Víctor Manuel Barceló
Todo permite afirmar que la decisión de Fidel Castro, para no retornar a las posiciones de Presidente y Comandante en Jefe del ejército cubano, recién expresadas, es una más de las jugadas maestras, del estadista más completo y exitoso del siglo XX y lo que va del actual. Abre puerta a que el Congreso -representante del pueblo- tome decisiones, tanto para la difícil tarea de sustituir su figura, como para que las nuevas rutas que el planteó, sean sancionadas por los órganos de poder y por el pueblo. Urge seguir avanzando en la mejoría de las condiciones de vida de su gente, por ahora la mejor educada de Latinoamérica.
Aspecto sustancial es obtener mejores resultados de la relación internacional de Cuba. Para ello, Castro hace planteamientos, que pueden tener viabilidad. Nunca en el absurdo que proponen los candidatos a la Presidencia del Imperio –y corifeos en Europa y otras latitudes- entregando el proceso a intereses transnacionales. Sí en el camino que el pueblo cubano, apoyado en su institucionalidad y organización, soberanamente decida.
La presencia física de Fidel, lúcido, profundo como se muestra en sus artículos -publicados en los últimos tiempos- será detonante de esa nueva ruta de Cuba. Otros países del área, se dejaron "consentir" por el imperio y perdieron oportunidad histórica y dignidad, logradas con el sacrificio de gentes en el entorno de: Jorge Eliécer Gaytán en Colombia; Getulio Vargas y Joao Goulart, en Brasil; Juan D. Perón en Argentina; Paz Estensoro en Bolivia; Salvador Allende, en Chile; Jacobo Arbens en Guatemala; Haya de la Torre y Velasco Alvarado en Perú; de Lázaro Cárdenas a Luís Echeverría en México. Tras esos momentos, nuestros países cayeron definitivamente, uno a uno, bajo la férula transnacional, en la economía, en la política y no pocos, en su vida social. Mucho podría decirse de los porqué, para que ello ocurriese: fallas en organización de grupos de apoyo, de adentro o de afuera; presiones imperiales que cambian rumbo definido; asonadas, golpes de estado y magnicidios. En ningún caso pudo organizarse resistencia; ni se contó con apoyo analítico y de propuestas para la acción. Lo más grave, en casi ninguno de esos proyectos, se hizo presente la clase obrera o campesina, organizada. No eran planes de cambio profundo, apenas si búsqueda del control de la vida nacional, mediante un capitalismo de estado que, en algunos casos, ni siquiera se vislumbró. Todo esto pudo ser resuelto en Cuba, bajo el liderazgo de Castro y el cobijo de Martí.
En México fue fundamental la tarea de Lázaro Cárdenas. Expropiar las petroleras –ensoberbecidas- fue punta de lanza del crecimiento, que se pierde hasta fines de los setentas del siglo XX. A partir de allí, el neoliberalismo es impuesto, con la complacencia de porciones poderosas del poder político, deteniendo avances en crecimiento económico. Queda la nacionalización energética, en pié y rescatable.
Cárdenas también organizó fuerzas reales para cualquier proceso revolucionario: obreros y campesinos. Solo que estos no evolucionaron como eje del mismo, se quedaron como soporte del poder, compartiendo tareas con industriales nacionalistas y el ejército. Ello, junto a presiones internacionales, frenó el avance de la Revolución, más allá del caudillismo. En tal situación se encuentran movimientos sociales vigentes en Latinoamérica: Venezuela, Bolivia, Ecuador, a punto de decidir, entre capitalismo de estado o ruta nacional hacia el Socialismo.
Los otros países en puja con el imperio, como: Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Nicaragua y Panamá, están en graves compromisos económicos, con movimientos internos en contra, fuertes y apoyados desde el exterior. Su antiimperialismo no tiene la solidez de los que pretenden mayor profundidad social. Buscan fortalecer al capitalismo interno, con creciente paraestatismo, a fin de ejercer la rectoría del estado, en el uso de sus recursos naturales. Su acción multilateral -como ocurre en el Cono Sur de Latinoamérica- parece ser la fortaleza mayor ante el embate transnacional. Éste ha provocado conflictos graves al interior –sobre todo- de sus empresas petroleras, que por lo general se deciden en Washington.
Nuestro país está ahora, lejos de los años de auge y crecimiento. El neoliberalismo nos hundió en una ruta profunda de complacencia con intereses transnacionales. De allí la lucha de diversos sectores y tendencias políticas, para impedir la enajenación, abierta o solapada, de nuestros recursos energéticos. Un tema parece estar superado: no podrán privatizar PEMEX ni la CFE. Lo han reconocido públicamente.
Falta definir formas de participación privada, nacional y extranjera. Existen mecanismos en práctica –como los Contratos de Servicios Múltiples- que riñen con lo que autoriza la Constitución. Habrán de revisarse, al determinar áreas y situaciones en que sea sano abrirse al capital extranjero. La fiebre privatizadora perdió fuerza en el Planeta. Ahora las "siete hermanas" famosas, que controlaban producción y venta de hidrocarburos, están desplazadas por cinco empresas paraestatales. La ola de renovación cruza el mundo y se detiene admirada ante Cuba y Fidel, paradigmas de fortaleza, decisión y resultados. No copiemos, hagamos sostenido esfuerzo en esa ruta.
lunes, febrero 25, 2008
Argentina, Bolivia y Brasil logran acuerdos en materia energética
Stella Calloni
Los presidentes de Argentina, Bolivia y Brasil, Cristina Fernández, Evo Morales y Luiz Inacio Lula da Silva se reunieron esta mañana con el fin de acordar temas prioritarios para enfrentar la crisis energética que se vislumbra y resolver otros problemas para consolidar el esquema de integración que une a las tres naciones.
Se tomaron decisiones para la provisión de gas boliviano a Argentina y Brasil diseñando una estrategia común para resolver los problemas de abastecimiento, que se hacen más complejos por la próxima llegada del invierno. Asimismo se resolvió conformar un grupo coordinador de ministros del sector, anunció el canciller argentino, Jorge Taiana, al término del encuentro.
Un ofrecimiento de Evo Morales fue redistribuir las cuotas de gas entre Brasil, que tiene inviernos más suaves, y Argentina, que a su vez provee a Chile. Actualmente Bolivia manda a Brasil entre 27 y 30 millones de metros cúbicos de gas por día, mientras Argentina recibe entre 2.5 y 3 millones, volumen menor a los 7.7 millones de metros cúbicos diarios pactados para este año.
El presidente de Brasil llegó en visita oficial a Argentina el pasado jueves por la noche. Tuvo reuniones con Fernández de Kirchner e incluso estuvo en el Congreso.
Fue una semana político-diplomática muy importante en el país, ya que además de estas reuniones se efectuó en Buenos Aires un encuentro de cancilleres latinoamericanos y árabes. Llama la atención la falta de información sobre un acto tan importante, lo cual evidencia la escasa ecuanimidad informativa que está caracterizando a los medios de comunicación en Argentina en fechas recientes.
El comercio de América Latina con países árabes ha aumentado notablemente y ahora se tomarán nuevas medidas para superar cualquier tipo de obstáculos.
Algo importante también fue el rechazo de ambos grupos de cancilleres a todo tipo de acciones intimidatorias contra Venezuela por su decisión soberana de manejar sus recursos dentro de sus propias leyes y Constitución. Esta reunión –que duró dos días– tiene futuro, señalaron voceros de ministros de Relaciones Exteriores de América del sur y de las naciones árabes.
Se expresó también que todos los países tienen derecho a explotar sus recursos de manera soberana, como determina la Carta de Naciones Unidas
Asimismo, fueron importantes los avances hacia una alianza energética, que ayudará a todas las naciones en el marco de una integración que profundiza sus pasos, mientras los presidentes de Argentina y Brasil tomaron compromisos para consolidar el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Se suscribió el acuerdo de cooperación entre el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y el Banco de la Nación Argentina, y se pactó la cooperación para la construcción de un “satélite argentino-brasileño de observación de océanos”, así como un programa de energías renovables.
Sobre cooperación nuclear, se decidió emprender negociaciones para la constitución de una empresa binacional de enriquecimiento de uranio.
Los presidentes de Argentina, Bolivia y Brasil, Cristina Fernández, Evo Morales y Luiz Inacio Lula da Silva se reunieron esta mañana con el fin de acordar temas prioritarios para enfrentar la crisis energética que se vislumbra y resolver otros problemas para consolidar el esquema de integración que une a las tres naciones.
Se tomaron decisiones para la provisión de gas boliviano a Argentina y Brasil diseñando una estrategia común para resolver los problemas de abastecimiento, que se hacen más complejos por la próxima llegada del invierno. Asimismo se resolvió conformar un grupo coordinador de ministros del sector, anunció el canciller argentino, Jorge Taiana, al término del encuentro.
Un ofrecimiento de Evo Morales fue redistribuir las cuotas de gas entre Brasil, que tiene inviernos más suaves, y Argentina, que a su vez provee a Chile. Actualmente Bolivia manda a Brasil entre 27 y 30 millones de metros cúbicos de gas por día, mientras Argentina recibe entre 2.5 y 3 millones, volumen menor a los 7.7 millones de metros cúbicos diarios pactados para este año.
El presidente de Brasil llegó en visita oficial a Argentina el pasado jueves por la noche. Tuvo reuniones con Fernández de Kirchner e incluso estuvo en el Congreso.
Fue una semana político-diplomática muy importante en el país, ya que además de estas reuniones se efectuó en Buenos Aires un encuentro de cancilleres latinoamericanos y árabes. Llama la atención la falta de información sobre un acto tan importante, lo cual evidencia la escasa ecuanimidad informativa que está caracterizando a los medios de comunicación en Argentina en fechas recientes.
El comercio de América Latina con países árabes ha aumentado notablemente y ahora se tomarán nuevas medidas para superar cualquier tipo de obstáculos.
Algo importante también fue el rechazo de ambos grupos de cancilleres a todo tipo de acciones intimidatorias contra Venezuela por su decisión soberana de manejar sus recursos dentro de sus propias leyes y Constitución. Esta reunión –que duró dos días– tiene futuro, señalaron voceros de ministros de Relaciones Exteriores de América del sur y de las naciones árabes.
Se expresó también que todos los países tienen derecho a explotar sus recursos de manera soberana, como determina la Carta de Naciones Unidas
Asimismo, fueron importantes los avances hacia una alianza energética, que ayudará a todas las naciones en el marco de una integración que profundiza sus pasos, mientras los presidentes de Argentina y Brasil tomaron compromisos para consolidar el Mercado Común del Sur (Mercosur).
Se suscribió el acuerdo de cooperación entre el Banco Nacional de Desarrollo de Brasil y el Banco de la Nación Argentina, y se pactó la cooperación para la construcción de un “satélite argentino-brasileño de observación de océanos”, así como un programa de energías renovables.
Sobre cooperación nuclear, se decidió emprender negociaciones para la constitución de una empresa binacional de enriquecimiento de uranio.
Mezcla de dos generaciones conforma el nuevo Consejo de Estado cubano
Quedan en el organismo sólo tres dirigentes que están desde su fundación, en 1976
Se incluye la relección de un núcleo que lleva al menos diez años en la institución
Julio Casas, nuevo ministro de las fuerzas armadas, en remplazo de Raúl Castro
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 24 de febrero. El Consejo de Estado electo el domingo es una mezcla de las dos generaciones de dirigentes cubanos conocidas durante y después de la revolución de 1959, incluye la relección de un núcleo veterano que tiene al menos una década en esa institución, la renovación de la mayoría de sus integrantes y la promoción de tres altos jefes militares, uno de los cuales, el general de ejército Julio Casas Regueiro, fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en remplazo de Raúl Castro.
Con la exclusión de Armando Hart Dávalos, uno de los líderes históricos del movimiento rebelde de hace medio siglo, ya sólo quedan en el Consejo tres dirigentes que han permanecido en el organismo desde que fue constituido en 1976: el presidente Raúl Castro, el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, ratificado como vicepresidente, y José Ramón Machado Ventura, que fue electo vicepresidente primero, y en esa capacidad será el subjefe de Estado y de gobierno.
Machado, de 77 años, era un médico recién graduado cuando se unió a la guerrilla de la Sierra Maestra y dirigió la sanidad militar en el Segundo Frente que encabezó Raúl. Al triunfo de la revolución permaneció en el servicio médico y fue ministro de Salud Pública en los sesenta, tras lo cual se dedicó de lleno al trabajo dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Ahora encabeza el aparato organizativo partidario y la maquinaria de movilización política en el gobierno, las provincias y las organizaciones sociales. Su designación muestra, al mismo tiempo, la permanencia de la generación histórica en posiciones decisivas y el peso de un sector identificado como ortodoxo.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento) también eligió para integrar el Consejo a los otros dos comandantes de la revolución, Ramiro Valdés, el poderoso ministro de la Informática y las Comunicaciones, que repite en esa posición y Guillermo García y religió al secretario, José Miyar Barrueco.
Como presidente de la ANPP fue relecto Ricardo Alarcón de Quesada, doctor en filosofía, de 70 años, que ha pasado la mayor parte de su vida política en la diplomacia.
Activista en la insurrección de los cincuenta, embajador ante Naciones Unidas, viceministro y canciller, y desde 1993 líder parlamentario, Alarcón ha sido designado, incluso desde esa posición, para tareas diplomáticas de alta sensibilidad, como la negociación de los acuerdos migratorios con Estados Unidos en 1994; el litigio por la devolución del balserito Elián González en 2000 y ahora la defensa política y legal de los cinco agentes cubanos presos en aquel país acusados de espionaje.
Su análisis es indispensable para conocer la posición de la isla frente a las variantes en el conflicto con Washington.
Además de Almeida, otros tres vicepresidentes fueron ratificados en sus puestos en el Consejo de Estado: el ministro del Interior y general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, también recluta de la Sierra Maestra, jefe de las tropas cubanas desplegadas en Angola y quizás el militar más vinculado a Raúl; Carlos Lage, virtual jefe de gobierno, a cargo del gabinete ministerial desde hace dos décadas y Esteban Lazo, de trayectoria partidista y ahora ubicado en la estratégica posición de supervisar desde el Buró Político del PCC a los medios de comunicación, la propaganda y la política cultural y educativa.
También fue electo vicepresidente el general de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, mientras que ingresaron al Consejo otros dos jefes militares del mismo rango, Leopoldo Cintra Frías y Alvaro López Miera.
Los cuatro citados generales forman parte de una generación que combatió en la revolución, estudió con los soviéticos y dirigió el teatro de operaciones en el sur africano.
Colomé, Cintra y Casas son miembros del Buró Político del PCC. Ellos tres y López Miera se unieron a la guerrilla entre 1957 y 1958.
Todos, menos Casas, cursaron la Academia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética K. E. Voroshilov.
Igual que Colomé, Casas, de 72 años, pasó por el Segundo Frente. Estuvo a cargo de la logística en la guerra de Etiopía en los setenta, fue jefe del Ejército Oriental y de la defensa antiaérea y ahora dirige el exitoso corporativo empresarial de las FAR.
Cintra (66 años) dirigió en Etiopía una gran unidad de tanques y volvió a Angola en 1989, como jefe de la misión militar. Desde 1990 es el jefe del Ejército Occidental, que tiene entre sus objetivos la defensa de la ciudad de La Habana.
López Miera (64 años), hijo de republicanos españoles, estuvo en Etiopía entre 1977 y 1978 e hizo su segundo turno en Angola, como jefe de operaciones, en 1987. En 1997 remplazó a Ulises Rosales del Toro como jefe del Estado Mayor y este domingo ingresó al parlamento como diputado.
Repiten como miembros del Consejo el ministro de Salud, José Ramón Balaguer; el jefe del PCC en La Habana, Pedro Sáez; el canciller Felipe Pérez Roque; el presidente del Banco Central, Francisco Soberón; el jefe de la oficina de Fidel Castro, Carlos Valenciaga; el escritor Roberto Fernández Retamar; el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Luis Herrera e Iris Betancourt, jefa del complejo de producción científica de la provincia oriental de Granma.
En una tendencia habitual, fueron electos al Consejo de Estado los líderes sectoriales: Orlando Lugo Fonte (pequeños agricultores), que repite y Yolanda Ferrer (mujeres), Juan José Rabilero (comités de barrio), Salvador Valdés (sindicatos) y Julio Martínez (Unión de Jóvenes Comunistas), de nuevo ingreso.
Entre los nuevos integrantes del Consejo están, también, María del Carmen Concepción González, integrante del Secretariado del PCC a cargo de asuntos agrarios; Surina Acosta, líder femenil; Dignora Montano, funcionaria universitaria; Regla Dayamí Armenteros, administradora de hotel; Tania León, alcalde; e Inés María Chapman, funcionaria de recursos hidráulicos.
Se incluye la relección de un núcleo que lleva al menos diez años en la institución
Julio Casas, nuevo ministro de las fuerzas armadas, en remplazo de Raúl Castro
Gerardo Arreola (Corresponsal)
La Habana, 24 de febrero. El Consejo de Estado electo el domingo es una mezcla de las dos generaciones de dirigentes cubanos conocidas durante y después de la revolución de 1959, incluye la relección de un núcleo veterano que tiene al menos una década en esa institución, la renovación de la mayoría de sus integrantes y la promoción de tres altos jefes militares, uno de los cuales, el general de ejército Julio Casas Regueiro, fue nombrado ministro de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR), en remplazo de Raúl Castro.
