La tragedia que nadie impidió

Porvenir. Los muertos

Jean Paul Guzmán

LA PAZ.- Quince muertos, 37 heridos y 106 desaparecidos es el saldo provisional de la confrontación armada del jueves 11 en Porvenir, departamento de Pando, entre partidarios de las dos tendencias que actualmente dividen al país: los "autonomistas" que se oponen al proyecto político presidencial y los campesinos que son fieles a Evo Morales.
Aunque por lo menos tres días antes hubo signos del enfrentamiento en gestación, nadie hizo nada para evitar la tragedia en Porvenir, pequeña localidad que hasta entonces había sido prácticamente ignorada por el resto del país.
Porvenir está ubicada a 30 kilómetros de la ciudad de Cobija, capital de Pando, el departamento menos poblado y más apartado de Bolivia. La mayoría de los habitantes de este departamento -junto con los de Santa Cruz, Tarija y Beni- apoyaron en dos recientes referendos la vigencia de un régimen autonómico que, sin cuestionar la unidad del país, establece la administración propia de sus recursos económicos y la creación de organismos de poder político regional.
Dentro de esas zonas existen seguidores del presidente Evo Morales que se oponen al régimen autonómico, lo que ha provocado un estado de permanente fricción política que, según advirtieron a tiempo muchos analistas, podía desencadenar la violencia.
Desde el lunes 8 -tres días antes de la matanza- se verificó en las áreas aledañas a Porvenir la llegada de campesinos provenientes de Beni, así como una inusual movilización de funcionarios gubernamentales de Pando, comandados por Leopoldo Fernández, líder autonomista y prefecto (gobernador) de este departamento.
De acuerdo con versiones de testigos recogidas por medios de información bolivianos, ambos bandos se encontraban armados.
Ese mismo día, Carlos Valverde, uno de los analistas más prestigiados de Santa Cruz, informó en su programa de televisión Sin letra chica -que se difunde por la cadena de televisión TAT- que se había confirmado el traslado de campesinos de Beni a Pando.
Un día después, el periódico La Razón, el más importante de La Paz, informó de dicho arribo con base en fuentes militares y civiles.
"Hace cuatro días he visto pasar cerca de mi casa tres camiones grandes. Sólo podía ver sus cabezas (de los ocupantes). Eran aproximadamente 300 campesinos. He visto que el vehículo que estaba adelante era de color azul y tenía el sello de la alcaldía de Puerto Gonzalo Moreno (controlada por opositores a Leopoldo Fernández)", relató vía telefónica a La Razón un poblador de Puerto Madre de Dios, localidad ubicada a 250 kilómetros de Cobija.
Por su parte, Arturo Murillo, diputado del partido de oposición Unidad Nacional (UN), dijo el miércoles 10 a reporteros que tenía "información muy clara sobre la llegada de armamento a Cobija". Sin embargo, no ofreció más detalles.
El choque
El jueves 11, decenas de campesinos se transportaban en camiones a Filadelfia para asistir a una asamblea que reclamaría la renuncia del prefecto Leopoldo Fernández.
Grupos de autonomistas intentaron detener el convoy. Utilizaron maquinaria pesada de la prefectura de Pando para cavar una zanja de unos cuatro metros de ancho en el camino a Filadelfia, en las inmediaciones de Porvenir. Sin embargo, unas horas después, opositores a Fernández se valieron de tractores para rellenar la zanja y permitir el paso de los vehículos.
Fue así como los campesinos afines al presidente Morales ingresaron en Porvenir, donde ya se encontraban los simpatizantes autonomistas y funcionarios de la prefectura de Pando, leales a Fernández.
Al principio, ambos grupos se mantuvieron a distancia; 72 agentes de la policía de Pando se interpusieron entre las partes y durante 85 minutos intentaron evitar la colisión. Su comandante, el coronel Silvio Margazo, habló con los dirigentes. Les pidió retirarse. Fue en vano. Luego ordenó a sus hombres lanzar gases lacrimógenos. Fue inútil.
"Hicimos todos los esfuerzos para evitar el enfrentamiento cuando estaba un grupo frente al otro. Luego avanzaron hasta que se pusieron a una distancia de unos 100 metros. Alguien disparó un arma de fuego y allí se armó... y fue incontrolable", relató Margazo a un grupo de reporteros el sábado 13, unas horas después de haber sido destituido de su cargo por orden del gobierno central.
Rosolbina Arandiez, una mujer presente en el choque, relató que apenas oyó el primer disparo se produjo "una lluvia de balas. Sólo por el destino estoy aquí", comentó.
Trece de los 15 muertos eran simpatizantes del presidente Morales, lo mismo que todos los heridos y desaparecidos.
¿Quién disparó primero? ¿Quiénes armaron a ambos bandos? ¿Con qué tipo de armas? ¿Por qué la mayoría de las víctimas mortales y heridos son campesinos? ¿El enfrentamiento fue planeado? ¿Por quién? ¿Cuáles eran los propósitos de las facciones rivales armadas? Son algunas de las preguntas que hasta la semana pasada seguían sin respuesta.
"Tanto los miembros del grupo cívico-prefectural como los sectores campesinos eran conscientes de la posibilidad de un enfrentamiento, al cual finalmente llegaron preparados y armados. Así lo afirman varias voces ligadas y ajenas al conflicto", destacó una nota de La Razón publicada el viernes 12.
El ministro de Defensa, Walker San Miguel, declaró que "lo que pasó desde el jueves (11 de septiembre) en Cobija no fue enfrentamiento, fue una masacre. Esto merece una respuesta del Estado. Ametrallaron a los campesinos".
El gobierno habló inclusive de la participación de sicarios peruanos y brasileños contratados por la Prefectura de Pando, aunque sin presentar pruebas de esa afirmación. Unas horas después declaró el estado de sitio en el departamento con el propósito de controlar la violencia.
El lunes 15 arribó a Cobija, capital de Pando, una comisión de fiscales, policías y peritos forenses para iniciar una investigación que, según el gobierno, demostrará la responsabilidad del prefecto Fernández, quien fue detenido y confinado un día después.
"No quedará impune el carnicero de Pando", sostuvo el ministro de la Presidencia, Ramón Quintana, en referencia a Fernández. Éste, por su parte, manifestó que "ojalá toda esa dureza que utilizan conmigo, respecto a lo que serían las sanciones a mi persona por culpable -ya me culpan y sindican sin previa investigación-, puedan aplicarla a las personas que resultaren responsables en un buen proceso de investigación. El gobierno no va a tener cómo explicar esto".
Debido al estado de sitio en Pando, los medios de comunicación no tienen allí libertad de acción y movimiento, lo que dificulta el acopio de información en torno al caso. l

