer le puso números a la prometida reconstrucción mediante la creación de un fondo que arranca con 200 millones de pesos, etiquetados para pequeñas y medianas empresas de la entidad.
¿Es mucho o poco? Para dar una idea, esos 200 millones de pesos representan sólo 0.9 por ciento de los aproximadamente 22 mil millones de pesos que, oficialmente, el gobierno de Tabasco estima costará la reconstrucción del estado. Al mismo tiempo: a) 200 millones de pesos, y algo más, los gasta el gabinete de la “continuidad” en comidas, viajes y celulares; b) en este 2007 el propio Calderón erogará una cantidad 18 veces superior (3 mil 700 millones de pesos) en propaganda, esos somníferos promocionales con los que día y noche bombardea a la población y transmite a través de los medios electrónicos, y c) es una cantidad que el propio michoacano gastará en 2008 para el uso del sistema de transporte aéreo presidencial.
Entonces, para uso del michoacano es muchísimo dinero, una verdadera fortuna si se le compara con los resultados ofrecidos, pero para el millón de tabasqueños damnificados, la reconstrucción del estado y las tareas más urgentes, 200 millones de pesos sólo representan una muestra de humor negro de lesa patria, sobre todo si se recuerda que en abril pasado, con el poder de su firma, el inquilino de Los Pinos condonó, total o parcialmente, 2 mil 179 millones de pesos en créditos fiscales a cuatro clubes de fútbol; 2 mil 675 millones a una compañía editorial, y mil 522 millones a dos cadenas televisivas, por las que transmite sus soporíferos promocionales. En total, 6 mil 376 millones de pesos (se citan sólo esos ejemplos, pero hay muchos más), un monto casi 32 veces superior a los 200 millones destinados a la reconstrucción tabasqueña, y sólo para Pymes.
No hay proporción ni equidad: si los equipos de futbol revientan, problema de sus dueños y su afición, igual para la compañía editorial y las dos cadenas televisivas. Lamentabilísimo que pequeñas y medianas empresas se asfixien financieramente, pero lo que de ninguna manera puede permitirse es dejar a su suerte a un millón de personas que no tiene ni para comer.
Para rematar, ayer dijo el inquilino de Los Pinos que “México está siendo puesto a prueba por estas inclemencias de la naturaleza”. Pues no, tampoco atinó. Lo que verdaderamente está a prueba es el tamaño del gobierno (federal y estatal), y hasta el momento no aprueba ni de panzazo (de ello dan cuenta las más cariñosas cuan recientes encuestas sobre la aprobación/ rechazo de los ciudadanos en torno al desempeño del michoacano). Y de tarea, la ONU le dejó la siguiente planilla: “la tragedia en Tabasco pudo prevenirse con medidas relativamente sencillas y baratas…” (Sálvano Briceño, director de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres del organismo).
Quienes parecen entender mejor el alcance del drama tabasqueño son los diputados (sin duda un garbanzo de libra), quienes anuncian la creación de un paquete económico de rescate para Tabasco, que considera el 100 por ciento de incremento presupuestal para el ejercicio 2008, y la utilización del inexplicable cuan criminal subejercicio 2007 (alrededor de 9 mil millones de pesos que el gobierno estatal no gastó), para que la derrama sea la mayor posible y a la brevedad para atender a los damnificados.
Mientras todo eso sucede, se lee en el portal de Terra que la Secretaría de Hacienda “suaviza con estímulos la reforma fiscal; la dependencia emitió ayer el decreto presidencial que contiene estímulos fiscales para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) y empresarial a tasa única (IETU) a partir de enero de 2008, cuando entre en vigor”. Así, la de por sí ligera “reforma” fiscal se hace aún más light, y no precisamente en beneficio de los damnificados.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre el drama tabasqueño: “que todos los bienes decomisados por diversos ilícitos sean rematados, y los dineros que se obtengan dedicados íntegros (ayuda institucional) a los afectados por fenómenos naturales. Podemos empezar, ¡pero ya!, con el buen uso de los 205 millones de dólares decomisados al chino-mexicano de apellido Zhenli Ye Gon. Además, las ONG como Vamos México ¿qué esperan para ayudar a los que urgentemente necesitan apoyo económico y no sólo palabras huecas?” (Alexandro Yáñez M., sagitoro@yahoo.com)... De un lector que, por obvias razones, pide el anonimato: “no es por aterrorizar a los de por sí insatisfechos derechohabientes del IMSS, pero a sentir de algunos, la dirección médica anda más perdida que antes; un año ha pasado y, si existe, nadie conoce el plan estratégico sexenal. Lo que nos queda bien claro es que una de sus líneas de acción es eliminar cualquier rastro de las acciones realizadas en el sexenio anterior, y eso implica deshacerse de toda aquella persona relacionada con el anterior director. Han liquidado a una cantidad increíble de personas sin mejor motivo que ser gente de la administración pasada; el capital humano perdido es cuantioso y muchos fueron formados con recursos del Instituto. Lo peor es que los sustitutos en esos cargos en la mayoría de los casos no cuenta con el perfil, ni las habilidades para desempeñarlos decorosamente. A los que aún esperamos la guillotina, literalmente se nos ha dicho que investigación y evaluación son palabras prohibidas, y cuidado con mencionar que se tiene algún postgrado, porque eso será tomado como prueba de gran traición”.
Calderón gasta en propaganda 18 veces más que los $200 millones ofrecidos a Tabasco
A pesar de su compromiso (“vamos a reconstruir Tabasco, cueste lo que cueste”) y sus tres recorridos por la zona de desastre, parece que el inquilino de Los Pinos no alcanza a entender la proporción del problema ni la magnitud del drama tabasqueño. Ello, porque apenas cuatro días atrás tomó el micrófono para asegurar a propios y extraños aquello de “cueste lo que cueste”, pero ayer le puso números a la prometida reconstrucción mediante la creación de un fondo que arranca con 200 millones de pesos, etiquetados para pequeñas y medianas empresas de la entidad.
¿Es mucho o poco? Para dar una idea, esos 200 millones de pesos representan sólo 0.9 por ciento de los aproximadamente 22 mil millones de pesos que, oficialmente, el gobierno de Tabasco estima costará la reconstrucción del estado. Al mismo tiempo: a) 200 millones de pesos, y algo más, los gasta el gabinete de la “continuidad” en comidas, viajes y celulares; b) en este 2007 el propio Calderón erogará una cantidad 18 veces superior (3 mil 700 millones de pesos) en propaganda, esos somníferos promocionales con los que día y noche bombardea a la población y transmite a través de los medios electrónicos, y c) es una cantidad que el propio michoacano gastará en 2008 para el uso del sistema de transporte aéreo presidencial.
