lunes, junio 23, 2008
Pronunciamiento Internacional en Solidaridad con los Zapatistas
Rebelión
Al Pueblo Mexicano: Al EZLN: A la Otra Campaña: A la sociedad civil internacional: A los medios de comunicación:
Nosotras y nosotros, personas de distintos colectivos y organizaciones de diferentes rincones del mundo manifestamos nuestra indignación y rechazo total por la incursión militar nuevamente en las Comunidades Zapatistas el día 4 de Junio del presente año.
A través de números informes de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sabemos que el hostigamiento contra las comunidades Zapatistas no ha cesado y a partir del año pasado se ha ido incrementando. En estos investigaciones se detalla la utilización de las organizaciones paramilitares, las instituciones como la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y los Gobiernos Federal (PAN) y Estatales (PRD) además del cerco militar que ha permanecido alrededor del territorio Zapatista desde 1994.
Sin embargo la incursión del Ejercito Mexicano el 4 de Junio en los poblados de la Garrucha, Rancho Alegre (conocido como Chapuyil), Hermenegildo Galeana y San Alejandro representa además de la violación de la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (1995), la Constitución Mexicana (Articulo 29), la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículos 21 y 29b) y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (Artículos 14 y 27) marca un cambio en la estrategia contra Zapatista. Por lo cual estamos sumamente preocupados por la integridad física y psicológica de nuestros hermanos indígenas Zapatistas. El Gobierno Mexicano no solo esta atentando en contra de su derecho a organizarse libremente como pueblos indígenas sino que además bajo el ridículo pretexto de la siembra de marihuana. Tememos que pueda abrirse una guerra abierta que el Estado Mexicano intente legitimar pero cuyo verdadero objetivo es destruir el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Sabemos que las justas demandas de los pueblos Zapatistas se han llevado de forma pacifica, que a partir de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona estas demandas se están organizando junto con las demandas de otros pueblos, ciudades o estados de la Republica Mexicana, en un movimiento nacional, civil y pacifico llamado la Otra Campaña. Por lo tanto las permanentes agresiones y el hostigamiento en contra de las comunidades indígenas Zapatistas a si como la reciente incursión del Ejercito Mexicano muestran claramente que el gobierno Mexicano no tiene ni la voluntad ni la capacidad de resolver estas demandas y que por el contrario solo esta buscando medidas represivas para acallar a las voces que exigen sus derechos mas fundamentales.
Exigimos al Gobierno Mexicano representado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa que retire a las Fuerzas Armadas de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) destacamentadas estratégicamente en la zona de conflicto en el Estado de Chiapas.
Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas representado por el Gobernador Juan Sabines Guerrero el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del Estado ha realizado en contra de las comunidades Zapatistas.
Si el Gobierno Mexicano continua atacando a las comunidades Zapatistas utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros Zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado Mexicano.
Red de Solidaridad Mexico-Australia (MASN) - Sydney, Brisbane, Melbourne, Australia El Kilombo - Durham, North Carolina, EUA Rare Purpose Collective - Florida, EUA El Colectivo Zapatista de Valencia El Caragol - Valencia, Spain. CGT-Comisión Chiapas - Estado Español Mutiny Collective - Sydney, Australia Electronic Disturbance Theater - San Diego, EUA XISPA CON TITA COLECTIVO Chicana Radio Network Colectivos e Individuos de La Otra San Diego (California Coalition Against Poverty, Colectivo Zapatista San Diego, Colectivo Zapatista Tzajalek 32, San Diego Indymedia, dj lotu5 y otr@s) - EUA Local to Global Justice - Tempe, EUA Red de Solidaridad con America Latina (LASNET) - Australia
Al Pueblo Mexicano: Al EZLN: A la Otra Campaña: A la sociedad civil internacional: A los medios de comunicación:
Nosotras y nosotros, personas de distintos colectivos y organizaciones de diferentes rincones del mundo manifestamos nuestra indignación y rechazo total por la incursión militar nuevamente en las Comunidades Zapatistas el día 4 de Junio del presente año.
A través de números informes de la Comisión Civil Internacional de Observación de Derechos Humanos (CCIODH), el Centro de Análisis Político e Investigaciones Sociales y Económicas (CAPISE) y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas sabemos que el hostigamiento contra las comunidades Zapatistas no ha cesado y a partir del año pasado se ha ido incrementando. En estos investigaciones se detalla la utilización de las organizaciones paramilitares, las instituciones como la Secretaria de la Reforma Agraria (SRA) y los Gobiernos Federal (PAN) y Estatales (PRD) además del cerco militar que ha permanecido alrededor del territorio Zapatista desde 1994.
Sin embargo la incursión del Ejercito Mexicano el 4 de Junio en los poblados de la Garrucha, Rancho Alegre (conocido como Chapuyil), Hermenegildo Galeana y San Alejandro representa además de la violación de la Ley para el Dialogo, la Conciliación y la Paz Digna en Chiapas (1995), la Constitución Mexicana (Articulo 29), la Convención Americana de Derechos Humanos (Artículos 21 y 29b) y el Convenio Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos (Artículos 14 y 27) marca un cambio en la estrategia contra Zapatista. Por lo cual estamos sumamente preocupados por la integridad física y psicológica de nuestros hermanos indígenas Zapatistas. El Gobierno Mexicano no solo esta atentando en contra de su derecho a organizarse libremente como pueblos indígenas sino que además bajo el ridículo pretexto de la siembra de marihuana. Tememos que pueda abrirse una guerra abierta que el Estado Mexicano intente legitimar pero cuyo verdadero objetivo es destruir el Ejercito Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
Sabemos que las justas demandas de los pueblos Zapatistas se han llevado de forma pacifica, que a partir de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona estas demandas se están organizando junto con las demandas de otros pueblos, ciudades o estados de la Republica Mexicana, en un movimiento nacional, civil y pacifico llamado la Otra Campaña. Por lo tanto las permanentes agresiones y el hostigamiento en contra de las comunidades indígenas Zapatistas a si como la reciente incursión del Ejercito Mexicano muestran claramente que el gobierno Mexicano no tiene ni la voluntad ni la capacidad de resolver estas demandas y que por el contrario solo esta buscando medidas represivas para acallar a las voces que exigen sus derechos mas fundamentales.
Exigimos al Gobierno Mexicano representado por el Presidente Felipe Calderón Hinojosa que retire a las Fuerzas Armadas de la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) destacamentadas estratégicamente en la zona de conflicto en el Estado de Chiapas.
Exigimos al Gobierno del Estado de Chiapas representado por el Gobernador Juan Sabines Guerrero el cese inmediato de las agresiones y el hostigamiento que la policía del Estado ha realizado en contra de las comunidades Zapatistas.
Si el Gobierno Mexicano continua atacando a las comunidades Zapatistas utilizaremos todos los medios a nuestro alcance para generar movilizaciones en solidaridad con nuestros compañeros Zapatistas y de repudio a la política militar y represiva del Estado Mexicano.
Red de Solidaridad Mexico-Australia (MASN) - Sydney, Brisbane, Melbourne, Australia El Kilombo - Durham, North Carolina, EUA Rare Purpose Collective - Florida, EUA El Colectivo Zapatista de Valencia El Caragol - Valencia, Spain. CGT-Comisión Chiapas - Estado Español Mutiny Collective - Sydney, Australia Electronic Disturbance Theater - San Diego, EUA XISPA CON TITA COLECTIVO Chicana Radio Network Colectivos e Individuos de La Otra San Diego (California Coalition Against Poverty, Colectivo Zapatista San Diego, Colectivo Zapatista Tzajalek 32, San Diego Indymedia, dj lotu5 y otr@s) - EUA Local to Global Justice - Tempe, EUA Red de Solidaridad con America Latina (LASNET) - Australia
Miles de ciudadanos toman las calles en varias ciudades contra la "directiva de la vergüenza"
"El Gobierno español dice que aquí no será aplicada"
Archipielago noticias
Miles de personas reprocharon ayer en varias ciudades españolas a la Unión Europea (UE) la aprobación, el pasado jueves, de la directiva de retorno para inmigrantes. La solidaridad de más de 400 asociaciones se hizo notar en la Plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, donde muchos manifestantes coincidieron en señalar que el apelativo de “vergüenza”, que ha sido adherido a la directiva, representa el sentimiento de miles de ciudadanos españoles que no se han visto representados por sus eurodiputados.
“La Unión Europea ha demostrado lo que es en realidad. Nació con un objetivo económico y así se comporta”, reprochó Vicente Leal, de 55 años. En su mano derecha sujetaba una pancarta con un lema muy repetido por los asistentes a lo largo de la tarde: “¡No a los Guantánamos españoles!”. “Les da igual todo, para lo único que otorgan libertad es para los capitales, los derechos sociales de las personas no les interesan. Cuando necesitan mano de obra piden emigrantes y luego, los tiran”, añadió.
En un escenario improvisado sobre un andamio, los representantes de las asociaciones de inmigrantes en España tomaron la palabra. “Lo único que quiero es un trato de ser humano, no que nos metan en un campo de concentración como hizo Hitler con los judíos”, reclamó Gustavo Álvarez, portavoz de la Red de Extranjeros en Madrid. “¿Por qué tenemos que pagar nosotros la crisis?”, se preguntó.
Los inmigrantes presentes en España lamentan que el debate gire en torno a las condiciones de los Centros de Internamiento de Inmigrantes. “Es que no deberían existir. Representan la pura obscenidad del sistema”, comentó Álvarez. “Primero la directiva, luego la semana laboral de las 65 horas, ¿después qué?"
La desconfianza en la Unión Europea como un espacio de libertad para los ciudadanos fue otro de los comentarios de muchos de los que asistieron a protestar contra la política de inmigración europea. “Primero la directiva, luego la semana laboral de las 65 horas, ¿después qué? Van en contra de los trabajadores y los inmigrantes, los más débiles”, resumió Miriam Bueno, de la asociación Ferrocarril Clandestino.
Muchas de las quejas tuvieron como objetivo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. “El otro día le oí decir que los que tengan 16 años tienen que venir con un permiso de trabajo. ¿Cómo es posible? Si quiero que venga mi hijo es para que estudie y tenga un porvenir, no para que trabaje”, lamentó una boliviana.
La concentración de Madrid contra la directiva tuvo su réplica en Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Las asociaciones de inmigrantes habían convocado a miles de personas contra las leyes, a su juicio xenófobas, desarrolladas por la UE. Una directiva que no llegará a España
El sabado lo volvió a reiterar el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El Gobierno no aplicará en España el plazo máximo de 18 meses de retención para los inmigrantes irregulares establecido por la llamada ‘directiva de la vergüenza’, aunque ampliará el plazo desde los actuales 40 días hasta 60. Además, Corbacho dejó claro ayer en Zaragoza que en España los inmigrantes “seguirán gozando de asistencia jurídica gratuita y se respetarán sus derechos humanos por encima de cualquier otra consideración”.
En cualquier caso, recordó que el 11% de los habitantes de España son inmigrantes y apeló a los países de origen de emigrantes para que entiendan que el número de extranjeros no puede crecer “infinitamente” y que es necesario regular los flujos migratorios.
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española consideró ayer “vergonzoso” el apoyo que ha recibido la citada directiva, al entender que se trata de una norma que “criminaliza” al colectivo de los inmigrantes. Un portavoz de esta entidad, Francisco Solans, indicó a Servimedia que la directiva constituye “un precedente muy negativo”.
Archipielago noticias
Miles de personas reprocharon ayer en varias ciudades españolas a la Unión Europea (UE) la aprobación, el pasado jueves, de la directiva de retorno para inmigrantes. La solidaridad de más de 400 asociaciones se hizo notar en la Plaza de Jacinto Benavente, en Madrid, donde muchos manifestantes coincidieron en señalar que el apelativo de “vergüenza”, que ha sido adherido a la directiva, representa el sentimiento de miles de ciudadanos españoles que no se han visto representados por sus eurodiputados.
“La Unión Europea ha demostrado lo que es en realidad. Nació con un objetivo económico y así se comporta”, reprochó Vicente Leal, de 55 años. En su mano derecha sujetaba una pancarta con un lema muy repetido por los asistentes a lo largo de la tarde: “¡No a los Guantánamos españoles!”. “Les da igual todo, para lo único que otorgan libertad es para los capitales, los derechos sociales de las personas no les interesan. Cuando necesitan mano de obra piden emigrantes y luego, los tiran”, añadió.
En un escenario improvisado sobre un andamio, los representantes de las asociaciones de inmigrantes en España tomaron la palabra. “Lo único que quiero es un trato de ser humano, no que nos metan en un campo de concentración como hizo Hitler con los judíos”, reclamó Gustavo Álvarez, portavoz de la Red de Extranjeros en Madrid. “¿Por qué tenemos que pagar nosotros la crisis?”, se preguntó.
Los inmigrantes presentes en España lamentan que el debate gire en torno a las condiciones de los Centros de Internamiento de Inmigrantes. “Es que no deberían existir. Representan la pura obscenidad del sistema”, comentó Álvarez. “Primero la directiva, luego la semana laboral de las 65 horas, ¿después qué?"
La desconfianza en la Unión Europea como un espacio de libertad para los ciudadanos fue otro de los comentarios de muchos de los que asistieron a protestar contra la política de inmigración europea. “Primero la directiva, luego la semana laboral de las 65 horas, ¿después qué? Van en contra de los trabajadores y los inmigrantes, los más débiles”, resumió Miriam Bueno, de la asociación Ferrocarril Clandestino.
Muchas de las quejas tuvieron como objetivo al ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. “El otro día le oí decir que los que tengan 16 años tienen que venir con un permiso de trabajo. ¿Cómo es posible? Si quiero que venga mi hijo es para que estudie y tenga un porvenir, no para que trabaje”, lamentó una boliviana.
La concentración de Madrid contra la directiva tuvo su réplica en Barcelona, Valencia y Santa Cruz de Tenerife. Las asociaciones de inmigrantes habían convocado a miles de personas contra las leyes, a su juicio xenófobas, desarrolladas por la UE. Una directiva que no llegará a España
El sabado lo volvió a reiterar el ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho. El Gobierno no aplicará en España el plazo máximo de 18 meses de retención para los inmigrantes irregulares establecido por la llamada ‘directiva de la vergüenza’, aunque ampliará el plazo desde los actuales 40 días hasta 60. Además, Corbacho dejó claro ayer en Zaragoza que en España los inmigrantes “seguirán gozando de asistencia jurídica gratuita y se respetarán sus derechos humanos por encima de cualquier otra consideración”.
En cualquier caso, recordó que el 11% de los habitantes de España son inmigrantes y apeló a los países de origen de emigrantes para que entiendan que el número de extranjeros no puede crecer “infinitamente” y que es necesario regular los flujos migratorios.