Con la exclusión de Armando Hart Dávalos, uno de los líderes históricos del movimiento rebelde de hace medio siglo, ya sólo quedan en el Consejo tres dirigentes que han permanecido en el organismo desde que fue constituido en 1976: el presidente Raúl Castro, el comandante de la revolución Juan Almeida Bosque, ratificado como vicepresidente, y José Ramón Machado Ventura, que fue electo vicepresidente primero, y en esa capacidad será el subjefe de Estado y de gobierno.
Machado, de 77 años, era un médico recién graduado cuando se unió a la guerrilla de la Sierra Maestra y dirigió la sanidad militar en el Segundo Frente que encabezó Raúl. Al triunfo de la revolución permaneció en el servicio médico y fue ministro de Salud Pública en los sesenta, tras lo cual se dedicó de lleno al trabajo dentro del Partido Comunista de Cuba (PCC).
Ahora encabeza el aparato organizativo partidario y la maquinaria de movilización política en el gobierno, las provincias y las organizaciones sociales. Su designación muestra, al mismo tiempo, la permanencia de la generación histórica en posiciones decisivas y el peso de un sector identificado como ortodoxo.
La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento) también eligió para integrar el Consejo a los otros dos comandantes de la revolución, Ramiro Valdés, el poderoso ministro de la Informática y las Comunicaciones, que repite en esa posición y Guillermo García y religió al secretario, José Miyar Barrueco.
Como presidente de la ANPP fue relecto Ricardo Alarcón de Quesada, doctor en filosofía, de 70 años, que ha pasado la mayor parte de su vida política en la diplomacia.
Activista en la insurrección de los cincuenta, embajador ante Naciones Unidas, viceministro y canciller, y desde 1993 líder parlamentario, Alarcón ha sido designado, incluso desde esa posición, para tareas diplomáticas de alta sensibilidad, como la negociación de los acuerdos migratorios con Estados Unidos en 1994; el litigio por la devolución del balserito Elián González en 2000 y ahora la defensa política y legal de los cinco agentes cubanos presos en aquel país acusados de espionaje.
Su análisis es indispensable para conocer la posición de la isla frente a las variantes en el conflicto con Washington.
Además de Almeida, otros tres vicepresidentes fueron ratificados en sus puestos en el Consejo de Estado: el ministro del Interior y general de Cuerpo de Ejército Abelardo Colomé Ibarra, también recluta de la Sierra Maestra, jefe de las tropas cubanas desplegadas en Angola y quizás el militar más vinculado a Raúl; Carlos Lage, virtual jefe de gobierno, a cargo del gabinete ministerial desde hace dos décadas y Esteban Lazo, de trayectoria partidista y ahora ubicado en la estratégica posición de supervisar desde el Buró Político del PCC a los medios de comunicación, la propaganda y la política cultural y educativa.
También fue electo vicepresidente el general de Cuerpo de Ejército Julio Casas Regueiro, mientras que ingresaron al Consejo otros dos jefes militares del mismo rango, Leopoldo Cintra Frías y Alvaro López Miera.
Los cuatro citados generales forman parte de una generación que combatió en la revolución, estudió con los soviéticos y dirigió el teatro de operaciones en el sur africano.
Colomé, Cintra y Casas son miembros del Buró Político del PCC. Ellos tres y López Miera se unieron a la guerrilla entre 1957 y 1958.
Todos, menos Casas, cursaron la Academia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Unión Soviética K. E. Voroshilov.
Igual que Colomé, Casas, de 72 años, pasó por el Segundo Frente. Estuvo a cargo de la logística en la guerra de Etiopía en los setenta, fue jefe del Ejército Oriental y de la defensa antiaérea y ahora dirige el exitoso corporativo empresarial de las FAR.
Cintra (66 años) dirigió en Etiopía una gran unidad de tanques y volvió a Angola en 1989, como jefe de la misión militar. Desde 1990 es el jefe del Ejército Occidental, que tiene entre sus objetivos la defensa de la ciudad de La Habana.
López Miera (64 años), hijo de republicanos españoles, estuvo en Etiopía entre 1977 y 1978 e hizo su segundo turno en Angola, como jefe de operaciones, en 1987. En 1997 remplazó a Ulises Rosales del Toro como jefe del Estado Mayor y este domingo ingresó al parlamento como diputado.
Repiten como miembros del Consejo el ministro de Salud, José Ramón Balaguer; el jefe del PCC en La Habana, Pedro Sáez; el canciller Felipe Pérez Roque; el presidente del Banco Central, Francisco Soberón; el jefe de la oficina de Fidel Castro, Carlos Valenciaga; el escritor Roberto Fernández Retamar; el director del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, Luis Herrera e Iris Betancourt, jefa del complejo de producción científica de la provincia oriental de Granma.
En una tendencia habitual, fueron electos al Consejo de Estado los líderes sectoriales: Orlando Lugo Fonte (pequeños agricultores), que repite y Yolanda Ferrer (mujeres), Juan José Rabilero (comités de barrio), Salvador Valdés (sindicatos) y Julio Martínez (Unión de Jóvenes Comunistas), de nuevo ingreso.
Entre los nuevos integrantes del Consejo están, también, María del Carmen Concepción González, integrante del Secretariado del PCC a cargo de asuntos agrarios; Surina Acosta, líder femenil; Dignora Montano, funcionaria universitaria; Regla Dayamí Armenteros, administradora de hotel; Tania León, alcalde; e Inés María Chapman, funcionaria de recursos hidráulicos.
Es intensa la participación de la IP en la industria petrolera
El gobierno debe explicar en qué consiste el mayor impulso que plantea, afirma asesor
Otorgó contratos de inversión a empresas nacionales y extranjeras por 70 mil mdd, dice Apodaca
Quien no entienda que se tiende a privatizar la petrolera no tiene percepción objetiva: CNNE
Israel Rodríguez
El gobierno federal debe explicar en qué consiste el mayor impulso a la participación de la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), porque en los últimos 10 años la paraestatal ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares, afirmó José Luis Apodaca Villarreal, maestro universitario y asesor en el Congreso en materia energética. Advirtió que ya existe una participación intensa del sector privado en la industria petrolera
En tanto, el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNNE) señaló que quienes no perciben acciones tendientes a la privatización de la industria petrolera, no tienen percepciones objetivas ni exactas. Sólo en el aspecto legislativo se han presentado varias iniciativas de ley tendientes a avanzar en la privatización de Pemex, subrayó.
Pidiregas, caros y poco claros
Apodaca Villarreal, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad, después de laborar 32 años en diferentes áreas de esa empresa, precisó que en la última década Pemex ha otorgado estos contratos a través del endeudamiento con empresas privadas mediante el esquema de Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazos.
El endeudamiento contratado con las empresas significará una erogación para Pemex de 150 mil millones de pesos en los próximos 25 años, por los créditos recibidos.
Por ello, el consultor dijo que Pemex debe invertir directamente y sustituir el esquema de Pidiregas, porque además de ser muy caras en sus costos unitarios y su financiamiento, es muy difícil transparentar su administración.
El especialista aseveró que Pemex debe invertir en refinerías y en petroquímica, porque agregan valor, generan cadenas productivas y empleos. Explicó que actualmente el costo de la extracción de crudo es de cuatro dólares y se vende en promedio anual en casi 70 dólares por barril, pero por el otro lado se compran gasolinas a 102 dólares el barril. Con los remanentes se puede cubrir el costo de una refinería por año. Adicionalmente, Pemex debe invertir en la industria petroquímica, porque en promedio le agrega valor al crudo en más de diez veces.
Ante la petición de diagnóstico del gobierno, que quiere saber qué opciones existen para permitir una mayor inclusión de la inversión privada en Pemex, el CNNE recordó que los diputados priístas Guillermo Hopkins y Omar Fayad, el 14 de diciembre de 2002, y el senador del mismo partido, Genaro Borrego, el 28 de abril de 2005, presentaron iniciativas que coinciden en modificar la Ley Orgánica de Pemex y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cambiar el régimen legal de la petrolera de organismo descentralizado a sociedad de interés público.De esta manera, se sustrae al organismo de la aplicación de leyes relativas a las entidades paraestatales y se deja sin precisar la naturaleza jurídica y alcance de la sociedad referida.
El 5 de junio de 2002, explicó Francisco Carrillo Soberón, coordinador general del CNEE, el senador José Natividad González Parás, ahora gobernador de Nuevo León, presentó una iniciativa para modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, a fin de que “la exploración y desarrollo de los yacimientos puedan ser contratados con particulares”.
Más adelante, el 29 de agosto de 2003 el diputado Alejandro Chávez Presa, y luego el ex presidente Vicente Fox, el 20 de septiembre de 2005, presentaron sendas iniciativas para reformar el artículo 27 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad de la Nación en la explotación de gas natural no asociado.
Carrillo Soberón destacó que lo anterior explica porqué Felipe Calderón desde antes de salir a su gira por Estados Unidos y después de la misma, declarara que están estudiando si presentan una nueva iniciativa para abrir oportunidades a la inversión privada (eufemismo con el que encubren el proceso de privatización), o si con las iniciativas existentes es suficiente.
Otorgó contratos de inversión a empresas nacionales y extranjeras por 70 mil mdd, dice Apodaca
Quien no entienda que se tiende a privatizar la petrolera no tiene percepción objetiva: CNNE
Israel Rodríguez
El gobierno federal debe explicar en qué consiste el mayor impulso a la participación de la inversión privada en Petróleos Mexicanos (Pemex), porque en los últimos 10 años la paraestatal ha otorgado contratos de inversión a empresas privadas nacionales y extranjeras por 70 mil millones de dólares, afirmó José Luis Apodaca Villarreal, maestro universitario y asesor en el Congreso en materia energética. Advirtió que ya existe una participación intensa del sector privado en la industria petrolera
En tanto, el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNNE) señaló que quienes no perciben acciones tendientes a la privatización de la industria petrolera, no tienen percepciones objetivas ni exactas. Sólo en el aspecto legislativo se han presentado varias iniciativas de ley tendientes a avanzar en la privatización de Pemex, subrayó.
Pidiregas, caros y poco claros
Apodaca Villarreal, jubilado como gerente general divisional de la Comisión Federal de Electricidad, después de laborar 32 años en diferentes áreas de esa empresa, precisó que en la última década Pemex ha otorgado estos contratos a través del endeudamiento con empresas privadas mediante el esquema de Proyectos de Inversión Financiada con Impacto Diferido en el Gasto (Pidiregas), cuyos gastos de amortización e intereses se realizan a mediano y largo plazos.
El endeudamiento contratado con las empresas significará una erogación para Pemex de 150 mil millones de pesos en los próximos 25 años, por los créditos recibidos.
Por ello, el consultor dijo que Pemex debe invertir directamente y sustituir el esquema de Pidiregas, porque además de ser muy caras en sus costos unitarios y su financiamiento, es muy difícil transparentar su administración.
El especialista aseveró que Pemex debe invertir en refinerías y en petroquímica, porque agregan valor, generan cadenas productivas y empleos. Explicó que actualmente el costo de la extracción de crudo es de cuatro dólares y se vende en promedio anual en casi 70 dólares por barril, pero por el otro lado se compran gasolinas a 102 dólares el barril. Con los remanentes se puede cubrir el costo de una refinería por año. Adicionalmente, Pemex debe invertir en la industria petroquímica, porque en promedio le agrega valor al crudo en más de diez veces.
Ante la petición de diagnóstico del gobierno, que quiere saber qué opciones existen para permitir una mayor inclusión de la inversión privada en Pemex, el CNNE recordó que los diputados priístas Guillermo Hopkins y Omar Fayad, el 14 de diciembre de 2002, y el senador del mismo partido, Genaro Borrego, el 28 de abril de 2005, presentaron iniciativas que coinciden en modificar la Ley Orgánica de Pemex y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para cambiar el régimen legal de la petrolera de organismo descentralizado a sociedad de interés público.De esta manera, se sustrae al organismo de la aplicación de leyes relativas a las entidades paraestatales y se deja sin precisar la naturaleza jurídica y alcance de la sociedad referida.
El 5 de junio de 2002, explicó Francisco Carrillo Soberón, coordinador general del CNEE, el senador José Natividad González Parás, ahora gobernador de Nuevo León, presentó una iniciativa para modificar la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en el ramo del petróleo, a fin de que “la exploración y desarrollo de los yacimientos puedan ser contratados con particulares”.
Más adelante, el 29 de agosto de 2003 el diputado Alejandro Chávez Presa, y luego el ex presidente Vicente Fox, el 20 de septiembre de 2005, presentaron sendas iniciativas para reformar el artículo 27 de la Constitución, suprimiendo la exclusividad de la Nación en la explotación de gas natural no asociado.
Carrillo Soberón destacó que lo anterior explica porqué Felipe Calderón desde antes de salir a su gira por Estados Unidos y después de la misma, declarara que están estudiando si presentan una nueva iniciativa para abrir oportunidades a la inversión privada (eufemismo con el que encubren el proceso de privatización), o si con las iniciativas existentes es suficiente.
Grupo México organiza grupos paramilitares en Cananea, denuncian
Ulises Gutiérrez Ruelas, corresponsal
Hermosillo, Sonora., 24 de Febrero. Ex policías que habrían sido contratados por Grupo México denunciaron que en la mina de Cananea se atrincheran grupos paramilitares para evitar que los mineros –en huelga desde el pasado 31 de julio del 2007– retomen el control de los accesos al yacimiento, luego de que fuerzas federales los desalojaron violentamente el pasado 11 de enero.
Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), dijo que el video donde dos de esos paramilitares denuncian la situación es verídico y que fue grabado luego de que los ex policías desertaron y lograron salir de la mina.
En la entrevista, con duración de 45 minutos, se habla de varios detalles de lo que sucede dentro de la mina. Apuntan que al llegar a Cananea con engaños y darse cuenta de que los habían contratado para realizar actividades al margen de la ley decidieron alejarse de ese conflicto.
“Yo me salí porque a lo que nos trajeron no es a lo que nos dijeron”, declara uno de los entrevistados en el video, quien señala que antes trabajó de policía en Tijuana, Baja California, y que fue trasladado con engaños desde aquella ciudad.
“Nos salieron (directivos de Grupo México) con que no podíamos abandonar las minas en dos meses y que veníamos a tirar putazos”.
En la entrevista, los elementos de seguridad que piden no se dé a conocer sus nombres, señalan que dentro de la mina en Cananea hay un clima de nerviosismo y que ahora que salieron y desertaron temen por sus vidas, ya que se quedaron sin dinero y no cuentan con recursos para volver a su ciudad.
La empresa Eulen habría realizado la concentración del personal en Tijuana, sin explicar en detalle el “trabajo” para el que estaba contratando “personal de seguridad”; se les ofrecieron 20 mil pesos por dos meses al reclutarlos. Se detalla en la cinta que se tiene gracias a la colaboración de Juan Carlos Ruiz Olvera.
¡YA COMO EN COLOMBIA!
Hermosillo, Sonora., 24 de Febrero. Ex policías que habrían sido contratados por Grupo México denunciaron que en la mina de Cananea se atrincheran grupos paramilitares para evitar que los mineros –en huelga desde el pasado 31 de julio del 2007– retomen el control de los accesos al yacimiento, luego de que fuerzas federales los desalojaron violentamente el pasado 11 de enero.
Sergio Tolano Lizárraga, dirigente de la sección 65 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), dijo que el video donde dos de esos paramilitares denuncian la situación es verídico y que fue grabado luego de que los ex policías desertaron y lograron salir de la mina.
En la entrevista, con duración de 45 minutos, se habla de varios detalles de lo que sucede dentro de la mina. Apuntan que al llegar a Cananea con engaños y darse cuenta de que los habían contratado para realizar actividades al margen de la ley decidieron alejarse de ese conflicto.
“Yo me salí porque a lo que nos trajeron no es a lo que nos dijeron”, declara uno de los entrevistados en el video, quien señala que antes trabajó de policía en Tijuana, Baja California, y que fue trasladado con engaños desde aquella ciudad.
“Nos salieron (directivos de Grupo México) con que no podíamos abandonar las minas en dos meses y que veníamos a tirar putazos”.
En la entrevista, los elementos de seguridad que piden no se dé a conocer sus nombres, señalan que dentro de la mina en Cananea hay un clima de nerviosismo y que ahora que salieron y desertaron temen por sus vidas, ya que se quedaron sin dinero y no cuentan con recursos para volver a su ciudad.
La empresa Eulen habría realizado la concentración del personal en Tijuana, sin explicar en detalle el “trabajo” para el que estaba contratando “personal de seguridad”; se les ofrecieron 20 mil pesos por dos meses al reclutarlos. Se detalla en la cinta que se tiene gracias a la colaboración de Juan Carlos Ruiz Olvera.
¡YA COMO EN COLOMBIA!
La militarización del país, una gran farsa, dice Encinas
Rodolfo Villalba Sánchez (Corresponsal)
Tapachula, Chis., 24 de febrero. Alejandro Encinas, candidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, criticó la militarización que ha hecho el gobierno federal para combatir al narcotráfico. Afirmó que “hemos caído en una gran farsa”.