Dilemas bolivianos

Evo Morales. Diálogo

Jean Paul Guzmán

En medio de una crisis política -que provocó toma de edificios e instalaciones, bloqueo de caminos y enfrentamientos armados-, representantes del gobierno de Bolivia y líderes de los departamentos autonomistas iniciaron un "proceso de diálogo" cuya agenda toca los temas que dividen a este país. Uno de ellos es fundamental: el grado de autonomía de los departamentos que buscan administrar sus propios recursos y decidir la forma de elegir a sus autoridades.

LA PAZ.- La firma de un pacto que ponga fin a la crisis política que impide concertar un nuevo texto constitucional es el objetivo del "proceso de diálogo" iniciado el jueves 18 por representantes del gobierno del presidente Evo Morales y líderes de los departamentos que demandan autonomía.
Ello pareció poner fin a dos semanas de hechos violentos en este convulsionado país. En las primeras semanas de septiembre los llamados "autonomistas" ocuparon edificios y oficinas del gobierno central, tomaron refinerías, bloquearon caminos y se enfrentaron con seguidores del presidente Evo Morales en los departamentos de Santa Cruz y Pando.
El martes 16, Fabian Yakfic, viceministro de Descentralización; Rebeca Delgado, viceministra de Coordinación Gubernamental, en representación del gobierno central; y Mario Cosío, prefecto de Tarija, en representación de los departamentos autonomistas, suscribieron un documento que fija las bases para el "proceso de diálogo".
El texto establece, entre otros aspectos, "el respeto al derecho a la autonomía" de Pando, Beni, Tarija y Santa Cruz, departamentos cuya mayoría de población apoyó en dos referendos la vigencia de un modelo autonómico.
Así mismo, establece que el diálogo debe durar un mes, pero el gobierno está decidido a acelerar las conversaciones. Con este propósito el jueves 18 -dos días después de la firma del documento- se instalaron en la ciudad de Cochabamba, ubicada a 380 kilómetros de La Paz, tres "mesas de diálogo": una para analizar el tema de las autonomías y el proyecto de Constitución, otra para examinar la distribución de la renta de los ingresos por la exportación de gas y petróleo, y la última para establecer procedimientos para designar autoridades en la Corte Suprema de Justicia, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General y la Corte Electoral.
Esas "mesas de diálogo", integradas por ministros, prefectos de ocho departamentos (Pando no tiene representación en el encuentro) y observadores recogerán las propuestas y presentarán los resultados de su trabajo a una "mesa central" en la que además de ellos participará el presidente de la República.
Una fuente gubernamental que participa en el diálogo -que pidió mantener su nombre en reserva- asegura a Proceso que esas negociaciones se centrarán en el grado de autonomía que se otorgará a los departamentos que electoralmente respaldaron dicha opción de organización política.
"Nosotros queremos que la autonomía implique no sólo la elección de prefectos, sino también la elección mediante voto de los subprefectos en todas las provincias. Éstos deben tener, además, atribuciones para manejar los recursos económicos que correspondan a sus regiones. Sólo así, creeremos, la autonomía será un avance democrático", asegura.
El actual sistema político divide un departamento en varias provincias, cada una es administrada por un subprefecto. La Ley de Descentralización establece que los prefectos tienen la potestad de nombrar a los subprefectos.
Para Ramiro Duchén, especialista en gestión municipal, la intención de esa propuesta oficial es debilitar el poder de los prefectos autonomistas.
Dice: "Si los prefectos no pueden nombrar a las autoridades provinciales, su poder político se reduce. Las capitales de departamento concentran la mayor parte de la población y son el principal bastión de los prefectos. Las provincias, con población campesina, tienen afinidad con el presidente Evo Morales. Si éstos logran incrementar su presencia política y administrar recursos, es indudable que se alinearán con el gobierno y restarán fuerza a los prefectos".
Estatutos y Constitución
Otro aspecto capital del diálogo serán las modificaciones que puedan incluirse en el proyecto de Constitución.
Mientras el senador oficialista Félix Rojas declaró el miércoles 19 a la prensa que "lo único que se considerará es la posible incorporación de los Estatutos Autonómicos al proyecto de Constitución", el diputado del partido opositor Podemos Arturo Franco señaló a los medios nacionales que la revisión del proyecto constitucional debe ser "integral".
El pasado 10 de agosto se celebró en Bolivia un referendo revocatorio que fortaleció al presidente Evo Morales, ya que obtuvo un respaldo de 67% de los votos, pero también a los prefectos de los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija fueron ratificados en sus cargos, con votaciones de entre 56% y 66%.
Los cuatro departamentos buscan un "régimen autonómico" que permita la elección directa de gobernadores y parlamentos regionales, así como la administración y uso directo de sus recursos naturales y económicos.
Sin embargo, ese régimen aún no puede ser aplicado porque no forma parte de la Constitución en vigencia.
Mientras tanto, el proyecto de nueva Constitución -aprobado en enero pasado únicamente por los miembros de Movimiento Al Socialismo (MAS, partido de gobierno) en la Asamblea Constituyente-, no incorpora el régimen autonómico. Esta exclusión ha impedido que el proyecto de Constitución sea sometido al voto popular, antes de tener vigencia legal.
Los resultados del referéndum de agosto pasado radicalizaron a ambas partes. A principios de septiembre, en los departamentos rebeldes los autonomistas bloquearon caminos y ocuparon las sedes de instituciones públicas, refinerías y aeropuertos, reclamando una autonomía de facto, actitud calificada por el gobierno como un "golpe de Estado civil".
Por su parte, los seguidores del presidente Morales amenazaron con cercar la ciudad de Santa Cruz, retomar las instituciones estatales ocupadas por los autonomistas y aprobar sin ninguna modificación el proyecto de Constitución.