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía Española consideró ayer “vergonzoso” el apoyo que ha recibido la citada directiva, al entender que se trata de una norma que “criminaliza” al colectivo de los inmigrantes. Un portavoz de esta entidad, Francisco Solans, indicó a Servimedia que la directiva constituye “un precedente muy negativo”.
(España) El Congreso aprobará el Tratado de Lisboa sin preguntar a los ciudadanos
La andadura del Tratado de Lisboa por el Congreso se limitará al debate del jueves, al tramitarse por el método de lectura única
La República
PSOE, PP, CiU, PNV, CC y UPyD votarán a favor de que España se sume al nuevo Tratado, cuya ratificación definitiva la dará el Senado a final de septiembre o principios de octubre, una vez que se reanude la actividad parlamentaria después del parón del verano.
ERC e IU ya tienen decidido su voto contrario a refrendar el Tratado de Lisboa, mientras que ICV se abstendrá.
La dirección del BNG acordará hoy si se inclina por el no o por la abstención, aunque ha descartado el voto a favor; también está por concretar cuál será la postura de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos.
ERC e IU coinciden en que el Tratado mantiene el espíritu y el contenido de la fracasada Constitución Europea, no responde a los intereses de la ciudadanía y defiende posiciones neoliberales en materias como la economía o la inmigración.
El BNG discrepa en estos puntos y en el método escogido para la ratificación, al considerar que debería haber sido votado en referéndum popular, como en Irlanda, según su portavoz, Francisco Jorquera.
En declaraciones a EFE, Jorquera ha subrayado la ’vocación europea’ del BNG, pero ha insistido en que el tratado representa un ’déficit democrático’ y aleja a los ciudadanos de la construcción europea.
El diputado de ICV, Joan Herrera, justifica su abstención en que a pesar de las carencias del texto, el bloqueo de su aplicación no es lo más adecuado tras la crisis abierta por el triunfo del no en el referéndum irlandés.
La andadura del Tratado de Lisboa por el Congreso se limitará al debate del jueves, al tramitarse por el método de lectura única.
El Gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica de ratificación el pasado 29 de abril en el Consejo de Ministros.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, será el encargado de defender ante la Cámara la necesidad de respaldar el nuevo tratado para seguir construyendo Europa con políticas e instituciones preparadas para afrontar retos como la inmigración, la seguridad o el cambio climático.
España será el primer país que dé pasos en favor de la ratificación después de la cumbre de Bruselas celebrada los pasados jueves y viernes, en la que los líderes europeos decidieron continuar adelante pese a la crisis de Irlanda.
El Tratado de Lisboa crea la figura del presidente del Consejo Europeo, da más peso a los Parlamentos nacionales y otorga por primera vez valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, entre otros aspectos.
La República
PSOE, PP, CiU, PNV, CC y UPyD votarán a favor de que España se sume al nuevo Tratado, cuya ratificación definitiva la dará el Senado a final de septiembre o principios de octubre, una vez que se reanude la actividad parlamentaria después del parón del verano.
ERC e IU ya tienen decidido su voto contrario a refrendar el Tratado de Lisboa, mientras que ICV se abstendrá.
La dirección del BNG acordará hoy si se inclina por el no o por la abstención, aunque ha descartado el voto a favor; también está por concretar cuál será la postura de la diputada de Nafarroa Bai, Uxue Barkos.
ERC e IU coinciden en que el Tratado mantiene el espíritu y el contenido de la fracasada Constitución Europea, no responde a los intereses de la ciudadanía y defiende posiciones neoliberales en materias como la economía o la inmigración.
El BNG discrepa en estos puntos y en el método escogido para la ratificación, al considerar que debería haber sido votado en referéndum popular, como en Irlanda, según su portavoz, Francisco Jorquera.
En declaraciones a EFE, Jorquera ha subrayado la ’vocación europea’ del BNG, pero ha insistido en que el tratado representa un ’déficit democrático’ y aleja a los ciudadanos de la construcción europea.
El diputado de ICV, Joan Herrera, justifica su abstención en que a pesar de las carencias del texto, el bloqueo de su aplicación no es lo más adecuado tras la crisis abierta por el triunfo del no en el referéndum irlandés.
La andadura del Tratado de Lisboa por el Congreso se limitará al debate del jueves, al tramitarse por el método de lectura única.
El Gobierno aprobó el proyecto de ley orgánica de ratificación el pasado 29 de abril en el Consejo de Ministros.
El ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Angel Moratinos, será el encargado de defender ante la Cámara la necesidad de respaldar el nuevo tratado para seguir construyendo Europa con políticas e instituciones preparadas para afrontar retos como la inmigración, la seguridad o el cambio climático.
España será el primer país que dé pasos en favor de la ratificación después de la cumbre de Bruselas celebrada los pasados jueves y viernes, en la que los líderes europeos decidieron continuar adelante pese a la crisis de Irlanda.
El Tratado de Lisboa crea la figura del presidente del Consejo Europeo, da más peso a los Parlamentos nacionales y otorga por primera vez valor vinculante a la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, entre otros aspectos.
Spaghetti Pelelinno
Los mexicanos debemos estar de fiesta, hemos de recibir con algarabía el programa de congelamiento de precios, anunciado por el gobierno federal (cuyo presidente no debería estar donde está, según la sumatoria de votos contenidos en las actas electorales del 2006, que hizo el investigador José Antonio Crespo, a quién nadie acusará de pro pejista).
Sólo la ingratitud de los mexicanos explica que en lugar de fiesta y júbilo, tal programa haya sido recibido por los analistas y las amas de casa como una burla del ejecutivo federal y los concaminos. Tal vez por falta de entendimiento, los estudiosos del mercado y el público en general argumenten que los precios congelados ya habían subido previamente; que la lista de productos contiene primordialmente artículos ajenos a la canasta básica: una variedad de sobrecitos de té, jugos de soya, condimentos varios, salsa italiana, etc; mientras quedaron fuera el aceite, la carne, los huevos, todos los granos, los lácteos, en fin todos aquellos productos que congelan la cara y el bolso de las amas de casa, cuando reciben la cuenta del supermercado.
Lo que pasa es que no hemos entendido el verdadero sentido de esta medida calderonista. En la lista de 150 productos “congelados” hay dos que sí son de consumo frecuente: la pasta de trigo y la salsa de tomate condimentada. Con ellos se puede preparar espagueti, ¿Qué más queremos?. Ese es el platillo preferido del señor Cartens y ya lo ven ustedes tan sanote.
El México de ganadores, visualizado por quien ostenta de manera espuria el cargo de presidente de la república, incluye la modificación de la dieta de los mexicanos. Nada de que frijolitos con tortilla, nada de que pollito con mole, mucho menos carnita en salsa verde, ¿Qué nacadas son esas?, contribuyamos todos a globalizar la dieta mexicana, comamos espagueti, pero al estilo Calderón....SPAGHETTI PELELINNO.
Martín Vélez
Fallo sobre Ley del ISSSTE avala privatizar la seguridad social
Organizaciones de abogados analizan pedir anulación en instancias internacionales
La Corte permitió la política del gobierno en este sentido, afirman Unión de Juristas y la ANAD
Las alternativas legales “aún no se agotan”, pues continúa el trámite de 2 millones de amparos
Jesús Aranda
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es contrario a la justicia social y a los derechos constitucionales del pueblo de México, ya que avaló la política del gobierno federal de privatizar la seguridad social y los servicios de salud, sostuvieron la Unión de Juristas de México (UJM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), organizaciones que añadieron que a pesar de aquella decisión judicial, las alternativas legales no se agotan, porque continúan en trámite más de 2 millones de amparos, la vigencia de las suspensiones y la posibilidad de que surjan nuevos actos que den lugar a otros recursos de amparo.
En conferencia de prensa, los abogados organizados advirtieron también que se analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para demandar la anulación de la reforma a la ley citada.
Eduardo Miranda Esquivel, representante de la UJM, afirmó que con la decisión de anular únicamente cinco artículos de los más de 300 que integran la nueva legislación, los ministros dejaron de cumplir con la obligación de impartir justicia expedita, completa e imparcial, y en cambio ratificaron el abandono total de los principios de constitucionalismo y del estado social de derecho.
Recuento
Miranda recordó que en cuatro días de sesiones la Corte ratificó el nuevo régimen de pensiones, el Pensionissste, la cancelación de la jubilación y otros derechos y prestaciones de los trabajadores del Estado, “sin considerar los antecedentes históricos de la seguridad social, el marco constitucional y los derechos humanos universales, además de que ignoraron los argumentos y pruebas de los trabajadores que presentaron amparo”.
En nombre de ambas organizaciones de juristas, Miranda Esquivel destacó que el nuevo régimen se basa en cuentas de capitalización individual administradas por aseguradoras particulares, que cobrarán una comisión por administrar esos recursos, sin que los trabajadores estén protegidos en caso de quiebra.
También, dijo, el trabajador deberá cotizar más años y pagar una cuota más alta. Los hombres se retirarán hasta cumplir 60 años edad, mientras que las mujeres lo harán a los 58; en tanto, la cotización pasará de 8 por ciento a 10.625 por ciento de su sueldo mensual.
La Suprema Corte anuló, además, el principio de retroactividad de las normas, al aplicar una nueva ley en perjuicio de quienes tenían derechos adquiridos, lo que constituye un grave precedente para los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
Cabe recordar que en las sesiones de la semana pasada, los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (presidente) y Juan N. Silva Meza fueron los únicos que consideraron que la ley impugnada era retroactiva para los trabajadores en activo y que por tanto era inconstitucional.
Junto con Lauro Sol y Manuel Fuentes, de la ANAD, los abogados dijeron que recurrirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que el organismo emita una recomendación al gobierno federal en defensa de las garantías de los trabajadores. También, expresaron, acudirán a la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Adelantaron asimismo que realizarán una serie de acciones de protesta a la que se espera se sumen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno capitalino y gremios universitarios.
Los días 26 y 27 de junio se llevará a cabo un foro en instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y para el viernes se tiene previsto realizar una marcha.
La Corte permitió la política del gobierno en este sentido, afirman Unión de Juristas y la ANAD
Las alternativas legales “aún no se agotan”, pues continúa el trámite de 2 millones de amparos
Jesús Aranda
El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es contrario a la justicia social y a los derechos constitucionales del pueblo de México, ya que avaló la política del gobierno federal de privatizar la seguridad social y los servicios de salud, sostuvieron la Unión de Juristas de México (UJM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), organizaciones que añadieron que a pesar de aquella decisión judicial, las alternativas legales no se agotan, porque continúan en trámite más de 2 millones de amparos, la vigencia de las suspensiones y la posibilidad de que surjan nuevos actos que den lugar a otros recursos de amparo.
En conferencia de prensa, los abogados organizados advirtieron también que se analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para demandar la anulación de la reforma a la ley citada.
Eduardo Miranda Esquivel, representante de la UJM, afirmó que con la decisión de anular únicamente cinco artículos de los más de 300 que integran la nueva legislación, los ministros dejaron de cumplir con la obligación de impartir justicia expedita, completa e imparcial, y en cambio ratificaron el abandono total de los principios de constitucionalismo y del estado social de derecho.
Recuento
Miranda recordó que en cuatro días de sesiones la Corte ratificó el nuevo régimen de pensiones, el Pensionissste, la cancelación de la jubilación y otros derechos y prestaciones de los trabajadores del Estado, “sin considerar los antecedentes históricos de la seguridad social, el marco constitucional y los derechos humanos universales, además de que ignoraron los argumentos y pruebas de los trabajadores que presentaron amparo”.
En nombre de ambas organizaciones de juristas, Miranda Esquivel destacó que el nuevo régimen se basa en cuentas de capitalización individual administradas por aseguradoras particulares, que cobrarán una comisión por administrar esos recursos, sin que los trabajadores estén protegidos en caso de quiebra.
También, dijo, el trabajador deberá cotizar más años y pagar una cuota más alta. Los hombres se retirarán hasta cumplir 60 años edad, mientras que las mujeres lo harán a los 58; en tanto, la cotización pasará de 8 por ciento a 10.625 por ciento de su sueldo mensual.
La Suprema Corte anuló, además, el principio de retroactividad de las normas, al aplicar una nueva ley en perjuicio de quienes tenían derechos adquiridos, lo que constituye un grave precedente para los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.
Cabe recordar que en las sesiones de la semana pasada, los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (presidente) y Juan N. Silva Meza fueron los únicos que consideraron que la ley impugnada era retroactiva para los trabajadores en activo y que por tanto era inconstitucional.
Junto con Lauro Sol y Manuel Fuentes, de la ANAD, los abogados dijeron que recurrirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que el organismo emita una recomendación al gobierno federal en defensa de las garantías de los trabajadores. También, expresaron, acudirán a la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.
Adelantaron asimismo que realizarán una serie de acciones de protesta a la que se espera se sumen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno capitalino y gremios universitarios.
Los días 26 y 27 de junio se llevará a cabo un foro en instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y para el viernes se tiene previsto realizar una marcha.
Más de 160 académicos y especialistas debatirán en la UNAM la reforma petrolera
El objetivo es reflexionar y proponer alternativas al plan del Poder Ejecutivo
El encuentro durará 5 días y estará abierto a todo el público interesado en el tema
Laura Poy Solano
Como alternativa a la discusión del trascendental tema de la reforma petrolera, la UNAM decidió abrir sus espacios al diálogo y a partir de este lunes especialistas y académicos reflexionarán y propondrán escenarios para Pemex. En la imagen, una marcha de trabajadores electricistas contra la iniciativa presentada por Felipe Calderón. Foto: Marco Peláez
Con el propósito de realizar un análisis de la realidad energética del país y del papel del petróleo en la economía, política, sociedad y cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convoca a partir de este lunes al Debate universitario sobre la reforma energética, en el que participan investigadores, especialistas y académicos de la máxima casa de estudios para proponer alternativas y hacer una reflexión ante la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Poder Ejecutivo federal en abril pasado.
En un esfuerzo por reunir a las voces más especializadas en el tema energético, la UNAM abrió también un espacio de debate a investigadores y académicos de todas las disciplinas del saber en un encuentro que se realizará del 23 al 27 de julio próximo, y en el que se analizarán temas como los denominados hoyos de dona, las alternativas para evitar una crisis del sector petrolero en el país, o las opciones para evitar la privatización de la sector energético.
Como parte de las acciones para iniciar un debate nacional sobre la reforma energética que se discute en el Senado de la República, la máxima casa de estudios impulsó un formato de participación abierto a todos los ciudadanos, universitarios y no universitarios, para exponer ponencias con diversas problemáticas como el petróleo y el medio ambiente, la formación de recursos humanos especializados en la exploración petrolera, la transferencia de tecnología, la infraestructura energética del país, el fortalecimiento de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.