Entonces, para uso del michoacano es muchísimo dinero, una verdadera fortuna si se le compara con los resultados ofrecidos, pero para el millón de tabasqueños damnificados, la reconstrucción del estado y las tareas más urgentes, 200 millones de pesos sólo representan una muestra de humor negro de lesa patria, sobre todo si se recuerda que en abril pasado, con el poder de su firma, el inquilino de Los Pinos condonó, total o parcialmente, 2 mil 179 millones de pesos en créditos fiscales a cuatro clubes de fútbol; 2 mil 675 millones a una compañía editorial, y mil 522 millones a dos cadenas televisivas, por las que transmite sus soporíferos promocionales. En total, 6 mil 376 millones de pesos (se citan sólo esos ejemplos, pero hay muchos más), un monto casi 32 veces superior a los 200 millones destinados a la reconstrucción tabasqueña, y sólo para Pymes.
No hay proporción ni equidad: si los equipos de futbol revientan, problema de sus dueños y su afición, igual para la compañía editorial y las dos cadenas televisivas. Lamentabilísimo que pequeñas y medianas empresas se asfixien financieramente, pero lo que de ninguna manera puede permitirse es dejar a su suerte a un millón de personas que no tiene ni para comer.
Para rematar, ayer dijo el inquilino de Los Pinos que “México está siendo puesto a prueba por estas inclemencias de la naturaleza”. Pues no, tampoco atinó. Lo que verdaderamente está a prueba es el tamaño del gobierno (federal y estatal), y hasta el momento no aprueba ni de panzazo (de ello dan cuenta las más cariñosas cuan recientes encuestas sobre la aprobación/ rechazo de los ciudadanos en torno al desempeño del michoacano). Y de tarea, la ONU le dejó la siguiente planilla: “la tragedia en Tabasco pudo prevenirse con medidas relativamente sencillas y baratas…” (Sálvano Briceño, director de la Estrategia Internacional de Reducción de Desastres del organismo).
Quienes parecen entender mejor el alcance del drama tabasqueño son los diputados (sin duda un garbanzo de libra), quienes anuncian la creación de un paquete económico de rescate para Tabasco, que considera el 100 por ciento de incremento presupuestal para el ejercicio 2008, y la utilización del inexplicable cuan criminal subejercicio 2007 (alrededor de 9 mil millones de pesos que el gobierno estatal no gastó), para que la derrama sea la mayor posible y a la brevedad para atender a los damnificados.
Mientras todo eso sucede, se lee en el portal de Terra que la Secretaría de Hacienda “suaviza con estímulos la reforma fiscal; la dependencia emitió ayer el decreto presidencial que contiene estímulos fiscales para el pago del impuesto sobre la renta (ISR) y empresarial a tasa única (IETU) a partir de enero de 2008, cuando entre en vigor”. Así, la de por sí ligera “reforma” fiscal se hace aún más light, y no precisamente en beneficio de los damnificados.
Las rebanadas del pastel
De la lectoría, sobre el drama tabasqueño: “que todos los bienes decomisados por diversos ilícitos sean rematados, y los dineros que se obtengan dedicados íntegros (ayuda institucional) a los afectados por fenómenos naturales. Podemos empezar, ¡pero ya!, con el buen uso de los 205 millones de dólares decomisados al chino-mexicano de apellido Zhenli Ye Gon. Además, las ONG como Vamos México ¿qué esperan para ayudar a los que urgentemente necesitan apoyo económico y no sólo palabras huecas?” (Alexandro Yáñez M., sagitoro@yahoo.com)... De un lector que, por obvias razones, pide el anonimato: “no es por aterrorizar a los de por sí insatisfechos derechohabientes del IMSS, pero a sentir de algunos, la dirección médica anda más perdida que antes; un año ha pasado y, si existe, nadie conoce el plan estratégico sexenal. Lo que nos queda bien claro es que una de sus líneas de acción es eliminar cualquier rastro de las acciones realizadas en el sexenio anterior, y eso implica deshacerse de toda aquella persona relacionada con el anterior director. Han liquidado a una cantidad increíble de personas sin mejor motivo que ser gente de la administración pasada; el capital humano perdido es cuantioso y muchos fueron formados con recursos del Instituto. Lo peor es que los sustitutos en esos cargos en la mayoría de los casos no cuenta con el perfil, ni las habilidades para desempeñarlos decorosamente. A los que aún esperamos la guillotina, literalmente se nos ha dicho que investigación y evaluación son palabras prohibidas, y cuidado con mencionar que se tiene algún postgrado, porque eso será tomado como prueba de gran traición”.
Politizar
Julio Hernández López
El golpe seco de la tragedia comienza a abrir los ojos de algunos mexicanos a la política y su verdadera importancia. Educados en las aulas del cinismo cotidiano, que muestra a la política como sucia causante de todas las desgracias nacionales, y ajenos a una verdadera participación cívica porque las televisoras y los masivos medios de comunicación electrónica alientan el inmovilismo y la indiferencia, millones de habitantes de nuestro saqueado y pervertido país han dado la espalda a la política y han practicado un amargo desentendimiento, disfrazado de burla o “pragmatismo”, respecto a los asuntos públicos.
Pero la desgracia nacional (ayer, el desgajamiento de un cerro en Chiapas, con decenas de muertos, mientras el frívolo gobernador Sabines pelea, con mapaches de importación habilitados como “ministros” de justicia, contra herencias políticas del oscuro y negativo antecesor Pablo Salazar) ha comenzado a golpear con contundencia criminal los niveles de supervivencia básica, que hasta ahora han mantenido a muchos mexicanos en una modorra conformista. Por poco interés político que se tenga en la política, asoman los ribetes de gravísima irresponsabilidad que en el manejo de la riqueza y los instrumentos públicos han tenido los personajes que han ocupado el poder en los estados y en el nivel federal. En Tabasco se ha perdido la riqueza colectiva, conformada por pobrezas individuales estabilizadas, porque durante décadas los gobiernos han practicado el hurto institucionalizado (los Neme, Gurría, Madrazo y Andrade, entre otros) y porque los presuntos relevos justicieros (la tal alternancia democrática, tianguismo partidista sin cambios verdaderos) del foxismo y el calderonismo se convirtieron, el primero, en silvestre ejecutor familiar de las pillerías que adjudicaba a víboras negras y tepocatas, y el segundo en tapadera de todo lo anterior y temprano ejecutante de las mismas raterías recurrentes (César Nava, con las manos metidas en la corrupción petrolera; Juan Camilo Mouriño, sucesor de las glorias de los hermanos Bribiesca y la cónyuge Martita).