Entrevistado en el marco de la gira proselitista en la que reunió a unas 150 personas en la explanada del parque central de esta localidad, Encinas consideró que la militarización para combatir el narcotráfico es una farsa, porque “ni se está resolviendo el problema, se está desacreditando al Ejército Mexicano, hay violación de los derechos humanos y no se resuelve el problema de fondo”.
Dijo que para resolver el narcotráfico se debe “ir al fondo”, y reconocer que es un problema de salud pública, así como resultado de falta de oportunidades de desarrollo, lo cual facilita las actividades ilícitas.
Sostuvo que no sólo es un problema de policías y ladrones, sino uno que pasa por los aeropuertos y puertos marítimos, en las aduanas, donde debería atenderlo la Secretaría de Hacienda, que habría de comenzar por desmantelar el poderío económico del narcotráfico, al investigar grandes fortunas que están en el sistema financiero del país, y cuya procedencia no es clara.
El ex jefe de Gobierno capitalino añadió que la administración federal carece de capacidad y legitimidad. Afirmó que Felipe Calderón “se robó” la Presidencia de la República, por lo que exhortó a los perredistas de Chiapas a luchar por tener una dirigencia que tenga la fuerza para defender las causas de la gente, y velar por un mejor porvenir para la nación.
Tapachula, Chis., 24 de febrero. Alejandro Encinas, candidato a la dirigencia nacional del Partido de la Revolución Democrática, criticó la militarización que ha hecho el gobierno federal para combatir al narcotráfico. Afirmó que “hemos caído en una gran farsa”.
Entrevistado en el marco de la gira proselitista en la que reunió a unas 150 personas en la explanada del parque central de esta localidad, Encinas consideró que la militarización para combatir el narcotráfico es una farsa, porque “ni se está resolviendo el problema, se está desacreditando al Ejército Mexicano, hay violación de los derechos humanos y no se resuelve el problema de fondo”.
Dijo que para resolver el narcotráfico se debe “ir al fondo”, y reconocer que es un problema de salud pública, así como resultado de falta de oportunidades de desarrollo, lo cual facilita las actividades ilícitas.
Sostuvo que no sólo es un problema de policías y ladrones, sino uno que pasa por los aeropuertos y puertos marítimos, en las aduanas, donde debería atenderlo la Secretaría de Hacienda, que habría de comenzar por desmantelar el poderío económico del narcotráfico, al investigar grandes fortunas que están en el sistema financiero del país, y cuya procedencia no es clara.
El ex jefe de Gobierno capitalino añadió que la administración federal carece de capacidad y legitimidad. Afirmó que Felipe Calderón “se robó” la Presidencia de la República, por lo que exhortó a los perredistas de Chiapas a luchar por tener una dirigencia que tenga la fuerza para defender las causas de la gente, y velar por un mejor porvenir para la nación.
Protestas en cinco estados contra apertura de Pemex
Realizan actos de solidaridad con López Obrador
De los corresponsales
Ayer, frente a la sede de la paraestatal en la ciudad de México Foto: Carlos Ramos Mamahua
Activistas y militantes de partidos políticos, así como agrupaciones sindicales, civiles y ambientalistas manifestaron este domingo su repudio a la posible privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Nuevo León, Veracruz, Campeche, Chihuahua y Jalisco, donde se solidarizaron con la concentración que con el mismo propósito se desarrolló en la ciudad de México.
En Monterrey, Nuevo León, unos mil manifestantes se reunieron en la plaza de Colegio Civil, donde los oradores coincidieron en que Pemex cuenta con recursos propios suficientes para su desarrollo y modernización, pero los gobiernos en turno se los arrebatan y los utilizan para cubrir sus ineficiencias en la administración, pagarse grandes sueldos y amasar fortunas al amparo de la corrupción.
En Jalapa, Veracruz, alrededor de cien ciudadanos adheridos al Movimiento de Resistencia Civil Pro Defensa del Petróleo instalaron un plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir al Congreso local que rechace la reforma energética que, según el organismo, impulsarán el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el Partido Acción Nacional.
Unos 150 militantes del Comité Ciudadano por la Defensa del Petróleo, del Frente Amplio Progresista, de la Coalición Estatal de Organizaciones de Izquierda y del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata se manifestaron ante la planta de almacenamiento de Pemex en Lerma, Campeche, así como frente a las oficinas de la Región Marina, con sede en Ciudad del Carmen.
Por otra parte, un grupo de personas se manifestó en la plaza de armas de la capital de Chihuahua, donde se llamó a la consolidación de un frente de defensa de los recursos energéticos de México. Los manifestantes exigieron al Congreso de la Unión abrir la información sobre los proyectos de ley que se discuten en círculos cerrados para modificar la Constitución mexicana y las leyes secundarias en materia energética.
Mientras, en Puerto Vallarta, Jalisco, el dirigente del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara que las movilizaciones sociales ante la privatización de Pemex pueden llegar a paralizar el país.
(David Carrizales, Andrés T. Morales, Lorenzo Chim, Miroslava Breach y Javier Santos)
De los corresponsales
Ayer, frente a la sede de la paraestatal en la ciudad de México Foto: Carlos Ramos MamahuaActivistas y militantes de partidos políticos, así como agrupaciones sindicales, civiles y ambientalistas manifestaron este domingo su repudio a la posible privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Nuevo León, Veracruz, Campeche, Chihuahua y Jalisco, donde se solidarizaron con la concentración que con el mismo propósito se desarrolló en la ciudad de México.
En Monterrey, Nuevo León, unos mil manifestantes se reunieron en la plaza de Colegio Civil, donde los oradores coincidieron en que Pemex cuenta con recursos propios suficientes para su desarrollo y modernización, pero los gobiernos en turno se los arrebatan y los utilizan para cubrir sus ineficiencias en la administración, pagarse grandes sueldos y amasar fortunas al amparo de la corrupción.
En Jalapa, Veracruz, alrededor de cien ciudadanos adheridos al Movimiento de Resistencia Civil Pro Defensa del Petróleo instalaron un plantón en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada para exigir al Congreso local que rechace la reforma energética que, según el organismo, impulsarán el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa y el Partido Acción Nacional.
Unos 150 militantes del Comité Ciudadano por la Defensa del Petróleo, del Frente Amplio Progresista, de la Coalición Estatal de Organizaciones de Izquierda y del Frente Campesino Independiente Emiliano Zapata se manifestaron ante la planta de almacenamiento de Pemex en Lerma, Campeche, así como frente a las oficinas de la Región Marina, con sede en Ciudad del Carmen.
Por otra parte, un grupo de personas se manifestó en la plaza de armas de la capital de Chihuahua, donde se llamó a la consolidación de un frente de defensa de los recursos energéticos de México. Los manifestantes exigieron al Congreso de la Unión abrir la información sobre los proyectos de ley que se discuten en círculos cerrados para modificar la Constitución mexicana y las leyes secundarias en materia energética.
Mientras, en Puerto Vallarta, Jalisco, el dirigente del Frente Amplio Progresista, Porfirio Muñoz Ledo, advirtió ante estudiantes de la Universidad Autónoma de Guadalajara que las movilizaciones sociales ante la privatización de Pemex pueden llegar a paralizar el país.
(David Carrizales, Andrés T. Morales, Lorenzo Chim, Miroslava Breach y Javier Santos)
Abucheos, insultos y frutazos contra González Garza y Navarrete Ruiz
Alma E. Muñoz
Los coordinadores parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, en San Lázaro, y Carlos Navarrete, en Xicoténcatl, fueron señalados como “traidores” por un sector de los asistentes a la asamblea que ayer encabezó Andrés Manuel López Obrador para impulsar el plan de acción en defensa del petróleo.
Ambos fueron abucheados, aunque el senador Navarrete recibió más reclamos por supuestos actos de reconocimiento al gobierno de Felipe Calderón: una señora le dio un palazo, otras personas le arrojaron agua y hasta una bolsa de plástico con plátanos cocidos por el calor, que fue lanzada a su espalda.
El diputado González Garza fue el primero en recibir reproches, cuando tomó el micrófono para explicar las acciones legislativas que se llevarán a cabo para impedir la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“¡Fuera!, ¡que se largue!, ¡culero!, ¡traidor!”, le comenzaron a gritar. Su rostro enrojeció y sus manos se aferraban al atril para continuar leyendo el documento que preparó para la ocasión, pero tuvo que detenerse conforme las protestas subían de tono: “¡Güero, no te vendas a las intenciones de la derecha!, ¡lárgate, traidor!”
López Obrador tuvo que quitarle el micrófono, después de posar su mano derecha sobre el hombro izquierdo del legislador. “Compañeros: en estos momentos, cuando se quiere entregar la riqueza petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, tenemos por encima de todo que estar unidos y ser respetuosos con nuestros compañeros”, dijo.
“¡Nada de gritos!”, exclamó. “Aquí todos nos vamos a escuchar, porque todos nos hacemos falta en esta lucha para sacar adelante a nuestro país. Yo les pido a ustedes que escuchemos con atención y con respeto al compañero Javier González Garza. Eso es todo lo que pido”, insistió. La gente permitió que el diputado concluyera su intervención, aunque continuó escuchándose uno que otro reclamo en su contra.
Los “exaltados”
Terminó la asamblea y siguió el turno para el senador Navarrete. Ya se había retirado López Obrador cuando el legislador se detuvo a contestar preguntas de la prensa, una sobre lo ocurrido con González Garza.
“En este movimiento también participa un grupo de exaltados que no logran entender dónde está el enemigo… nosotros no vamos a caer en provocaciones de un pequeño grupo de exaltados. Que quienes los exaltan los aplaquen, como ocurrió hoy (ayer)”, respondió.
Este discurso de Navarrete, así como su actitud, no hace más que confirmar lo que parte del pueblo sabe. Le llama "grupo de exaltados" a quienes están informados de la forma en la que esta camarilla del PRD se ha venido comportando. Es el mismo discurso de Fecal cuando dice que quienes lo repudian por el fraude es un grupo de violentos que no quieren dialogar. Dice que no van a caer en lo que él llama "provocaciones" cuando es el justo sentir de muchos ciudadanos y todavía se manda decir que "quienes los exaltan los aplaquen, como ocurrió hoy (ayer)". ¿Acaso se está refiriendo a AMLO? Porque si es así, ahí está la prueba de su traición; es el mismo discurso de López Dóriga que culpa a AMLO de que un radio escucha le diga que ya hace mucho que no lo sintoniza y que ahora sólo lo hizo porque entrevistaba a AMLO, López Dóriga dijo "Andrés Manuel, mira lo que provocas". La posición del reaccionario siempre es la descalificación de la gente que protesta adjudicándole que está siendo manipulada, no nos conceden libertad de pensamiento porque ellos han sido precisamente los agentes manipuladores del pueblo con sus programas de adormecimiento mental y las noticias plagadas de mentiras para moldear una opinión pública alejada de su realidad. Así Navarrete no reconoce la libre expresión de los ciudadanos que ya conscientes no se están chupando el dedo y saben de los arreglos corruptos de quienes se suponen deberían representarlos.
Para entonces, ya señalaban a Navarrete como “traidor, ¡ojalá no te dejes agarrar la pierna!” Otros coreaban en su cara: “Encinas sí, chuchos no”, en referencia a los dos principales contendientes por la presidencia nacional del PRD, Alejandro Encinas y Jesús Ortega.
Es más odioso el traidor que el enemigo, porque el primero se filtra hipócritamente diciéndose amigo.
Completamente cercado, Navarrete caminó por una calle alterna a Marina Nacional rumbo a Circuito Interior en busca de una salida; intentaba defenderse de quienes lo cuestionaban y hasta gritaban: “Si los chuchos pudieran, a su madre la vendieran”. ¡Díganme cuándo he votado por algo de Calderón en la Cámara!”, decía sin apresurar el paso, muy seguro de sí mismo.
Ojalá estos traidores tuvieran cierta consciencia y se dieran cuenta que incluso dentro de su conveniencia personal más vale que se porten con lealtad, aunque lo dudo, "árbol que nace torcido, difícilmente su tronco endereza".
Pero cuando a un costado de Plaza Galerías vio estacionado un microbús con la puerta abierta se subió, mientras cuatro integrantes de su equipo bloquearon el acceso. La acción provocó más encono y la gente comenzó a golpear la unidad mientras la perseguían, después de que el conductor no tuvo más remedio que regresar a Marina Nacional para tratar de escapar.
“¿De qué se ríe?”
Navarrete se sentó a un lado del chofer con la sonrisa congelada en el rostro, cuando un hombre le gritó, después de más de media hora de estarlo hostigando: “No te rías, hijo de la chingada”.
En su risa está la inconsciencia, no se percatan que el enojo de la gente está llegando a su límite. Lo cual ya era hora. Si el delgado hilo que aún sujeta a la gente en la protesta pacífica se rompe, entonces sí vamos a ver lo que es "amar a Dios en tierra de indios", y vamos a ver si también le da risa que lo cuelguen de los huevos.
Al final, lo dejaron ir, pese a que un joven se colocó frente al microbús diciendo en voz alta: “A los traidores no hay que cederles el paso”.
Y claro, sale el grupillo del PRD de Fecal al quite:
Apoyo de Nueva Izquierda a Navarrete
(Alma E. Muñoz)
El secretario general perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, advirtió que solicitará el próximo martes al Comité Ejecutivo Nacional que investigue y sancione hasta con la expulsión a los militantes del instituto político que, sostuvo, participaron en las agresiones en contra del senador Carlos Navarrete al término de la asamblea en defensa del petróleo.
Siguen con la necedad, no entienden que es la gente, la gente que no pertenece a ningún partido la que está cansada de sus pendejadas. Pero claro, dentro de su mente de gallina, la gente no existe, sólo ven el mundo de sus politiquillos mediocres:
Indicó, vía telefónica, que tienen información de que los detractores del legislador y del diputado Javier González Garza pertenecen a las corrientes perredistas Izquierda Democrática Nacional e Izquierda Social.
Acosta Naranjo manifestó que la dirigencia de su corriente, Nueva Izquierda, consultará con Navarrete Ruiz la posibilidad de presentar denuncia penal y pidió a Alejandro Encinas deslindarse de los hechos; se manifestó finalmente porque Andrés Manuel López Obrador emita una condena sobre el particular.
¿Denuncia penal? ¿Contra la gente que está harta de sus traiciones? Vaya, vaya, ahora sí que no sólo está el gobierno espurio para reprimir sino esta bola de zoquetes que dicen representarnos y en realidad son sus cómplices. Y para muestra, un botón: ahí está Mouriño dando el mismo discurso ayer en Iguala:
Llama Mouriño a apretar el paso para resolver diferencias y buscar acuerdos
Claudia Herrera y Alfredo Méndez (Enviados)
Iguala, Gro., 24 de febrero. A diferencia del año pasado, el presidente Felipe Calderón cedió a Juan Camilo Mouriño, su nuevo secretario de Gobernación, el discurso central por el Día de la Bandera, en el que llamó a resolver diferencias y buscar acuerdos...
Cobijadito por el otro sátrapa del PRD Zeferino Torreblanca.
...En su corto mensaje político, insistió en que la bandera, y en particular el “blanco central”, encarnan la unidad nacional y la necesidad de establecer un diálogo abierto entre todos los mexicanos.
Bueno pues que se salga del diálogo porque no siendo mexicano, nada tiene que estar haciendo en ese "diálogo"...
Los coordinadores parlamentarios del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Javier González Garza, en San Lázaro, y Carlos Navarrete, en Xicoténcatl, fueron señalados como “traidores” por un sector de los asistentes a la asamblea que ayer encabezó Andrés Manuel López Obrador para impulsar el plan de acción en defensa del petróleo.
Ambos fueron abucheados, aunque el senador Navarrete recibió más reclamos por supuestos actos de reconocimiento al gobierno de Felipe Calderón: una señora le dio un palazo, otras personas le arrojaron agua y hasta una bolsa de plástico con plátanos cocidos por el calor, que fue lanzada a su espalda.
El diputado González Garza fue el primero en recibir reproches, cuando tomó el micrófono para explicar las acciones legislativas que se llevarán a cabo para impedir la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
“¡Fuera!, ¡que se largue!, ¡culero!, ¡traidor!”, le comenzaron a gritar. Su rostro enrojeció y sus manos se aferraban al atril para continuar leyendo el documento que preparó para la ocasión, pero tuvo que detenerse conforme las protestas subían de tono: “¡Güero, no te vendas a las intenciones de la derecha!, ¡lárgate, traidor!”
López Obrador tuvo que quitarle el micrófono, después de posar su mano derecha sobre el hombro izquierdo del legislador. “Compañeros: en estos momentos, cuando se quiere entregar la riqueza petrolera a particulares, nacionales y extranjeros, tenemos por encima de todo que estar unidos y ser respetuosos con nuestros compañeros”, dijo.
“¡Nada de gritos!”, exclamó. “Aquí todos nos vamos a escuchar, porque todos nos hacemos falta en esta lucha para sacar adelante a nuestro país. Yo les pido a ustedes que escuchemos con atención y con respeto al compañero Javier González Garza. Eso es todo lo que pido”, insistió. La gente permitió que el diputado concluyera su intervención, aunque continuó escuchándose uno que otro reclamo en su contra.