El diálogo se realizará en dos sedes universitarias
El debate se realizará en dos sedes: el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, y el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Contará con la participación de académicos como Rolando Cordera, Jorge Eduardo Navarrete, Claudio Estrada, Aquilino Vázquez, quienes abordarán la política energética de México. Por su parte, Alfredo Jalife Rahme, quien participará en la mesa sobre experiencias internacionales en la construcción de capacidades energéticas y desarrollo nacional, estará acompañado en la mesa de debate por Manuel Becerra Ramírez y Adrián García Saisó.
Entre los temas más importantes del encuentro destaca el análisis de la constitucionalidad de las reformas energéticas; consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera; un diagnóstico general de Pemex, el petróleo en la historia y la cultura de México; fuentes alternativas de energía, las finanzas y el régimen fiscal actual de Pemex; los sistemas de exploración y explotación en materia petrolera, las posibles fuentes públicas y privadas de inversión en la industria petrolera, entre otros.
Dividido en 23 mesas y con la participación de 160 académicos y especialistas, el Debate universitario sobre la reforma energética tendrá participaciones libres con temas como: panorama general en torno a los hoyos de dona en el Golfo de México, análisis comparativo de las reformas energéticas, Pemex un sistema de salud de alto costo, Pemex y los problemas sociales, Reforma energética sólo petrolera, la privatización y el saneamiento en el interior de Pemex Exploración y Producción, Propuesta alternativa para la crisis del sector petrolero, Las fuentes alternas o las alternativas de la energía, La situación financiera de Pemex en el contexto actual.
El encuentro se realizará de lunes a viernes, a partir de las 9 horas, en ambas sedes, en mesas simultáneas de debate abiertas al público en general.
Las conclusiones serán posteriormente entregas al Senado de la República para ser consideradas en la discusión que realizan los legisladores en torno a esta problemática.
El encuentro durará 5 días y estará abierto a todo el público interesado en el tema
Laura Poy Solano
Como alternativa a la discusión del trascendental tema de la reforma petrolera, la UNAM decidió abrir sus espacios al diálogo y a partir de este lunes especialistas y académicos reflexionarán y propondrán escenarios para Pemex. En la imagen, una marcha de trabajadores electricistas contra la iniciativa presentada por Felipe Calderón. Foto: Marco PeláezCon el propósito de realizar un análisis de la realidad energética del país y del papel del petróleo en la economía, política, sociedad y cultura, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) convoca a partir de este lunes al Debate universitario sobre la reforma energética, en el que participan investigadores, especialistas y académicos de la máxima casa de estudios para proponer alternativas y hacer una reflexión ante la iniciativa de reforma petrolera presentada por el Poder Ejecutivo federal en abril pasado.
En un esfuerzo por reunir a las voces más especializadas en el tema energético, la UNAM abrió también un espacio de debate a investigadores y académicos de todas las disciplinas del saber en un encuentro que se realizará del 23 al 27 de julio próximo, y en el que se analizarán temas como los denominados hoyos de dona, las alternativas para evitar una crisis del sector petrolero en el país, o las opciones para evitar la privatización de la sector energético.
Como parte de las acciones para iniciar un debate nacional sobre la reforma energética que se discute en el Senado de la República, la máxima casa de estudios impulsó un formato de participación abierto a todos los ciudadanos, universitarios y no universitarios, para exponer ponencias con diversas problemáticas como el petróleo y el medio ambiente, la formación de recursos humanos especializados en la exploración petrolera, la transferencia de tecnología, la infraestructura energética del país, el fortalecimiento de las finanzas de Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.
El diálogo se realizará en dos sedes universitarias
El debate se realizará en dos sedes: el auditorio Raoul Fournier Villada, de la Facultad de Medicina, en Ciudad Universitaria, y el auditorio Alfonso García Robles, del Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
Contará con la participación de académicos como Rolando Cordera, Jorge Eduardo Navarrete, Claudio Estrada, Aquilino Vázquez, quienes abordarán la política energética de México. Por su parte, Alfredo Jalife Rahme, quien participará en la mesa sobre experiencias internacionales en la construcción de capacidades energéticas y desarrollo nacional, estará acompañado en la mesa de debate por Manuel Becerra Ramírez y Adrián García Saisó.
Entre los temas más importantes del encuentro destaca el análisis de la constitucionalidad de las reformas energéticas; consecuencias políticas, jurídicas y sociales de la reforma petrolera; un diagnóstico general de Pemex, el petróleo en la historia y la cultura de México; fuentes alternativas de energía, las finanzas y el régimen fiscal actual de Pemex; los sistemas de exploración y explotación en materia petrolera, las posibles fuentes públicas y privadas de inversión en la industria petrolera, entre otros.
Dividido en 23 mesas y con la participación de 160 académicos y especialistas, el Debate universitario sobre la reforma energética tendrá participaciones libres con temas como: panorama general en torno a los hoyos de dona en el Golfo de México, análisis comparativo de las reformas energéticas, Pemex un sistema de salud de alto costo, Pemex y los problemas sociales, Reforma energética sólo petrolera, la privatización y el saneamiento en el interior de Pemex Exploración y Producción, Propuesta alternativa para la crisis del sector petrolero, Las fuentes alternas o las alternativas de la energía, La situación financiera de Pemex en el contexto actual.
El encuentro se realizará de lunes a viernes, a partir de las 9 horas, en ambas sedes, en mesas simultáneas de debate abiertas al público en general.
Las conclusiones serán posteriormente entregas al Senado de la República para ser consideradas en la discusión que realizan los legisladores en torno a esta problemática.
“La consulta, un logro del movimiento ciudadano”
Carta de intelectuales
No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:
Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya perma- nencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…
Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:
–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.
–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.
–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dón- de proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la te-levisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.
–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.
–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.
–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las mino-rías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (e-jemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.
–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.
Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.
Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.
Atentamente
Comité de intelectuales en defensa del petróleo
No se puede ignorar la tensa, muy difícil o trágica situación del país. Entre las demostraciones de que no todos los tiempos son iguales:
Violencia radical del narcotráfico con altísimo costo de vidas (no sólo de los directamente involucrados); crisis del aparato de seguridad nacional; destrucción creciente del tejido social; expansión del miedo y el pánico en amplísimos sectores; carestía insostenible; desastre –reconocido por todos– de la enseñanza pública y la privada; ansiedad por reducir el proceso electoral a una compraventa de votos; crisis acentuada y efectiva del Poder Judicial; apoyo de funcionarios al sistema de ecocidios (sobrexplotación del agua, destrucción de bosques, contaminación) que ratifican la monstruosidad del neoliberalismo; impunidad de los poderosos que se ostentan como la nueva “autoridad moral”; campaña intensa de privatización de los recursos energéticos; funcionarios cuya perma- nencia es un desafío grave a la legalidad (Juan Camilo Mouriño, Ulises Ruiz, Mario Marín); campañas de linchamiento moral de los opositores…
Hay, sin embargo, razones, y muy significativas, para un optimismo racional o, si se quiere, para un replanteamiento positivo de las circunstancias actuales:
–Emergencia de sectores y personas en el análisis de la realidad, las decisiones participativas y las protestas. Las movilizaciones de los últimos tiempos no son calificables de izquierda en el sentido ideológico tradicional, sino como movimientos, de ciudadanía y ciudadanización, conceptos primordiales y ligados ya al fortalecimiento de la soberanía popular.
–Fracaso estrepitoso de los defensores del proyecto de Felipe Calderón en el debate sobre reforma energética. Carecen de argumentos sólidos, se entregan a la inútil y penosa manipulación de leyes y cifras, son inconexos y desinformados por sistema.
–Fracaso notable de los gobiernos sucesivos del PRI y del PAN en la política informativa sobre los hechos básicos del país. Los promotores de la privatización del petróleo se burlan de los mexicanos que no entienden de tecnología y ellos mismos, a la hora de evaluar su proyecto, lo reducen a lugares comunes del autoritarismo cantinflesco. Además, ¿de dón- de proviene la ignorancia de la sociedad en asuntos de extrema importancia? De quienes, mediante la represión y el oscurecimiento informativo de la te-levisión, han alentado por décadas la despolitización y aíslan y persiguen las actitudes politizadas. Los gobiernos federales desalientan desde hace mucho tiempo las acciones de la ciudadanía. También el desbordamiento de la ignorancia afecta en primer término a la clase gobernante, que nunca explica sus proyectos básicos y carece de la costumbre de razonar.
–El gobierno federal aceptó el debate sobre la reforma petrolera y ahora se propone ignorarlo, asfixiar su desarrollo y enterrar sus conclusiones. Con todo, este debate es otro de los signos irrefutables que anuncian una sociedad distinta, que va adquiriendo la capacidad de convocarse a sí misma.
–La clase gobernante fracasó en su intento de impedir por entero la consulta. El propósito de la consulta no es negar las facultades del Congreso, sino rechazar la privatización del punto de vista de la nación y no aceptar que sólo “los expertos” decidan el presente y el porvenir del país. La ciudadanía exige su inclusión en la toma de medidas que la afectan centralmente. Al oponerse a la consulta, la clase gobernante despliega el tamaño de su miedo a los ciudadanos y de su desconfianza ante su escasísimo poder de convencimiento.
–El fracaso impresionante de la derecha, que en décadas no ha ganado una sola de las batallas culturales en el país, no ha conseguido abolir los derechos de las mujeres ni de las mino-rías sexuales, ni ha detenido en lo mínimo el avance de sus odios predilectos: la laicidad, el laicismo, la secularización (e-jemplo reciente: la devolución por parte de la diócesis de Guadalajara de 30 millones para el Santuario de los Mártires). Si en las batallas culturales la derecha viene a menos, estamos aún lejos del respeto a los derechos humanos, del fin del racismo y del reconocimiento pleno a los derechos indígenas.
–Movilización en amplios sectores de la sociedad, que no aceptan como respuesta la frialdad, el azoro, el desprecio, la inercia o el odio de la clase gobernante.
Antes lo dominante fue el pesimismo como determinismo. Hoy las circunstancias han cambiado. Nadie autoriza el optimismo, pero la tesis de la indefensión absoluta de la sociedad es, en última instancia, un comercial más del neoliberalismo.
Así, la consulta sobre la reforma energética es una saludable ampliación de la democracia y un logro del movimiento ciudadano.
Atentamente
Comité de intelectuales en defensa del petróleo
Habrá movilización si no se acata la consulta: AMLO
Que el pueblo decida el futuro de Pemex, plantea en Tehuacán
De la Redacción
Tehuacán, Pue., 22 de junio. Andrés Manuel López Obrador advirtió que el pueblo de México se movilizará en todos los municipios del país para impedir la aprobación de la llamada reforma energética, si el gobierno “espurio” de Felipe Calderón y los legisladores del PAN y del PRI no aceptan los resultados de los debates y de la consulta popular.
Al continuar este domingo las reuniones con los comités en defensa del petróleo, destacó que tras las exposiciones de especialistas en materia energética y constitucional en el Senado, “los potentados y el gobierno usurpador tienen la oportunidad de aceptar la voluntad ciudadana expresada en una consulta popular. Que sea el pueblo el que decida si es conveniente o no entregar el petróleo a manos de empresas extranjeras”.
Durante su gira de trabajo, López Obrador se reunió también con los brigadistas de Ciudad Mendoza y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como con los de Tuxtepec, en Oaxaca, a quienes explicó que el intento del gobierno federal de privatizar el petróleo forma parte de la política económica “entreguista y antipopular” que se viene aplicando desde hace 25 años.
Apuntó que con los excedentes de la venta de crudo no hay nada que impida a Felipe Calderón construir las tres refinerías que necesita el país para dejar de comprar en el extranjero 40 por ciento del consumo nacional, pero que si a pesar de todo lo expuesto en el Senado en favor de mantener la refinación, distribución, almacenamiento y exploración en manos de mexicanos, ante a la falta de argumentos de los representantes del gobierno federal para sostener lo contrario, se insiste en privatizar la industria energética, que se deje decidir a la sociedad sobre el futuro de Pemex.
“Si la minoría rapaz insiste en que le conviene al país la privatización de la industria petrolera, pues entonces que este asunto se someta a la consideración de los mexicanos ¿Por qué tanto miedo al pueblo? Todavía tienen tiempo de aceptar que el pueblo de México decida sobre la entrega de Pemex a empresas trasnacionales”, insistió el tabasqueño.
En su recorrido de este domingo, López Obrador subrayó que si el gobierno “usurpador” no acepta la consulta y quiere imponer un acuerdo entre el PRI y el PAN para aprobar la privatización de Pemex, “los mexicanos no lo vamos a permitir, y estamos hablando en serio y con mucha responsabilidad”.
Cuestionó el cálculo político de “la derecha panista”, al considerar que “poniéndose de acuerdo arriba van a tener los votos suficientes para aprobar la reforma energética, pero se equivocan, porque están los debates y falta todavía la consulta popular. Si el gobierno espurio no convence con los debates que se organizan en el Senado de la República y pierden la consulta, que se olviden de la privatización, porque no lo vamos a permitir”, reiteró.
En sus visitas a los distintos municipios, muchos de ellos sumidos en la pobreza, López Obrador explicó que la política económica neoliberal que se ha aplicado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari beneficia sólo a una “minoría rapaz” y deja en el abandono las actividades productivas, principalmente en el campo, lo cual ha provocado desempleo, migración y pobreza.
Dicha política económica, dijo, ocasionó que los campesinos no tengan dinero para comprar los fertilizantes, y que a pesar de mostrar su fracaso, hoy, para enfrentar la carestía, “el presidente pelele” decida importar maíz y frijol al tiempo que congela los precios de artículos “chatarra”.
La crisis nacional económica, política y social se ha detenido por contar con tres válvulas de escape: la migración, la economía informal y la responsabilidad del pueblo de México, explicó.
“En los pasados 25 años el sur del país ha estado más abandonado, marginado y pobre, como sucede en Centroamérica, y el centro y el norte de México están como hace 20 años se encontraban los estados del sureste mexicano: con más carestía y pobreza”, señaló.
López Obrador invitó a los aproximadamente 200 mil brigadistas a participar el próximo 29 de junio en la asamblea del movimiento nacional en defensa del petróleo, que se realizará en el Zócalo de la ciudad de México, donde se informará sobre la logística y la organización de la consulta popular del 27 de julio que llevará a cabo en el Distrito Federal y en 500 municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista.
De la Redacción
Tehuacán, Pue., 22 de junio. Andrés Manuel López Obrador advirtió que el pueblo de México se movilizará en todos los municipios del país para impedir la aprobación de la llamada reforma energética, si el gobierno “espurio” de Felipe Calderón y los legisladores del PAN y del PRI no aceptan los resultados de los debates y de la consulta popular.
Al continuar este domingo las reuniones con los comités en defensa del petróleo, destacó que tras las exposiciones de especialistas en materia energética y constitucional en el Senado, “los potentados y el gobierno usurpador tienen la oportunidad de aceptar la voluntad ciudadana expresada en una consulta popular. Que sea el pueblo el que decida si es conveniente o no entregar el petróleo a manos de empresas extranjeras”.