Tanto peca el que estatalmente se clava la lana (destinada a proyectos hidráulicos y a medidas preventivas baratas, según la ONU, que no se tomaron) como el que federalmente gobierna con las patas. Los errores del calderonismo en estas horas difíciles y el descaro de los grandes pillos impunes (no sólo en Tabasco, sino a escala nacional; relevantes, por la actualidad, Fox, Marta y parentela, pero también Arturo Montiel, Mario Marín, Ulises Ruiz y casi la totalidad de los gobernadores) hacen que en el grueso de la gente prenda una sensación de vulnerabilidad que de manera natural lleva a preguntarse cuáles pueden ser los mecanismos naturales de defensa. Un primer arranque lleva al enojo y la desesperación, e incluso de allí pueden multiplicarse las equivocadas tentaciones de la violencia política armada, pero una segunda etapa podría abrir la posibilidad de una mayor participación política y, eventualmente, de un ejercicio ciudadano verdaderamente crítico y transformador.
Quienes con aire cansado o molesto se quejan de que persisten los señalamientos al carácter ilegítimo de quien ejerce la Presidencia de la República, o quienes aducen con tono ácido que en política todo es lo mismo y los políticos todos son iguales, pueden ver ahora cuán necesario es participar, vigilar, proponer y luchar, aunque los cómplices y beneficiarios de las políticas pervertidas que causan las desgracias populares agiten con falsos aires de neutralidad la banderita de que no se “politice” lo que de suyo es densa y específicamente político: el uso de los recursos públicos en determinado sentido, ya sea el del embolsamiento corrupto de unos cuantos o el del cumplimiento de proyectos de interés colectivo. ¡Claro que es necesario asumir y ahondar el carácter político de lo que sucede en Chiapas, Tabasco y el resto damnificado del país!
Astillas:
Los lectores interesados en tener con anticipación un ejemplar de lo que podría ser la moneda única de Norteamérica (sustituta de pesos mexicanos y dólares estadunidenses y canadienses), deberán asomarse al sitio de subastas por internet eBay (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230188962348&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123), donde se ofrecen monedas de cobre que equivaldrían a 20 dólares gringos. El diseñador y productor de estas monedas, que obviamente no están en circulación oficial (un modelo esperanzado en volverse realidad), es Daniel Carr, quien prepara ediciones de uno, dos, cinco, 10, 500 y 1000 ameros (ya antes emitió una de 100). El amero es una propuesta (hecha 10 años atrás) que busca unificar monetariamente a Norteamérica, como Europa con el euro, y según versiones evidentemente sin confirmar, en las reuniones de contenido secreto que han tenido los representantes de los tres países implicados (antes Fox, ahora Calderón, en nombre de México) se estaría considerando seriamente esa posibilidad. En monedas y billetes, el amero llevaría por un lado un emblema general relativo a Norteamérica y, en el otro, algún motivo propio de cada país. Habría un Banco Central de América del Norte y el canje de dinero actual por ameros se haría en función de la competitividad internacional, la riqueza y el ingreso real de cada país al momento de la conversión. Con esta medida se trataría de proteger el dólar frente al euro, cuando menos en Norteamérica, en caso de que la unidad europea siga desplazando mundialmente a la estadunidense. Ayer, la subasta de eBay comenzaba con una oferta de 24.99 dólares por moneda de 20 ameros… Y, mientras Bush hace tambalear las arcas imperiales con el donativo de 300 mil dólares a México, y el Tigrillo Arellano Félix causa decepción en el ámbito de la narcocultura con sus declaraciones ante la justicia gringa pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados (Mamá: soy tigrito, no haré travesuras, podría decir el anticorrido en ciernes), ¡hasta mañana, con el licenciado F.C. corriendo a llevar miniayudas en Tabasco a … los pequeños y medianos empresarios!
El golpe seco de la tragedia comienza a abrir los ojos de algunos mexicanos a la política y su verdadera importancia. Educados en las aulas del cinismo cotidiano, que muestra a la política como sucia causante de todas las desgracias nacionales, y ajenos a una verdadera participación cívica porque las televisoras y los masivos medios de comunicación electrónica alientan el inmovilismo y la indiferencia, millones de habitantes de nuestro saqueado y pervertido país han dado la espalda a la política y han practicado un amargo desentendimiento, disfrazado de burla o “pragmatismo”, respecto a los asuntos públicos.
Pero la desgracia nacional (ayer, el desgajamiento de un cerro en Chiapas, con decenas de muertos, mientras el frívolo gobernador Sabines pelea, con mapaches de importación habilitados como “ministros” de justicia, contra herencias políticas del oscuro y negativo antecesor Pablo Salazar) ha comenzado a golpear con contundencia criminal los niveles de supervivencia básica, que hasta ahora han mantenido a muchos mexicanos en una modorra conformista. Por poco interés político que se tenga en la política, asoman los ribetes de gravísima irresponsabilidad que en el manejo de la riqueza y los instrumentos públicos han tenido los personajes que han ocupado el poder en los estados y en el nivel federal. En Tabasco se ha perdido la riqueza colectiva, conformada por pobrezas individuales estabilizadas, porque durante décadas los gobiernos han practicado el hurto institucionalizado (los Neme, Gurría, Madrazo y Andrade, entre otros) y porque los presuntos relevos justicieros (la tal alternancia democrática, tianguismo partidista sin cambios verdaderos) del foxismo y el calderonismo se convirtieron, el primero, en silvestre ejecutor familiar de las pillerías que adjudicaba a víboras negras y tepocatas, y el segundo en tapadera de todo lo anterior y temprano ejecutante de las mismas raterías recurrentes (César Nava, con las manos metidas en la corrupción petrolera; Juan Camilo Mouriño, sucesor de las glorias de los hermanos Bribiesca y la cónyuge Martita).