El vicepresidente de la República, Álvaro García Linera, declaró a la prensa el miércoles 3 que 67% de votos logrado por Evo Morales en el referéndum de agosto significaba "el fin del empate catastrófico entre las fuerzas reaccionarias de la oposición que quieren quebrar la unidad del país y los sectores sociales liderados por el (partido oficialista) Movimiento Al Socialismo, que buscan el cambio".
En entrevista con Proceso, el analista Jorge Lazarte señala que "lo único catastrófico del empate es que se piense que es catastrófico. Lo que sí puede ser catastrófico es empeñarse en resolver el empate con la eliminación de una de las partes. El empate es un signo de democracia, de equilibrio; no de catástrofe".
El momento más crítico del conflicto se registró el jueves 11, cuando autonomistas y campesinos protagonizaron un enfrentamiento armado en el que murieron al menos 15 personas. El gobierno calificó el hecho como "una masacre". Un día después declaró el estado de sitio en Pando y cinco días más tarde el ejército detuvo al prefecto de este departamento, Leopoldo Fernández, a quien las autoridades acusan de ser responsable de lo sucedido.
El frente externo
A esta crisis interna, Bolivia sumó un conflicto internacional. El miércoles 10, el presidente Morales declaró "persona no grata" al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg. Lo acusó de conspirar contra el gobierno y de impulsar el separatismo de las regiones autonomistas.
Morales respaldó su afirmación en las reuniones que el diplomático sostuvo entre agosto y septiembre con los prefectos opositores de Santa Cruz y Chuquisaca, Rubén Costas y Savina Cuéllar, respectivamente.
"Aquí hay una persona externa que encabeza la división de Bolivia y conspira contra la democracia (...), es el embajador de Estados Unidos", sostuvo Morales. Según el mandatario, Goldberg es "experto en alentar conflictos separatistas", en alusión a su trabajo como diplomático en Bosnia (1994-1996) y Kosovo (2004-2006).
El excanciller boliviano Armando Loayza, en declaraciones al periódico La Prensa, calificó ese mismo día las declaraciones de Morales como "una locura".
En respuesta, el jueves 11 Washington ordenó también la expulsión del embajador de Bolivia en Estados Unidos, Gustavo Guzmán. Al mismo tiempo, el portavoz del Departamento de Estado, Sean McCormack, calificó la decisión de Morales de "un grave error" que tendrá implicaciones regionales serias.
Según analistas económicos, la expulsión del embajador estadunidense puede provocar, entre otras cosas, que Washington no renueve a partir de 2009 la Ley de Promoción Comercial Andina y Erradicación de Drogas en favor de Bolivia, que permite al país exportar en condiciones favorables textiles y otros productos por aproximadamente 200 millones de dólares anuales, en beneficio de al menos 100 mil personas, la mayor parte de ellas pequeños productores de la ciudad de El Alto, bastión político de Evo Morales, donde su popularidad supera 90%.
Al respecto, Ernesto Antelo López, presidente del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, comenta a Proceso que "si en Bolivia prevalece la ideología y la política sobre el comercio y la economía, el país podía encaminarse a un suicido comercial y a un aislamiento financiero externo".
Seis días después de la declaratoria de persona no grata del embajador estadunidense, Washington "descertificó" por primera vez a Bolivia en la lucha antidrogas. Argumentó que en los últimos 12 meses el país no cooperó en el combate contra el narcotráfico, por lo que lo ingresó en la lista negra, al lado de países como Venezuela y Birmania.
En contraste, el gobierno de Morales mantiene una relación cordial con Venezuela, cuyo presidente, Hugo Chávez, con frecuencia opina sobre la política interna de Bolivia; incluso el jueves 11 llegó a decir que él tiene "luz verde para apoyar cualquier movimiento armado en Bolivia" si su colega Evo Morales fuera derrocado o lo "mataran".
Al día siguiente, las fuerzas armadas bolivianas a través de su comandante en jefe, general Luis Trigo, emitieron un pronunciamiento institucional: "Al señor presidente de Venezuela, Hugo Chávez, y a la comunidad internacional les decimos que las fuerzas armadas rechazan enfáticamente intromisiones (en la vida interna de Bolivia)... vengan de donde vengan, y no permitirán que ningún militar o fuerza extranjera pise el territorio nacional".
Ante ese intercambio de frases entre Chávez y las fuerzas armadas de Bolivia, la cancillería de este último país evitó fijar una posición, pese a que el general Trigo envió el miércoles 16 una carta al ministro de Relaciones Exteriores, David Choquehuanca, en la que solicita "hacer las representaciones pertinentes en el ámbito diplomático para expresar la indignación de las fuerzas armadas ante tan desafortunadas declaraciones (de Chávez) que mellan profundamente nuestra dignidad e integridad".
La crisis interna y la orientación de la política exterior del gobierno de Morales colocan hoy a Bolivia en un difícil trance.
Pese al inicio del diálogo y a la devolución de los edificios e instalaciones del gobierno central ocupadas en los departamentos autonómicos, campesinos y colonizadores afines al gobierno mantienen bloqueados los caminos de acceso a la ciudad de Santa Cruz y amenazan con una marcha a esa capital, principal bastión de las fuerzas autonomistas, para exigir la renuncia del prefecto Rubén Costas.
Una fotografía publicada el jueves 18 en el periódico La Razón mostró a dos de esos campesinos armados con un fusil. "Los sectores sociales aprovechan para entrenarse en el uso de armas en Buena Vista (Santa Cruz)", señaló el pie de foto.
Con este ambiente inicia el "proceso de diálogo". El analista Lazarte comenta que el eventual resultado de éste determinará si el gobierno y las regiones autonomistas son capaces de acordar un pacto que, con concesiones, "abra paso a un modelo de país en el que coexistan el poder indígena de Evo Morales y el sistema autonómico que ansían la otra mitad de los bolivianos".
Por el momento, nadie en Bolivia se anima a apostar con seguridad por ese u otro resultado.

