Fallo sobre Ley del ISSSTE avala privatizar la seguridad social

Organizaciones de abogados analizan pedir anulación en instancias internacionales
La Corte permitió la política del gobierno en este sentido, afirman Unión de Juristas y la ANAD
Las alternativas legales “aún no se agotan”, pues continúa el trámite de 2 millones de amparos

Jesús Aranda

El fallo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la nueva Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) es contrario a la justicia social y a los derechos constitucionales del pueblo de México, ya que avaló la política del gobierno federal de privatizar la seguridad social y los servicios de salud, sostuvieron la Unión de Juristas de México (UJM) y la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), organizaciones que añadieron que a pesar de aquella decisión judicial, las alternativas legales no se agotan, porque continúan en trámite más de 2 millones de amparos, la vigencia de las suspensiones y la posibilidad de que surjan nuevos actos que den lugar a otros recursos de amparo.

En conferencia de prensa, los abogados organizados advirtieron también que se analiza la posibilidad de recurrir a instancias internacionales para demandar la anulación de la reforma a la ley citada.

Eduardo Miranda Esquivel, representante de la UJM, afirmó que con la decisión de anular únicamente cinco artículos de los más de 300 que integran la nueva legislación, los ministros dejaron de cumplir con la obligación de impartir justicia expedita, completa e imparcial, y en cambio ratificaron el abandono total de los principios de constitucionalismo y del estado social de derecho.

Recuento

Miranda recordó que en cuatro días de sesiones la Corte ratificó el nuevo régimen de pensiones, el Pensionissste, la cancelación de la jubilación y otros derechos y prestaciones de los trabajadores del Estado, “sin considerar los antecedentes históricos de la seguridad social, el marco constitucional y los derechos humanos universales, además de que ignoraron los argumentos y pruebas de los trabajadores que presentaron amparo”.

En nombre de ambas organizaciones de juristas, Miranda Esquivel destacó que el nuevo régimen se basa en cuentas de capitalización individual administradas por aseguradoras particulares, que cobrarán una comisión por administrar esos recursos, sin que los trabajadores estén protegidos en caso de quiebra.

También, dijo, el trabajador deberá cotizar más años y pagar una cuota más alta. Los hombres se retirarán hasta cumplir 60 años edad, mientras que las mujeres lo harán a los 58; en tanto, la cotización pasará de 8 por ciento a 10.625 por ciento de su sueldo mensual.

La Suprema Corte anuló, además, el principio de retroactividad de las normas, al aplicar una nueva ley en perjuicio de quienes tenían derechos adquiridos, lo que constituye un grave precedente para los derechos de los trabajadores al servicio del Estado.

Cabe recordar que en las sesiones de la semana pasada, los ministros Guillermo I. Ortiz Mayagoitia (presidente) y Juan N. Silva Meza fueron los únicos que consideraron que la ley impugnada era retroactiva para los trabajadores en activo y que por tanto era inconstitucional.

Junto con Lauro Sol y Manuel Fuentes, de la ANAD, los abogados dijeron que recurrirán a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que el organismo emita una recomendación al gobierno federal en defensa de las garantías de los trabajadores. También, expresaron, acudirán a la Organización Internacional del Trabajo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional.

Adelantaron asimismo que realizarán una serie de acciones de protesta a la que se espera se sumen la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el Sindicato de Trabajadores del Gobierno capitalino y gremios universitarios.

Los días 26 y 27 de junio se llevará a cabo un foro en instalaciones del Sindicato Único de Trabajadores del Gobierno del Distrito Federal, y para el viernes se tiene previsto realizar una marcha.