Durante su gira de trabajo, López Obrador se reunió también con los brigadistas de Ciudad Mendoza y San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como con los de Tuxtepec, en Oaxaca, a quienes explicó que el intento del gobierno federal de privatizar el petróleo forma parte de la política económica “entreguista y antipopular” que se viene aplicando desde hace 25 años.
Apuntó que con los excedentes de la venta de crudo no hay nada que impida a Felipe Calderón construir las tres refinerías que necesita el país para dejar de comprar en el extranjero 40 por ciento del consumo nacional, pero que si a pesar de todo lo expuesto en el Senado en favor de mantener la refinación, distribución, almacenamiento y exploración en manos de mexicanos, ante a la falta de argumentos de los representantes del gobierno federal para sostener lo contrario, se insiste en privatizar la industria energética, que se deje decidir a la sociedad sobre el futuro de Pemex.
“Si la minoría rapaz insiste en que le conviene al país la privatización de la industria petrolera, pues entonces que este asunto se someta a la consideración de los mexicanos ¿Por qué tanto miedo al pueblo? Todavía tienen tiempo de aceptar que el pueblo de México decida sobre la entrega de Pemex a empresas trasnacionales”, insistió el tabasqueño.
En su recorrido de este domingo, López Obrador subrayó que si el gobierno “usurpador” no acepta la consulta y quiere imponer un acuerdo entre el PRI y el PAN para aprobar la privatización de Pemex, “los mexicanos no lo vamos a permitir, y estamos hablando en serio y con mucha responsabilidad”.
Cuestionó el cálculo político de “la derecha panista”, al considerar que “poniéndose de acuerdo arriba van a tener los votos suficientes para aprobar la reforma energética, pero se equivocan, porque están los debates y falta todavía la consulta popular. Si el gobierno espurio no convence con los debates que se organizan en el Senado de la República y pierden la consulta, que se olviden de la privatización, porque no lo vamos a permitir”, reiteró.
En sus visitas a los distintos municipios, muchos de ellos sumidos en la pobreza, López Obrador explicó que la política económica neoliberal que se ha aplicado desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari beneficia sólo a una “minoría rapaz” y deja en el abandono las actividades productivas, principalmente en el campo, lo cual ha provocado desempleo, migración y pobreza.
Dicha política económica, dijo, ocasionó que los campesinos no tengan dinero para comprar los fertilizantes, y que a pesar de mostrar su fracaso, hoy, para enfrentar la carestía, “el presidente pelele” decida importar maíz y frijol al tiempo que congela los precios de artículos “chatarra”.
La crisis nacional económica, política y social se ha detenido por contar con tres válvulas de escape: la migración, la economía informal y la responsabilidad del pueblo de México, explicó.
“En los pasados 25 años el sur del país ha estado más abandonado, marginado y pobre, como sucede en Centroamérica, y el centro y el norte de México están como hace 20 años se encontraban los estados del sureste mexicano: con más carestía y pobreza”, señaló.
López Obrador invitó a los aproximadamente 200 mil brigadistas a participar el próximo 29 de junio en la asamblea del movimiento nacional en defensa del petróleo, que se realizará en el Zócalo de la ciudad de México, donde se informará sobre la logística y la organización de la consulta popular del 27 de julio que llevará a cabo en el Distrito Federal y en 500 municipios gobernados por el Frente Amplio Progresista.
La cooperación como principio
Gustavo Iruegas
Está bajo proceso legislativo una iniciativa de la senadora Rosario Green para dar vigencia a una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La senadora expone como el primero de sus motivos para proponer la nueva ley que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción X establece que en la conducción de la política exterior el titular del Poder Ejecutivo observará como uno de sus principios normativos el de la cooperación internacional para el desarrollo”.
En efecto, al enunciar los principios de la política exterior, el de la cooperación internacional para el desarrollo aparece en penúltimo lugar, antes del principio dedicado a la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Hay cierto desorden en ese enlistado que se supera si los siete principios se leen de acuerdo con la lógica de sus objetivos.
De los siete principios constitucionales, seis se ocupan de la seguridad, tres de ellos de la soberanía (la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la igualdad jurídica de los estados) y los tres siguientes a la paz (la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales). Solamente uno se ocupa del desarrollo y es precisamente el de la cooperación internacional. Orientada a la seguridad, nuestra doctrina de política exterior carece de un capítulo dedicado al desarrollo, en el cual la cooperación internacional tendría que ser uno de sus componentes.
Los siete principios actuales están enunciados de manera escueta, pero los seis de la seguridad tienen el respaldo de la experiencia histórica y el séptimo descansa en el correspondiente de la Declaración de Naciones Unidas sobre Principios del Derecho Internacional, el que consagra: la “obligación de los estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta”, mismo que en su desarrollo aclara que esa obligación está dirigida a “… mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial”.
Expresado así, nuestro principio de “la cooperación internacional para el desarrollo” no se corresponde en los propósitos de mantenimiento de la seguridad con el antes descrito y resulta más la enunciación de una posible función del Estado que un principio de política exterior, pues no tiene el contenido histórico de los otros seis y carece del elemento de seguridad que sí incluye su referente de Naciones Unidas. Le hace falta el humanismo que se encuentra en lo mejor de la práctica mexicana en materia de cooperación internacional y que debería ser también paradigma doctrinario.
Dos casos relevantes, quizá los más importantes de la cooperación mexicana son el acuerdo de San José por el cual los gobiernos de México y Venezuela se comprometieron a vender petróleo en condiciones preferenciales a los países de la región inmediata, es decir, los centroamericanos y caribeños, y el de Onusal, la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para El Salvador, que dispuso un contingente policial que hiciera una presencia inhibitoria junto a la Guardia Nacional de aquel país en tanto se organizaba la Policía Nacional Civil que la sustituiría.
En ambos casos la decisión se tomó a partir de la presencia de los dos elementos necesarios para el involucramiento de México en eventos de esa importancia: la responsabilidad y el interés. La responsabilidad es aquella que México valora debe asumir en determinado evento internacional y el interés es aquel que el país considera que necesita defender.
En el caso del acuerdo de San José prevaleció la responsabilidad sobre el interés. México entendió que en un momento de crisis mundial en los precios del petróleo le correspondía mitigar en algo el trastorno que sufrían los países hermanos de Centroamérica y del Caribe. La concesión era importante; 20 por ciento de la factura era diferida y trasladada a un crédito para financiar proyectos en instituciones mexicanas.
Pero más allá de la generosidad del gesto, estaba el importante anuncio de que el programa funcionaría sin estar condicionado al cumplimiento de requisitos políticos o de cierta situación financiera por parte de los gobiernos beneficiarios. En eso radica la diferencia con la política de cooperación de las grandes potencias que exigen actitudes políticas y garantías financieras a los recipiendarios de su ayuda. Es grande la distancia entre la cooperación solidaria y la cooperación dominante.
En el caso de Onusal predominó el interés en su más legítima expresión. En la cooperación con El Salvador y con Naciones Unidas, la responsabilidad emanaba de que México es un país con presencia e influencia sustancial en la región, como se demostró en ocasión de la declaración mexicano francesa de 1981, a pesar del incuestionable peso de Estados Unidos. El interés estaba en hacer posible la paz que se había ganado con tanto esfuerzo.
La Ley de Cooperación Internacional debe contener previsiones que fijen tanto la motivación de la cooperación en la responsabilidad y el interés cuanto su carácter solidario e incondicional. Ésa es la única política consecuente para un país que está en la difícil circunstancia de ser simultáneamente donante y receptor, y debe promover relaciones de justicia y equidad con una cooperación internacional solidaria.
Esta es una tesis de política exterior del Gobierno Legítimo de México.
Está bajo proceso legislativo una iniciativa de la senadora Rosario Green para dar vigencia a una Ley de Cooperación Internacional para el Desarrollo. La senadora expone como el primero de sus motivos para proponer la nueva ley que “la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 89, fracción X establece que en la conducción de la política exterior el titular del Poder Ejecutivo observará como uno de sus principios normativos el de la cooperación internacional para el desarrollo”.
En efecto, al enunciar los principios de la política exterior, el de la cooperación internacional para el desarrollo aparece en penúltimo lugar, antes del principio dedicado a la lucha por la paz y la seguridad internacionales. Hay cierto desorden en ese enlistado que se supera si los siete principios se leen de acuerdo con la lógica de sus objetivos.
De los siete principios constitucionales, seis se ocupan de la seguridad, tres de ellos de la soberanía (la autodeterminación de los pueblos, la no intervención y la igualdad jurídica de los estados) y los tres siguientes a la paz (la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales). Solamente uno se ocupa del desarrollo y es precisamente el de la cooperación internacional. Orientada a la seguridad, nuestra doctrina de política exterior carece de un capítulo dedicado al desarrollo, en el cual la cooperación internacional tendría que ser uno de sus componentes.
Los siete principios actuales están enunciados de manera escueta, pero los seis de la seguridad tienen el respaldo de la experiencia histórica y el séptimo descansa en el correspondiente de la Declaración de Naciones Unidas sobre Principios del Derecho Internacional, el que consagra: la “obligación de los estados de cooperar entre sí, de conformidad con la Carta”, mismo que en su desarrollo aclara que esa obligación está dirigida a “… mantener la paz y la seguridad internacionales y promover la estabilidad y el progreso de la economía mundial”.
Expresado así, nuestro principio de “la cooperación internacional para el desarrollo” no se corresponde en los propósitos de mantenimiento de la seguridad con el antes descrito y resulta más la enunciación de una posible función del Estado que un principio de política exterior, pues no tiene el contenido histórico de los otros seis y carece del elemento de seguridad que sí incluye su referente de Naciones Unidas. Le hace falta el humanismo que se encuentra en lo mejor de la práctica mexicana en materia de cooperación internacional y que debería ser también paradigma doctrinario.
Dos casos relevantes, quizá los más importantes de la cooperación mexicana son el acuerdo de San José por el cual los gobiernos de México y Venezuela se comprometieron a vender petróleo en condiciones preferenciales a los países de la región inmediata, es decir, los centroamericanos y caribeños, y el de Onusal, la operación de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas para El Salvador, que dispuso un contingente policial que hiciera una presencia inhibitoria junto a la Guardia Nacional de aquel país en tanto se organizaba la Policía Nacional Civil que la sustituiría.
En ambos casos la decisión se tomó a partir de la presencia de los dos elementos necesarios para el involucramiento de México en eventos de esa importancia: la responsabilidad y el interés. La responsabilidad es aquella que México valora debe asumir en determinado evento internacional y el interés es aquel que el país considera que necesita defender.
En el caso del acuerdo de San José prevaleció la responsabilidad sobre el interés. México entendió que en un momento de crisis mundial en los precios del petróleo le correspondía mitigar en algo el trastorno que sufrían los países hermanos de Centroamérica y del Caribe. La concesión era importante; 20 por ciento de la factura era diferida y trasladada a un crédito para financiar proyectos en instituciones mexicanas.
Pero más allá de la generosidad del gesto, estaba el importante anuncio de que el programa funcionaría sin estar condicionado al cumplimiento de requisitos políticos o de cierta situación financiera por parte de los gobiernos beneficiarios. En eso radica la diferencia con la política de cooperación de las grandes potencias que exigen actitudes políticas y garantías financieras a los recipiendarios de su ayuda. Es grande la distancia entre la cooperación solidaria y la cooperación dominante.
En el caso de Onusal predominó el interés en su más legítima expresión. En la cooperación con El Salvador y con Naciones Unidas, la responsabilidad emanaba de que México es un país con presencia e influencia sustancial en la región, como se demostró en ocasión de la declaración mexicano francesa de 1981, a pesar del incuestionable peso de Estados Unidos. El interés estaba en hacer posible la paz que se había ganado con tanto esfuerzo.
La Ley de Cooperación Internacional debe contener previsiones que fijen tanto la motivación de la cooperación en la responsabilidad y el interés cuanto su carácter solidario e incondicional. Ésa es la única política consecuente para un país que está en la difícil circunstancia de ser simultáneamente donante y receptor, y debe promover relaciones de justicia y equidad con una cooperación internacional solidaria.
Esta es una tesis de política exterior del Gobierno Legítimo de México.
Modernizar o proteger y distraer
Bernardo Bátiz V.
Están en proceso en el Congreso federal, por lo visto acordadas de antemano, varias reformas legales relativas a las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; entre ellas, la del artículo 69 constitucional, que con sobriedad republicana dispone, aun cuando para el primero de septiembre ya no lo dispondrá: “A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.
Desde hace 183 años, la presencia del titular del Ejecutivo en la apertura del Congreso ha sido un acto solemne que destaca simultáneamente la separación de poderes y el entendimiento y colaboración que debe haber entre ellos. Guadalupe Victoria, el 10 de octubre de 1824 lo hizo por primera vez, seguramente con la timidez de un guerrillero al que sus conciudadanos le confirieron el importante cargo de presidente de la República, pero con firmeza y conceptos claros; primero que nada hizo un recuerdo y reconocimiento a los héroes de la Independencia, después, llamando a los diputados y senadores “padres de la patria” les dice –qué tiempos aquellos– que la independencia se afianzará con su sangre y la libertad se perderá con su vida. Habla de unión de ciudadanos y habitantes, y de la confianza pública que espera se le otorgue; se propone difundir “la ilustración y la sana moral”, organizar el Ejército y que el pabellón mexicano flote en las costas y en los mares, y que habrá relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones extranjeras.
El ceremonial del informe presidencial continuó durante casi 200 años, sólo que en la era de la hegemonía del PRI se convirtió en un acto palaciego, cortesano, en el que los cronistas del aquel tiempo se solazaban contando el número de minutos que duraban los aplausos al cerrar el orador con alguna frase rimbombante uno de los temas de su interés. Me tocó ver a un líder campesino, enfundado en un costoso traje de casimir inglés de corte impecable, dirigir los aplausos de los diputados, que no iniciaban el palmoteo hasta que no se los indicaba el líder y no lo terminaba hasta que éste dejaba de aplaudir. Todo estaba cuidado y medido al gusto del presidente en turno.
Hay que recordar que el actual salón de sesiones de la Cámara de Diputados se construyó como un gran escenario para el lucimiento de López Portillo, con una lámpara colgante que simula vagamente a Quetzalcoatl, su personaje mitológico preferido.
Después, por esa misteriosa ley del péndulo, por la que de un extremo se va hasta el contrario, los agravios de los presidentes a su pueblo se reclamaron precisamente en el recinto parlamentario y el día del informe; los representantes populares eran los encargados de ello.