Tanto peca el que estatalmente se clava la lana (destinada a proyectos hidráulicos y a medidas preventivas baratas, según la ONU, que no se tomaron) como el que federalmente gobierna con las patas. Los errores del calderonismo en estas horas difíciles y el descaro de los grandes pillos impunes (no sólo en Tabasco, sino a escala nacional; relevantes, por la actualidad, Fox, Marta y parentela, pero también Arturo Montiel, Mario Marín, Ulises Ruiz y casi la totalidad de los gobernadores) hacen que en el grueso de la gente prenda una sensación de vulnerabilidad que de manera natural lleva a preguntarse cuáles pueden ser los mecanismos naturales de defensa. Un primer arranque lleva al enojo y la desesperación, e incluso de allí pueden multiplicarse las equivocadas tentaciones de la violencia política armada, pero una segunda etapa podría abrir la posibilidad de una mayor participación política y, eventualmente, de un ejercicio ciudadano verdaderamente crítico y transformador.
Quienes con aire cansado o molesto se quejan de que persisten los señalamientos al carácter ilegítimo de quien ejerce la Presidencia de la República, o quienes aducen con tono ácido que en política todo es lo mismo y los políticos todos son iguales, pueden ver ahora cuán necesario es participar, vigilar, proponer y luchar, aunque los cómplices y beneficiarios de las políticas pervertidas que causan las desgracias populares agiten con falsos aires de neutralidad la banderita de que no se “politice” lo que de suyo es densa y específicamente político: el uso de los recursos públicos en determinado sentido, ya sea el del embolsamiento corrupto de unos cuantos o el del cumplimiento de proyectos de interés colectivo. ¡Claro que es necesario asumir y ahondar el carácter político de lo que sucede en Chiapas, Tabasco y el resto damnificado del país!
Astillas:
Los lectores interesados en tener con anticipación un ejemplar de lo que podría ser la moneda única de Norteamérica (sustituta de pesos mexicanos y dólares estadunidenses y canadienses), deberán asomarse al sitio de subastas por internet eBay (http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=230188962348&ssPageName=ADME:B:SS:US:1123), donde se ofrecen monedas de cobre que equivaldrían a 20 dólares gringos. El diseñador y productor de estas monedas, que obviamente no están en circulación oficial (un modelo esperanzado en volverse realidad), es Daniel Carr, quien prepara ediciones de uno, dos, cinco, 10, 500 y 1000 ameros (ya antes emitió una de 100). El amero es una propuesta (hecha 10 años atrás) que busca unificar monetariamente a Norteamérica, como Europa con el euro, y según versiones evidentemente sin confirmar, en las reuniones de contenido secreto que han tenido los representantes de los tres países implicados (antes Fox, ahora Calderón, en nombre de México) se estaría considerando seriamente esa posibilidad. En monedas y billetes, el amero llevaría por un lado un emblema general relativo a Norteamérica y, en el otro, algún motivo propio de cada país. Habría un Banco Central de América del Norte y el canje de dinero actual por ameros se haría en función de la competitividad internacional, la riqueza y el ingreso real de cada país al momento de la conversión. Con esta medida se trataría de proteger el dólar frente al euro, cuando menos en Norteamérica, en caso de que la unidad europea siga desplazando mundialmente a la estadunidense. Ayer, la subasta de eBay comenzaba con una oferta de 24.99 dólares por moneda de 20 ameros… Y, mientras Bush hace tambalear las arcas imperiales con el donativo de 300 mil dólares a México, y el Tigrillo Arellano Félix causa decepción en el ámbito de la narcocultura con sus declaraciones ante la justicia gringa pidiendo perdón y arrepintiéndose de sus pecados (Mamá: soy tigrito, no haré travesuras, podría decir el anticorrido en ciernes), ¡hasta mañana, con el licenciado F.C. corriendo a llevar miniayudas en Tabasco a … los pequeños y medianos empresarios!
Julio Scherer: Calderón tiene ante sí el dilema de Fox
Julio SchererFoto: benjamín flores
* El expresidente y su esposa Marta Sahagún violaron las leyes y se enriquecieron de una manera insultante, afirma
* El fundador de la revista Proceso, homenajeado en la XXVII Feria del Libro de OaxacaOaxaca,
Oax., 5 de noviembre (apro).- Los organizadores de la XXVII Feria del Libro Oaxaca rindieron este domingo un homenaje al periodista Julio Scherer García, fundador de la revista Proceso, por su labor como escritor.Como parte de este homenaje se realizó una edición conmemorativa del libro Rudo por Naturaleza, donde se hace una compilación de la vasta obra literaria escrita por Scherer García.Además, se le entregó un reconocimiento de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y una escultura en vidrio y oro, denominada “Pescado”, que diseñó el pintor oaxaqueño, Francisco Toledo.Julio Scherer estuvo acompañado por sus amigos, el escritor Juan Villoro, el periodista Miguel Ángel Granados Chapa y el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda, así como de su hija, la periodista María Scherer Ibarra.Durante el homenaje, el fundador del semanario Proceso fue ovacionado en reiteradas ocasiones. Después de agradecer la distinción, Scherer García afirmó que el presidente Felipe Calderón tiene ante sí el dilema de Vicente Fox, pues el exmandatario y su esposa Marta Sahagún, dijo, “violaron las leyes y se enriquecieron de una manera insultante”.El autor de los libros La piel y la entraña, Los presidentes, El poder, Historias de familias, Salinas y su imperio, El perdón imposible, La pareja y La terca memoria, lamentó que en la Presidencia de la República, México ha tenido de todo: “Perversos, falsarios, ladrones, traidores, asesinos.”Fiel a su conciencia y a su oficio periodístico, Julio Scherer, se mostró sensible cuando habló de la crisis política y social que se vive en Oaxaca. Apuntó: “El estado padece por un gobierno sin honor, fortalecido por la impudicia e insensible a la desdicha que siempre seguirá en lo que está: el poder a costa de lo que sea.