Una semana de pesadilla

La mierda abrumada

Daniel Lizárraga

El lunes 15, a las 22:13 horas el presidente Felipe Calderón da unos pasos hacia atrás apartándose, lentamente, del balcón central de Palacio Nacional tras dar el Grito de Independencia, ondeando apenas cinco veces la bandera y lanzando rápidamente ocho arengas. Fue una ceremonia breve.
Un día antes, los médicos del Estado Mayor Presidencial le colocaron un aparato ortopédico para disminuirle el dolor ocasionado por la fractura en el hombro izquierdo que había sufrido una semana atrás. En cuanto dio la media vuelta se enteró del atentando en su tierra, Morelia, Michoacán.
Mientras Calderón junto con su esposa y sus tres hijos disfrutaba de los juegos pirotécnicos disparados desde diferentes puntos de la Catedral Metropolitana, al director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, le informaron del ataque perpetrado contra la gente que festejaba el Grito en Morelia. En ese momento, los primeros reportes oficiales sobre el número de personas muertas y heridas, aún eran confusos, pero no había duda que alguien había hecho estallar por lo menos dos granadas.
En cuanto Valdés informó a Calderón de lo ocurrido, éste ordenó que de inmediato se reuniera su gabinete de seguridad. Dentro de su despacho en Palacio Nacional, sus colaboradores se comunicaron a Morelia para ampliar la información. Ante el caos imperante, Calderón pidió hablar de inmediato con el gobernador Leonel Godoy para que le informara acerca de lo ocurrido. El mandatario estatal no supo en un primer momento lo que estaba ocurriendo e incluso creyó que los estallidos eran causados por cohetones.
Ajenos a lo que estaba sucediendo en Morelia, los invitados al festejo del 15 de septiembre dentro de Palacio Nacional ocupaban sus lugares. El patio central había sido especialmente acondicionado al estilo de las fiestas de pueblo: puestos de algodones, chicharrones, elotes, aguas frescas, dulces mexicanos. La fuente, imponente con un pequeño caballo de bronce en lo más alto, estaba iluminada con tonos verdes.
Calderón y su gabinete de seguridad permanecieron encerrados durante 1 hora y 32 minutos. La información sobre lo que había sucedido en Morelia se filtraba poco a poco entre los invitados mediante llamadas telefónicas. Los miembros del Estado Mayor Presidencial, encabezados por el general Jesús Castillo, redoblaban la seguridad en los accesos a Palacio Nacional.
Con la mandíbula apretada, fruncido el ceño, demacrado, Calderón apenas movía la cabeza y saludaba de mano a los invitados. Hacía esfuerzos para sonreír cuando corrían hacia él buscando tomarse fotografías, decirle algo, abrazarlo. El Estado Mayor Presidencial evitaba que la gente se colgara de su hombro izquierdo, pero no siempre lo conseguía. De vez en vez el mandatario lograba esquivar las manos, pero a veces alcanzaban a lastimarlo y mostraba un rictus de dolor.
Los meseros repartían bocadillos que el presidente no probó. En ese momento, el jefe de Comunicación Social, Max Cortázar, emitió un comunicado de prensa en que el gobierno reconocía de manera oficial que en Morelia, Michoacán, se había registrado un ataque con granadas y condenaba enérgicamente este hecho.
El mandatario estuvo en la fiesta durante 25 minutos. Nunca se sentó. En punto de las 01:10 salió rumbo a Los Pinos. Los invitados, sorprendidos, poco a poco desalojaron el patio central de Palacio Nacional cuando aún había bailables típicos.
La política, infiltrada
A la mañana siguiente del atentado en Morelia, Calderón giró instrucciones para que la canciller, Patricia Espinosa, fuera retirada de la agenda como única oradora en la ceremonia del tradicional desfile militar para conmemorar el 198 aniversario del inicio de la Independencia. En su discurso, el mandatario calificó a los autores del atentado como asesinos cobardes.