Los “exaltados”
Terminó la asamblea y siguió el turno para el senador Navarrete. Ya se había retirado López Obrador cuando el legislador se detuvo a contestar preguntas de la prensa, una sobre lo ocurrido con González Garza.
“En este movimiento también participa un grupo de exaltados que no logran entender dónde está el enemigo… nosotros no vamos a caer en provocaciones de un pequeño grupo de exaltados. Que quienes los exaltan los aplaquen, como ocurrió hoy (ayer)”, respondió.
Este discurso de Navarrete, así como su actitud, no hace más que confirmar lo que parte del pueblo sabe. Le llama "grupo de exaltados" a quienes están informados de la forma en la que esta camarilla del PRD se ha venido comportando. Es el mismo discurso de Fecal cuando dice que quienes lo repudian por el fraude es un grupo de violentos que no quieren dialogar. Dice que no van a caer en lo que él llama "provocaciones" cuando es el justo sentir de muchos ciudadanos y todavía se manda decir que "quienes los exaltan los aplaquen, como ocurrió hoy (ayer)". ¿Acaso se está refiriendo a AMLO? Porque si es así, ahí está la prueba de su traición; es el mismo discurso de López Dóriga que culpa a AMLO de que un radio escucha le diga que ya hace mucho que no lo sintoniza y que ahora sólo lo hizo porque entrevistaba a AMLO, López Dóriga dijo "Andrés Manuel, mira lo que provocas". La posición del reaccionario siempre es la descalificación de la gente que protesta adjudicándole que está siendo manipulada, no nos conceden libertad de pensamiento porque ellos han sido precisamente los agentes manipuladores del pueblo con sus programas de adormecimiento mental y las noticias plagadas de mentiras para moldear una opinión pública alejada de su realidad. Así Navarrete no reconoce la libre expresión de los ciudadanos que ya conscientes no se están chupando el dedo y saben de los arreglos corruptos de quienes se suponen deberían representarlos.
Para entonces, ya señalaban a Navarrete como “traidor, ¡ojalá no te dejes agarrar la pierna!” Otros coreaban en su cara: “Encinas sí, chuchos no”, en referencia a los dos principales contendientes por la presidencia nacional del PRD, Alejandro Encinas y Jesús Ortega.
Es más odioso el traidor que el enemigo, porque el primero se filtra hipócritamente diciéndose amigo.
Completamente cercado, Navarrete caminó por una calle alterna a Marina Nacional rumbo a Circuito Interior en busca de una salida; intentaba defenderse de quienes lo cuestionaban y hasta gritaban: “Si los chuchos pudieran, a su madre la vendieran”. ¡Díganme cuándo he votado por algo de Calderón en la Cámara!”, decía sin apresurar el paso, muy seguro de sí mismo.
Ojalá estos traidores tuvieran cierta consciencia y se dieran cuenta que incluso dentro de su conveniencia personal más vale que se porten con lealtad, aunque lo dudo, "árbol que nace torcido, difícilmente su tronco endereza".
Pero cuando a un costado de Plaza Galerías vio estacionado un microbús con la puerta abierta se subió, mientras cuatro integrantes de su equipo bloquearon el acceso. La acción provocó más encono y la gente comenzó a golpear la unidad mientras la perseguían, después de que el conductor no tuvo más remedio que regresar a Marina Nacional para tratar de escapar.
“¿De qué se ríe?”
Navarrete se sentó a un lado del chofer con la sonrisa congelada en el rostro, cuando un hombre le gritó, después de más de media hora de estarlo hostigando: “No te rías, hijo de la chingada”.
En su risa está la inconsciencia, no se percatan que el enojo de la gente está llegando a su límite. Lo cual ya era hora. Si el delgado hilo que aún sujeta a la gente en la protesta pacífica se rompe, entonces sí vamos a ver lo que es "amar a Dios en tierra de indios", y vamos a ver si también le da risa que lo cuelguen de los huevos.
Al final, lo dejaron ir, pese a que un joven se colocó frente al microbús diciendo en voz alta: “A los traidores no hay que cederles el paso”.
Y claro, sale el grupillo del PRD de Fecal al quite:
Apoyo de Nueva Izquierda a Navarrete
(Alma E. Muñoz)
El secretario general perredista, Guadalupe Acosta Naranjo, advirtió que solicitará el próximo martes al Comité Ejecutivo Nacional que investigue y sancione hasta con la expulsión a los militantes del instituto político que, sostuvo, participaron en las agresiones en contra del senador Carlos Navarrete al término de la asamblea en defensa del petróleo.
Siguen con la necedad, no entienden que es la gente, la gente que no pertenece a ningún partido la que está cansada de sus pendejadas. Pero claro, dentro de su mente de gallina, la gente no existe, sólo ven el mundo de sus politiquillos mediocres:
Indicó, vía telefónica, que tienen información de que los detractores del legislador y del diputado Javier González Garza pertenecen a las corrientes perredistas Izquierda Democrática Nacional e Izquierda Social.
Acosta Naranjo manifestó que la dirigencia de su corriente, Nueva Izquierda, consultará con Navarrete Ruiz la posibilidad de presentar denuncia penal y pidió a Alejandro Encinas deslindarse de los hechos; se manifestó finalmente porque Andrés Manuel López Obrador emita una condena sobre el particular.
¿Denuncia penal? ¿Contra la gente que está harta de sus traiciones? Vaya, vaya, ahora sí que no sólo está el gobierno espurio para reprimir sino esta bola de zoquetes que dicen representarnos y en realidad son sus cómplices. Y para muestra, un botón: ahí está Mouriño dando el mismo discurso ayer en Iguala:
Llama Mouriño a apretar el paso para resolver diferencias y buscar acuerdos
Claudia Herrera y Alfredo Méndez (Enviados)
Iguala, Gro., 24 de febrero. A diferencia del año pasado, el presidente Felipe Calderón cedió a Juan Camilo Mouriño, su nuevo secretario de Gobernación, el discurso central por el Día de la Bandera, en el que llamó a resolver diferencias y buscar acuerdos...
Cobijadito por el otro sátrapa del PRD Zeferino Torreblanca.
...En su corto mensaje político, insistió en que la bandera, y en particular el “blanco central”, encarnan la unidad nacional y la necesidad de establecer un diálogo abierto entre todos los mexicanos.
Bueno pues que se salga del diálogo porque no siendo mexicano, nada tiene que estar haciendo en ese "diálogo"...
Mouriño, principal promotor de la privatización de Pemex: AMLO
En mitin realizado ante la torre de la empresa lo acusa de ser “traficante de influencias”
El funcionario ha obtenido de la paraestatal contratos millonarios por adjudicación directa, dice
El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, advierte
Alma E. Muñoz
Impediremos la entrega del sector energético a particulares, nacionales o extranjeros, insistió Andrés Manuel López Obrador Foto: Carlos Ramos Mamahua
Andrés Manuel López Obrador señaló al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como el principal promotor de la entrega del petróleo a particulares y lo acusó de ser un “traficante de influencias”. Sostuvo que, gracias a su gestión en la función pública, “el funcionario obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
En el primer mitin que encabezó frente a la torre de la paraestatal en la ciudad de México, para convocar a la suma de esfuerzos que en torno al plan de resistencia civil pacífica llevará a cabo el movimiento que encabeza, advirtió que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza, y no necesariamente a la emancipación del pueblo”.
Ante cientos de personas que se congregaron en el lugar –abarcando los dos sentidos de Marina Nacional– para expresarle su apoyo contra la privatización del sector, López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, “toda la documentación que poseo: minutas, contratos y datos técnicos para demostrar” los señalamientos en contra de Mouriño.
Lo anterior, con el propósito de que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia soliciten, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la realización de las auditorías correspondientes a la paraestatal. Y que sirva además, dijo, para aclarar la relación que existe entre Felipe Calderón, el secretario de Gobernación y Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con empresas extranjeras para entregarles el sector energético.
“No le demos vueltas al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles: ‘los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos”’, parafraseó.
“Por eso digo que nunca como ahora es tan aplicable la frase de Bertolt Brecht, según la cual el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.
El ex candidato presidencial enarboló como símbolo de lucha la bandera nacional, para reafirmar su decisión de no permitir que se concreten los propósitos que, aseguró, encabezan las cúpulas en el poder.
Sostuvo que ésa es la respuesta del porqué los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en exploración, refinación, petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico. Aunque parezca increíble, remató, “desde hace 25 años todos los gobernantes han mantenido como dogma la idea fija de privatizar a Pemex y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares”.
Desde 1983, recordó, han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas: Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, minas, aeropuertos, Mexicana, Aeroméxico, los bancos; ya privatizaron 35 por ciento de la industria eléctrica nacional y “ahora quieren montarse en el negocio del petróleo”.
Se manifestó en contra de la utilización de “eufemismos” para “ocultar” el propósito de concretar ese proyecto, al argumentar que falta dinero o tecnología para modernizar a la industria, cuando –planteó– extraer un barril de petróleo cuesta 4 dólares y se vende en 80. Además, recordó, la paraestatal pagó impuestos por 60 millones de dólares, tan sólo el año pasado, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto federal, y tres veces más de lo pagado por todas las empresas privadas del país por impuesto sobre la renta.
Por eso, advirtió, “no aceptamos, que se oiga bien y que se oiga lejos, nada que tenga que ver con privatizar a Pemex o compartir la renta petrolera”. Es más, señaló, “esto huele” a lo que querían hacer con el Servicio de Administración Tributaria antes de las elecciones de 2006, para dejar la política de ingresos en manos de “los potentados y evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal”.
O a lo mejor “quieren una especie de IFE, que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados del PRIAN. Y, por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución”.
Apuntó que “sólo es cosa” de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios para fortalecer a la empresa pública o cuando menos –dijo– entregarle los excedentes petroleros.
Pero también, añadió, hace falta “combatir la corrupción”. Entonces se manifestó por las auditorías para aclarar la relación Calderón-Mouriño-Elías Ayub y para conocer realmente “quién es” el actual secretario de Gobernación.
“Es un traficante de influencias, como lo demuestra que, siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de Energía, con Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”, apuntó.
López Obrador pidió apoyar el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización, y estar alertas ante cualquier intento al respecto. “Hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del sector”, resaltó. Dijo que, de no ser necesario antes, la próxima reunión será el 18 de marzo a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino.
Tras señalar que quienes integran su movimiento quieren la paz, aprovechó para reiterar su rechazo a la reforma judicial y llamó a los dirigentes del FAP a explorar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos de San Salvador Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos encarcelados por motivos políticos o sociales.
El funcionario ha obtenido de la paraestatal contratos millonarios por adjudicación directa, dice
El despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, advierte
Alma E. Muñoz
Impediremos la entrega del sector energético a particulares, nacionales o extranjeros, insistió Andrés Manuel López Obrador Foto: Carlos Ramos MamahuaAndrés Manuel López Obrador señaló al secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, como el principal promotor de la entrega del petróleo a particulares y lo acusó de ser un “traficante de influencias”. Sostuvo que, gracias a su gestión en la función pública, “el funcionario obtuvo de Petróleos Mexicanos (Pemex) contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”.
En el primer mitin que encabezó frente a la torre de la paraestatal en la ciudad de México, para convocar a la suma de esfuerzos que en torno al plan de resistencia civil pacífica llevará a cabo el movimiento que encabeza, advirtió que “el despojo del petróleo dejaría latente el riesgo de una confrontación violenta, lo cual nos puede llevar a más sufrimiento, inestabilidad política y social, al predominio del uso de la fuerza, y no necesariamente a la emancipación del pueblo”.
Ante cientos de personas que se congregaron en el lugar –abarcando los dos sentidos de Marina Nacional– para expresarle su apoyo contra la privatización del sector, López Obrador entregó al coordinador de los diputados perredistas, Javier González Garza, “toda la documentación que poseo: minutas, contratos y datos técnicos para demostrar” los señalamientos en contra de Mouriño.
Lo anterior, con el propósito de que los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP), integrado por los partidos de la Revolución Democrática (PRD), del Trabajo (PT) y Convergencia soliciten, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, la realización de las auditorías correspondientes a la paraestatal. Y que sirva además, dijo, para aclarar la relación que existe entre Felipe Calderón, el secretario de Gobernación y Alfredo Elías Ayub, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con empresas extranjeras para entregarles el sector energético.
“No le demos vueltas al asunto. Detrás de la pretensión de privatizar a Pemex está la codicia de las minorías rapaces y de funcionarios corruptos. Estos derechistas inmorales ignoran lo que decía don Jesús Reyes Heroles: ‘los únicos negocios que a los políticos o funcionarios nos deben interesar son los negocios públicos”’, parafraseó.
“Por eso digo que nunca como ahora es tan aplicable la frase de Bertolt Brecht, según la cual el peor de todos los ladrones es el político corrupto, lacayo de las empresas nacionales y multinacionales”.
El ex candidato presidencial enarboló como símbolo de lucha la bandera nacional, para reafirmar su decisión de no permitir que se concreten los propósitos que, aseguró, encabezan las cúpulas en el poder.
Sostuvo que ésa es la respuesta del porqué los gobiernos neoliberales dejaron de invertir en exploración, refinación, petroquímica, investigación y desarrollo tecnológico. Aunque parezca increíble, remató, “desde hace 25 años todos los gobernantes han mantenido como dogma la idea fija de privatizar a Pemex y no les ha importado arruinar a la industria petrolera para tener el pretexto de convertirla en un negocio de particulares”.
Desde 1983, recordó, han pasado a manos de particulares más de mil empresas públicas: Teléfonos de México, Ferrocarriles Nacionales, minas, aeropuertos, Mexicana, Aeroméxico, los bancos; ya privatizaron 35 por ciento de la industria eléctrica nacional y “ahora quieren montarse en el negocio del petróleo”.
Se manifestó en contra de la utilización de “eufemismos” para “ocultar” el propósito de concretar ese proyecto, al argumentar que falta dinero o tecnología para modernizar a la industria, cuando –planteó– extraer un barril de petróleo cuesta 4 dólares y se vende en 80. Además, recordó, la paraestatal pagó impuestos por 60 millones de dólares, tan sólo el año pasado, equivalentes a 38 por ciento del presupuesto federal, y tres veces más de lo pagado por todas las empresas privadas del país por impuesto sobre la renta.
Por eso, advirtió, “no aceptamos, que se oiga bien y que se oiga lejos, nada que tenga que ver con privatizar a Pemex o compartir la renta petrolera”. Es más, señaló, “esto huele” a lo que querían hacer con el Servicio de Administración Tributaria antes de las elecciones de 2006, para dejar la política de ingresos en manos de “los potentados y evitar que desde el Poder Ejecutivo se promoviera una verdadera reforma fiscal”.
O a lo mejor “quieren una especie de IFE, que supuestamente se maneja con independencia, cuando todos sabemos que sus integrantes no son más que empleados del PRIAN. Y, por si fuera poco, todo ello es violatorio de la Constitución”.
Apuntó que “sólo es cosa” de reducir el gasto burocrático y terminar con los privilegios de los altos funcionarios para fortalecer a la empresa pública o cuando menos –dijo– entregarle los excedentes petroleros.
Pero también, añadió, hace falta “combatir la corrupción”. Entonces se manifestó por las auditorías para aclarar la relación Calderón-Mouriño-Elías Ayub y para conocer realmente “quién es” el actual secretario de Gobernación.
“Es un traficante de influencias, como lo demuestra que, siendo presidente de la Comisión de Energía en la Cámara de Diputados y posteriormente subsecretario de Energía, con Calderón, obtuvo de Pemex contratos millonarios mediante el procedimiento de adjudicación directa para beneficio de su empresa familiar”, apuntó.
López Obrador pidió apoyar el plan de resistencia civil pacífica contra la privatización, y estar alertas ante cualquier intento al respecto. “Hagamos asambleas públicas, informemos a la gente y formemos las brigadas para la defensa del sector”, resaltó. Dijo que, de no ser necesario antes, la próxima reunión será el 18 de marzo a las 5 de la tarde, en el Zócalo capitalino.
Tras señalar que quienes integran su movimiento quieren la paz, aprovechó para reiterar su rechazo a la reforma judicial y llamó a los dirigentes del FAP a explorar todas las posibilidades legales para lograr la libertad de los presos de San Salvador Atenco, de Flavio Sosa y de todos aquellos encarcelados por motivos políticos o sociales.
¡Construyamos un México diferente!
http://youtube.com/watch?v=bVzFCE1cTZ
Construir un México diferente requiere mexican@s diferentes... La Universidad de la IV República convoca a mexican@s diferentes... Que no se conformen a un molde establecido o prejuicioso o "tradicional" o autoritario... Que sepan caminar y luchar a su propia manera y a su propio ritmo... Que enfrenten la dificultad de tener y mantener sus propias creencias ante otros... Que no defiendan ni aplaudan la uniformidad, ni el sometimiento... Que la necesidad de ser aceptados no haga que traicionen sus verdaderas ideas, ni su originalidad, aunque otros crean que son extrañas o poco populares, y aunque el rebaño manotee o grite... Robert Frost dijo: "Dos caminos se dividían en el bosque y yo tomé el que menos recorrido estaba. Y eso lo cambió todo"... ¡Que no tengamos miedo de caminar o nadar a contracorriente! ¡Esto es sumamente importante en cada momento de crisis! ¡Siéntete orgullos@ si eres de l@s que están luchando a contracorriente en esta hora crítica de México!...