Las reformas de hoy ciertamente no son para modernizar el ritual, como se ha dicho insistentemente; me parecen más bien que servirán para proteger al Presidente de un mal momento y para distraer a la opinión pública del tema central que ocupa en estos momento a los mexicanos, que es el del petróleo y a través de él, el de la soberanía nacional.
El Poder Legislativo se restringe a sí mismo, el titular del Ejecutivo podrá viajar sin su permiso, no tendrá ya que informar personalmente sobre el estado general que guarda la administración pública, sino que lo hará por escrito, sin comprometer con su discurso ningún tema en especial. Lo demás es lo de menos, el veto de bolsillo era una simple maniobra dilatoria que está bien que se suprima, pero que no cambia el fondo de nada, pero si le otorgan al Presidente la posibilidad de enviar iniciativas “preferentes”, para cumplir la siempre impaciente intención de hacer todo sin mucha discusión y sin análisis de fondo, de tal modo que cuando el pueblo se empiece a enterar, la ley ya cambió; como en los aviones modernos, donde hay asientos comunes y corrientes y otros para los magnates, así veremos ahora iniciativas business class.
Los secretarios de Estado ya desde ahora, sin necesidad de reforma alguna, están obligados a comparecer ante el Congreso cuando se discute un asunto que tenga relación con su área de competencia, ahora lo harán, como si comparecieran a la barandilla de un juzgado “bajo protesta de decir verdad”; siendo que la obligación de informar con verdad existe y está sancionada la mentira que se diga ante autoridad distinta de la judicial en nuestros códigos penales, pero exigir a un secretario de Estado la protesta, demuestra la gran desconfianza que se tiene en ellos.
Con este coctel de reformas, revoltura entre cuestiones muy secundarias y otras de mayor importancia, se pretende en el fondo proteger al que, por decreto del IFE, ya no puede ser llamado espurio, y darle algunas facilidades secundarias, más allá de las que actualmente le confieren las leyes y más allá también de las que un jurista ansioso de quedar bien con el Poder Ejecutivo en turno designaba como “facultades metaconstitucionales del presidente”, cuando no era sino abusos habituales en esos tiempos, pero que se pretendían justificar con una aparente doctrina jurídica novedosa. Hoy se da un nuevo paso en el mismo sentido, y se hacen cambios para facilitarle las cosas al presidente legal, aunque no legítimo.
Otro sí digo: Mi sentido pésame a Miguel Ángel Velásquez, con afecto.
Están en proceso en el Congreso federal, por lo visto acordadas de antemano, varias reformas legales relativas a las relaciones entre los poderes Legislativo y Ejecutivo; entre ellas, la del artículo 69 constitucional, que con sobriedad republicana dispone, aun cuando para el primero de septiembre ya no lo dispondrá: “A la apertura de sesiones ordinarias del primer periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración pública del país”.
Desde hace 183 años, la presencia del titular del Ejecutivo en la apertura del Congreso ha sido un acto solemne que destaca simultáneamente la separación de poderes y el entendimiento y colaboración que debe haber entre ellos. Guadalupe Victoria, el 10 de octubre de 1824 lo hizo por primera vez, seguramente con la timidez de un guerrillero al que sus conciudadanos le confirieron el importante cargo de presidente de la República, pero con firmeza y conceptos claros; primero que nada hizo un recuerdo y reconocimiento a los héroes de la Independencia, después, llamando a los diputados y senadores “padres de la patria” les dice –qué tiempos aquellos– que la independencia se afianzará con su sangre y la libertad se perderá con su vida. Habla de unión de ciudadanos y habitantes, y de la confianza pública que espera se le otorgue; se propone difundir “la ilustración y la sana moral”, organizar el Ejército y que el pabellón mexicano flote en las costas y en los mares, y que habrá relaciones de paz, alianza y amistad con las naciones extranjeras.
El ceremonial del informe presidencial continuó durante casi 200 años, sólo que en la era de la hegemonía del PRI se convirtió en un acto palaciego, cortesano, en el que los cronistas del aquel tiempo se solazaban contando el número de minutos que duraban los aplausos al cerrar el orador con alguna frase rimbombante uno de los temas de su interés. Me tocó ver a un líder campesino, enfundado en un costoso traje de casimir inglés de corte impecable, dirigir los aplausos de los diputados, que no iniciaban el palmoteo hasta que no se los indicaba el líder y no lo terminaba hasta que éste dejaba de aplaudir. Todo estaba cuidado y medido al gusto del presidente en turno.
Hay que recordar que el actual salón de sesiones de la Cámara de Diputados se construyó como un gran escenario para el lucimiento de López Portillo, con una lámpara colgante que simula vagamente a Quetzalcoatl, su personaje mitológico preferido.
Después, por esa misteriosa ley del péndulo, por la que de un extremo se va hasta el contrario, los agravios de los presidentes a su pueblo se reclamaron precisamente en el recinto parlamentario y el día del informe; los representantes populares eran los encargados de ello.
Las reformas de hoy ciertamente no son para modernizar el ritual, como se ha dicho insistentemente; me parecen más bien que servirán para proteger al Presidente de un mal momento y para distraer a la opinión pública del tema central que ocupa en estos momento a los mexicanos, que es el del petróleo y a través de él, el de la soberanía nacional.
El Poder Legislativo se restringe a sí mismo, el titular del Ejecutivo podrá viajar sin su permiso, no tendrá ya que informar personalmente sobre el estado general que guarda la administración pública, sino que lo hará por escrito, sin comprometer con su discurso ningún tema en especial. Lo demás es lo de menos, el veto de bolsillo era una simple maniobra dilatoria que está bien que se suprima, pero que no cambia el fondo de nada, pero si le otorgan al Presidente la posibilidad de enviar iniciativas “preferentes”, para cumplir la siempre impaciente intención de hacer todo sin mucha discusión y sin análisis de fondo, de tal modo que cuando el pueblo se empiece a enterar, la ley ya cambió; como en los aviones modernos, donde hay asientos comunes y corrientes y otros para los magnates, así veremos ahora iniciativas business class.
Los secretarios de Estado ya desde ahora, sin necesidad de reforma alguna, están obligados a comparecer ante el Congreso cuando se discute un asunto que tenga relación con su área de competencia, ahora lo harán, como si comparecieran a la barandilla de un juzgado “bajo protesta de decir verdad”; siendo que la obligación de informar con verdad existe y está sancionada la mentira que se diga ante autoridad distinta de la judicial en nuestros códigos penales, pero exigir a un secretario de Estado la protesta, demuestra la gran desconfianza que se tiene en ellos.
Con este coctel de reformas, revoltura entre cuestiones muy secundarias y otras de mayor importancia, se pretende en el fondo proteger al que, por decreto del IFE, ya no puede ser llamado espurio, y darle algunas facilidades secundarias, más allá de las que actualmente le confieren las leyes y más allá también de las que un jurista ansioso de quedar bien con el Poder Ejecutivo en turno designaba como “facultades metaconstitucionales del presidente”, cuando no era sino abusos habituales en esos tiempos, pero que se pretendían justificar con una aparente doctrina jurídica novedosa. Hoy se da un nuevo paso en el mismo sentido, y se hacen cambios para facilitarle las cosas al presidente legal, aunque no legítimo.
Otro sí digo: Mi sentido pésame a Miguel Ángel Velásquez, con afecto.
Peligroso manejo financiero
Carlos Fernández-Vega
Bancos, los abusivos de toda coyuntura
La “sugerencia” que hiciera Felipe Calderón al Banco de México para reducir las tasas de interés, no sólo dejó mal parado al inquilino de Los Pinos por su intervención donde no le corresponde, sino que le provocó una derrota adicional en su ya abultado inventario. La institución a cargo de Guillermo Ortiz Martínez lejos de atender la “invitación” del michoacano, procedió en estricto sentido contrario, y el pasado viernes incrementó la tasa de interés interbancaria en un cuarto de punto porcentual (de 7.5 a 7.75 por ciento).
Lo anterior se justifica, a juicio del Banco de México porque, entre otros elementos, “el balance de riesgos sobre la inflación ha empeorado. La trayectoria de la inflación para el resto del año y principios de 2009 puede resultar algo mayor que la prevista en el informe sobre la inflación más reciente”. Así, presume, podrá controlarse el crecimiento inflacionario, aunque de cualquier suerte se lo cobrarán a los mexicanos por otra parte.
Una de esas facturas pasará, irremediablemente, por los usuarios de crédito, en especial el llamado dinero plástico o, lo que es lo mismo, las de por sí onerosas tarjetas de crédito, que se han convertido en una suerte de “modernas de tiendas de raya”, y cuya cartera vencida crece sostenidamente. Además, en hipotecas, financiamientos automotrices, créditos productivos y demás.
Si en tiempos de “paz” económico-financiera los emisores (léase bancos) de tarjetas de crédito se sirven con la cuchara grande a costillas de sus usuarios, en los de “guerra” la cosa se pone peor. La referida decisión del Banco de México pretende controlar el galope inflacionario, que poco a poco se acelera, especialmente en una coyuntura de crisis alimentaria, como la han llamado. Nadie sabe si lo logrará.
En este contexto, es de esperar una inhumana reacción de los bancos emisores de dinero plástico (sin olvidar otro tipo de crédito), que incrementarán sustancialmente las de por sí abusivas tasas de interés que cobran a los tarjeta habientes, sin considerar otras gracias incluidas en lo que ahora se conoce como CAT (costo anual total). Muchos mexicanos equivocadamente utilizan dichas tarjetas como una suerte de “complemento” (no sólo virtual, sino por demás oneroso) del ingreso, y mensualmente la mayoría de ellos sólo cubre, cuando lo hace, el pago mínimo requerido por el banco emisor, lo que los mantiene presos en esa “moderna tienda de raya”.
Como el país vive tiempos de “paz” en lo económico y financiero, según asegura el discurso oficial, era de esperarse que la voracidad bancaria se atemperara, pero lamentablemente no ha sido así y, antes de la “guerra”, la cosa adquirió color de hormiga: tan sólo en los primeros cinco meses de este “pacífico” 2008, los siempre comedidos banqueros han incrementado el CAT de las tarjetas de crédito hasta en 23.5 puntos porcentuales (Scotiabank y Santander), llevándolo en algunos casos hasta 80.9 (Santander) y 86.24 por ciento (Invex), una proporción 20 veces superior a la inflación oficial. Lo anterior quiere decir que por cada peso de plástico utilizado, el usuario de la tarjeta termina pagando 1.86 pesos en un año, sin que ello implique el finiquito del adeudo original.
Si ello se ha dado en tiempos de “paz”, con “un navío de gran calado” (Calderón dixit) y una “envidiable fortaleza” que “nos protege” de los embates externos, según dicen, ¿qué sucederá en tiempos de “guerra”? El Banco de México incrementó nada más un cuarto de punto porcentual, pero es tradición de los banqueros servirse con la cuchara grande, y esta ocasión no tiene por qué ser distinto: se agarrarán de ese pretexto para meter el acelerador en las tasas de interés que cobran a los créditohabientes, en especial a los de dinero plástico.
Por ello es necesario tomar todas las precauciones posibles (remember 1994-1995), porque los mexicanos podrían “gozar” de una inflación oficial modesta e incluso reducida, pero por otra parte algunos podrían provocar el estallido de los de por sí agujereados bolsillos de millones de mexicanos a quienes el “navío de gran calado” y la “envidiable fortaleza” de la economía mexicana ni los ve ni los oye. De hecho, ni los registra.
En vía de mientras, con información de la Condusef, va un paseo por el aumento del CAT a lo largo de los últimos 17 meses en las principales tarjetas de crédito emitidas por la banca que opera en México. Como Citigroup-Banamex y BBVA-Bancomer son los reyes de este mercado (más de la mitad), comenzamos con el dinero plástico de estas dos instituciones (en todos los casos la referencia es la tarjeta clásica): de enero de 2007 a mayo de 2008, el costo anual total de Banamex pasó de 39.12 a 64.36 por ciento, un incremento de 25.24 puntos porcentuales; en el caso de Bancomer, de 38.46 a 79 por ciento, un avance cercano a 40.54 puntos porcentuales en el citado periodo (casi 18 de ellos de enero a marzo de 2008), con lo que la trasnacional española obtiene la medalla de oro en eso de esquilmar clientes, sin que eso quiera decir que las demás no hagan su mejor esfuerzo.
La inflación acumulada en esos 17 meses fue de 4.89 por ciento, de tal suerte que los incrementos aplicados en ese lapso en el CAT de las tarjetas de crédito de Banamex y Bancomer resultaron 5.2 y 8.2 tantos por arriba del crecimiento inflacionario oficial. Y eso, en tiempos de “paz” económica y financiera (etcétera).
Otra trasnacional financiera española que se sirve con la cuchara grande es Santander. En esos 17 meses aumentó el CAT de su tarjeta de crédito de 40.54 a 80.9 por ciento, un avance de 40.4 puntos porcentuales (23.3 de ellos en los primeros cinco meses de 2008), es decir, más de ocho veces la inflación reconocida en el periodo.
En igual sentido, la trasnacional canadiense Scotiabank incrementó el CAT de 24.48 en enero de 2007 a 59.34 por ciento en mayo de 2008, un avance cercano a 35 puntos porcentuales en el periodo, de los que 23.56 puntos corresponden a los primeros cinco meses del presente año.
El banco de Carlos Slim, Inbursa, fue más modesto: en 17 meses “sólo” aumentó el CAT en casi 14 puntos porcentuales, mientras American Express lo incrementó en 35 puntos porcentuales y HSBC en 28.69 puntos.
Las rebanadas del pastel
Moraleja: no repitamos 1994-1995. No hay país que lo resista.
Bancos, los abusivos de toda coyuntura
La “sugerencia” que hiciera Felipe Calderón al Banco de México para reducir las tasas de interés, no sólo dejó mal parado al inquilino de Los Pinos por su intervención donde no le corresponde, sino que le provocó una derrota adicional en su ya abultado inventario. La institución a cargo de Guillermo Ortiz Martínez lejos de atender la “invitación” del michoacano, procedió en estricto sentido contrario, y el pasado viernes incrementó la tasa de interés interbancaria en un cuarto de punto porcentual (de 7.5 a 7.75 por ciento).
Lo anterior se justifica, a juicio del Banco de México porque, entre otros elementos, “el balance de riesgos sobre la inflación ha empeorado. La trayectoria de la inflación para el resto del año y principios de 2009 puede resultar algo mayor que la prevista en el informe sobre la inflación más reciente”. Así, presume, podrá controlarse el crecimiento inflacionario, aunque de cualquier suerte se lo cobrarán a los mexicanos por otra parte.
Una de esas facturas pasará, irremediablemente, por los usuarios de crédito, en especial el llamado dinero plástico o, lo que es lo mismo, las de por sí onerosas tarjetas de crédito, que se han convertido en una suerte de “modernas de tiendas de raya”, y cuya cartera vencida crece sostenidamente. Además, en hipotecas, financiamientos automotrices, créditos productivos y demás.