El gobernador de Michoacán, Leonel Godoy, dio a los ataques la categoría de "terrorismo". El embajador de Estados Unidos en México, Tony Garza los calificó como "narcoterroristas". Felipe Calderón y su gabinete, hasta ese momento, no utilizaron esas palabras.
En cuestión de horas, el Ejército ya se encontraba en las principales calles de Morelia. Por la gravedad de los hechos, el tradicional desfile fue suspendido. En la Ciudad de México, Calderón encabezó la parada militar.
A la mañana siguiente, cuando estaba por despegar el avión presidencial para una gira de trabajo por Monterrey, Nuevo León, a los pasajeros se les informó que había un cambio en la agenda: Se cancelaba uno de los actos programados en una distribuidora de gas, para incluir una visita a los heridos en los hospitales de Morelia.
El presidente hizo una guardia de honor en el sitio de las explosiones y acudió a visitar a los heridos en el hospital. Los diarios apuntaban hacia el grupo de narcotraficantes conocidos como La Familia responsabilizándolos de los ataques.
"Estamos en alerta", respondió el secretario de la Defensa Nacional, Guillermo Galván, cuando se le preguntó en Palacio Nacional si podría haber más ataques. En torno a la autoría del atentado, guardó silencio.
La noche de ese 17 de septiembre Calderón pronunció un inédito discurso en la sede nacional del PAN. Al encabezar el 69 aniversario de su fundación habló de la infiltración de la delincuencia organizada en la política.
"Porque esa plaga, sin duda, ha buscado servirse de asideros políticos en la vida de la Nación, porque precisamente, la complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".
Esta es la primera ocasión en que el mandatario toca el tema de la infiltración del narcotráfico en la elite política desde que asumió el cargo en diciembre del año 2006 y, sobre todo, desde que le declaró la guerra al crimen organizado a unos días de haber asumido el cargo. Paradójicamente, Michoacán fue el primer estado en que el Ejército se desplegó para atacar al narcotráfico.
Continuó Calderón en su discurso ante los panistas:
"Si digo que es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido que es un reto para todo el sistema político. Hoy, todos los partidos políticos, sin excepción, debemos repudiar sin matices los actos de violencia.
"Debemos repudiar sin matices la complicidad que pueda venir de las campañas electorales del próximo año. Debemos ser claros y contundentes en cerrarle la puerta a quienes quieren erosionar a la sociedad mexicana", puntualizó.
La única pista concreta con la que cuentan las autoridades, tanto a nivel federal como estatal, es un retrato hablado de una de las personas que habría arrojado una granada entre la multitud.
Durante la 24 sesión del Consejo Nacional de Seguridad Pública realizada en el Palacio Nacional el viernes 19 -en el que participan gobernadores, el presidente y su gabinete de seguridad- se dio el visto bueno a la Estrategia Nacional e Integral contra el Secuestro, en respuesta a las exigencias de la multitudinaria marcha "Iluminemos a México" detonada por el asesinato del joven Fernando Martí.
Los gobernadores no pusieron ninguna objeción al plan. Por el contrario, hubo aplausos para el procurador Eduardo Medina Mora cuando terminó su exposición en el Salón Tesorería.
A tres semanas de distancia de la marcha, el panorama de la inseguridad pública cambió radicalmente, en un movimiento pendular que fue de una creciente ola de plagios, a la ejecución a mansalva de 24 personas en La Marquesa, hasta la explosión de granadas en el zócalo de Morelia.
Los diagnósticos sobre la inseguridad en esta reunión giraron en torno a los secuestros. Acerca del atentado en Michoacán sólo hubo condenas para los criminales y manifestaciones de solidaridad con las víctimas. l