“En un estado inmensamente rico, inmensamente pobre, la tragedia se ahonda. Tarda la solución civilizada. Y no se haga olvidar, menos desdeñar, que la exasperación nace de situaciones extremas”, abundó.Conmovido por el cálido recibimiento, Scherer García puntualizó: “Sin palabras que pidan dar cuenta de mis sentimientos he de llevarlos a todos ustedes en la memoria.”En su oportunidad, el escritor Juan Villoro abrevió: “Al periodista Julio Scherer García, las presiones del poder presidencial le hicieron lo que el viento a Juárez”. ´Añadió que “la conciencia de Scherer no depende de su estómago. No hay oferta o halago que altere su tono”.Y redondeó: “En Excélsior y en Proceso, Julio Scherer construyó un espacio para la verdad, ruidoso y, a veces, exagerado, pero de puertas abiertas, hospitalario. (Y aunque) numerosas presiones lo asediaron, es un privilegio poder decir, esta tarde en Oaxaca que, le hicieron lo que el viento a Juárez”, insistió.Villoro, autor del libro Los culpables, recordó la frase de Julio Scherer: “El periodismo es rudo por naturaleza”, al modo de los grandes del box, está más orgulloso de sus heridas que de sus trofeos”.Esto demuestra, dijo, que “la valentía no lo ha abandonado al enfrentar las amenazas y la adversidad sutil de las adulaciones”.Antes, el también periodista Miguel Ángel Granados Chapa, también fundador de la revista Proceso, resaltó que los dos instrumentos de que se ha valido Scherer para trascender: el periodismo y la literatura, son un gran acierto para rendirle un homenaje a un hombre que ha sido muy reticente a compartir sus talentos, la gracia y prestancia de su presencia con quienes lo admiran y le agradecen su trabajo público.“Es por ello que más que agasajar a don Julio, que merece toda clase de parabienes, felicito al rector de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, Francisco Martínez Neri, y al los organizadores de la XXVII Feria del Libro, Oaxaca 2007 por haberlo hecho venir aquí.”Al término del homenaje, Julio Scherer, quien fue designado el “periodista del año” por la Atlas World Press Review, de Estados Unidos, y ganador del premio “Nuevo Periodismo” que otorgó la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano que preside el Nóbel de Literatura, Gabriel García Márquez, dedicó más de una hora a la firma de libros, los cuales se agotaron.Posteriormente, acompañado de su hija María Scherer Ibarra y de sus amigos Miguel Ángel Granados Chapa, Juan Villoro, Carlos Monsiváis, Rafael Rodríguez Castañeda, director de la revista Proceso, el rector de la UABJO y decenas de admiradores, participó en una comparsa artística que partió del Teatro “Macedonio Alcalá” al Paseo Juárez “El Llano” donde cortaron el listón inaugural de la Feria del Libro, Oaxaca 2007.Luego, recorrió el stand de la revista Proceso y presenció la obra “Vuela” que realizó la Compañía Estatal de Danza en honor del homenajeado y sus invitados especiales. La velada concluyó con juegos pirotécnicos.
Guatemala: alivio y esperanza
Editorial
El holgado triunfo electoral que el moderado Álvaro Colom logró el domingo pasado en Guatemala sobre el sórdido general Otto Pérez Molina, representante de la oligarquía más represiva y cavernaria, representa un motivo de alivio por partida triple: porque despejó los temores de distintos sectores en torno a la realización de un fraude electoral, porque atajó la posibilidad de un cuatrienio de violencia institucional –que no era otra cosa la propuesta de “mano dura” del candidato presidencial perdedor– y porque abre al país vecino cierta posibilidad de avanzar en las transformaciones sociales que se requieren con urgencia.
Por añadidura, la victoria de Colom contribuye a restablecer la sensatez regional en lo que se refiere al combate contra la delincuencia, distorsionada por consignas como “cero tolerancia” y “mano firme” y por la pretensión absurda que las origina: erradicar la criminalidad sin atacar sus causas profundas, que son la pobreza, la marginación, la desigualdad, la falta de justicia efectiva, la desintegración social provocada por las políticas económicas gubernamentales y la corrupción administrativa.
Las perspectivas de éxito de Colom en su propuesta de gobierno son, por decirlo de manera suave, inciertas. Más que una transformación, Guatemala necesita una refundación de sus estructuras sociales, que permanecen ancladas en un modelo semifeudal basado en la agroexportación, que divide de manera tajante a la población en un verdadero sistema de castas y en el que la segregación y el racismo son, más que reminiscencias, elementos funcionales. En ese entorno social, con un Estado débil y casi irrelevante en términos fiscales, los poderes reales descansan en la cúpula empresarial –el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)– y en los altos mandos militares. Varios mandatarios civiles antes de Colom, que llegaron al cargo con buenas intenciones de transformación social, se vieron reducidos a la condición de rehenes de la jerarquía militar y obligados a legitimar la perpetuación de un Estado oligárquico y excluyente.
En Guatemala el conflicto bélico terminó hace tres décadas, pero las causas que le dieron origen se mantienen intactas. Los regímenes golpistas fueron sustituidos por gobiernos civiles acotados y formales que no han podido o no han querido ir más allá de la mera administración de la injusticia y la desigualdad seculares. La guerra acabó, pero no la violencia, ni siquiera la de origen político, como muestran los numerosos homicidios de ese corte perpetrados durante las campañas electorales.
En esta circunstancia, Colom tiene ante sí varios y difíciles desafíos: en primer lugar, hacerse de un margen de poder efectivo sin la tutela y la imposición de los militares y los oligarcas civiles; luego, convertir el respaldo electoral en movilización y participación social para emprender las transformaciones sociales que el país necesita y, en tercer término, conducir a un debate nacional que dé pie a un pacto social, el primero de la historia, que incluya a ladinos y a indígenas, a la población rural y a la urbana, a la Guatemala obscenamente rica y a la desesperadamente pobre. Cabe desearle suerte, lucidez y firmeza en tales tareas.
El holgado triunfo electoral que el moderado Álvaro Colom logró el domingo pasado en Guatemala sobre el sórdido general Otto Pérez Molina, representante de la oligarquía más represiva y cavernaria, representa un motivo de alivio por partida triple: porque despejó los temores de distintos sectores en torno a la realización de un fraude electoral, porque atajó la posibilidad de un cuatrienio de violencia institucional –que no era otra cosa la propuesta de “mano dura” del candidato presidencial perdedor– y porque abre al país vecino cierta posibilidad de avanzar en las transformaciones sociales que se requieren con urgencia.
Por añadidura, la victoria de Colom contribuye a restablecer la sensatez regional en lo que se refiere al combate contra la delincuencia, distorsionada por consignas como “cero tolerancia” y “mano firme” y por la pretensión absurda que las origina: erradicar la criminalidad sin atacar sus causas profundas, que son la pobreza, la marginación, la desigualdad, la falta de justicia efectiva, la desintegración social provocada por las políticas económicas gubernamentales y la corrupción administrativa.