¡Siéntete orgullos@ de pensar diferente! ¡No permitas que te impongan lo que en "la película" de otros es "la realidad" o "la verdad" o "el camino"!... Recuerda que lo que otros pretenden imponerte como "la verdad" o "la realidad" es, muchas veces, "una prisión de piedra que aplasta el espíritu humano". Construir un México diferente requiere imaginación, creatividad y sueños nuevos...
¡Siéntete orgullos@ de actuar diferente! ¡Rebélate! ¡Resiste y desobedece las reglas autoritarias e injustas! ¡Defiende la verdad, la honestidad, la libre expresión, la justicia! ¡Aunque te amenacen o te persigan!...
¡Siéntete orgullos@ de una Resistencia diferente! ¡Resistencia pacífica pero convencida y sostenida! ¡Resistencia que lo primero que resiste es la tentación de actuar como los adversarios: con prepotencia, autoritarismo, censura, intolerancia, violencia verbal o física, antidemocracia, hipocresía, fanatismo, soberbia o mentira! ¡Resistencia en la que uno primero se vence a sí mismo! ¡La Resistencia humanista y revolucionaria de la IV República!...
Herman@, compañer@ y amig@: Por un México diferente, ¡sé diferente!... Por una Educación diferente, ¡sé diferente!... Por una Universidad diferente, ¡sé diferente!...
Álvaro, universitario de la IV República
Invitación
Amigos y Amigas:
Nos es grato invitarlos a nuestra próxima conferencia, este 26 de febrero.
Constitución y República, Nuevo Milenio, A.C.
Agrupación Ciudadana de Análisis, Debate y Propuesta
Plural, diversa y apartidista
Invita
a la próxima reunión de los
Círculos de Estudio y Acción Política
Nos acompañará el:
Dr. Enrique Bonilla Rodríguez *
Fundador y Coordinador del Frente Nacional contra el Wal Mart, A.C.
Dialogará sobre el:
"Impacto Social y Económico de Wal-Mart en México y en el Mundo"
La cita es el próximo martes 26 de Febrero de 2008
en el Café de Fausto (espacio democrático y patriótico)
Esperamos tu puntual asistencia a partir de las 19:30 hrs. Favor de confirmar.
Chilaque No. 27 Col. San Diego Churubusco - Delegación Coyoacán. México, D.F. 04120
Teléfonos: (55) 5604-5157 y 5604-1016
Correos electrónicos: constitucionyrepublica@hotmail.com , cantu2@prodigy.net.mx, faustocantup@gmail.com
Privatizar es el nombre del juego
Carlos Fazio
El 29 de marzo de 2007, en un pequeño ejido del municipio Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, Felipe Calderón confió que se le había cumplido un “sueño”. Rodeado de un férreo cinturón de policías y soldados uniformados, recordó que de niño esperaba al viento para hacer volar sus papalotes. Y ahora, allí, su sueño se cumplía. Se refería a la inauguración de la central eólica La Venta II, proyecto, señaló, “que me tocó discutir, autorizar e impulsar cuando fui secretario de Energía”. Después, en el contexto de un acto solemne de impronta priísta –con un par de miles de campesinos acarreados al son de 200 pesos y una torta–, Calderón dijo que para “superar” la miseria era indispensable “desterrar” el odio, la violencia, la impunidad, el abuso y la corrupción entre hermanos y llamó a “olvidar los rencores” y “cicatrizar las heridas”. En su turno, Ulises Ruiz –señalado como responsable intelectual de 26 asesinatos y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales oaxaqueños– lo nombró “presidente legítimo”. En ese estado, la alianza PRI/PAN quedaba sellada.
Lo del papalote de Calderón era un cuento para niños. En realidad, privatizar era el nombre del juego. Y privatizar la electricidad bien valía un Ulises. Porque de eso se trataba el acto: con la inauguración de la “granja” eólica La Venta II recomenzaba la apropiación furtiva del istmo de Tehuantepec y una nueva fase del Plan Puebla-Panamá (PPP). Por eso un proyecto de generación de energía “limpia” se ensuciaba con un vasto operativo castrense. Porque la militarización es una constante asociada a los grandes proyectos empresariales en América Latina, y una de las bases sobre las que Calderón ha basado su mandato en México. Se trata de dar garantías de estabilidad y seguridad a los inversores, manu militari; ése fue el mensaje.
En el caso de La Venta II, la central fue concesionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional española Iberdrola, y construida por su “brazo eólico” Gamesa, mediante el despojo de 800 hectáreas ejidales y con base en amenazas, manipulaciones, arreglos amañados y pagos por arrendamiento de tierra irrisorios a los comuneros. Como fuente de energía, la eólica no representa problema. Pero su apropiación privada sí. También los métodos gansteriles y los contratos leoninos que utilizan las compañías trasnacionales para imponer sus “inversiones” y apropiarse de la tierra de los campesinos, con la complicidad gubernamental vía el Procede. Es para satisfacer la avidez de los capitalistas extranjeros, y con la bendición de las agencias de “desarrollo” que dependen del Tesoro estadunidense, que el calderonismo impulsa más contrarreformas a la legislación secundaria como vía encubierta para privatizar la industria eléctrica.
Las concesiones a particulares no pueden estar por encima de los artículos 27 y 28 constitucionales, que determinan la exclusividad de la nación en el aprovechamiento y explotación de la energía eléctrica, un servicio público. Se argumentó que una vez que el constructor recupere su inversión, La Venta II pasará a control de la CFE. Pero Calderón anunció la construcción de La Venta III, IV y V en Santo Domingo, San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, en el istmo de Tehuantepec, y ésos sí serán proyectos totalmente privados, sobre los que tienen puesta la mira las trasnacionales españolas Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, así como Electricité de Francia, y las estadunidenses Exxon y General Electric.
Pero hay un nuevo jugador: el Grupo Gándara Censa, del magnate español Manuel Carlos Mouriño Atanes, radicado en Vigo, ex miembro de la organización Amigos de Fox en el sureste mexicano y padre del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El clan Mouriño es propietario, además, del Grupo Energético del Sureste (GES), que cuenta con 38 gasolineras, y que en 2008, mediante una coinversión con la española Gándara, tiene planeado instalar una “maquiladora de torres eólicas” de última generación en la porción mexicana del PPP.
Según anunciaron representantes del grupo corporativo, GES y Gándara Censa trabajarán como una empresa auxiliar de grandes consorcios españoles del sector de la energía. Con un dato adicional: La Venta II y los nuevos proyectos eólicos en curso forman parte del PPP, que a través de préstamos condicionados del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca crear la infraestructura necesaria para atraer inversión extranjera en el marco de la liberalización económica propia de los tratados de libre comercio. En el ámbito energético, La Venta alimentará al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (Siepac), que une Guatemala con Panamá y que a través de México llevará energía al mercado estadunidense.
Y allí le aparecen las patas a la sota. El “sueño” de Calderón de convertir el aire en mercancía era compartido con Juan Camilo Mouriño. Ambos palomearon el proyecto privatizador cuando Calderón era titular de la Secretaría de Energía y Mouriño subsecretario de Electricidad de la dependencia. Por eso ahora la prioridad de ambos es que se aprueben contrarreformas para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía. Pero no se trata sólo de entreguismo, sino de negocios. Negocios privados amarrados desde el poder del Estado. Sólo que para concretarlos necesitan de la represión. Es decir, del Plan México que se apresta a financiar la administración de George Bush, previa aprobación por el Congreso de Estados Unidos.
El 29 de marzo de 2007, en un pequeño ejido del municipio Juchitán de Zaragoza, en Oaxaca, Felipe Calderón confió que se le había cumplido un “sueño”. Rodeado de un férreo cinturón de policías y soldados uniformados, recordó que de niño esperaba al viento para hacer volar sus papalotes. Y ahora, allí, su sueño se cumplía. Se refería a la inauguración de la central eólica La Venta II, proyecto, señaló, “que me tocó discutir, autorizar e impulsar cuando fui secretario de Energía”. Después, en el contexto de un acto solemne de impronta priísta –con un par de miles de campesinos acarreados al son de 200 pesos y una torta–, Calderón dijo que para “superar” la miseria era indispensable “desterrar” el odio, la violencia, la impunidad, el abuso y la corrupción entre hermanos y llamó a “olvidar los rencores” y “cicatrizar las heridas”. En su turno, Ulises Ruiz –señalado como responsable intelectual de 26 asesinatos y el encarcelamiento de cientos de luchadores sociales oaxaqueños– lo nombró “presidente legítimo”. En ese estado, la alianza PRI/PAN quedaba sellada.
Lo del papalote de Calderón era un cuento para niños. En realidad, privatizar era el nombre del juego. Y privatizar la electricidad bien valía un Ulises. Porque de eso se trataba el acto: con la inauguración de la “granja” eólica La Venta II recomenzaba la apropiación furtiva del istmo de Tehuantepec y una nueva fase del Plan Puebla-Panamá (PPP). Por eso un proyecto de generación de energía “limpia” se ensuciaba con un vasto operativo castrense. Porque la militarización es una constante asociada a los grandes proyectos empresariales en América Latina, y una de las bases sobre las que Calderón ha basado su mandato en México. Se trata de dar garantías de estabilidad y seguridad a los inversores, manu militari; ése fue el mensaje.
En el caso de La Venta II, la central fue concesionada por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la trasnacional española Iberdrola, y construida por su “brazo eólico” Gamesa, mediante el despojo de 800 hectáreas ejidales y con base en amenazas, manipulaciones, arreglos amañados y pagos por arrendamiento de tierra irrisorios a los comuneros. Como fuente de energía, la eólica no representa problema. Pero su apropiación privada sí. También los métodos gansteriles y los contratos leoninos que utilizan las compañías trasnacionales para imponer sus “inversiones” y apropiarse de la tierra de los campesinos, con la complicidad gubernamental vía el Procede. Es para satisfacer la avidez de los capitalistas extranjeros, y con la bendición de las agencias de “desarrollo” que dependen del Tesoro estadunidense, que el calderonismo impulsa más contrarreformas a la legislación secundaria como vía encubierta para privatizar la industria eléctrica.
Las concesiones a particulares no pueden estar por encima de los artículos 27 y 28 constitucionales, que determinan la exclusividad de la nación en el aprovechamiento y explotación de la energía eléctrica, un servicio público. Se argumentó que una vez que el constructor recupere su inversión, La Venta II pasará a control de la CFE. Pero Calderón anunció la construcción de La Venta III, IV y V en Santo Domingo, San Dionisio del Mar y Unión Hidalgo, en el istmo de Tehuantepec, y ésos sí serán proyectos totalmente privados, sobre los que tienen puesta la mira las trasnacionales españolas Iberdrola, Unión Fenosa, Endesa, así como Electricité de Francia, y las estadunidenses Exxon y General Electric.
Pero hay un nuevo jugador: el Grupo Gándara Censa, del magnate español Manuel Carlos Mouriño Atanes, radicado en Vigo, ex miembro de la organización Amigos de Fox en el sureste mexicano y padre del actual secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño. El clan Mouriño es propietario, además, del Grupo Energético del Sureste (GES), que cuenta con 38 gasolineras, y que en 2008, mediante una coinversión con la española Gándara, tiene planeado instalar una “maquiladora de torres eólicas” de última generación en la porción mexicana del PPP.
Según anunciaron representantes del grupo corporativo, GES y Gándara Censa trabajarán como una empresa auxiliar de grandes consorcios españoles del sector de la energía. Con un dato adicional: La Venta II y los nuevos proyectos eólicos en curso forman parte del PPP, que a través de préstamos condicionados del Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) busca crear la infraestructura necesaria para atraer inversión extranjera en el marco de la liberalización económica propia de los tratados de libre comercio. En el ámbito energético, La Venta alimentará al Sistema de Interconexión Eléctrica para los países de América Central (Siepac), que une Guatemala con Panamá y que a través de México llevará energía al mercado estadunidense.
Y allí le aparecen las patas a la sota. El “sueño” de Calderón de convertir el aire en mercancía era compartido con Juan Camilo Mouriño. Ambos palomearon el proyecto privatizador cuando Calderón era titular de la Secretaría de Energía y Mouriño subsecretario de Electricidad de la dependencia. Por eso ahora la prioridad de ambos es que se aprueben contrarreformas para que los particulares puedan participar plenamente en la generación de energía. Pero no se trata sólo de entreguismo, sino de negocios. Negocios privados amarrados desde el poder del Estado. Sólo que para concretarlos necesitan de la represión. Es decir, del Plan México que se apresta a financiar la administración de George Bush, previa aprobación por el Congreso de Estados Unidos.
IFAI: transparencia amenazada
John M. Ackerman
Uno esperaría que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) hicieran el mayor de sus esfuerzos por defender y expandir el derecho de acceso a la información en el país. Desafortunadamente la ley modelo, o “documento de trabajo”, que cuatro de los cinco comisionados del IFAI han presentado a la Cámara de Diputados representa un franco retroceso en materia de transparencia.
Una de las propuestas más preocupantes de los comisionados es la adición de un nuevo artículo que permitiría a las autoridades desechar solicitudes de información “frívolas” o cuando su respuesta implique “una disrupción sustancial e irracional de las actividades del sujeto obligado”. Esto sería la coartada perfecta para denegar cualquier solicitud incómoda o problemática. Así como la constitucionalización del arraigo envenena la reforma penal, la inclusión de una categoría tan general y discrecional para desechar una solicitud de información puede vaciar de sentido nuestra Ley Federal de Transparencia.
La propuesta también elimina la positiva ficta que tanto ha facilitado el acceso a la información en el país. Bajo esta figura una ausencia de respuesta por parte de la autoridad representa automáticamente una respuesta positiva. Un estudio reciente del Open Society Institute ha revelado que mientras en España las autoridades no se toman la molestia de contestar 61 por ciento de las solicitudes de acceso y en Perú 39 por ciento, en México únicamente 21 por ciento no reciben respuesta, la mejor cifra en todo el orbe. Sin embargo, este buen resultado de nuestro país no se debe principalmente a una cultura burocrática de eficiencia entre los servidores públicos, sino a la aplicación de la positiva ficta.
Otro grave retroceso es la intención de liberar al IFAI de la obligación de resolver todos los recursos de revisión que recibe. El nuevo artículo 163 permitiría al IFAI buscar “una conciliación” entre el solicitante y la autoridad, donde el solicitante desiste de su recurso y la autoridad entrega una parte de la información requerida. Este regateo de la transparencia expondría a los solicitantes a fuertes presiones por parte de los sujetos obligados y terminaría por mantener una gran cantidad de información en la opacidad. Los atajos suelen costar caros. Así como las “amigables conciliaciones” conducidas por la CNDH se han prestado a la discrecionalidad y la opacidad, las nuevas “conciliaciones” del IFAI podrían dar un golpe mortal a la tutela de nuestro derecho a la información.
El documento de los cuatro comisionados también hace caso omiso a una propuesta estratégica del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien se negó a respaldar el documento precisamente por ésta y otras omisiones. Guerrero ha propuesto que se cambie la definición de “documento” en la ley para evitar las negativas de acceso basadas en la supuesta “inexistencia” de la información. En lugar de definir un “documento” como un registro que “contenga información relativa al ejercicio de las facultades” de los servidores públicos, éste debería ser definido más ampliamente como cualquier registro “que obre en posesión” del gobierno. Aunque suena como un asunto menor, un cambio tan básico facilitaría el acceso a toda la información, y no solamente a los “documentos administrativos”, en posesión del gobierno.
La propuesta de la mayoría de los comisionados también da marcha atrás en la tendencia hacia la independencia de los organismos garantes de la transparencia. El nuevo texto del artículo 6º constitucional señala que estos órganos deben ser “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Sin embargo, la propuesta convenientemente se niega a aumentar la autonomía del propio IFAI manteniéndolo subordinado al Poder Ejecutivo y sosteniendo la facultad del Presidente de la República de nombrar a los comisionados.
En el caso del Poder Judicial, los comisionados proponen la insensatez de recomendar que el órgano garante sea integrado por tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como integrantes del máximo tribunal del mismo poder judicial, los ministros no garantizarían una conducción autónoma e imparcial para el órgano garante. Sería como si los secretarios de Gobernación, de Hacienda y de Desarrollo Social fungieran como comisionados del IFAI. La propuesta contiene propuestas igual de violatorias a la Constitución para los casos de la CNDH y el IFE.
Nos encontramos ante una disyuntiva histórica en materia de acceso a la información en México. O emprendemos el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia o, al descuidar este tipo de detalles, desandamos los grandes pasos que entre todos hemos logrado dar en la gesta democratizadora por la transparencia. Éstos y otros retos de igual importancia serán analizados en un importante foro organizado por el doctor Ernesto Villanueva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM este miércoles, 27 de febrero, a partir de las 10 horas.
Uno esperaría que los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) hicieran el mayor de sus esfuerzos por defender y expandir el derecho de acceso a la información en el país. Desafortunadamente la ley modelo, o “documento de trabajo”, que cuatro de los cinco comisionados del IFAI han presentado a la Cámara de Diputados representa un franco retroceso en materia de transparencia.