El narco es ya una estructura nacional

ricardo ravelo

Lo que es conocido por cualquier experto, lo que es sabido popularmente de extremo a extremo de la República, el presidente Felipe Calderón decidió reconocerlo apenas después del atentado terrorista de la noche del Grito en Morelia, Michoacán, su tierra natal: el crimen organizado cuenta en México con "una cobertura de carácter político". Menos retórico, el investigador especializado Edgardo Buscaglia, catedrático del ITAM y de la Universidad de Columbia, asesor adscrito a la ONU, hace para Proceso un análisis mucho más explícito: con la fuerza que le dan las armas y el dinero, el narco ya está dentro de las policías y de las Fuerzas Armadas, interviene en las elecciones y tiene presencia en las instancias gubernamentales. Y mucho más...
Mediante "cañonazos" de dólares, las células del narcotráfico mantienen cooptadas a las policías y a miembros de las Fuerzas Armadas; figuran como fuentes de financiamiento en las campañas de gobernadores, legisladores locales y federales, así como alcaldes. Además, en algunas regiones, han desplazado la presencia gubernamental porque ya actúan como benefactores sociales, con lo que han logrado mayor dominio territorial y político.
Lo anterior forma parte de la radiografía del crimen elaborada por Edgardo Buscaglia, profesor visitante y coordinador del Programa Internacional de Justicia y Desarrollo del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM), catedrático de la Universidad de Columbia y asesor del Instituto de Entrenamiento para el Mantenimiento de la Paz, de la ONU.
Especialista en el estudio del narcotráfico a escala internacional, Buscaglia completa su análisis: en México el crimen organizado ya entró a la esfera política "creando estructuras patrimoniales y redes criminales" que está defendiendo, como lo muestran los crecientes índices de violencia en el país.
El peor episodio, dice, es el atentado en Morelia, Michoacán, la noche del Grito de Independencia, cuando la población civil fue abiertamente agredida por primera vez con granadas de fragmentación, con un saldo de siete muertos y más de 100 heridos.
Para el investigador no hay duda: "Se trató de un acto terrorista" que coloca a México entre las preocupaciones internacionales por el grado de ingobernabilidad que se evidencia en su territorio.
Dos días después de este crimen, el presidente Felipe Calderón, en una declaración insólita ante la cúpula de su partido, el PAN, dijo que las operaciones del crimen organizado obedecen a que existe "una cobertura de carácter político", y advirtió sobre los riesgos de que las campañas de los candidatos panistas y de otros partidos puedan ser infiltradas por dinero del narcotráfico.
"Porque esas plagas -dijo- sin duda han buscado servirse de asideros políticos en la vida de la nación. La complicidad que los cubre y que hace posible su operación tiene también una cobertura de carácter político, y esa cobertura debe ser rechazada por todas las organizaciones políticas nacionales".
Y agrega: "Si digo que esto es un reto para Acción Nacional es porque estoy convencido de que es un reto para todo el sistema político mexicano".
El presidente parece haber asumido el reto demasiado tarde, pues el poder del crimen organizado sigue avanzando en el país. Buscaglia sostiene que en México las redes criminales han desarrollado comportamientos delictivos con los que se pueden acreditar unos 25 tipos penales, como secuestro, piratería, intercambio de personas por droga, asesinatos, extorsiones... y ahora, terrorismo.
De acuerdo con Buscaglia, el narcotráfico es la expresión más rentable y agresiva del crimen organizado y su presencia ya es una realidad en la esfera política del país a través de las presidencias municipales, pues afirma que poco más de 63% de las más de 2 mil 800 alcaldías "están infiltradas" por sus células operativas, y de éstas, un 8% "están totalmente bajo el control del narcotráfico".
En poco más de 15 estados, dice, las redes de la delincuencia están bien organizadas, y en buena parte del país operan bajo el cobijo del poder político; controlan sus estructuras patrimoniales y cuentan con grupos paramilitares para defender sus cotos de poder ante las arremetidas del gobierno federal, que no dispone de más herramientas que la represión militar y política, insuficientes para destruir a las empresas del crimen.
-¿Cuáles regiones del país están dominadas por las células del narcotráfico? -se le pregunta.
-El narco ha dejado de ser un problema del norte de la República. Ahora está instalado en el sur, donde hay muchos municipios y regiones infiltrados y su clase política está capturada por esos intereses, pues los narcos disponen no sólo de impunidad sino de infraestructura criminal visible para operar.
"En muchas regiones y municipios hay ganaderos, empresarios grandes y pequeños que pagan fuertes sumas de dinero y derechos patrimoniales que se traducen en una suerte de fiscalización criminal, para poder operar con cierta libertad sus negocios".
Con base en la información de que dispone, y en su experiencia como analista internacional del crimen organizado -ha estudiado el fenómeno en 50 países del mundo- Buscaglia no duda que el Congreso (y las legislaturas de los estados) pueda estar infiltrado por las organizaciones criminales, y expone sus razones:
"Los hombres del narco no sólo quieren impunidad sino poder político y algo más: el control del Estado, como pasó en Colombia y en Italia. Esto es propio en un sistema en transición, sin instituciones ni gobernabilidad que permitan los controles, lo que ha generado que los grupos criminales, en lugar de ser controlados por el poder político, como ocurría antes, ahora estén capturando al Estado y a los átomos políticos. Además, estos grupos criminales están peleándose entre ellos para tomar posiciones territoriales y el control de los bienes y servicios."
