Especialistas critican insultantes sueldos de magistrados del TEPJF
Jaime Avilés
Expertos en cuestiones electorales como los ex consejeros ciudadanos Jesús Cantú y Eduardo Huchim, así como dirigentes de organizaciones no gubernamentales como Clara Jusidman (Incide), Lourdes Morales (Alianza Cívica) y Guillermo Noriega (Sonora Ciudadana) calificaron de insultantes, inmorales, abusivos, excesivos y violatorios de toda ética pública los ingresos de 4 millones de pesos anuales de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
María del Carmen Alanís Figueroa, presidenta del organismo, gana 50 por ciento más que el presidente de la Suprema Corte de Canadá y 30 por ciento más que el de la Corte de Estados Unidos, esto, en una economía como la nuestra que es mucho menor que la de esos países y donde tenemos millones de personas en pobreza extrema, puntualizó el escritor y periodista Huchim, ex consejero ciudadano del Instituto Electoral del Distrito Federal.
Los sueldos de los magistrados, añadió, explican por qué el TEPJF necesita un presupuesto de mil 998 millones de pesos al año, a los que debemos añadir los 12 mil millones que se llevan el Instituto Federal Electoral (IFE) y los partidos políticos. Es una barbaridad que un proceso electoral cueste 14 mil millones de pesos.
¿La calidad de su trabajo vale lo que se les paga a los magistrados?, se preguntó por su parte Clara Jusidman, presidenta de Iniciativa Ciudadana y Desarrollo Social (Incide) e integrante del Comité conciudadano para la reforma electoral. ¿El costo-beneficio de lo que cuestan se justifica por lo que hacen? Y luego está el tema del engaño, la simulación, la opacidad. ¿Se merecen esos salarios? Los magistrados protegen a quienes violan la ley, es decir, a los partidos, a los políticos, a las televisoras, y su conducta forma parte de la enorme injusticia social, que es causa de la violencia que sufre el país.
En el mismo sentido se pronunció la doctora Lourdes Morales Canales, directora de Alianza Cívica, al señalar que pagamos una burocracia electoral demasiado onerosa, que da resultados insatisfactorios a la ciudadanía en un contexto de profunda desigualdad social, y genera aberraciones como la sentencia de Iztapalapa o el caso del Verde Ecologista.
En cuanto a ese partido, ilustró Huchim, donde todos vimos propaganda electoral indebida (en los cines y una telenovela), el tribunal no la vio. Y si tomamos en cuenta que Manlio Fabio Beltrones tiene ascendencia sobre el tribunal (por su relación con María del Carmen Alanís) y sabemos que su yerno fue candidato por el Verde, ha lugar a la sospecha de que el tribunal le perdonó una multa de 20 millones de pesos a ese instituto político.
Como en 2010 entrará en vigor la Ley de Salarios Máximos, que prohíbe a los ministros de la Suprema Corte y a los magistrados del TEPJF ganar más que el titular del Ejecutivo federal, para ellos 2009 es el año de Hidalgo y se están despachando con la cuchara grande, porque el año próximo ya no podrán recibir bonos y se limitarán sus percepciones extraordinarias, auguró el ex consejero ciudadano del IFE Jesús Cantú.
Siempre he sostenido que los funcionarios públicos deben recibir una justa retribución por sus servicios profesionales, pero en este caso concreto estamos ante un franco abuso, porque los magistrados perciben estos salarios insultantes mientras se aplica una reducción de 50 mil millones de pesos al presupuesto y se van a recortar los programas sociales, enfatizó Cantú.
En un contexto de crisis financiera como el que tenemos en México, los ingresos de los magistrados violan todo principio de ética pública. No se puede aceptar que los funcionarios se sirvan del presupuesto de esta manera, y menos en la situación en que se encuentra el país. Como ciudadanos debemos presionar para que el Congreso ponga fin a esta clase de abusos. Estoy seguro de que cuando la democracia deje de ser un jugoso negocio, vamos a conocer a los verdaderos demócratas, vaticinó, vía telefónica desde Hermosillo, Guillermo Noriega, presidente de Sonora Ciudadana, una ONG afiliada a la Red Latinoamericana de Institutos de Combate a la Corrupción y quien, hace unos años, destapó el tangagate de Jorge Serrano Limón, director de ProVida.
Para la doctora Morales Canales, egresada de la Escuela de Ciencias Sociales de la Sorbona de París, la ineficiencia del TEPJF ha sido demostrada por una serie de estudios de caso del Instituto de Investigaciones Jurídicas, trabajo que estuvo a cargo del también doctor Kristian Bernal –asesinado el pasado jueves en la colonia Roma, aparentemente durante un asalto– y por el Comité conciudadano para la reforma electoral, que analiza 16 casos que el IFE y el tribunal se han estado pasando, de una instancia a otra, como pelotas de ping-pong, para no resolverlos.
La directora de Alianza Cívica puntualiza: en un país donde 35 por ciento de la población carece de lo indispensable para comer, es inaceptable que los magistrados del tribunal electoral ganen estos sueldos y den a la sociedad un servicio tan deficiente.