Una de las propuestas más preocupantes de los comisionados es la adición de un nuevo artículo que permitiría a las autoridades desechar solicitudes de información “frívolas” o cuando su respuesta implique “una disrupción sustancial e irracional de las actividades del sujeto obligado”. Esto sería la coartada perfecta para denegar cualquier solicitud incómoda o problemática. Así como la constitucionalización del arraigo envenena la reforma penal, la inclusión de una categoría tan general y discrecional para desechar una solicitud de información puede vaciar de sentido nuestra Ley Federal de Transparencia.
La propuesta también elimina la positiva ficta que tanto ha facilitado el acceso a la información en el país. Bajo esta figura una ausencia de respuesta por parte de la autoridad representa automáticamente una respuesta positiva. Un estudio reciente del Open Society Institute ha revelado que mientras en España las autoridades no se toman la molestia de contestar 61 por ciento de las solicitudes de acceso y en Perú 39 por ciento, en México únicamente 21 por ciento no reciben respuesta, la mejor cifra en todo el orbe. Sin embargo, este buen resultado de nuestro país no se debe principalmente a una cultura burocrática de eficiencia entre los servidores públicos, sino a la aplicación de la positiva ficta.
Otro grave retroceso es la intención de liberar al IFAI de la obligación de resolver todos los recursos de revisión que recibe. El nuevo artículo 163 permitiría al IFAI buscar “una conciliación” entre el solicitante y la autoridad, donde el solicitante desiste de su recurso y la autoridad entrega una parte de la información requerida. Este regateo de la transparencia expondría a los solicitantes a fuertes presiones por parte de los sujetos obligados y terminaría por mantener una gran cantidad de información en la opacidad. Los atajos suelen costar caros. Así como las “amigables conciliaciones” conducidas por la CNDH se han prestado a la discrecionalidad y la opacidad, las nuevas “conciliaciones” del IFAI podrían dar un golpe mortal a la tutela de nuestro derecho a la información.
El documento de los cuatro comisionados también hace caso omiso a una propuesta estratégica del comisionado Juan Pablo Guerrero, quien se negó a respaldar el documento precisamente por ésta y otras omisiones. Guerrero ha propuesto que se cambie la definición de “documento” en la ley para evitar las negativas de acceso basadas en la supuesta “inexistencia” de la información. En lugar de definir un “documento” como un registro que “contenga información relativa al ejercicio de las facultades” de los servidores públicos, éste debería ser definido más ampliamente como cualquier registro “que obre en posesión” del gobierno. Aunque suena como un asunto menor, un cambio tan básico facilitaría el acceso a toda la información, y no solamente a los “documentos administrativos”, en posesión del gobierno.
La propuesta de la mayoría de los comisionados también da marcha atrás en la tendencia hacia la independencia de los organismos garantes de la transparencia. El nuevo texto del artículo 6º constitucional señala que estos órganos deben ser “especializados e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión”. Sin embargo, la propuesta convenientemente se niega a aumentar la autonomía del propio IFAI manteniéndolo subordinado al Poder Ejecutivo y sosteniendo la facultad del Presidente de la República de nombrar a los comisionados.
En el caso del Poder Judicial, los comisionados proponen la insensatez de recomendar que el órgano garante sea integrado por tres ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Como integrantes del máximo tribunal del mismo poder judicial, los ministros no garantizarían una conducción autónoma e imparcial para el órgano garante. Sería como si los secretarios de Gobernación, de Hacienda y de Desarrollo Social fungieran como comisionados del IFAI. La propuesta contiene propuestas igual de violatorias a la Constitución para los casos de la CNDH y el IFE.
Nos encontramos ante una disyuntiva histórica en materia de acceso a la información en México. O emprendemos el camino hacia una segunda generación de reformas legales a favor de la transparencia o, al descuidar este tipo de detalles, desandamos los grandes pasos que entre todos hemos logrado dar en la gesta democratizadora por la transparencia. Éstos y otros retos de igual importancia serán analizados en un importante foro organizado por el doctor Ernesto Villanueva en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM este miércoles, 27 de febrero, a partir de las 10 horas.
El “consenso” y sus bemoles
Carlos Fernández-Vega
Violar la Constitución sin modificarla
Simulación de concesiones
Cada cual por sus razones, pero todo indica que sólo un par de coincidencias prevalecen en el cada vez más caldeado ambiente: en materia energética, no debe modificarse la Constitución ni privatizarse Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el aparente consenso existente tiene sus bemoles.
Los que abiertamente se manifiestan en contra de la privatización, sin duda suscriben lo anterior, pero debido a su firme convicción de que la Constitución, específicamente en el ámbito energético, debe respetarse no sólo en la letra sino en el espíritu, siempre en aras de fortalecer la soberanía y seguridad nacionales, y bajo el precepto de que el petróleo y la generación eléctrica deben servir al bienestar y progreso de los mexicanos. Ese es el punto de partida.
Quienes, por el contrario, están a favor de la “apertura” y “modernización” (léase privatización) en este renglón estratégico también son los primeros interesados en no modificar, legalmente, el texto constitucional, porque hacerlo los metería en gravísimos aprietos, especialmente de carácter penal.
Estos últimos se pronuncian abiertamente por no tocar el texto constitucional, por dejarlo tal cual, porque de hacerlo abrirían la celda de su propia reclusión: tendrían que transparentar y explicar el inagotable inventario de “arreglos” extra constitucionales, por debajo de la mesa, por la puerta de atrás, para la simulación de concesiones, la privatización, en los hechos, de varias áreas constitucionalmente prohibidas al capital privado (nacional o foráneo); documentar y revelar términos y condiciones de las “alianzas estratégicas”, los acuerdos, convenios, asignaciones directas, asociaciones “no comerciales”, contratos de “servicios múltiples”, Pidiregas y, en fin, los multimillonarios cuan oscuros negocios que a favor del capital privado, fundamentalmente extranjero, ha concretado el gobierno (con sus cinco máscaras, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) en los últimos 25 años en el sector energético mexicano.
Desde luego que se manifiestan por un riguroso NO a la modificación constitucional ni a la privatización, para poder seguir privatizando a sus anchas el sector energético, tal cual lo han hecho a lo largo de cinco lustros. Ese ha sido el camino para la generación eléctrica, la petroquímica, el gas natural, la exploración y perforación de pozos, la transportación, comercialización y demás áreas reservadas al Estado, como establece la Constitución.
Sería suicida que esta banda se pronunciara, y actuara en consecuencia, por la modificación del texto constitucional y la abierta privatización del sector energético. Les resultaría antifuncional, porque no serían tan jugosos los negocios ni tan libres las asignaciones, amén que tendrían que abrir cartas, transparentar operaciones y explicar muchísimas cosas, con el riesgo de terminar su carrera político-empresarial (o viceversa) hospedados en algún reclusorio de la República.
Precisamente ha sido la simulación de concesiones constitucionalmente prohibidas el camino que más les ha redituado, pero siempre bajo el disfraz de permisos, modernización, acuerdos, alianzas, contratos, asociaciones no comerciales, asignaciones directas y demás eufemismos para abrir la puerta trasera al capital privado. Así, abrir legalmente la puerta delantera del sector energético mexicano, sería toparse de inmediato con la puerta trasera.
Multimillonario ha sido el negocio y cada día mayor la presencia para y de empresas trasnacionales como Dowell Schlumberger, Halliburton, Enron, Total, Repsol, Shell, Exxon, Conoco, Chevron, Lewis Energy, Iberdrola, Techint, Elecnor, Alstom, Unión Fenosa, Electricité de France, Abengoa, Mitsubishi, Elecnor, Transalta y otras cuantas que permanecen en el tintero, y esa banda gubernamental mantiene su dicho de “aquí no se privatiza nada ni se modifica la Constitución”. Por donde le busquen es privatización, aunque la vistan de seda y la envuelvan en la bandera mexicana.
El asunto es que en el gobierno mismo se “inventan” las trampas y se confeccionan los disfraces para la privatización del sector energético, sin que oficialmente se privatice. Un ejemplo llamativo es el de una de las filiales de Petróleos Mexicanos, la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), paraestatal constituida el 12 de noviembre de 1968, entre cuyos objetivos se cuenta la ejecución “de toda clase de trabajos de exploración geofísica, geológica, fotogeológica, de radioactividad y de topografía, y la perforación de toda clase de pozos ya sea de petróleo, agua, minerales o para la exploración geológica”. Asimismo, “colaborar” con Pemex “en la operación de sus programas exploratorios (y) para el descubrimiento e incorporación de reservas de hidrocarburos mediante el uso de tecnología de punta…”, de acuerdo con su propia definición.
En 1998 (sexenio zedillista), Comesa “reformó” sus estatutos con el fin de “actualizarse conforme a la legislación mercantil vigente y en apego a la dinámica empresarial y comercial de nuestro país”. La “reforma” permitió el reparto del pastel: Pemex se quedó con 60 por ciento de las acciones, mientras 40 por ciento pasó a ser propiedad de la trasnacional francesa Schlumberger, una de las grandes beneficiarias del presupuesto de Petróleos Mexicanos, ahora en su triple condición de contratista, proveedor y “autoridad” del sector energético mexicano.
Entonces, ¿modificar la Constitución, privatizar Pemex y CFE, abrir cartas y transparentar concesiones simuladas? Ni locos.
Las rebanadas del pastel
Si de simulaciones se trata, allí está el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, quien ahora dice que “se analiza” la “capitalización” (recuérdense los casos argentino y boliviano) de Pemex vía Bolsa Mexicana de Valores. “Podría ser”, propone, mediante certificados de aportación patrimonial, es decir, los famosos cuan especulativos CAPS (1986) que abrieron la reprivatización de la banca estatizada en 1982, desbocaron el mercado bursátil y lo llevaron a la crisis en 1987, permitieron la reprivatización total del sector financiero y terminaron con la extranjerización del sistema de pagos. Qué buena idea, Pancho.
Violar la Constitución sin modificarla
Simulación de concesiones
Cada cual por sus razones, pero todo indica que sólo un par de coincidencias prevalecen en el cada vez más caldeado ambiente: en materia energética, no debe modificarse la Constitución ni privatizarse Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Sin embargo, el aparente consenso existente tiene sus bemoles.
Los que abiertamente se manifiestan en contra de la privatización, sin duda suscriben lo anterior, pero debido a su firme convicción de que la Constitución, específicamente en el ámbito energético, debe respetarse no sólo en la letra sino en el espíritu, siempre en aras de fortalecer la soberanía y seguridad nacionales, y bajo el precepto de que el petróleo y la generación eléctrica deben servir al bienestar y progreso de los mexicanos. Ese es el punto de partida.
Quienes, por el contrario, están a favor de la “apertura” y “modernización” (léase privatización) en este renglón estratégico también son los primeros interesados en no modificar, legalmente, el texto constitucional, porque hacerlo los metería en gravísimos aprietos, especialmente de carácter penal.
Estos últimos se pronuncian abiertamente por no tocar el texto constitucional, por dejarlo tal cual, porque de hacerlo abrirían la celda de su propia reclusión: tendrían que transparentar y explicar el inagotable inventario de “arreglos” extra constitucionales, por debajo de la mesa, por la puerta de atrás, para la simulación de concesiones, la privatización, en los hechos, de varias áreas constitucionalmente prohibidas al capital privado (nacional o foráneo); documentar y revelar términos y condiciones de las “alianzas estratégicas”, los acuerdos, convenios, asignaciones directas, asociaciones “no comerciales”, contratos de “servicios múltiples”, Pidiregas y, en fin, los multimillonarios cuan oscuros negocios que a favor del capital privado, fundamentalmente extranjero, ha concretado el gobierno (con sus cinco máscaras, de Miguel de la Madrid a Felipe Calderón) en los últimos 25 años en el sector energético mexicano.
Desde luego que se manifiestan por un riguroso NO a la modificación constitucional ni a la privatización, para poder seguir privatizando a sus anchas el sector energético, tal cual lo han hecho a lo largo de cinco lustros. Ese ha sido el camino para la generación eléctrica, la petroquímica, el gas natural, la exploración y perforación de pozos, la transportación, comercialización y demás áreas reservadas al Estado, como establece la Constitución.
Sería suicida que esta banda se pronunciara, y actuara en consecuencia, por la modificación del texto constitucional y la abierta privatización del sector energético. Les resultaría antifuncional, porque no serían tan jugosos los negocios ni tan libres las asignaciones, amén que tendrían que abrir cartas, transparentar operaciones y explicar muchísimas cosas, con el riesgo de terminar su carrera político-empresarial (o viceversa) hospedados en algún reclusorio de la República.
Precisamente ha sido la simulación de concesiones constitucionalmente prohibidas el camino que más les ha redituado, pero siempre bajo el disfraz de permisos, modernización, acuerdos, alianzas, contratos, asociaciones no comerciales, asignaciones directas y demás eufemismos para abrir la puerta trasera al capital privado. Así, abrir legalmente la puerta delantera del sector energético mexicano, sería toparse de inmediato con la puerta trasera.
Multimillonario ha sido el negocio y cada día mayor la presencia para y de empresas trasnacionales como Dowell Schlumberger, Halliburton, Enron, Total, Repsol, Shell, Exxon, Conoco, Chevron, Lewis Energy, Iberdrola, Techint, Elecnor, Alstom, Unión Fenosa, Electricité de France, Abengoa, Mitsubishi, Elecnor, Transalta y otras cuantas que permanecen en el tintero, y esa banda gubernamental mantiene su dicho de “aquí no se privatiza nada ni se modifica la Constitución”. Por donde le busquen es privatización, aunque la vistan de seda y la envuelvan en la bandera mexicana.
El asunto es que en el gobierno mismo se “inventan” las trampas y se confeccionan los disfraces para la privatización del sector energético, sin que oficialmente se privatice. Un ejemplo llamativo es el de una de las filiales de Petróleos Mexicanos, la Compañía Mexicana de Exploraciones (Comesa), paraestatal constituida el 12 de noviembre de 1968, entre cuyos objetivos se cuenta la ejecución “de toda clase de trabajos de exploración geofísica, geológica, fotogeológica, de radioactividad y de topografía, y la perforación de toda clase de pozos ya sea de petróleo, agua, minerales o para la exploración geológica”. Asimismo, “colaborar” con Pemex “en la operación de sus programas exploratorios (y) para el descubrimiento e incorporación de reservas de hidrocarburos mediante el uso de tecnología de punta…”, de acuerdo con su propia definición.
En 1998 (sexenio zedillista), Comesa “reformó” sus estatutos con el fin de “actualizarse conforme a la legislación mercantil vigente y en apego a la dinámica empresarial y comercial de nuestro país”. La “reforma” permitió el reparto del pastel: Pemex se quedó con 60 por ciento de las acciones, mientras 40 por ciento pasó a ser propiedad de la trasnacional francesa Schlumberger, una de las grandes beneficiarias del presupuesto de Petróleos Mexicanos, ahora en su triple condición de contratista, proveedor y “autoridad” del sector energético mexicano.
Entonces, ¿modificar la Constitución, privatizar Pemex y CFE, abrir cartas y transparentar concesiones simuladas? Ni locos.
Las rebanadas del pastel
Si de simulaciones se trata, allí está el presidente de la Comisión de Energía del Senado, Francisco Labastida, quien ahora dice que “se analiza” la “capitalización” (recuérdense los casos argentino y boliviano) de Pemex vía Bolsa Mexicana de Valores. “Podría ser”, propone, mediante certificados de aportación patrimonial, es decir, los famosos cuan especulativos CAPS (1986) que abrieron la reprivatización de la banca estatizada en 1982, desbocaron el mercado bursátil y lo llevaron a la crisis en 1987, permitieron la reprivatización total del sector financiero y terminaron con la extranjerización del sistema de pagos. Qué buena idea, Pancho.
Campos delineados
Julio Hernández López
La suerte está (más o menos) echada: López Obrador pisó ayer el acelerador en la Torre de Pemex (aunque mantuvo algunos seguros y redes de protección en activo), mientras Calderón se entregaba a los placeres de la complicidad con el decrépito cetemismo y Mouriño pretendía subrayar sus amores patrios (con México) al discursear en Iguala respecto a diálogos y acuerdos (la bandera nacional como escenografía).
Es cierto que el proyecto de acciones para resistir cívicamente las pretensiones calderonistas de privatizar el petróleo no fue presentado personalmente por Andrés Manuel López Obrador (como en otras ocasiones había sucedido con propuestas importantes; por ejemplo, el plantón). Lo hizo la senadora tabasqueña Rosalinda López, quien a su vez condicionó la tercera etapa, la represivamente más peligrosa, a que sea decidida y convocada por el Frente Amplio Progresista, legisladores federales y la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo.