-Si los narcos controlan un municipio se explica que ganan impunidad y adquieren nuevas rutas de trasiego. ¿En qué le puede servir un diputado federal o local al narcotráfico?
-El narco quiere todo el poder. Avanza infiltrándose en las instituciones, corrompiendo actores políticos y finalmente feudalizando las estructuras públicas. ¿Para qué le sirve un diputado al narco? Para frenar la política pública, la promulgación de leyes y de instrumentos jurídicos; favorece al grupo criminal al que sirven en la medida en que entorpece al Estado para poder investigar, acusar y más tarde procesar causas.
Buscaglia advierte riesgos en la próxima reforma constitucional y de Seguridad Pública que comenzará a discutirse en este mes, pues afirma que las presuntas piezas del narco en el Congreso pueden bloquear, entre otras, la ley de extinción de dominio, con la que se podrán destruir los feudos patrimoniales del narcotráfico.
"Igual que pasó en Colombia, los barones de la droga también pueden invertir todo el dinero del mundo en corromper a legisladores para que las reformas no prosperen o no tengan los alcances adecuados", dice.
Y añade que precisamente porque hay el riesgo de que el narco corrompa a legisladores, esas reformas y el cúmulo de leyes a modificar no pueden ser dejadas sólo en manos de un grupo de senadores y diputados que a puerta cerrada decidan cuáles van a ser esos instrumentos legales. "Debemos asegurarnos que esa discusión sea amplia y abierta a la sociedad civil, para que no se capture al Estado a través de esas leyes secundarias que van ser clave contra el crimen", apunta.
-¿Entonces usted ve latente la posibilidad de que en las reformas constitucionales que vienen fluya dinero del narco en el Congreso?
-Es factible, sobre todo porque, como pasó en Colombia, al narco no le conviene la ley de extinción de dominio, porque implica despojarlos de su patrimonio. Y los señores del narcotráfico no sólo pueden corromper legisladores, sino a sus propios asesores para que las leyes sean débiles y no de amplio espectro como en otros países.
Buscaglia -quien, entre otras funciones, colabora en el proceso de selección de personal de la ONU, incluidos los Cascos Azules- sostiene que en la medida en que el gobierno de Calderón imprime fuerza y represión al combate del crimen organizado, "mayor es la respuesta violenta de las células criminales".
-¿Por qué no se frena esta espiral de violencia?
-Lo que sucede es que cuando a estas empresas criminales se les ataca con ejércitos, no van a bajar la guardia. Los criminales, y ésa es una de las fallas de Calderón, disponen de cientos de millones de dólares y otras fuentes de financiamiento que el gobierno no está destruyendo. El dinero de los criminales se está usando, en plena guerra, para infiltrar al propio Estado.
"Según cifras del gobierno de Estados Unidos, el crimen organizado en México genera ganancias de entre 300 y 400 millones de dólares anuales. Y conforme el gobierno los ataca (a los criminales), ellos invierten cada vez más dinero para corromper niveles cada vez más altos del Estado. Es decir, en la medida en que aumenta la fuerza del Estado también se incrementa la corrupción.
"La violencia que se ve gradualmente aumentando en México en los últimos meses se manifestó en su momento en Rusia y en Colombia. Lo que a mi juicio se tiene que hacer es utilizar los operativos para rodear las asambleas y gobiernos municipales; atacar las redes patrimoniales que están alimentando la corrupción y la violencia."
Sostiene que en México llegará un momento en que el hartazgo social genere dolor al poder político, pero este fenómeno demorará por lo menos 10 años:
"Debe haber organizaciones civiles auténticas y no extensiones gubernamentales. En Italia, los políticos ligados al crimen fueron incluso apedreados por la gente. En el seno del poder hubo dolor y el poder oficial entendió que es mejor subirse al caballo de la autolimpieza. En México aún no se manifiesta ese dolor entre la clase gobernante. Frente a este escenario tan complicado, el político que no demuestre transparencia, no tendrá viabilidad electoral."
La invasión del narco
La invasión del narcotráfico en zonas pobres del país fue detectada desde 2001 por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), al advertir que en distintas regiones había obstáculos para aterrizar los programas sociales debido a la fuerte presencia grupos criminales.
En el estudio Producción, tráfico de estupefacientes y microrregiones prioritarias realizado por la Sedesol en 2003, se identifican a municipios indígenas de Jalisco, Durango y Nayarit como lugares con fuerte presencia del narcotráfico tanto en el campo como en la actividad política.
En el documento también resaltan como feudos del narco las zonas de Tierra Caliente y La Montaña, en Guerrero; La Mixteca y Los Chimalapas, en Oaxaca; Las Cañadas y Zona Selva, en Chiapas; La Huasteca y Zongolica, en Veracruz; La Tarahumara, en Chihuahua, y Las Quebradas, que se ubica entre Durango y Sinaloa, el llamado "triángulo dorado" del narcotráfico.
De acuerdo con el mapa, esas demarcaciones están detectadas por el gobierno federal como de alta producción e intenso tránsito de estupefacientes. La presencia del narco es tan poderosa que, durante el sexenio de Vicente Fox, se presentaron obstáculos para desarrollar el programa "Contigo, manos a la obra". La razón: que los capos capturaron a la población con todo y autoridades y acapararon los programas de bienestar social.
