Sumario:
I. Nuevo atraco a los fondos de pensiones, denuncia el gobierno legítimo de México
II. Pemex: ¿tesoro y botín?, por José Luis Piñeyro
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NUEVO ATRACO A LOS FONDOS DE PENSIONES, DENUNCIA EL GOBIERNO LEGÍTIMO DE MÉXICO
El año pasado, simultáneamente a la aprobación de la nueva ley del ISSSTE, el gobierno espurio y los legisladores del PRIAN aprovecharon para pasar de contrabando una modificación a la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro (LSAR), aseguraron las secretarias de Salud y del Trabajo del Gobierno Legítimo, Asa Cristina Laurell y Bertha Elena Luján.
Explicaron que el mencionado cambio consistió en que las Afores cobrarán su comisión por la administración de la cuenta del trabajador como un porcentaje sobre la cantidad ahorrada y no sobre cada depósito, es decir el flujo.
Dicha modificación parecía poco importante e incluso se presentó como favorable para el trabajador, pero hoy los cálculos demuestran lo contrario, subrayaron.
La modificación legal –recordaron– entró en vigor el pasado 15 de marzo y en esa misma fecha las 20 Afores dieron a conocer el porcentaje que van a cobrar al trabajador por la administración obligatoria de su cuenta.
Detallaron que el porcentaje va del 1.18 al 3.3 por ciento sobre el ahorro (saldo) en la cuenta del trabajador y el promedio ponderado del cobro es de 1.72 por ciento. Dos Afores cobran más de 3 por ciento; cinco más del 2 por ciento; ocho entre 1.99 y 1.5 por ciento y sólo cuatro por debajo del 1.5 por ciento.
Las cifras muestran que la mayoría de las Afores han incrementando su cobro sobre el ahorro hasta en un 1,400 por ciento y sólo cinco por debajo del 100 por ciento, destacaron.
“Hablando en plata, esto significa que los grandes grupos financieros, en su mayoría extranjeros, van a quitar a los trabajadores alrededor de 16,500 millones de pesos de sus ahorros para la pensión sólo en 2008. Uno se puede preguntar ¿a cambio de qué?”, se preguntaron.
La respuesta es a cambio de nada. Las Afores que se llevarán más de mil millones son, en orden decreciente: Banamex, Bancomer, ING, Profuturo GNP, Inbursa y Banorte Generali, aseguraron.
Hicieron énfasis en que la comisión de las Afores es comparable con la que se cobra sobre los fondos de inversión en las bolsas y los mercados financieros en todo el mundo.
“En general, se cobra menos de uno por ciento cuando la mayor parte de la cartera de inversión está compuesta por bonos gubernamentales, como es el caso de las Siefores, a través de las cuales las Afores invierten los ahorros de los trabajadores. Cuando la cartera de los fondos es más compleja y tiene principalmente acciones de empresas, las comisiones suelen ubicarse entre 1.0 a 1.8 por ciento y es poco común que estén por encima de 2 por ciento. Entonces ¿por qué las Afores están hoy cobrando tanto? El abuso de las Afores en México es evidente pero la ley lo permite y este es el fondo del problema”, subrayaron.
También expresaron que las Afores nunca pierden. “Cuando inició el sistema en 1997 cobraban una comisión alta de alrededor del 20 por ciento sobre cada depósito que hacía el trabajador (flujo) y un porcentaje bajo sobre sus ahorros (saldo). Ahora que se ha juntado mucho dinero en las cuentas —por ejemplo, 841,601 millones en enero de 2008— se cambia el sistema y las Afores empiezan a cobrar un porcentaje alto sobre el ahorro”, agregaron.
Advirtieron que el problema es que el cobro de las Afores irá aumentando mes con mes porque el saldo aumenta. “Esto significa, que en un momento dado, el cobro de la Afore por la administración del fondo del trabajador será más alto que el depósito. O dicho de otra manera ¡a partir de determinado momento el trabajador sigue depositando, pero su ahorro empieza a bajar!”, coincidieron.
Un primer cálculo –expusieron– comparando los cobros sobre flujo, con el cobro sobre el ahorro acumulado durante el lapso de treinta años, tiene resultados alarmantes: Demuestra que, con la modificación de la LSAR, las Afores se embolsarán una cantidad por lo menos 7.3 veces mayor de lo que hubiesen recibido con el sistema anterior, afirmaron.