Las perspectivas de éxito de Colom en su propuesta de gobierno son, por decirlo de manera suave, inciertas. Más que una transformación, Guatemala necesita una refundación de sus estructuras sociales, que permanecen ancladas en un modelo semifeudal basado en la agroexportación, que divide de manera tajante a la población en un verdadero sistema de castas y en el que la segregación y el racismo son, más que reminiscencias, elementos funcionales. En ese entorno social, con un Estado débil y casi irrelevante en términos fiscales, los poderes reales descansan en la cúpula empresarial –el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF)– y en los altos mandos militares. Varios mandatarios civiles antes de Colom, que llegaron al cargo con buenas intenciones de transformación social, se vieron reducidos a la condición de rehenes de la jerarquía militar y obligados a legitimar la perpetuación de un Estado oligárquico y excluyente.
En Guatemala el conflicto bélico terminó hace tres décadas, pero las causas que le dieron origen se mantienen intactas. Los regímenes golpistas fueron sustituidos por gobiernos civiles acotados y formales que no han podido o no han querido ir más allá de la mera administración de la injusticia y la desigualdad seculares. La guerra acabó, pero no la violencia, ni siquiera la de origen político, como muestran los numerosos homicidios de ese corte perpetrados durante las campañas electorales.
En esta circunstancia, Colom tiene ante sí varios y difíciles desafíos: en primer lugar, hacerse de un margen de poder efectivo sin la tutela y la imposición de los militares y los oligarcas civiles; luego, convertir el respaldo electoral en movilización y participación social para emprender las transformaciones sociales que el país necesita y, en tercer término, conducir a un debate nacional que dé pie a un pacto social, el primero de la historia, que incluya a ladinos y a indígenas, a la población rural y a la urbana, a la Guatemala obscenamente rica y a la desesperadamente pobre. Cabe desearle suerte, lucidez y firmeza en tales tareas.
Las siete visiones
MIRANDO LA REALIDAD INTEGRAL E INTEGRADAMENTE
Forma parte también de la Universidad Virtual de la IV República otro talentoso compañero del Estado de México, que igualmente prefiere permanecer "anónimo"… Él es Profesionista Técnico en Informática por el CONALEP y sus trabajos reflejan que él está en nuestra Universidad no porque necesite aprender a mirar la realidad integral y multidimensionalmente, sino porque ya sabe mirar así … Estudia en la Universidad Virtual junto con su esposa y ambos son luchadores decididos de este Movimiento hacia la IV República. Es, pues, un orgullo y una satisfacción compartirles uno de sus trabajos más recientes, que le revelan como una gran esperanza para los enfermos de nuestro país, pues ya desde los comienzos de sus estudios de Medicina sabe mirar y enfrentar el camino individual-social del proceso salud-enfermedad…
Les invito, pues, a escuchar lo que "E" tiene que decirnos (los subrayados en verde son míos):
LAS SIETE VISIONES
VisiónFísica – "Yo" el paciente.
El paciente es el reflejo de nosotros mismos, semejante a cuando nos acercamos a un espejo. Ese reflejo nos hace identificarnos e incluso podríamos personificarnos en él, percibiendo sus emociones. Mirarlo es mirar la creación misma que se acerca a nosotros y es re-encontrarnos. Sin embargo, esa creación, más que llena de armonía y equilibrio, se acerca con dificultad, en un proceso de discordia y desequilibrio. La privación y la dificultad se presentan tanto en el cuerpo que lo ayuda a desplazarse, como en la psique que lo acompaña todo el tiempo, y que constantemente busca la manera de resolver esa contrariedad con solo mirar sus ojos y las expresiones de su rostro.
Si deseas leer el artículo completo da click AQUÍ
Álvaro, Universitario de la IV República
Boletín Informativo ISA núm 249
http://serviciodenoticiasisa
Sumario:
I. Demanda López Obrador recursos presupuestales extraordinarios para la reconstrucción de Tabasco.
II. Llama Rosario Ibarra a actuar “unidos los que somos diferentes”, en la lucha contra la represión y por la defensa de los derechos humanos.
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DEMANDA LÓPEZ OBRADOR RECURSOS PRESUPUESTALES EXTRAORDINARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE TABASCO
Desde la Plaza de Armas de Villahermosa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador solicitó a los legisladores del PRD, PT y Convergencia que incluyan en el presupuesto nacional para el próximo año una partida especial para la reconstrucción del estado de Tabasco y consideró que “la Cámara de Diputados, en particular los legisladores del Frente Amplio Progresista, tienen el deber de aprobar recursos extraordinarios para atender las necesidades más apremiantes de miles de familias que perdieron su patrimonio, a casa de las inundaciones”.
Al encabezar un mitin en la capital de Tabasco en el que informó de su recorrido el día de ayer por la mañana por las comunidades de las regiones Centro y Chontal, el presidente legítimo de México afirmó que la Federación tiene la obligación de hacerse cargo de reparar los daños y de construir la infraestructura hidráulica que reduzca el riesgo de inundación en la entidad.
Aclaró, sin embargo: “No vengo a criticar por criticar, vengo a brindarles ayuda a nuestros hermanos tabasqueños y lo haremos, a través de convocar a todos los mexicanos para que sigan prestando ayuda y envíen despensas a los damnificados del estado”.
En su alocución pública, López Obrador situó la tragedia que viven los tabasqueños en tres planos: El problema de la inundación; la corrupción que impera en el gobierno estatal y el mal manejo de la presa Peñitas.
Ante cientos de tabasqueños recomendó que la Cámara de Diputados investigue las causas de las inundaciones. López Obrador explicó que hizo un recorrido por las comunidades más afectadas del territorio tabasqueño y que pudo constatar que la gente todavía no recibe el apoyo de las autoridades municipales, estatal y federal. Informó que los habitantes de la Ciudad de México mostraron su solidaridad y generosidad con el pueblo de Tabasco, al donar alimentos, medicamentos y ropa nueva, lo que agradeció ampliamente.
Entre las propuestas planteadas, además de la urgente ayuda humanitaria y la ampliación presupuestal para este estado, el presidente legítimo de México señaló también el aplicar de inmediato un seguro de desempleo en Tabasco, con la intención de que la población cuente con un recursos económico que le permita sobrevivir en los próximos meses.