Si en tiempos de “paz” económico-financiera los emisores (léase bancos) de tarjetas de crédito se sirven con la cuchara grande a costillas de sus usuarios, en los de “guerra” la cosa se pone peor. La referida decisión del Banco de México pretende controlar el galope inflacionario, que poco a poco se acelera, especialmente en una coyuntura de crisis alimentaria, como la han llamado. Nadie sabe si lo logrará.
En este contexto, es de esperar una inhumana reacción de los bancos emisores de dinero plástico (sin olvidar otro tipo de crédito), que incrementarán sustancialmente las de por sí abusivas tasas de interés que cobran a los tarjeta habientes, sin considerar otras gracias incluidas en lo que ahora se conoce como CAT (costo anual total). Muchos mexicanos equivocadamente utilizan dichas tarjetas como una suerte de “complemento” (no sólo virtual, sino por demás oneroso) del ingreso, y mensualmente la mayoría de ellos sólo cubre, cuando lo hace, el pago mínimo requerido por el banco emisor, lo que los mantiene presos en esa “moderna tienda de raya”.
Como el país vive tiempos de “paz” en lo económico y financiero, según asegura el discurso oficial, era de esperarse que la voracidad bancaria se atemperara, pero lamentablemente no ha sido así y, antes de la “guerra”, la cosa adquirió color de hormiga: tan sólo en los primeros cinco meses de este “pacífico” 2008, los siempre comedidos banqueros han incrementado el CAT de las tarjetas de crédito hasta en 23.5 puntos porcentuales (Scotiabank y Santander), llevándolo en algunos casos hasta 80.9 (Santander) y 86.24 por ciento (Invex), una proporción 20 veces superior a la inflación oficial. Lo anterior quiere decir que por cada peso de plástico utilizado, el usuario de la tarjeta termina pagando 1.86 pesos en un año, sin que ello implique el finiquito del adeudo original.
Si ello se ha dado en tiempos de “paz”, con “un navío de gran calado” (Calderón dixit) y una “envidiable fortaleza” que “nos protege” de los embates externos, según dicen, ¿qué sucederá en tiempos de “guerra”? El Banco de México incrementó nada más un cuarto de punto porcentual, pero es tradición de los banqueros servirse con la cuchara grande, y esta ocasión no tiene por qué ser distinto: se agarrarán de ese pretexto para meter el acelerador en las tasas de interés que cobran a los créditohabientes, en especial a los de dinero plástico.
Por ello es necesario tomar todas las precauciones posibles (remember 1994-1995), porque los mexicanos podrían “gozar” de una inflación oficial modesta e incluso reducida, pero por otra parte algunos podrían provocar el estallido de los de por sí agujereados bolsillos de millones de mexicanos a quienes el “navío de gran calado” y la “envidiable fortaleza” de la economía mexicana ni los ve ni los oye. De hecho, ni los registra.
En vía de mientras, con información de la Condusef, va un paseo por el aumento del CAT a lo largo de los últimos 17 meses en las principales tarjetas de crédito emitidas por la banca que opera en México. Como Citigroup-Banamex y BBVA-Bancomer son los reyes de este mercado (más de la mitad), comenzamos con el dinero plástico de estas dos instituciones (en todos los casos la referencia es la tarjeta clásica): de enero de 2007 a mayo de 2008, el costo anual total de Banamex pasó de 39.12 a 64.36 por ciento, un incremento de 25.24 puntos porcentuales; en el caso de Bancomer, de 38.46 a 79 por ciento, un avance cercano a 40.54 puntos porcentuales en el citado periodo (casi 18 de ellos de enero a marzo de 2008), con lo que la trasnacional española obtiene la medalla de oro en eso de esquilmar clientes, sin que eso quiera decir que las demás no hagan su mejor esfuerzo.
La inflación acumulada en esos 17 meses fue de 4.89 por ciento, de tal suerte que los incrementos aplicados en ese lapso en el CAT de las tarjetas de crédito de Banamex y Bancomer resultaron 5.2 y 8.2 tantos por arriba del crecimiento inflacionario oficial. Y eso, en tiempos de “paz” económica y financiera (etcétera).
Otra trasnacional financiera española que se sirve con la cuchara grande es Santander. En esos 17 meses aumentó el CAT de su tarjeta de crédito de 40.54 a 80.9 por ciento, un avance de 40.4 puntos porcentuales (23.3 de ellos en los primeros cinco meses de 2008), es decir, más de ocho veces la inflación reconocida en el periodo.
En igual sentido, la trasnacional canadiense Scotiabank incrementó el CAT de 24.48 en enero de 2007 a 59.34 por ciento en mayo de 2008, un avance cercano a 35 puntos porcentuales en el periodo, de los que 23.56 puntos corresponden a los primeros cinco meses del presente año.
El banco de Carlos Slim, Inbursa, fue más modesto: en 17 meses “sólo” aumentó el CAT en casi 14 puntos porcentuales, mientras American Express lo incrementó en 35 puntos porcentuales y HSBC en 28.69 puntos.
Las rebanadas del pastel
Moraleja: no repitamos 1994-1995. No hay país que lo resista.
Especulación petrolera y política de Estado
Editorial
En una reunión efectuada ayer en Jeddah, Arabia Saudita, representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la Agencia Internacional de Energía y del Foro Internacional de Energía señalaron que la especulación es un factor inocultable en el alza desmesurada de las cotizaciones mundiales de los combustibles fósiles y llamaron a todas las partes –productores y consumidores– a aumentar las inversiones en la extracción y la refinación de crudo. En Estados Unidos, el candidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama, coincidió en señalar a la actividad especulativa como la principal causante de los incrementos en los precios petroleros y propuso imponer mayores regulaciones a los mercados de futuros de materias primas. En contraste, su rival republicano, John McCain, a contrapelo de sus propias posturas, se sumó a la petición formulada al Congreso por el todavía presidente George Walker Bush para que se permita la perforación petrolera en aguas marítimas, a pesar de los impactos ambientales negativos que genera tal actividad.
Es claro, pues, que la coyuntura energética y económica internacional se traduce, hacia nuestro país, en presiones para incrementar la producción de crudo. Desde luego, eso no significa que ceder a ellas sea lo más indicado en la perspectiva de los intereses nacionales.
Por principio de cuentas, el que las actuales alzas petroleras sean generadas en su mayor parte por intereses especuladores es indicativo de la volatilidad de los precios. El precio actual del petróleo podrá ser llevado al doble por la burbuja bursátil, pero tarde o temprano ésta reventará y, en la lógica de los ciclos económicos, dará paso a una etapa de sobreproducción y caída de las cotizaciones.
Las presiones del exterior para incrementar la producción mexicana sintonizan con la lógica de la iniciativa calderonista de reformas legales tendientes a privatizar segmentos fundamentales de la industria petrolera nacional. De hecho, la supuesta necesidad de aumentar la extracción de crudo mexicano es una de las premisas en las que descansa la propuesta enviada al Senado en abril.
Debe considerarse, sin embargo, que en las circunstancias actuales, un incremento de la producción de crudo aumentaría la dependencia del Estado con respecto a la factura petrolera y pondría al país en una situación de mayor vulnerabilidad, por cuanto los precios pueden derrumbarse en cualquier momento en función de factores externos que escapan al control de México, lo que se traduciría en una crisis necesariamente grave, semejante a la que ocurrió en los años 80 del siglo pasado.
Ante la obsesión oficial por incrementar la producción de crudo, resulta fundamental la idea de empezar de una buena vez a despetrolizar las finanzas públicas y contrarrestar el disparate perpetrado en el sexenio de José López Portillo, cuando el gobierno federal decretó, de manera tan ilusa como irresponsable, que había llegado el tiempo de “administrar la abundancia”.
Es cierto que hoy día 40 centavos de cada peso del gasto oficial proceden de las exportaciones petroleras. Sin embargo, el producto de éstas es administrado con opacidad, turbiedad y discrecionalidad inadmisibles, hasta el punto de que la administración calderonista niega que existan excedentes derivados de la diferencia entre los precios, previsto y real, del barril de petróleo. Ese mismo excedente produjo, en el gobierno foxista, decenas de miles de millones de dólares, cuyo destino sigue sin aclararse.
Por ello, antes que insistir en el aumento de la producción y las exportaciones petroleras, el gobierno federal tendría que transparentar las cuentas de Petróleos Mexicanos y combatir la corrupción en la paraestatal y en sus propias oficinas. Asimismo, tendría que concebir y aplicar una política fiscal realmente equitativa y eficiente, a fin de remplazar los recursos que hoy se extraen de la industria petrolera por impuestos recaudados de las grandes corporaciones privadas. A fin de cuentas, muchos países que no disponen de hidrocarburos en su territorio mantienen a sus respectivos gobiernos únicamente con recursos fiscales, y no pocos de ellos ostentan niveles de vida y bienestar muy superiores a los de México.
En suma, la circunstancia actual hace necesario que el país avance hacia una política energética de Estado, que deje de ver en el petróleo una oportunidad de negocio inmediato y empiece a diseñar la manera de preservar parte de ese recurso no renovable para las generaciones futuras.
En una reunión efectuada ayer en Jeddah, Arabia Saudita, representantes de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, de la Agencia Internacional de Energía y del Foro Internacional de Energía señalaron que la especulación es un factor inocultable en el alza desmesurada de las cotizaciones mundiales de los combustibles fósiles y llamaron a todas las partes –productores y consumidores– a aumentar las inversiones en la extracción y la refinación de crudo. En Estados Unidos, el candidato demócrata a la presidencia de ese país, Barack Obama, coincidió en señalar a la actividad especulativa como la principal causante de los incrementos en los precios petroleros y propuso imponer mayores regulaciones a los mercados de futuros de materias primas. En contraste, su rival republicano, John McCain, a contrapelo de sus propias posturas, se sumó a la petición formulada al Congreso por el todavía presidente George Walker Bush para que se permita la perforación petrolera en aguas marítimas, a pesar de los impactos ambientales negativos que genera tal actividad.
Es claro, pues, que la coyuntura energética y económica internacional se traduce, hacia nuestro país, en presiones para incrementar la producción de crudo. Desde luego, eso no significa que ceder a ellas sea lo más indicado en la perspectiva de los intereses nacionales.
Por principio de cuentas, el que las actuales alzas petroleras sean generadas en su mayor parte por intereses especuladores es indicativo de la volatilidad de los precios. El precio actual del petróleo podrá ser llevado al doble por la burbuja bursátil, pero tarde o temprano ésta reventará y, en la lógica de los ciclos económicos, dará paso a una etapa de sobreproducción y caída de las cotizaciones.
Las presiones del exterior para incrementar la producción mexicana sintonizan con la lógica de la iniciativa calderonista de reformas legales tendientes a privatizar segmentos fundamentales de la industria petrolera nacional. De hecho, la supuesta necesidad de aumentar la extracción de crudo mexicano es una de las premisas en las que descansa la propuesta enviada al Senado en abril.
Debe considerarse, sin embargo, que en las circunstancias actuales, un incremento de la producción de crudo aumentaría la dependencia del Estado con respecto a la factura petrolera y pondría al país en una situación de mayor vulnerabilidad, por cuanto los precios pueden derrumbarse en cualquier momento en función de factores externos que escapan al control de México, lo que se traduciría en una crisis necesariamente grave, semejante a la que ocurrió en los años 80 del siglo pasado.
Ante la obsesión oficial por incrementar la producción de crudo, resulta fundamental la idea de empezar de una buena vez a despetrolizar las finanzas públicas y contrarrestar el disparate perpetrado en el sexenio de José López Portillo, cuando el gobierno federal decretó, de manera tan ilusa como irresponsable, que había llegado el tiempo de “administrar la abundancia”.
Es cierto que hoy día 40 centavos de cada peso del gasto oficial proceden de las exportaciones petroleras. Sin embargo, el producto de éstas es administrado con opacidad, turbiedad y discrecionalidad inadmisibles, hasta el punto de que la administración calderonista niega que existan excedentes derivados de la diferencia entre los precios, previsto y real, del barril de petróleo. Ese mismo excedente produjo, en el gobierno foxista, decenas de miles de millones de dólares, cuyo destino sigue sin aclararse.
Por ello, antes que insistir en el aumento de la producción y las exportaciones petroleras, el gobierno federal tendría que transparentar las cuentas de Petróleos Mexicanos y combatir la corrupción en la paraestatal y en sus propias oficinas. Asimismo, tendría que concebir y aplicar una política fiscal realmente equitativa y eficiente, a fin de remplazar los recursos que hoy se extraen de la industria petrolera por impuestos recaudados de las grandes corporaciones privadas. A fin de cuentas, muchos países que no disponen de hidrocarburos en su territorio mantienen a sus respectivos gobiernos únicamente con recursos fiscales, y no pocos de ellos ostentan niveles de vida y bienestar muy superiores a los de México.
En suma, la circunstancia actual hace necesario que el país avance hacia una política energética de Estado, que deje de ver en el petróleo una oportunidad de negocio inmediato y empiece a diseñar la manera de preservar parte de ese recurso no renovable para las generaciones futuras.
CONVOCATORIA A TODAS Y TODOS
SEGUNDA ETAPA DE LA CAMPAÑA NACIONAL
Considerando que la Campaña Nacional Sin Maíz No Hay País se lanzó hace un año por la profunda crisis que hemos observado por años en el campo mexicano y con el objetivo de que el tema estuviera en la boca de todas y todos los mexicanos.
Reactivar el campo mexicano para salvar a México y renegociar el capitulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte fueron nuestras demandas.
Incomprensible es el modelo impuesto al campo mexicano que en los últimos 25 años ha obligado a millones de campesinos a buscar trabajo en Estados Unidos en condiciones deplorables a cambio de importar alimentos caros y de mala calidad. En fecha reciente se anunció que el monto del gasto destinado a la importación de alimentos fue equivalente al que envían en remesas los conacionales.
Salimos a sembrar maíz en camellones, parques y jardines del DF y otras ciudades; lanzamos campañas en 18 estados y recolectamos casi medio millón de firmas; organizamos conciertos, festivales y ferias; realizamos mítines y tomas de instituciones de gobierno; el primero de enero de 2008 estuvimos en el puente internacional Córdoba–Las Américas en Ciudad Juárez; partimos desde El Chamizal en caravana de tractores hacia la Ciudad de México para participar en la Marcha Nacional Campesina, el pasado 31 de enero.
Indiferencia y desprecio fue la respuesta del gobierno federal frente a una realidad que hoy se muestra al mundo de manera angustiante.
Sólo en 18 meses los precios de los alimentos se han incrementado en más del 70% afectando severamente la economía y la nutrición de la mayoría de las familias mexicanas. Mientras que los salarios han aumentado apenas un 5%.