Asa Cristina Laurell y Bertha Elena Luján informaron que la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados ha difundido un estudio importante sobre la problemática generada por la modificación a la ley de los SAR.
“Debe recordarse que sólo los diputados del FAP votaron en contra de estas modificaciones, por lo que hoy les corresponde retomar la argumentación sobre los daños provocados al patrimonio de los trabajadores, e impedir el atraco que pretende consumarse con apoyo en esta ley”, aclararon.
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PEMEX: ¿TESORO Y BOTÍN?
José Luis Piñeyro
(publicado en El Universal el 29 de marzo de 2008)
La propaganda gubernamental invita a niños y adultos a descubrir el tesoro petrolero en aguas profundas compartidas por México y Estados Unidos. Para ello se necesita tecnología moderna que no tenemos, ni fondos públicos para comprarla. Por tanto se requiere inversión privada nacional o extranjera; si no accedemos, “otro” país se apropiará del tesoro enterrado mediante el efecto popote; además, se afirma que las reservas petroleras se agotarán en pocos años y que de no permitirse dicha inversión el gobierno tendrá que recortar el gasto social.
Mentiras catastrofistas o verdades a medias que los expertos se han encargado de denunciar y señalar como tales. No es impostergable pasar a la exploración en aguas ultraprofundas dado que los pozos existentes tienen una capacidad mayor a la pronosticada; habría que empezar por la explotación en aguas someras que requieren mucha menor inversión y tecnología.
No es cierto que Pemex no cuente con fondos para invertir en instalaciones, gasoductos y tecnología, lo que se requiere es modificar paulatinamente su enorme sangría debido al excesivo pago de impuestos. No es cierto que pueda darse de inmediato el efecto popote; las compañías petroleras de Estados Unidos están iniciando la exploración que además no garantiza el hallazgo de yacimientos. No es cierto que la tendencia mundial sea permitir la privatización y extranjerización de las empresas petroleras, sino al contrario, como se aprecia con la creciente presencia del Estado en Rusia, Brasil, Bolivia y Venezuela.
No es válido plantear que es imposible darle valor agregado al crudo mexicano mediante la instalación de refinerías, el impulso a la petroquímica y a la tecnología nacional que permitan reducir la importación creciente de gasolinas de Estados Unidos y reactivar el mercado nacional. No es efectivo que por la ausencia de tecnología se requiera de alianzas estratégicas con compañías extranjeras; ésta se puede rentar o comprar.
No es creíble que la privatización de Pemex no sucederá porque no se vendrá “ni un tornillo” de sus instalaciones, pues ésta puede suceder mediante las operaciones de exploración, explotación y distribución del oro negro vía mayores contratos de servicios múltiples o de riesgo (Francisco Rojas, “Aguas profundas”, El Universal, 4/III/08, y Antonio Gershenson, “Aguas profundas, ¿para cuándo”, La Jornada, 2/III/08).
No significa lo anterior que Pemex deba seguir como está en rubros específicos como son el combate a la corrupción sindical y administrativa, el despilfarro productivo, la mayor capacitación del personal técnico y profesional, la generación a mediano plazo de técnicas y tecnología nacionales, la mejor eficiencia operativa y más transparencia y rendición de cuentas.
No se requiere de una política gubernamental sexenal sino de una política de Estado integral: de largo plazo, consensuada entre los poderes Ejecutivo y Legislativo federal y estatales, con vinculación con otras instituciones y secretarías de Estado, con articulación con las cadenas productivas nacional y regionales, con alianzas estratégicas flexibles con otros Estados o bloques regionales y sobre todo con la defensa del interés nacional, entre otros rasgos de tal política, algunos bosquejados por David Ibarra. (“El desmantelamiento”, Proceso, 16/III/08).
La única manera de que lo expuesto carezca de importancia es que la visión del tesoro petrolero publicitado por el gobierno de Calderón parta de recuperar cierta acepción de tesoro y botín.
Tesoro, entre sus significados reconocidos por el Diccionario de la Real Academia Española, es un “conjunto escondido de monedas o cosas preciosas, de cuyo dueño no queda memoria”. El Pequeño Larousse Ilustrado señala que un botín es “conjunto de bienes que se obtiene de un robo”.
Entonces, todo queda claro: el tesoro ya no es propiedad nacional sino de los piratas domésticos y extranjeros. Se requiere darles certeza jurídica o legalidad y obtener obediencia o legitimidad de los despojados súbditos desmemoriados o ciudadanos de baja intensidad.
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