Pero es indudable que el ex candidato presidencial despojado arriesgó ayer más de lo que había hecho desde los tiempos del campamento vial poselectoral. Sus palabras y gestos no parecen estar concebidos para algún arreglo intermedio o alguna reversa “estratégica”. A lo largo de los meses posteriores al fraude electoral hubo quienes criticaron el pasmo, la inactividad en lo trascendente, disfrazada de giras, y la improductividad de mítines, marchas y discursos que dejaban en ciertos segmentos la impresión de que no se sabía, no se podía o no se quería hacer más que posponer o sobrellevar las cosas. Sin embargo, ayer López Obrador confirmó lo que venía anunciando: su determinación de ser inflexible en la defensa del petróleo mexicano, su compromiso de no aceptar variantes lingüísticas ni presuntos eufemismos para disfrazar lo que es privatización, y empuje para llevar adelante un programa de acciones que implican la confrontación con el ilegítimo poder establecido y el riesgo de que los gobernantes-negociantes crean haber encontrado el pretexto adecuado para desatar la represión que preparan desde antes de haberse instalado en Los Pinos.
La opción preferencial por la violencia ha sido practicada por los nuevos oficiantes del poder desde que, ya transferido informalmente el control de lo institucional, aunque la ceremonia oficial se haría unos días después, fue aprobado el plan de presunto aplastamiento de la rebeldía civil oaxaqueña, que se desarrollaría el 25 de noviembre de 2006. Luego vendría la toma militar del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, que no ha sido sino un reacomodo comercial dirigido por los nuevos gerentes sexenales y una estrategia de control social preventivo. Y ahora están en vías de ser aprobadas las reformas en materia penal que han sido bautizadas como ley Gestapo, con las que los autoritarios rencorosos podrán dirigir acciones policiacas y militares contra quienes quieran, utilizando módicas coartadas legales. Por las noches, como sucedía con las tropas nazis de asalto, cualquier casa podrá ser allanada y sus habitantes arrancados de ella sin orden judicial ni fundamento mayor que la suposición de los agentes gubernamentales de que en esos lugares pudiese estar en riesgo alguna vida (una llamada anónima, denunciando atrocidades en un domicilio, podría servir para “justificar” irrupciones armadas; esa llamada anónima podría ser calumniosa o certera o inventada o auténtica). Ahora, frente a la calculada insurgencia cívica motivada por la defensa del petróleo, el calderonismo tendrá caravanas militares en las calles, una ley alcahueta e instalaciones “estratégicas” protegidas por soldados gracias a las “provocaciones” de grupos supuestamente guerrilleros que habrían hecho estallar explosivos en sitios petroleros.
Es grave la responsabilidad de organizar acciones de resistencia civil pacífica que impliquen “cercos” y “bloqueos” ciudadanos a aeropuertos, carreteras e “instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras”. Siempre estarán presentes los riesgos derivados de las infiltraciones y las provocaciones inducidas de las que aquí se ha hablado en anteriores entregas. De hecho, ayer el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, sufrió agresiones verbales e incluso físicas que son inaceptables. Se puede estar firmemente en contra de la manera en que hacen política los miembros de ciertas corrientes perredistas, pero ello no autoriza a nadie a establecer tribunales individuales de conciencia ni a montar horcas u hogueras de odio, porque ello sería autorizar y justificar que se haga lo propio con el movimiento cívico.
En la conformación política que ha sido aceptada por López Obrador y que en su momento él mismo apoyó, al grado de que la fuerza de los chuchos en las cámaras sería mucho menor si el entonces candidato presidencial hubiera decidido impulsar un proyecto alterno de candidaturas, son importantes los personajes como Navarrete y como Javier González Garza, quien fue abucheado mientras desarrollaba un discurso. Políticamente, al agredir a Navarrete y al gritar y silbar a González Garza, se ayuda a consolidar la imagen de rijosidad e intolerancia de esta resistencia civil pacífica. Y además se crean condiciones aprovechables por algunos de estos personajes, de por sí reticentes a sumarse plenamente al difícil plan de acción venidero. Dado que no es del flanco de un movimiento siempre pacífico de donde deben venir provocaciones y agresiones, bien hará el tabasqueño con deslindarse de ellas.
La temperatura sube y el caldero borbotea, pero Felipe y Mouriño hacen como que no se enteran, protegidos por la nube policial y militar que los protege (ahora, gasto doble). El derrotado Francisco Labastida anuncia que se estudia la posibilidad de llevar a Pemex a la Bolsa de Valores. Y Germán Martínez habla de abrir las puertas electorales del PAN a candidaturas “ciudadanas”.
Y, mientras López Obrador es entrevistado hoy, a las 10 horas, por el maestro Jorge Saldaña en Abc Radio, en el 760 del DF y algunas frecuencias de otras ciudades, ¡hasta mañana, en un periodo de reflexión y definición respecto al resistente futuro inmediato!
La suerte está (más o menos) echada: López Obrador pisó ayer el acelerador en la Torre de Pemex (aunque mantuvo algunos seguros y redes de protección en activo), mientras Calderón se entregaba a los placeres de la complicidad con el decrépito cetemismo y Mouriño pretendía subrayar sus amores patrios (con México) al discursear en Iguala respecto a diálogos y acuerdos (la bandera nacional como escenografía).
Es cierto que el proyecto de acciones para resistir cívicamente las pretensiones calderonistas de privatizar el petróleo no fue presentado personalmente por Andrés Manuel López Obrador (como en otras ocasiones había sucedido con propuestas importantes; por ejemplo, el plantón). Lo hizo la senadora tabasqueña Rosalinda López, quien a su vez condicionó la tercera etapa, la represivamente más peligrosa, a que sea decidida y convocada por el Frente Amplio Progresista, legisladores federales y la Comisión Coordinadora en Defensa del Petróleo.
Pero es indudable que el ex candidato presidencial despojado arriesgó ayer más de lo que había hecho desde los tiempos del campamento vial poselectoral. Sus palabras y gestos no parecen estar concebidos para algún arreglo intermedio o alguna reversa “estratégica”. A lo largo de los meses posteriores al fraude electoral hubo quienes criticaron el pasmo, la inactividad en lo trascendente, disfrazada de giras, y la improductividad de mítines, marchas y discursos que dejaban en ciertos segmentos la impresión de que no se sabía, no se podía o no se quería hacer más que posponer o sobrellevar las cosas. Sin embargo, ayer López Obrador confirmó lo que venía anunciando: su determinación de ser inflexible en la defensa del petróleo mexicano, su compromiso de no aceptar variantes lingüísticas ni presuntos eufemismos para disfrazar lo que es privatización, y empuje para llevar adelante un programa de acciones que implican la confrontación con el ilegítimo poder establecido y el riesgo de que los gobernantes-negociantes crean haber encontrado el pretexto adecuado para desatar la represión que preparan desde antes de haberse instalado en Los Pinos.
La opción preferencial por la violencia ha sido practicada por los nuevos oficiantes del poder desde que, ya transferido informalmente el control de lo institucional, aunque la ceremonia oficial se haría unos días después, fue aprobado el plan de presunto aplastamiento de la rebeldía civil oaxaqueña, que se desarrollaría el 25 de noviembre de 2006. Luego vendría la toma militar del país con el pretexto de la guerra contra el narcotráfico, que no ha sido sino un reacomodo comercial dirigido por los nuevos gerentes sexenales y una estrategia de control social preventivo. Y ahora están en vías de ser aprobadas las reformas en materia penal que han sido bautizadas como ley Gestapo, con las que los autoritarios rencorosos podrán dirigir acciones policiacas y militares contra quienes quieran, utilizando módicas coartadas legales. Por las noches, como sucedía con las tropas nazis de asalto, cualquier casa podrá ser allanada y sus habitantes arrancados de ella sin orden judicial ni fundamento mayor que la suposición de los agentes gubernamentales de que en esos lugares pudiese estar en riesgo alguna vida (una llamada anónima, denunciando atrocidades en un domicilio, podría servir para “justificar” irrupciones armadas; esa llamada anónima podría ser calumniosa o certera o inventada o auténtica). Ahora, frente a la calculada insurgencia cívica motivada por la defensa del petróleo, el calderonismo tendrá caravanas militares en las calles, una ley alcahueta e instalaciones “estratégicas” protegidas por soldados gracias a las “provocaciones” de grupos supuestamente guerrilleros que habrían hecho estallar explosivos en sitios petroleros.
Es grave la responsabilidad de organizar acciones de resistencia civil pacífica que impliquen “cercos” y “bloqueos” ciudadanos a aeropuertos, carreteras e “instalaciones administrativas estratégicas petroleras y financieras”. Siempre estarán presentes los riesgos derivados de las infiltraciones y las provocaciones inducidas de las que aquí se ha hablado en anteriores entregas. De hecho, ayer el coordinador de los senadores perredistas, Carlos Navarrete, sufrió agresiones verbales e incluso físicas que son inaceptables. Se puede estar firmemente en contra de la manera en que hacen política los miembros de ciertas corrientes perredistas, pero ello no autoriza a nadie a establecer tribunales individuales de conciencia ni a montar horcas u hogueras de odio, porque ello sería autorizar y justificar que se haga lo propio con el movimiento cívico.
En la conformación política que ha sido aceptada por López Obrador y que en su momento él mismo apoyó, al grado de que la fuerza de los chuchos en las cámaras sería mucho menor si el entonces candidato presidencial hubiera decidido impulsar un proyecto alterno de candidaturas, son importantes los personajes como Navarrete y como Javier González Garza, quien fue abucheado mientras desarrollaba un discurso. Políticamente, al agredir a Navarrete y al gritar y silbar a González Garza, se ayuda a consolidar la imagen de rijosidad e intolerancia de esta resistencia civil pacífica. Y además se crean condiciones aprovechables por algunos de estos personajes, de por sí reticentes a sumarse plenamente al difícil plan de acción venidero. Dado que no es del flanco de un movimiento siempre pacífico de donde deben venir provocaciones y agresiones, bien hará el tabasqueño con deslindarse de ellas.
La temperatura sube y el caldero borbotea, pero Felipe y Mouriño hacen como que no se enteran, protegidos por la nube policial y militar que los protege (ahora, gasto doble). El derrotado Francisco Labastida anuncia que se estudia la posibilidad de llevar a Pemex a la Bolsa de Valores. Y Germán Martínez habla de abrir las puertas electorales del PAN a candidaturas “ciudadanas”.
Y, mientras López Obrador es entrevistado hoy, a las 10 horas, por el maestro Jorge Saldaña en Abc Radio, en el 760 del DF y algunas frecuencias de otras ciudades, ¡hasta mañana, en un periodo de reflexión y definición respecto al resistente futuro inmediato!
Por un manejo petrolero transparente
Editorial
Ayer, ante una concentración masiva frente a la sede administrativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a preservar el estatuto nacional de la industria petrolera y a impedir que se privatice de forma parcial o total. Asimismo, señaló a Juan Camilo Mouriño como beneficiario de contratos concedidos durante el sexenio pasado por la paraestatal, por medio de adjudicación directa, cuando él –actual secretario de Gobernación– presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, cuando fue subsecretario de Energía.
Ambos señalamientos tienen como telón de fondo la falta de transparencia con que los sucesivos gobiernos –especialmente los de Vicente Fox y Felipe Calderón– han manejado la administración de los recursos petroleros. En el caso del segundo, hasta las intenciones del grupo en el poder en torno al futuro de Pemex.
En efecto, desde el nunca esclarecido Pemexgate, como se llamó a la operación de desvío de recursos de la paraestatal hacia la campaña presidencial priísta de 2000, hasta el final del mandato foxista, el Ejecutivo federal se negó a rendir cuentas claras sobre el destino de los montos adicionales que recibió por la diferencia entre las proyecciones de las cotizaciones del crudo y los precios internacionales, significativamente más elevados que dichos cálculos. Tal opacidad justifica y alienta la percepción, compartida por numerosos ciudadanos, de una corrupción monumental durante el sexenio pasado; ése sería el contexto, por demás verosímil, en que habría tenido lugar el otorgamiento de los contratos petroleros indebidos a los que hizo referencia ayer el dirigente opositor.
Independientemente de la necesidad de documentar tales señalamientos y, en su caso, de que el Poder Legislativo y la Secretaría de la Función Pública los investiguen a fondo, se encuentran las tácticas de oscuridad y ocultamiento desplegadas hasta ahora por el calderonismo: ahí están los repetidos recursos contra las resoluciones del Instituto federal de Acceso a la Información (IFAI), los intentos sistemáticos por bloquear las investigaciones acerca del presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Bribiesca Sahagún, o la protección que, a decir de la ex fiscal Alicia Pérez Duarte, otorgó el procurador Eduardo Medina Mora al gobernador poblano, Mario Marín, por citar sólo unos ejemplos.
Lo que se presenta de manera inevitable como afán de ocultar se ha extendido a las verdaderas intenciones del grupo gobernante en torno a la industria petrolera. Aunque en algunas ocasiones Calderón Hinojosa niega abrigar la pretensión de transferir, parcial o totalmente, la propiedad de Pemex a manos privadas, en otras se pronuncia por “abrir” la paraestatal al capital privado. Ayer mismo, el presidente de la comisión senatorial de Energía, Francisco Labastida Ochoa –a cuya malograda campaña presidencial, hace ocho años, habrían ido a parar los fondos del Pemexgate–, acuñó una nueva floritura: inventar “algún mecanismo, que podrían ser certificados de aportación patrimonial, para que la paraestatal capte recursos provenientes del medio bursátil, lo cual no significa una privatización”, como si los títulos accionarios que se comercian en la bolsa de valores no fuesen representaciones de propiedad, generalmente privada. Ésos y otros empeños por conseguir la cuadratura del círculo, como los esquemas de participación en Pemex de inversionistas particulares “dentro del marco constitucional” –que prohíbe expresamente tal participación–, enturbian inevitablemente la disputa sobre la industria petrolera, enrarecen la vida política y acrecientan las sospechas en torno al círculo gobernante y sus aliados.
La claridad y la transparencia como normas de conducta, de expresión, de acción política y de gobierno, le harían mucho bien al país y a la administración actual. Cabe esperar que los gobernantes lo comprendan y actúen en consecuencia.
Ayer, ante una concentración masiva frente a la sede administrativa de Petróleos Mexicanos (Pemex), Andrés Manuel López Obrador reiteró su llamado a preservar el estatuto nacional de la industria petrolera y a impedir que se privatice de forma parcial o total. Asimismo, señaló a Juan Camilo Mouriño como beneficiario de contratos concedidos durante el sexenio pasado por la paraestatal, por medio de adjudicación directa, cuando él –actual secretario de Gobernación– presidía la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y, posteriormente, cuando fue subsecretario de Energía.
Ambos señalamientos tienen como telón de fondo la falta de transparencia con que los sucesivos gobiernos –especialmente los de Vicente Fox y Felipe Calderón– han manejado la administración de los recursos petroleros. En el caso del segundo, hasta las intenciones del grupo en el poder en torno al futuro de Pemex.
En efecto, desde el nunca esclarecido Pemexgate, como se llamó a la operación de desvío de recursos de la paraestatal hacia la campaña presidencial priísta de 2000, hasta el final del mandato foxista, el Ejecutivo federal se negó a rendir cuentas claras sobre el destino de los montos adicionales que recibió por la diferencia entre las proyecciones de las cotizaciones del crudo y los precios internacionales, significativamente más elevados que dichos cálculos. Tal opacidad justifica y alienta la percepción, compartida por numerosos ciudadanos, de una corrupción monumental durante el sexenio pasado; ése sería el contexto, por demás verosímil, en que habría tenido lugar el otorgamiento de los contratos petroleros indebidos a los que hizo referencia ayer el dirigente opositor.
Independientemente de la necesidad de documentar tales señalamientos y, en su caso, de que el Poder Legislativo y la Secretaría de la Función Pública los investiguen a fondo, se encuentran las tácticas de oscuridad y ocultamiento desplegadas hasta ahora por el calderonismo: ahí están los repetidos recursos contra las resoluciones del Instituto federal de Acceso a la Información (IFAI), los intentos sistemáticos por bloquear las investigaciones acerca del presunto enriquecimiento ilícito de los hermanos Bribiesca Sahagún, o la protección que, a decir de la ex fiscal Alicia Pérez Duarte, otorgó el procurador Eduardo Medina Mora al gobernador poblano, Mario Marín, por citar sólo unos ejemplos.
Lo que se presenta de manera inevitable como afán de ocultar se ha extendido a las verdaderas intenciones del grupo gobernante en torno a la industria petrolera. Aunque en algunas ocasiones Calderón Hinojosa niega abrigar la pretensión de transferir, parcial o totalmente, la propiedad de Pemex a manos privadas, en otras se pronuncia por “abrir” la paraestatal al capital privado. Ayer mismo, el presidente de la comisión senatorial de Energía, Francisco Labastida Ochoa –a cuya malograda campaña presidencial, hace ocho años, habrían ido a parar los fondos del Pemexgate–, acuñó una nueva floritura: inventar “algún mecanismo, que podrían ser certificados de aportación patrimonial, para que la paraestatal capte recursos provenientes del medio bursátil, lo cual no significa una privatización”, como si los títulos accionarios que se comercian en la bolsa de valores no fuesen representaciones de propiedad, generalmente privada. Ésos y otros empeños por conseguir la cuadratura del círculo, como los esquemas de participación en Pemex de inversionistas particulares “dentro del marco constitucional” –que prohíbe expresamente tal participación–, enturbian inevitablemente la disputa sobre la industria petrolera, enrarecen la vida política y acrecientan las sospechas en torno al círculo gobernante y sus aliados.
La claridad y la transparencia como normas de conducta, de expresión, de acción política y de gobierno, le harían mucho bien al país y a la administración actual. Cabe esperar que los gobernantes lo comprendan y actúen en consecuencia.