Alimentos caros que han provocando enormes sufrimientos a las familias mexicanas, principalmente a las más pobres,
La pésima nutrición que promueve el gobierno y los medios se traduce en 20 millones de mexicanos que sufren desnutrición y anemia; y en el
Incremento de la obesidad: hoy la tercera parte de la población presenta sobrepeso;
Más de la mitad de los mexicanos, 60 millones, sobreviven en condiciones de pobreza.
El estancamiento persistente de la economía nacional profundiza la dependencia de las importaciones agroalimentarias.
Negada una y otra vez la crisis alimentaria en México por el régimen calderonista, no se enfrenten las causas estructurales de fondo y
Todas las supuestas soluciones que ofrecen, únicamente favorecen a las grandes corporaciones mexicanas y trasnacionales que dominan la cadena agroalimentaria;
Agudizando la crisis política y social que vive el país y erosionando nuestra frágil estabilidad social, económica y financiera. Enfrentamos un
Riesgo ecológico y a la salud por la contaminación con transgénicos de nuestros maíces, situación que
Implica la privatización de nuestro principal patrimonio alimentario y cultural: el maíz;
Así como el arrasamiento de la producción campesina, sustituida por alimentos de baja calidad y alto precio.
Hoy el Ejecutivo Federal insiste en entregar nuestra soberanía alimentaria y energética a la Iniciativa privada, como lo pretende hacer con PEMEX. El sueño neoliberal de un campo sin campesinos, ni indios en México al que se le puedan extraer impunemente sus recursos naturales: agua, minerales, germoplasma, no es más que un falso cálculo: o hay México con campesinos y pueblos indios, o no hay México.
Porque sin maíz no hay país.
Las organizaciones campesinas e indígenas, de mujeres, ambientalistas, de derechos humanos, de consumidores, no gubernamentales, investigadores, científicos, artistas, intelectuales y ciudadanos de a pie, elevamos una vez más nuestras voces, para llamar a la sociedad civil a emprender la defensa de nuestro derecho a la alimentación, del maíz mexicano, de la agricultura campesina, del derecho campesino e indígena a existir con sus culturas y formas de vida propias; a establecer políticas agrícolas que fomenten la producción nacional de la gran diversidad de maíces y productos mexicanos. Hemos alertado sobre el riesgo real de la contaminación con transgénicos de nuestros maíces. Hoy, 23 de Junio lanzamos la segunda etapa de la Campaña y llamamos a todas y todos los mexicanos y ciudadanos del mundo que estén de acuerdo con lo anterior a que apoyen las siguientes: Medidas urgentes:
1. Soberanía alimentaria. Adoptar el principio de soberanía como base y columna vertebral de una nueva política agroalimentaria para enfrentar la crisis en el corto, mediano y largo plazos.
2. Políticas públicas alternativas y un Estado responsable. Frente al modelo de dependencia y libre comercio que profundiza la inseguridad y vulnerabilidad alimentarias deben adoptarse políticas públicas activas y un renovado papel del Estado tendientes a la autodeterminación, la autosuficiencia alimentaria, el procesamiento, la distribución y el acceso de alimentos campesinos a todo lo ancho y largo del país. La gravedad de la crisis alimentaria requiere la participación amplia, plural e incluyente de toda la sociedad y los poderes de la República.
3. Revalorización e impulso a la agricultura campesina. En los últimos 25 años se ha menospreciado la contribución, el potencial y las virtudes ecológicas de la agricultura en pequeña y mediana escala y se ha ignorado el aporte de las mujeres en las estrategias de sostenimiento de la vida rural frente a la crisis. Los campesinos tienen en sus manos el 80% de las tierras donde se encuentran los recursos estratégicos, agua, germoplasma y minerales que han sabido mantener con un manejo sustentable; y tienen un potencial capaz de responder a las necesidades alimentarias del pueblo mexicano.
4. Agricultura sustentable y reconocimiento del carácter multifuncional de la agricultura campesina. El modelo de agricultura basado en grandes unidades de producción de monocultivo, uso creciente de agua, maquinaria e insumos contaminantes está agotado. Proponemos transitar hacia una agricultura campesina sustentable que promueva la producción de alimentos sanos, la conservación de la biodiversidad y los servicios ambientales, la preservación de la diversidad étnica y cultural. En suma, la recuperación de las múltiples contribuciones de la agricultura campesina a la sociedad y al desarrollo económico del país.
5. Moratoria a la siembra de maíz transgénico. La riqueza genética de México especialmente del maíz, lo convierte en el gran reservorio de variedades adaptadas al cambio climático. Además su calidad de centro de origen del maíz debe preservarse. La biotecnología moderna no solucionará los problemas del hambre, por el contrario las empresas trasnacionales crean una gran dependencia tecnológica al apropiarse del germoplasma y cobrar derechos por el uso de sus semillas. No hay evidencias suficientes de que los transgénicos sean inocuos a la salud.
6. Prohibición al uso de alimentos para producir agrocombustibles. El uso de maíz y de otros alimentos para la producción de etanol es un crimen en esta crisis, siendo nuestro país un fuerte productor de petróleo. Se reconoce que los biocombustibles no son sustentables en términos ambientales, ya que utilizan una gran cantidad de agua y energía fósil para su elaboración.
7. Derecho a la alimentación. La alimentación es un derecho humano fundamental que debe ser garantizado por la Constitución y tutelado por el Estado mexicano. El derecho a la alimentación se fundamenta en que todas las personas tengan acceso físico y económico, de manera regular y permanente, a una alimentación adecuada y suficiente y a los medios para producirla según tradición cultural de cada población garantizando una vida digna. Además se relaciona con otros derechos como la salud, los derechos laborales, culturales, y ambientales, entre otros. La desnutrición, la anemia y la obesidad deben ser erradicadas.
8. Lucha contra los monopolios alimentarios y la publicidad engañosa en los alimentos. Como consumidores debemos ejercer nuestro derecho a decidir que queremos comer y a quienes queremos favorecer. Las grandes corporaciones, mediante campañas publicitarias que mienten o exageran acerca de los valores nutricionales de sus productos, dictan hábitos de consumo perniciosos para la salud. Es necesario impulsar el consumo responsable acompañado de una correcta regulación de las campañas publicitarias de los monopolios.
Y exigimos:
A) Acciones para incrementar la producción y productividad sustentable con campesinos:
a) Programa de mediano plazo para la sustitución de importaciones agroalimentarias a fin de eliminar el déficit de la balanza comercial agroalimentaria en 2012 del 42 al 20%. Concertación del gobierno federal y gobiernos estatales con las organizaciones por rama de producción para establecer metas de incrementos anuales de la producción.
b) Una agenda legislativa para el campo que incluya, entre otras: ü Aprobación por el Senado de la República de la minuta de Ley de Planeación para la Soberanía y la Seguridad Alimentaria y Nutricional y de la minuta de Ley de Gas Natural de Proceso. ü Aprobación por el Congreso de la Unión de un mecanismo de administración del comercio exterior de los alimentos básicos y estratégicos, de conformidad con la Ley de Desarrollo Rural Sustentable.
c) Acciones urgentes para apoyar la agricultura campesina y promoción de tecnologías sustentables de producción.
d) Programa de ampliación de la infraestructura hidroagrícola e introducción de tecnologías de riego para el uso sustentable del agua.
e) Reestructuración consensuada de los programas e instituciones del sector rural.
f) Renegociación del TLCAN y de los Acuerdos de Agricultura de la Organización Mundial de Comercio para dejar a salvo la soberanía alimentaria y el derecho a la alimentación.
B) Acciones para garantizar un acceso universal a los alimentos a precios razonables:
a) Aprobación por la Cámara de Diputados de la minuta del Senado por el cual se eleva a rango constitucional el derecho a la alimentación.
b) Establecimiento de una canasta alimentaria básica con precios controlados de productos nacionales, fomentando la compra con asociaciones de productores mexicanos.
c) Ampliación presupuestal a Diconsa para: incrementar a 100 los almacenes regionales y a 5 mil las tiendas comunitarias y su cobertura en el medio rural; la renovación y ampliación de la flotilla de transporte; el mantenimiento de los precios en el nivel prevaleciente en enero de 2007.
d) Establecimiento de una regla que estipule la compra obligatoria de la producción local y regional vía asociación de productores.
e) Incremento de 100% al monto de apoyo a las familias en el Programa Oportunidades y redefinición de los programas de apoyo a las mujeres rurales con base en el reconocimiento de su papel como productoras, conservadoras de recursos naturales y administradoras de la tierra y las remesas.
f) Promoción de un programa de empleo rural para la reforestación comunitaria, el mejoramiento del territorio, la construcción de caminos y bordos, recuperación y mantenimiento de cuerpos de agua, el mantenimiento de la infraestructura social y productiva. C) Reserva Estratégica Alimentaria: Administrada por la Sagarpa y un consejo intersecretarial e intersectorial, constituida por el volumen de maíz (3 millones de toneladas), trigo (1 millón), frijol (200 mil toneladas), arroz (200 mil toneladas) y leche en polvo equivalente a 4 meses del consumo nacional.
D) Protección al maíz:
a) Investigación pública orientada a valorar la agroecología y el potencial de las semillas nativas.
b) Incentivo a las prácticas sustentables que han demostrado su alto valor para resolver los problemas ambientales de la agricultura.
c) Protección de nuestros maíces criollos o nativos de la contaminación transgénica,
d) Apoyo a las iniciativas locales para protegerlos.
e) Medidas de bioseguridad que respondan a la realidad del país como centro de origen y de diversificación genética del maíz,
f) Creación del Régimen de Protección Especial del Maíz, establecido por la Ley de Bioseguridad de OGM, que proteja a México como centro de origen y de diversidad genética del maíz, garantice la preservación de la diversidad de maíces en todo el territorio nacional, así como la salud humana y animal.
g) Establecimiento de sistemas de protección, responsabilidad e indemnización para los campesinos que han resultado afectados por la contaminación o flujo genético a sus cultivos convencionales u orgánicos.
h) Etiquetado obligatorio en todos los productos que contengan OGM, como se aplica en muchos países, acatando el derecho fundamental a la información para poder elegir.
E) Presupuesto requerido y fuentes:
a) Reducción del 20% del gasto corriente de la alta burocracia del Ejecutivo Federal, Poder Judicial y Poder Legislativo, incluyendo reducción salarial, prestaciones y eliminación del seguro de gastos médicos mayores.
b) Excedentes petroleros a un Fondo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional.
c) Ingresos extraordinarios por la recaudación del IETU.
d) Decomisos del crimen organizado (25%).
¿Cómo participar?
Hagamos un compromiso en defensa de nuestro maíz. Sembremos maíz en hogares, banquetas, camellones y parques públicos. Lancemos pronunciamientos contra los productos transgénicos, promovamos y garanticemos zonas y territorios libres de transgénicos en toda la República. Exijamos el reconocimiento de México como centro de origen del maíz.
Apoyemos y hagamos nuestras las demandas de las organizaciones campesinas e indígenas para alcanzar la justicia y la soberanía para México.
Consumamos de manera responsable dando preferencia a los productos nacionales, frescos, y sin industrializar de pequeños y medianos productores bajo el sello de Comercio Justo México. Compremos en mercados de barrio, tianguis, puestos y no en supermercados.
Evitemos la compra de productos industrializados de grandes empresas agroalimentarias como: Bimbo, Maseca, Minsa, Bachoco, Nestlé, Cargill, Mosanto, entre otras.
Realicemos actos educativos y diversas acciones para denunciar los abusos de los monopolios agroalimentarios, Impulsemos la producción y el consumo nacional de alimentos e informemos al pueblo sobre los riesgos de autorizar el maíz transgénico en México, así como foros nacionales y regionales, ferias campesinas y conciertos a favor de la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.
Convocamos a todos los mexicanos, hombres y mujeres del campo y de la ciudad, a adherirnos a la histórica tarea de defender al maíz e impulsar un proyecto alternativo para el campo y para el país; un proyecto rural y nacional, incluyente, justo, sustentable y solidario: Salvemos el campo para salvar a México.
Atentamente,
Firmas (cientos)
Defensa del Petróleo - Actividades
AHORA EN LA UNAM: PEMEX Y DESCRECIMIENTO
Este próximo lunes 23 de junio, a partir de las 4.00pm, presentaremos en la UNAM, en el auditorio Raoul Fournier de la Facultad de Medicina, nuestra propuesta PEMEX Y DESCRECIMIENTO.
Habrá un sesión de preguntas y respuestas.
Los esperamos.
Habrá un sesión de preguntas y respuestas.
Los esperamos.
Miguel Valencia
Carta del Barzón a la ABM
México D. F. a 20 de junio de 2008.
LIC. ENRIQUE CASTILLO S. M.
PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN DE BANCOS DE MÉXICO.
P R E S E N T E
En el año de 1994 nuestro país sufrió una de sus peores crisis, debido principalmente a una mala aplicación de las políticas económicas por parte de gobierno irresponsables y abusos de los bancos.
En aquellos años, los créditos otorgados y la cartera vencida se fueron hasta las nubes por una serie de compromisos adquiridos por parte de la población con la banca comercial, principalmente para el impulso de proyectos productivos.
El día de hoy el panorama no se ve mejor y es por mucho preocupante cuando se observan las previsiones para los próximos años. El gobierno federal, ha puesto en operación programas y medidas emergentes que atiendan necesidades básicas de la población de escasos recursos, principalmente en zonas de alta y muy alta marginación, sin tomar en cuenta a la población que habita en las ciudades y en las zonas urbanas.
No ha sido capaz el gobierno de dar respuesta a las necesidades del país en cuanto a la generación de empleos, producción y desarrollo social entre otros aspectos, esto ha generado que una gran cantidad de personas adquieran como en la década de los 90`s, compromisos con los bancos, solo que en esta ocasión no son para el impulso a proyectos productivos y son cada vez menos los que se adquieren con fines hipotecarios.
Actualmente hay cerca de 38.7 millones de personas en el Buró de Crédito y se han otorgado irresponsablemente por parte de la banca comercial, con la complicidad del Banco de México y el gobierno federal, cerca de 10 millones de créditos nuevos, principalmente para el consumo.
Ante la actual crisis alimentaria y la solo mediática y nula respuesta del gobierno de Felipe Calderón, la gente, principalmente los habitantes de las ciudades y que no son sujetos de los apoyos del gobierno, está utilizando las tarjetas de crédito para la compra de alimentos.
Aunado a esto podemos ver que con las tasas de interés que se aplican en nuestro país (y que son mucho más elevadas que las aplicadas por los bancos en sus países sede), y el alto costo de las comisiones, el número de gente que tendrá problemas de deuda se incrementará de manera exponencial.