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LLAMA ROSARIO IBARRA A ACTUAR “UNIDOS LOS QUE SOMOS DIFERENTES”, EN LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN Y POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Como se informó en su momento, el pasado 2 de octubre culminaron una serie de reuniones preparatorios de la fundación de un nuevo Frente Nacional Contra la Represión (FNCR) a cuyo surgimiento acudieron una muy diversa suma de organizaciones políticas y sociales, así como ciudadanos en lo individual. Después de su fundación, los impulsores del naciente FNCR han ocupado una buena parte de su esfuerzo en discusiones sobre cuestiones internas y organizativas que han pospuesto la urgente y necesaria acción unitaria que frene la incesante política represiva de los gobiernos de derecha en contra de luchadores y movimientos sociales.
Ante este panorama, la luchadora social y senadora de la República Rosario Ibarra de Piedra ha hecho pública la carta que a continuación reproducimos, en la que llama a “retirar ya de las discusiones internas del FNCR el debate y análisis de estatutos o códigos éticos, así como la idea de comisiones permanentes representativas y avanzar mejor en los planes de acción y propuestas de trabajo inmediato para responder a la difícil situación que tenemos enfrente”.
Monterrey, Nuevo León a 2 de noviembre de 2007.
Al Frente Nacional Contra la Represión:
A las organizaciones y personas que han decidido integrarse al FNCR:
Compañeras y compañeros:
El impacto y recepción social por la creación del FNCR ha sido muy grande y estimulante, en especial desde el pasado 2 de octubre en que formalmente lo volvimos a constituir. La respuesta que hemos conocido confirma la necesidad y urgencia de avanzar unitariamente en la lucha contra la represión y por la defensa de los derechos humanos en vista de la grave ofensiva estatal que hoy existe.
Sin embargo, inmediatamente después del importante impulso para formar el FNCR, tengo la impresión de que hemos entrado en un curso que lo frena o dificulta. La situación en cuanto a la represión y violación de derechos humanos actualmente es muy grave y delicada y pienso, con todo respeto a otras opiniones, que no debemos perder el tiempo en prolongadas y detallistas cuestiones internas u organizativistas. Debemos salir más rápidamente a actuar unidos frente a la represión, privilegiando la movilización y acción políticas.
Para lograr el objetivo principal del FNCR de acción y defensa de los derechos humanos no requerimos una gran y complicada organización como si estuviéramos formando una organización única. La idea central que anima al FNCR es que se trata de un frente, es decir de un organismo que reconoce y respeta la pluralidad y diversidad de sus componentes, que no pretende que todos los que lo integren tengan la misma posición y propuesta política, forma de organización o filosofía. Para eso cada organización o corriente tiene sus propios frentes o coordinadoras contra la represión y por la defensa de sus presos. La fuerza del FNCR es que actuamos unidos los que somos diferentes, pero que nos une la lucha contra la represión y por la defensa de los derechos humanos. Sobre otros temas no ponemos condiciones ni reglas.
Por lo anterior es que no me parece adecuado seguir discutiendo reglas y estatutos o códigos de funcionamiento. Desde el manifiesto de fundación se estableció claramente que tendremos un funcionamiento asambleario con igualdad de derechos para todos los que quieran participar en el FNCR y donde sus acuerdos, por tanto, se toman por consenso o eventualmente por votación mayoritaria. Los acuerdos no obligan a nadie a pensar igual, pero la regla es que solamente lo que es acuerdo puede presentarse como posición o decisión del FNCR.
Hacer un estatuto o código de ética tiene el inconveniente de intentar establecer valores comunes u obligatorios para organizaciones y personas diferentes que vienen a un frente para la acción y no a una nueva organización. La interpretación de esos valores por tanto se prestarán a muchas subjetividades y abre la puerta para actitudes persecutorias o de denuncia de los que supuestamente, según la subjetividad de cada quien, no cumpla con esos códigos de valores y conducta. El código implica prohibiciones y sanciones. El FNCR es un frente de acción de diversos y no responde a una concepción política, religiosa o filosófica determinada y única.
Como es un frente tampoco puede tener un comité ejecutivo, comisión especial o representativa de todo el FNCR. Recuerdo bien que en el FNCR de los setentas tampoco tuvimos comités o comisiones permanente que nos representaran a todos como si se tratara de un nuevo partido u organización única. Creo que eso era una de sus fortalezas. Creamos comisiones para tareas específicas, determinadas y temporales; es decir comisiones operativas, de trabajo y no permanentes o de representación políticas.
Es por lo anterior que quiero proponerles retirar ya de la discusiones internas del FNCR el debate y análisis de estatutos o códigos éticos, así como la idea de comisiones permanentes representativas y avanzar mejor en los planes de acción y propuestas de trabajo inmediato para responder a la difícil situación que tenemos enfrente.
Además de la lucha histórica por la presentación de los desaparecidos políticos, tenemos ahora el recrudecimiento de esta inhumana práctica como lo muestran los casos especialmente de los militantes del EPR, denunciados como desaparecidos por sus compañeros y el caso de Francisco Paredes Ruiz en Morelia en los mismos días en que estábamos fundando el FNCR. Nuestra protesta tiene que ser muy grande para frenar la continuación y extensión de esta práctica, además de lograr la presentación con vida de los desaparecidos. El crecimiento del número de presos políticos es igualmente grave superando, según parece, al de gobiernos represivos anteriores. Necesitamos establecer un censo seguro y completo de cuántos presos políticos hay, dónde están y sus condiciones. Eso alimentará también la necesaria discusión que tenemos que hacer sobre la conveniencia o no de una nueva ley de amnistía y el plan de lucha que debe acompañar a su impulso y exigencia. Oponernos también a los intentos del poder de aprobar reformas que legalicen lo ilegal, es decir la persecución y criminalización de la protesta social. Preparar por tanto con fuerza las siguientes asambleas y acciones del FNCR en Oaxaca el 25 de noviembre y el próximo 10 de diciembre.
Les propongo regresar a la discusión y preparación del plan de acción, en vez de las discusiones internistas, de organización y estatutarias, porque además estoy segura en que en los próximos días podemos conseguir el apoyo para el FNCR y sus tareas de más y mayores fuerzas comprometidas en esta lucha. Necesitamos por tanto asegurar y mantener un clima de apertura y unidad.