Para Eduardo Huchim, excepto el magistrado José Alejandro Luna Ramos, todos los demás miembros de la Sala Superior del TEPJF son elegibles para incorporarse como ministros a la Suprema Corte, que este año tendrá dos vacantes. A mí, la verdad, me da escalofrío pensar que alguno de ellos pudiera llegar a la Corte, pero no sólo eso, me parece que ninguno tiene méritos para calificar las elecciones de 2012, sobre todo después de ver cómo actuaron durante el proceso de 2009.
La única calificación que deben tener los magistrados en nuestro país es que sean bastante corruptos, así es como se maneja la Suprema Corte. Son prostitutos caros que cobran cantidades exorbitantes para seguir las instrucciones oligarcas y de la derecha. Ya sabemos de las carretadas de dinero que recibieron para dar por buena una elección fraudulenta en el 2006, lo mismo pasó ahora. Hasta que el pueblo lo permita seguiremos recibiendo injusticia por parte de la SCJN.
Jesús Aranda
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no debe ejercer su facultad de investigación sobre el incendio de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, por ser innecesaria e inoportuna
, sostiene Sergio Salvador Aguirre Anguiano en el proyecto de dictamen que discutirá este jueves el pleno de ministros. Argumenta que debido a que la muerte de 49 menores no tuvo como origen
la actuación directa de autoridades, no hubo violación grave de garantías individuales y, por tanto, la Corte no puede intervenir.
En el documento de más de 205 cuartillas, al que tuvo acceso La Jornada, el ministro Aguirre asegura que la Procuraduría General de la República (PGR), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y la Secretaría de Gobernación han actuado en forma oportuna y diligente
en el esclarecimiento de los hechos ocurridos el 5 de junio pasado, por lo que la justicia que la nación mexicana demanda muy probablemente se encontrará en los actos realizados por esas dependencias
, encargadas de averiguar y perseguir los delitos e infracciones que se hubiesen cometido.
Sostiene que se trató de un accidente
que, en todo caso, se ubicaría en el campo del derecho penal y de la responsabilidad administrativa de las autoridades involucradas.
Las diligencias realizadas por las autoridades, subraya, demuestran que no han sido omisas en el encargo que la Constitución y las leyes les han conferido, ya que con el fin de esclarecer los hechos han llevado a cabo diversos actos tendientes a investigar las causas que originaron el siniestro que provocó el incendio
, así como la probable responsabilidad tanto de particulares como de autoridades por la omisión de adoptar medidas de seguridad y prevención necesarias para evitar la muerte de los menores afectados y las lesiones causadas a los sobrevivientes.
Agrega que tampoco es pertinente pretender que la Suprema Corte ejerza su facultad de atracción por la sola circunstancia de que algunos padres de los menores afectados hayan señalado que no tienen confianza en las autoridades investigadoras
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Anguiano nos propuso no crear comisión investigadora: Góngora
En acción sin precedentes, el ministro Genaro Góngora Pimentel dio a conocer, en su página personal de Facebook, que Aguirre Anguiano les propuso no crear una comisión que investigue el incendio de la guardería ABC de Hermosillo. Es la primera vez que un ministro se refiere de manera pública a un asunto que aún no se discute en el pleno.
En tanto, el proyecto menciona la labor de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las recomendaciones que emitió acerca del caso. Señala que las recomendaciones emitidas no significan que la SCJN deba atraer el caso, además de que se vería obligada a investigar hechos que ya fueron analizados por ese organismo
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Respecto del informe que presentó la PGR el 31 de julio pasado a Aguirre, éste destaca que se iniciaron tres averiguaciones previas AP/ PGR/ SON/ HERV /690/ 2009, AP/PGR/ SON/ HER-V/748/2009 Y AP/ PGR/SON/ HER/-V/770/2009, y señala que la PGR le informó que además de las consignaciones, se sigue integrando la averiguación previa AP/PGR/ SON/HER-V/797/2009.
En cuanto al informe del IMSS, Aguirre menciona las acciones inmediatas
que realizó el instituto para atender a los menores afectados; la integración de un grupo de respuesta rápida, conformado por 27 especialistas; la creación del Centro de Atención para Pacientes Especiales, con la finalidad de otorgar apoyo médico, sicológico y administrativo a los pacientes y sus familiares.
Destaca la petición que hizo el IMSS a la Secretaría de la Función Pública para que ésta ordenara una auditoría integral al área de guarderías del instituto a escala nacional, en particular, las que operan bajo el esquema de subrogación. Mención aparte merecen los recursos económicos destinados por el IMSS a las víctimas y sus familiares para solventar gastos médicos y traslados.
Acerca del informe de Gobernación sobre las condiciones de protección civil en las que operaba la guardería ABC de Hermosillo, éste indica que el aumento exponencial de riesgo
en la estancia infantil derivó de una serie de factores, actos y omisiones atribuibles a los gobiernos estatal y municipal del estado de Sonora, al admitir o tolerar el funcionamiento de actividades mercantiles de riesgo en las inmediaciones de la guardería
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