Columna: Asimetrías.El Motín de Tenosique
Amotinados 159 centroamericanos detenidos en una cárcel migratoria hecha para 80, se puso en evidencia el triste papel de "guardafrontera" que realiza el gobierno mexicano de facto para el de Estados Unidos, reprimiendo a migrantes nacionales y latinoamericanos.
por Fausto Fernández Ponte
I
Como sabríase, 159 centroamericanos ingresados a México sin documentación apropiada para transitar por nuestro territorio en ruta a Estados Unidos y presos en una instalación del gobierno federal en Tenosique, Tabasco, se amotinaron.
A resultas de la marimorena, siete centroamericanos --guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños principalmente, aunque también habia cubanos, nicaragüenses y brasileños-- se fugaron.
La fuga ocurrió no obstante los empeños de la Policía Federal Preventva, que fue onvocada por el Instituto Nacional de Migración. Algunos de los confinados sufrieron intoxicación por el humo que se detectó en la instalación federal y llenó ésta.
Ese humo fue, precisamente, una de las causales del motín; otro de los motivos fue que esos 159 extranjeros estaban confinados en un espacio cuyo cupo máximo es para 80 personas y, aun así, apretadas.
Según el periódico "Noticias sin Fronteras" --que se publica en Internet--, los detenidos se amotinaron al detectarse el incendio en uno colchón y no ser escuchados sus gritos de auxilio.
Sábese que el colchón se incendió accidentalmente --por una colilla de cigarrillo-- y, dada la naturaleza de los componentes del mismo, la generación de humo fue intensa y éste se hizo muy denso. Al parecer, el personal del INM actuó tardiamente.
II
Este episodio, además de lamentable, nos describe causal y secuencialmente una situación que mengua el de por sí magro crédito del gobierno federal en materia de tratamiento a los extranjeros centroamericanos y, en general, latinoamericanos.
Ese tratamiento es atroz, realizado incluso con ferocidad digna de mejor causa y en no pocos casos raya en conductas de brutalidad de los personeros del Instituto mal distinguidos por el trato inhumano a indocumentados de Nuestra América.
El incidente agudiza el imperativo, a nuestro ver imposponible, de promulgar una nueva ley en la materia --la Ley General de Población-- o, por lo menos, reformarla de tal guisa que penalice el trato bárbaro a los migrantes sin documentos.
De hecho, se realizan esfuerzos orientados a reformar la citada ley y humanizar el marco jurídico coactivo que penaliza sin atenuantes --draconianamente-- el fenómeno de la migración latinoamericana --de Centroamérica, sobre todo-- hacia México.
Esa migración es, por lo general, de tránsito. México es el corredor terrestre por el cual los migrantes de Nuestra América andan hacia EU, que es el destino final de su aventura. Pocos son los que, por angas o por mangas, se qurdan en nuestro país.
III
Empero, el Poder Ejecutivo, cuyo titular es, como bien sábese, un individuo investido espuriamente --sin la anuencia del grueso del electorado-- y, por tanto, un mandatario de facto, podría iniciar la humanización del trato a migrantes de Nuestra Amèrica.
Ello podría instrumentarse sin esperar a la promulgación de la nueva ley, reformada o reescrita, en la materia, la cual, al decir de su impulsor principal, el diputado José Jacques Medina, despenalizaría la desesperanza social causa de la migración.
Esa actitud del Ejecutivo en lo que respecta a migración es, sin duda, tan corrosiva como la que adopta el gobierno estadunidense en su trato con los migrantes mexicanos. Ambos gobiernos están en la misma frecuencia de inmoralidad.
Y peor aún, en lo que toca al gobierno de México, pues actúa como filtro represor para evitar que los migrantes de Nuestra América lleguen a EU. Realiza así, el Ejecutivo de México, un trabajo sucio, subrogado, para el de EU. ¡Qué triste papel!
Las causales de la migración al sur de nuestra frontera son las mismas de la mexicana: formas perversas de organización económica y política que devienen en desigualdad, injusticia y ejercicio inicuo del poder formal --el del Estado-- y el fáctico.
Mas no sólo eso. En el caso del Estado mexicano, es el diseño --impuesto por EU-- y aplicación emperrada de políticas para consolidar esas formas de organización que benefician los intereses de unos cuantos y agravia los de las mayorías.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Emperrada: del verbo emperrar. Obstinarse en algo. Terquedad.
Marimorena: motín, bamba, rebumbio.
Nuestra América: el conjunto de Estados americanos que fueron colonias de España y Portugal y poseen culturas influidas por las lenguas e instituciones ibéricas.
Por angas o por mangas: por cualesquier razones o motivos.
por Fausto Fernández Ponte
I
Como sabríase, 159 centroamericanos ingresados a México sin documentación apropiada para transitar por nuestro territorio en ruta a Estados Unidos y presos en una instalación del gobierno federal en Tenosique, Tabasco, se amotinaron.
A resultas de la marimorena, siete centroamericanos --guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses y hondureños principalmente, aunque también habia cubanos, nicaragüenses y brasileños-- se fugaron.
La fuga ocurrió no obstante los empeños de la Policía Federal Preventva, que fue onvocada por el Instituto Nacional de Migración. Algunos de los confinados sufrieron intoxicación por el humo que se detectó en la instalación federal y llenó ésta.
Ese humo fue, precisamente, una de las causales del motín; otro de los motivos fue que esos 159 extranjeros estaban confinados en un espacio cuyo cupo máximo es para 80 personas y, aun así, apretadas.
Según el periódico "Noticias sin Fronteras" --que se publica en Internet--, los detenidos se amotinaron al detectarse el incendio en uno colchón y no ser escuchados sus gritos de auxilio.
Sábese que el colchón se incendió accidentalmente --por una colilla de cigarrillo-- y, dada la naturaleza de los componentes del mismo, la generación de humo fue intensa y éste se hizo muy denso. Al parecer, el personal del INM actuó tardiamente.
II
Este episodio, además de lamentable, nos describe causal y secuencialmente una situación que mengua el de por sí magro crédito del gobierno federal en materia de tratamiento a los extranjeros centroamericanos y, en general, latinoamericanos.
Ese tratamiento es atroz, realizado incluso con ferocidad digna de mejor causa y en no pocos casos raya en conductas de brutalidad de los personeros del Instituto mal distinguidos por el trato inhumano a indocumentados de Nuestra América.
El incidente agudiza el imperativo, a nuestro ver imposponible, de promulgar una nueva ley en la materia --la Ley General de Población-- o, por lo menos, reformarla de tal guisa que penalice el trato bárbaro a los migrantes sin documentos.
De hecho, se realizan esfuerzos orientados a reformar la citada ley y humanizar el marco jurídico coactivo que penaliza sin atenuantes --draconianamente-- el fenómeno de la migración latinoamericana --de Centroamérica, sobre todo-- hacia México.
Esa migración es, por lo general, de tránsito. México es el corredor terrestre por el cual los migrantes de Nuestra América andan hacia EU, que es el destino final de su aventura. Pocos son los que, por angas o por mangas, se qurdan en nuestro país.
III
Empero, el Poder Ejecutivo, cuyo titular es, como bien sábese, un individuo investido espuriamente --sin la anuencia del grueso del electorado-- y, por tanto, un mandatario de facto, podría iniciar la humanización del trato a migrantes de Nuestra Amèrica.
Ello podría instrumentarse sin esperar a la promulgación de la nueva ley, reformada o reescrita, en la materia, la cual, al decir de su impulsor principal, el diputado José Jacques Medina, despenalizaría la desesperanza social causa de la migración.
Esa actitud del Ejecutivo en lo que respecta a migración es, sin duda, tan corrosiva como la que adopta el gobierno estadunidense en su trato con los migrantes mexicanos. Ambos gobiernos están en la misma frecuencia de inmoralidad.
Y peor aún, en lo que toca al gobierno de México, pues actúa como filtro represor para evitar que los migrantes de Nuestra América lleguen a EU. Realiza así, el Ejecutivo de México, un trabajo sucio, subrogado, para el de EU. ¡Qué triste papel!
Las causales de la migración al sur de nuestra frontera son las mismas de la mexicana: formas perversas de organización económica y política que devienen en desigualdad, injusticia y ejercicio inicuo del poder formal --el del Estado-- y el fáctico.
Mas no sólo eso. En el caso del Estado mexicano, es el diseño --impuesto por EU-- y aplicación emperrada de políticas para consolidar esas formas de organización que benefician los intereses de unos cuantos y agravia los de las mayorías.
ffponte@gmail.com
Glosario:
Emperrada: del verbo emperrar. Obstinarse en algo. Terquedad.
Marimorena: motín, bamba, rebumbio.
Nuestra América: el conjunto de Estados americanos que fueron colonias de España y Portugal y poseen culturas influidas por las lenguas e instituciones ibéricas.
Por angas o por mangas: por cualesquier razones o motivos.
Las de Esta Dama SÏ son Faldas, No las de "Martita"
La abogada Alicia Pérez Duarte prefirió renunciar a la Fiscalía para delitos contra mujeres de la PGR y no ser cómplice de la pederastía protegida desde el gobierno, cuando el procurador Medina Mora le ordenó no encausar a judiciales que torturaron a Lydia Cacho.Por Alfredo Méndez
Alicia Elena Pérez Duarte, ex fiscal de delitos contra mujeres de la Procuraduría General de la República (PGR), confirmó que su ex jefe Eduardo Medina Mora le ordenó, a finales de 2007, que detuviera la consignación de cinco policías judiciales que presuntamente torturaron a la periodista Lydia Cacho Ribeiro durante su detención en Cancún, Quintana Roo, y en su traslado a un penal en la ciudad de Puebla.
“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado, ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.
Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.
“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.
Un “Estado protector de mafias”
Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.
Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.
Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.
Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.
“El señor procurador Eduardo Medina Mora me dijo expresamente que me esperara (en referencia a que no ejercitara la acción penal), y en la espera, de pronto me quitaron el asunto (de la denuncia de Lydia Cacho) para mandárselo al fiscal para delitos contra periodistas”.
En entrevista exclusiva, la ex funcionaria refirió que desde octubre pasado, ella y los agentes del Ministerio Público a su cargo concluyeron un proyecto de pliego de consignación que planeaba entregar, entre noviembre y diciembre, a un juez federal de la ciudad de México, pero “extrañamente” Medina Mora frenó el ejercicio de la acción penal contra los judiciales poblanos.
Pérez Duarte aseguró que su renuncia a la fiscalía especial fue para evitar ser una secuaz de “estos protectores de las redes de pornografía infantil, en las cuales el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia y sus cómplices protegieron no nada más a Kamel Nacif y a Jean Succar Kuri, sino a toda la red completa, que incluye las ciudades de Chihuahua, Tijuana, Mexicali y Cancún”.
Cuestionada respecto de si Medina Mora recibió presiones políticas para que le quitaran el caso de Lydia Cacho y lo enviara a la fiscalía especial para periodistas de la PGR, Pérez Duarte dijo: “No sé si el procurador recibió esas presiones, pero es evidente que sí, y es evidente porque cuando hablé con él, a principios de 2006, sobre el tema de la denuncia de Lydia Cacho, me dijo que subprocuradores y asesores de la PGR estaban de acuerdo en que debería seguir yo con la investigación del caso.
“Simplemente debía continuarla, porque Lydia, antes que nada, es mujer, y porque las víctimas que defiende son mujeres. Luego, para mí fue una sorpresa cuando hace dos meses el procurador le informa al fiscal de periodistas que era él, y no yo, el competente para continuar con esta indagatoria”, puntualizó.
Lydia Cacho fue detenida en Cancún el 16 de diciembre de 2005 por policías judiciales poblanos en cumplimiento a una orden de aprehensión librada en su contra por presunta difamación y calumnia en perjuicio del empresario textilero Kamel Nacif.
Un “Estado protector de mafias”
Durante 22 horas fue trasladada en un vehículo hasta la ciudad de Puebla. Pérez Duarte asegura que en ese tiempo dos judiciales amenazaron de muerte a Cacho y la sometieron a actos de tortura sicológica, pues esa había sido la consigna del llamado góber precioso y de su procuradora estatal, Blanca Laura Villeda. A su vez, Nacif le pidió a Mario Marín que actuara en contra de la periodista.
Entrevistada en la Casa de la Cultura de Coyoacán, adonde acudió a una mesa redonda en la que se analizó el caso de la red de pederastas revelada en 2005 por Lydia Cacho en su libro Los demonios del Edén, la doctora en derecho aseguró que renunció al cargo de fiscal para no ser cómplice de un Estado protector de mafias que fomentan la prostitución y pornografía infantiles.
Pérez Duarte dijo sentirse decepcionada del aparato de justicia mexicano que encabeza la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), y fue implacable en su crítica hacia la ministra Olga Sánchez Cordero.
“Mi manifestación de profundo dolor por haber escuchado a una mujer que nos acompañó durante mucho tiempo en la lucha feminista por un México libre de violencia, y de repente oírla en la sesión de la Corte decir que sí hubo violaciones en el caso de Lydia, pero no en el sentido del artículo 97 constitucional (que se refiere a las violaciones graves de garantías). Eso lo viví como la traición de una amiga”, expresó.
A finales de 2007, la Corte analizó la petición que le hizo un año antes la Cámara de Diputados para que investigara si diversas autoridades de Puebla se confabularon en contra de Lydia Cacho en represalia porque puso al descubierto la existencia de una red de pederastas. Primero la Corte determinó, por mayoría de votos, que a los ministros no les correspondía investigar el tema de la pornografía infantil y la pederastia en México, pues eso sólo compete a la PGR.
Luego, en una votación de seis contra cuatro, el máximo tribunal optó por concluir que el caso de Lydia Cacho no representaba violaciones graves a sus derechos humanos.
Columna: Editorialín.Degustación.Probadita de lo que viene.
De Blogotitlan
por Eddy Torzón
La corretiza que sufrió Carlos Navarrete, líder de la bancada del PRD en el Senado, y los abucheos e insultos contra Javier González Garza, pastor perredista en la Cámara Baja, que el mismo Andrés Manuel López Obrador tuvo dificultades para controlar, son una prueba mínima del enorme malestar e indignación que hay entre amplios sectores ciudadanos (y no sólo perredistas, como seguramente clamará la prensa "institucional" al victimizar a la "izquierda moderada"), por el cúmulo de atropellos, alevosos e impunes, que vienen cometiendo los llamados gobiernos de empresarios y "gente decente".
Navarrete y González Garza son heraldos de la corriente adueñada de la burocracia perredista, que insiste en reconocer y pactar con el gobierno usurpador de Felipe Calderón, a fin de aumentar sus canonjías y vender cara su complicidad en el saqueo que sigue a todo vapor por parte del PAN vuelto gobierno y concubina del PRI.
Ambos legisladores van a tener problemas para "negociar" su apoyo al gobierno en nombre de... ¿en nombre de quién, si no representan más que a su pandilla?
Gobierno, PAN y PRI tendrán que emplearse a fondo en las nuevas campañas propagandísticas para "convencer" de que los "negociadores Chuchos" siguen siendo "la fuerza mayoritaria" del PRD (y por tanto, del vasto segmento social que votó por el "derrotado y acabado" López Obrador) en cuyo nombre aceptarán las "reformas estructurales" para arruinar a México.
Gobierno, PAN, PRI y "Los Chuchos" moderados tendrán que preocuparse seriamente, porque si el domingo fue una probadita, a la mera hora menos les va a gustar la reacción de la gente.
Por eso les urge tener la Ley Gestapo.
por Eddy Torzón
La corretiza que sufrió Carlos Navarrete, líder de la bancada del PRD en el Senado, y los abucheos e insultos contra Javier González Garza, pastor perredista en la Cámara Baja, que el mismo Andrés Manuel López Obrador tuvo dificultades para controlar, son una prueba mínima del enorme malestar e indignación que hay entre amplios sectores ciudadanos (y no sólo perredistas, como seguramente clamará la prensa "institucional" al victimizar a la "izquierda moderada"), por el cúmulo de atropellos, alevosos e impunes, que vienen cometiendo los llamados gobiernos de empresarios y "gente decente".
Navarrete y González Garza son heraldos de la corriente adueñada de la burocracia perredista, que insiste en reconocer y pactar con el gobierno usurpador de Felipe Calderón, a fin de aumentar sus canonjías y vender cara su complicidad en el saqueo que sigue a todo vapor por parte del PAN vuelto gobierno y concubina del PRI.
Ambos legisladores van a tener problemas para "negociar" su apoyo al gobierno en nombre de... ¿en nombre de quién, si no representan más que a su pandilla?
Gobierno, PAN y PRI tendrán que emplearse a fondo en las nuevas campañas propagandísticas para "convencer" de que los "negociadores Chuchos" siguen siendo "la fuerza mayoritaria" del PRD (y por tanto, del vasto segmento social que votó por el "derrotado y acabado" López Obrador) en cuyo nombre aceptarán las "reformas estructurales" para arruinar a México.
Gobierno, PAN, PRI y "Los Chuchos" moderados tendrán que preocuparse seriamente, porque si el domingo fue una probadita, a la mera hora menos les va a gustar la reacción de la gente.
Por eso les urge tener la Ley Gestapo.
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