Fraternalmente,
Rosario Ibarra.
Sobre inmigrantes en Chile
LA LUCHA CONTINUA
POR EL RESPETO DE LOS DERECHOS DE LOS INMIGRANTES Y REFUGIADOS
1. El proceso de regularización migratoria, es la respuesta del Gobierno a nuestra persistente lucha en la defensa y promoción de los derechos de los inmigrantes y refugiados en Chile; lucha cuyo protagonismo es la del pueblo migrante acompañado de nuestro hermano pueblo chileno; es imperioso manifestar nuestra más enérgica protesta ante las ambigüedades, ilegalidades, descriterios, arbitrariedades que potencial y manifiestamente se están dando en este proceso.
2. Este proceso obedece en primer lugar a la obligación y necesidad que Chile tiene de respectar y dar cabal cumplimiento a sus compromisos Internacionales vigentes, particularmente a los acuerdos sobre libre transito de inmigrantes, como lo convenido en el marco del MERCOSUR. En lo particular debe guiarse por la imperiosa necesidad del estado chileno de afrontar la actual realidad migratoria que vive su sociedad y de asumirla en todas sus implicancias y dimensiones, en forma responsable y coherente con las responsabilidades económicas, sociales, políticas y humanitarias que de ella se desprenden. Siendo que esta medida no resuelve la insuficiente política pública sobre migración, refugio y desplazamiento en Chile, y la necesaria concordancia de estas políticas con la aplicación de las normas internacionales humanitarias y de derechos humanos, cuestionamos su planteamiento por carencia de sustento y objetivos precisos los cuales reflejan las arbitrariedades de su implementación que se vienen dando.
3. Entender dicho proceso como un perdonazo, como meramente amnistía significa desconocer elementales hechos que enmarcan la irregularidad migratoria. En primer lugar es preciso señalar que la principal responsabilidad de la existencia de extranjeros en forma irregular en el país es por un lado la política de cierre de fronteras y en segundo lugar la política y legislación de extranjería que es en esencia y práctica anti migratoria. En términos principistas es imperioso dejar sentado que la irregularidad migratoria no es lo mismo que la comisión de delito alguno pese a la represión que se le aplica y que en la práctica impone lo contrario.
4. Dicho proceso en términos prácticos debe implementarse en forma amplia, sin restricciones de ninguna naturaleza y preferentemente a los inmigrantes que se encuentran en precarias condiciones económicas, sociales y culturales, los que están sometidos a control de policía internacional y que por lo mismo no cuentan con sus documentos de identidad. Se requiere resolver la situación de los extranjeros que fueron implicados en causas judiciales que están pendientes a partir de su irregularidad migratoria. Por ello denunciamos la inconstitucional exclusión que hace el Departamento de Extranjería y Migración(DEM) a dichos inmigrantes(ver formulario) que de partida niega el Derecho Constitucional de Petición(Artículo 19 número 14), así como irregularidad al contradecir abiertamente a lo dispuesto en la Resolución Exenta 36339 particularmente en los puntos 1,2 y 6 de su parte resolutiva, norma que para dejar bien sentado no niega en forma alguna que tales extranjeros puedan solicitar se les beneficie de dicho proceso.
5. Denunciamos en consecuencia con el punto anterior la falacia de dicho proceso denominado de regularización migratoria, su absurdo desconocimiento de la realidad de esta compleja situación que dejaría de aplicarse tal cual el DEM lo ha establecido a miles de extranjeros en situación de control por Policía internacional (POLINT), con rechazo de residencia con orden de abandono y a muchos otros casos más; casos por los que supuestamente se ha dado dicho proceso. Cabe responder el DEM a quienes pretende regularizar, a los irregulares que han burlado a POLINT o los que están sujetos a su control.
6. Por ello presentamos estos planteamientos y exigencias:
• Esta regularización debe acompañarse con una efectiva visibilidad en los medios de comunicación social y con la participación de la Sociedad Civil.
• Se debe respetar la facultad de los inmigrantes de impugnar resoluciones administrativas y de conocer los fundamentos de las mismas, es decir, deben tener garantizado su derecho a participar de cualquier instancia de resolución administrativa a fin de evitar las arbitrariedades que aún persisten y generan además el maltrato que ha sido denunciado debido la irregularidad migratoria que se pretende superar.
• Incorporar la experiencia y prácticas llevadas a cabo en otros países, tales como: gratuidad absoluta, posibilidad de acreditar origen con cualquier documento que produzca fe (certificados de origen y matrículas consulares) y no solo con el pasaporte y cédula.
• Exigimos la gratuidad del proceso de regularización migratoria, porque es un contrasentido solicitar 30.000 pesos a quienes no tienen dinero para cubrir sus necesidades elementales.
• Exigimos el cese inmediato de toda la actividad de persecución en contra de los extranjeros por parte de la policía internacional principalmente, las redadas, los allanamientos, las batidas. Asimismo exigimos el que se deje sin efecto toda Resolución de Expulsión, toda orden de abandono del país, se levante los impedimentos de ingreso, las prohibiciones de ingreso, así como toda medida que tenga efectos similares a las ya mencionadas.
• Exigimos con urgencia la tramitación de una nueva Ley de Migraciones, la definición de una nueva política migratoria basada en la responsabilidad, social, histórica y humanitaria que le cabe a Chile en las actuales circunstancias y no en los parámetros vigentes.
• Exigimos a las autoridades peruanas en Chile, la entrega en forma gratuita e inmediata del pasaporte y/u otro documento que necesiten nuestros compatriotas para acogerse a este proceso de regularización migratoria. Así mismo denunciamos el cobro de multas por no haber participado en las elecciones, derogadas por la ley 28859.
¡¡ Por la unidad de los trabajadores inmigrantes y nacionales!!
¡¡Por el libre transito en las fronteras!!
¡¡A Igual trabajo igual salario!!
Santiago 5 Noviembre 2007
Comité de Refugiados Peruanos en Chile
Constituido el 12 de abril de 1998
Inscrito en Registro Público de la Ilustre Municipalidad de Santiago F/00441
Calle Teatinos 251 Oficina 903-A Comuna de Santiago
Teléfono-fax: 6883552 (09) 840 0054 e-mail: regresaremos@yahoo.es, raulpaiba@yahoo.com
ATENCIÓN PERSONALIZADA TODOS LOS DOMINGOS EN CALLE CATEDRAL- PUENTE
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