Además, El gobernador del Banco de México de manera autocomplaciente pregona los “éxitos” de su política económica, de mantener “baja” la inflación mediante el uso de los dólares del petróleo y de nuestros migrantes para subsidiar las importaciones en beneficio de los productores foráneos. El problema está en que ese esquema es insostenible y resulta muy costoso.
En el camino, dice Banxico, eso permitió aumentar el crédito, el empleo y los ingresos de los mexicanos. Eso es una mentira. El crecimiento del empleo fue mínimo y se hizo a partir de erosionar las condiciones laborales y la seguridad en el trabajo de los mexicanos. La percepción de un aumento en el poder adquisitivo sólo fue posible por los ingresos del petróleo y las remesas, fundamentalmente.
Hoy, además de que se privilegia el crédito al consumo, también ha crecido el riesgo y la vulnerabilidad de los deudores., como se observa en el aumento de la cartera vencida.
Por eso, El Barzón exige hoy, ante el riesgo de una disminución en el flujo de dólares, que el Banco de México informe cuál va a ser el costo social de mantener su espejismo de estabilidad. De antemano es necesario advertir que El Barzón se movilizará para impedir que las políticas de Banxico traten de hacer recaer en los usuarios del crédito el costo de la irresponsabilidad de la banca, que ha ofrecido crédito sin ton ni son, a pesar de los riesgos que se preveían.
En la misma línea, es necesario denunciar al Banco de México, que se alarma ante lo elevado de las tasas que cobran los bancos y las tiendas comerciales, pero no hace nada para impedirlo. De acuerdo con el mismo Banxico, el Costo Anual Total (CAT), es decir la tasa de interés que cobran realmente tiendas como Wall-Mart es de casi 180% en la compra de bienes de consumo duradero. A su vez, Banxico señala que en tarjetas de crédito los bancos comerciales extranjeros, como BBVA y Banamex aplican tasas de interés superiores a 60%. Y no se diga el caso de los créditos en casas de empeño, donde las tasas de interés están cerca de 200%. O los microcréditos, esos que se anuncian como recursos de beneficio social, donde las tasas superan fácilmente 100%.
Si a ese costo del interés se suma la falta de empleo, la inflación creciente y el riesgo de que Banxico aumente sus tasas de interés para “frenar” la inflación, entonces tenemos el escenario de pánico que ya viven muchos deudores que creyeren en Fox y en Calderón y en sus políticas irresponsables. Cabe destacar que hasta enero, de 18.1 millones de tarjetas de crédito bancarias; 39%, casi 7 millones ya había caído en incumplimiento de pagos.
Y la cartera ha seguido creciendo, de modo que en abril superó los 23,000 millones de pesos, más de cuatro veces lo observado en 2003.
Por eso, El Barzón Nacional, con todas las agrupaciones locales que lo integran, exige medidas para evitar que la banca comercial, Banxico y el gobierno de Felipe Calderón traten de cargar en los usuarios del crédito el costo de su irresponsabilidad. Exigimos se frenen las estrategias terroristas de las administradoras de cartera y que se aprueben medidas legislativas que castiguen las ineficiencia de la banca y la omisión y/o contubernio de los funcionarios obligados a regularla.
Nos permitimos solicitarle de la manera más atenta nos de cita para reunirnos con usted y poder discutir los temas expuestos, con el fin de encontrar medidas que puedan ayudar a las familias mexicanas.
Sin más por el momento, reciba un cordial saludo.
ALFONSO RAMÍREZ CUELLAR
PRESIDENTE NACIONAL DE LA ANPAP-BARZÓN
Es lo de menos
A dos semanas de iniciadas las transmisiones de nuestro informativo Es lo de menos, les mandamos los audios para que los descarguen, escuchen y compartan o también pueden escucharlos mediante nuestro reproductor en la pagina web visitando este enlace.
Audio 20 Junio 2008.
Audio 19 Junio 2008.
Audio 18 Junio 2008.
Audio 16 Junio 2008.
Audio 17 Junio 2008.
Recuerden escucharnos de Lunes a Viernes, a partir de las 08:00 de la mañana por Radio Imagina y radio vulgocracia.
Y si tienes alguna, información, invitación, audio o cualquier cosa con la desees colaborar o simplemente difundir, puedes hacerlo contestando este correo.
http://radioimagina.webs.com y http://www.radiovulgocraciaConvocatoria a la RCP a visitar el IFE
La Resistencia Civil Pacífica convoca a todos los integrantes de los comités ciudadanos en resistencia, a los convencionistas, brigadistas y a los hombres y mujeres libres de México, a participar junto con Gerardo Fernández Noroña en la acción que tendrá lugar HOY lunes 23 de junio, para hacerle saber los del IFE y a todos los que tengan duda, que quienes decidimos nombrar Presidente Legítimo al Lic. Andrés Manuel López Obrador, fuimos millones de ciudadanos mexicanos y por lo tanto no podrán impedirnos seguir llamándolo así.
Se invita a que los participantes lleven pancartas referentes al Presidente Legítimo.
La cita es, lunes 23 de junio en punto de las 14:00 Hrs. (Dos de la tarde), en en las puertas del IFE ubicado en Viaducto Tlalpan No. 100 colonia Arenal, Tepepan en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, cerca de la estación Xomali del Tren ligero que sale en Taxqueña.
Porque las decisiones las tiene el Pueblo de México, ¡NO FALTES!
Se invita a que los participantes lleven pancartas referentes al Presidente Legítimo.
La cita es, lunes 23 de junio en punto de las 14:00 Hrs. (Dos de la tarde), en en las puertas del IFE ubicado en Viaducto Tlalpan No. 100 colonia Arenal, Tepepan en la Delegación Tlalpan de la Ciudad de México, cerca de la estación Xomali del Tren ligero que sale en Taxqueña.
Porque las decisiones las tiene el Pueblo de México, ¡NO FALTES!
Convocatoria de la Unión de Juristas de México
UNIÓN DE JURISTAS DE MÉXICO
CONVOCATORIA POPULAR
México, 19 de junio de 2008
POR LA ABROGACIÓN DE LA CRIMINAL NUEVA LEY DEL ISSSTE
LA LUCHA ES PRIMERO, LOS AMPAROS TAMBIÉN
A TODOS LOS TRABAJADORES Y SINDICATOS DEL PAÍS
A TODOS LOS AMPARADOS CONTRA LA LEY DEL ISSSTE
Cerca de 15 meses de trabajo y arduo esfuerzo ha costado a cientos de miles de trabajadores ampararse y luchar en contra de la nueva Ley del ISSSTE, que sin temor a dudas es inconstitucional y contraria a los derechos laborales adquiridos de los asalariados al Servicio del Estado. En este tiempo, el Gobierno Federal y el Congreso de la Unión han sido totalmente omisos a los reclamos, en tanto que la Dirección General del ISSSTE ha desplegado una millonaria campaña propagandística con el dinero de las cuotas de los propios trabajadores para convencer a estos de que se acojan a la nueva Ley y opten por cualquiera de sus malogrados regimenes del décimo transitorio o bonoissste.
Por su parte, el Consejo de la Judicatura Federal ha sido incapaz de generar condiciones materiales y humanas para admitir y resolver con prontitud los aproximadamente 2.5 millones de amparos que se han presentado, mientras que la Corte, como cuerpo colegiado, ha asumido una actitud de avalar en lo general la criminal reforma, en un contexto de aparente democracia, en perjuicio de millones de mexicanos, sin atender siquiera la posición receptiva y clara de su Ministro Presidente, quien hizo suyos los alegatos de los amparos en beneficio de la masa trabajadora.
Ahora la Corte nos concede algunos "beneficios" al declarar la inconstitucionalidad de varios aspectos de la Ley, pero en su esencia nos la confirma, cambiándonos oro por cuentas de vidrio.
Ante tan grave situación, además de seguir presentando más amparos, las circunstancias nos obligan a la luchar para defender nuestros derechos, por lo que, en nuestro carácter de consejeros legales de cientos de trabajadores, y con el aval de la siempre combativa Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación CNTE y otros sindicatos, les convocamos a defender la justicia y la legalidad en la República, porque la lucha es primero. Necesitamos continuar con la resistencia en todo el país. Protestar urgentemente en todas las plazas públicas y en las sedes del poder judicial federal. Los derechos se conquistan ejerciéndolos. EXIJAMOS LA ABROGACIÓN DE LA CRIMINAL NUEVA LEY DEL ISSSTE.
Fraternalmente
¡POR EL DERECHO Y LA JUSTICIA AL SERVICIO DEL PUEBLO!
POR EL COMITÉ EJECUTIVO NACIONAL:
EDUARDO MIRANDA ESQUIVEL, JESÚS CERVANTES ESPARZA, OMAR GARIBAY GUERRA, PABLO FRANCO HERNÁNDEZ, HILDA VENEGAS NEGRETE, GEORGINA ROCHIN BRAVO, JOSÉ ENRIQUE GONZÁLEZ RUIZ, JOSÉ LUIS VEGA NÚÑEZ, SALVADOR RAMOS BUSTAMANTE, ALBERTO GUERRERO FLORES, JUAN RUBIO GUALITO, CESAR DE LEÓN GUADIANA, MARIO RODRIGUEZ CASTRO, RAFAEL SÁNCHEZ OÑATE Y 20 FIRMAS MÁS.
Acta por acta
Carmen Aristegui
Periodista y analista política
Distrito Federal
Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.
Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro, de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008.)
La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas. Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico.
Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que –como nunca– polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse.
Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.
¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso; por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso.
Con un solo elemento, Crespo demuestra que el Tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético. El Tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo –entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados– el Tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final.
Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del Tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador.
Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al Tribunal a declarar nulas las elecciones.
Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.
José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: "El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad".
Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.
Periodista y analista política
Distrito Federal
Una sociedad que busca democracia no puede darse el lujo de abandonarse al conformismo y renunciar a la verdad. El camino puede ser largo, fragmentado o sinuoso. Por eso cuando alguien hace esfuerzos para suministrar información, datos y elementos de juicio para conocer y comprender los asuntos que marcan a un país, no queda más que el agradecimiento, sobre todo si se trata de un trabajo minucioso, con rigor académico y esclarecedor de uno de los asuntos más relevantes que han sacudido a la sociedad mexicana como las elecciones presidenciales de hace dos años.
Me sumo a quienes ya han escrito sobre la importancia de la investigación hecha libro, de José Antonio Crespo: 2006: hablan las actas. Las debilidades de la autoridad electoral mexicana (Debate. Random House Mondadori. 2008.)
La investigación de José Antonio es un potente chorro de luz a una parte sustantiva del proceso electoral más confrontado de nuestra historia. Como buena realidad, es inabarcable en su totalidad pero, con el fragmento seleccionado para este examen, es suficiente para saber o ratificar hoy, con claridad, varias cosas. Una fundamental: el papel de las autoridades electorales fue catastrófico.
Con benevolencia se puede hablar de ineptitud y falta de miras. Con ganas de que alguien rinda cuentas del desastre se puede hablar de responsabilidades tan graves que merecerían ser sancionadas. ¿En México nadie juzga a jueces y autoridades cuando su acción u omisión causa daños mayúsculos a la población? La responsabilidad del Tribunal Electoral (TEPJF) es enorme en su condición de última instancia. Simple y llanamente no cumplieron con su tarea fundamental para dotar de certidumbre al resultado final de una elección, en este caso una que –como nunca– polarizó, enfrentó y dividió a los mexicanos en un proceso que no ha logrado revertirse.
Dos años después, México sigue lamiéndose las heridas. Un país cuya población sigue dividida entre los que piensan que se registró un fraude generalizado, que le robó la elección a Andrés Manuel López Obrador; los que afirman que Felipe Calderón ganó con un estrecho margen de 0.5 por ciento, pero que obtuvo un mandato legal y legítimo y los que piensan que, después de lo ocurrido, no se puede saber con certeza quién ganó la elección.
¿Tenía que haberse anulado la elección presidencial de 2006? Sí. Con los argumentos que surgen a partir de este trabajo, no parece caber duda sobre ello. Anular una elección debe ser el último de los recursos pero, con lo mostrado por Crespo, queda claro que no se requería siquiera de una valoración subjetiva sobre los varios factores que contaminaron la contienda. Haciendo a un lado la irresponsable intervención de Fox, las campañas negras de unos y otros, los miles de spots en radio y televisión de origen desconocido, el dinero de empresas y empresarios que intervinieron ilegalmente en el proceso; por citar los elementos más conocidos y obvios que para muchos hubieran sido suficientes para invalidar el proceso.
Con un solo elemento, Crespo demuestra que el Tribunal estaba obligado a anular las elecciones por una razón fundamental que deriva de un ejercicio aritmético. El Tribunal fue omiso en un asunto crucial en el que la ley lo obliga para anular. Ante la enorme cantidad de inconsistencias que se presentaban en las actas de escrutinio y cómputo –entre 800 mil y 2 millones, según los rubros comparados– el Tribunal sólo atinó a decir que la mayoría de los votos irregulares encontraba plena justificación y los que quedaban no llegaban a afectar el resultado final.
Eso, hoy lo sabemos, no fue cierto. Los magistrados o mintieron o se equivocaron, que cada quien escoja. El mérito de Crespo radica en que, incrédulo del dicho del Tribunal, decidió revisar por su cuenta las actas oficiales en el número suficiente (la mitad de los distritos del país) para demostrar que los diversos errores e inconsistencias superaban en número a la diferencia de votos que había entre Calderón y López Obrador.
Entre uno y otro hubo 233 mil votos. En el estudio de Crespo se comprueba que el número de votos irregulares fue del orden de 300 mil. Esa única razón obligaba al Tribunal a declarar nulas las elecciones.
Crespo va desgranando, sin pasiones partidistas ni estridencia alguna, los significados de su trabajo. La conclusión mayor es, sin duda, que los mexicanos podemos afirmar que la verdad jurídica no corresponde a cabalidad con lo que empieza a ser ya la verdad histórica de lo ocurrido en 2006.
José Antonio se vale de una cita de Marc Bloch para ilustrar uno de los principales propósitos de su investigación y libro. Ajustar la historia de la elección de 2006 a la definición de este especialista: "El verdadero progreso en el análisis histórico llegó el día en que la duda... se hizo examinadora... cuando las reglas objetivas fueron elaboradas paulatinamente y permitieron escoger entre la mentira y la verdad".
Crespo no sólo planteó las dudas sino que realizó el examen riguroso para conocer parte de la verdad de lo ocurrido en 2006.
V de Venganza de los Comics en español
James nos envía su armado de PDFs y mejora de color del escaneado de Nej de vagos.es la Obra Magistral de Alan Moore, ilustrada con los Clarososcuros de David Lloyd, escrita en los 80's contra la política de capitalismo voraz en Londres de la entonces llamada "Dama de Hierro" Margareth Thatcher, como lo que estamos viviendo hoy con Fecal. Esperamos que se inspiren en esta obra cumbre contra el fascismo.
http://www.4shared.com/dir
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