La "feudalización" municipal fue reconocida el sexenio pasado por la entonces titular de la Sedesol, Josefina Vázquez Mota, quien dijo que en unos 80 municipios marginados había cultivos de enervantes. "Nosotros hemos detectado casi 900 municipios, de acuerdo con los índices de Conapo, de muy alta marginación, y en 80% se revela información de amplias zonas cultivadas con enervantes", expuso.
En el escenario político actual surgen diputados federales y precandidatos a gobernadores, como Jesús Vizcarra Calderón, aspirante priista al gobierno de Sinaloa, quien presuntamente estuvo relacionado con Jesús Inés Calderón Quintero, un famoso narcotraficante asesinado en 1988, a quien se le relacionó con Ismael El Mayo Zambada. De éste se afirma que es uno de los impulsores de Vizcarra.
No es el único caso. En el norte de Veracruz, particularmente en la zona de Costa Esmeralda y Papantla -enclaves del cártel del Golfo-, Rómulo Salazar García, personaje presuntamente ligado al narcotráfico, se postula por segunda vez como precandidato a diputado federal.
El precandidato priista despliega su activismo político a pesar de que también se le involucra en dos asesinatos: el del periodista Raúl Gibb, fundador del periódico La Opinión, de Poza Rica, ocurrido en abril de 2005, y el del ganadero Leobardo Montero Tejeda.
De este segundo crimen lo acusa el gatillero Vicente Rodríguez Lazcano, quien en la causa penal 116/2005 sostiene "que el asunto de Leobardo Montero (el asesinato) fue porque balaceó el negocio de limón de Rómulo Salazar", por lo que se dio a la tarea, por instrucciones de Salazar, de contratar a los sicarios para que lo ejecutaran.
Según autoridades federales, a Vizcarra también se le relaciona con dos presuntos operadores del cártel del Golfo: Gerardo Ochoa Artesán y Francisco Mota Uribe, ambos detenidos el 28 de marzo de 2003 en el puerto de Veracruz junto con Manuel Vázquez Mireles, El Meme Cabezón, quien fue uno de los hombres de confianza del capo Osiel Cárdenas Guillén.
En los últimos ocho años, los escándalos por la vinculación de políticos y funcionarios públicos con el narcotráfico han estallado incluso en la Presidencia de la República y en instituciones responsables de combatir el tráfico de drogas.
No faltan, incluso, casos en los que legisladores del PAN, PRI o PRD asisten a velorios de narcotraficantes amigos suyos, como ocurrió en octubre de 2004, cuando Saúl Rubio Ayala (entonces candidato del PAN a diputado) y Wilfrido Véliz (candidato panista a la alcaldía de Culiacán) asistieron al funeral de Miguel Ángel Lugo Beltrán, El Ceja Güera, capo del cártel de Sinaloa asesinado en La Palma.
En el año 2005, uno de los escándalos que encendió los "focos rojos" dentro y fuera de México fue el de Nahum Acosta Lugo, jefe de giras del presidente Vicente Fox, quien fue acusado por la PGR de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, en particular con Arturo Beltrán Leyva, El Barbas.
El caso fue investigado por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), luego de que la DEA entregó grabaciones a la PGR que acreditaban la comunicación que desde Los Pinos mantenía Acosta Lugo con el presunto narcotraficante.
No fue el único: en 1992, el exsecretario particular de Vicente Fox, Emilio Goicochea Luna, se reunió en privado con Genaro Caro Quintero, hermano del capo Rafael Caro, cuando era aspirante a la gubernatura de Sinaloa.
El Cisen sabe
En julio pasado, el director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Guillermo Valdés, puso el dedo en la llaga al declarar al diario estadunidense Financial Times que el Congreso no está exento de ser blanco de los cárteles de la droga, y lo peor: que dinero del narcotráfico puede estar involucrado en algunas campañas (políticas) de legisladores.
El funcionario fue aún más enfático al añadir: "Los narcotraficantes se han convertido en la principal amenaza porque están tratando de asumir el poder del Estado".
Cuando se le pidieron los nombres de los llamados narcolegisladores, Valdés matizó: "A la fecha no existe indicio sobre algún caso concreto o en particular. Si lo hubiera ya hubiéramos actuado conforme lo indica la ley; simplemente es un riesgo que hay que seguir evitando por el bien de las instituciones de México", y agregó que las investigaciones sobre el dinero de la droga en las campañas "apenas están comenzando".
Uno de los primeros escándalos del actual sexenio tronó en la Presidencia de la República cinco meses después de que Felipe Calderón asumió el poder. La PGR aseguró poco más de 200 millones de dólares ocultos en una casa de Las Lomas. El dinero pertenecía al empresario de origen chino Zhenli Ye Gon, actualmente preso en Washington acusado de traficar con efedrina, base para elaborar drogas sintéticas.
El aseguramiento del dinero -el decomiso más cuantioso en la historia del crimen organizado- derivó en un conflicto: Zhenli Ye Gon dijo que el dinero decomisado se había destinado, tiempo atrás, para financiar la campaña presidencial del PAN; dijo también que un tal Javier Alarcón -inicialmente se indicó que se trataba de Javier Lozano Alarcón, secretario del Trabajo- se había entrevistado con el empresario para tratar asuntos relacionados con el financiamiento de la campaña de Calderón.
El caso, hasta ahora no aclarado, sigue desahogándose en una corte de Estados Unidos, en donde Ye Gon continúa detenido.
En el pasado reciente como en la actualidad han surgido datos y evidencias que colocaron a algunos legisladores bajo sospecha de servir a los intereses del narcotráfico. Por ejemplo, el exdiputado federal priista Jesús Humberto Martínez le propuso al presidente Fox resolver la violencia del país "pactando con el narco".
Y narró su experiencia como regidor del ayuntamiento de Matamoros: "Cuando fungí como regidor... yo personalmente negocié e hice pactos con los narcotraficantes para detener la violencia urbana", recrudecida por el choque entre las bandas.
Según él, la negociación funcionó, por lo que en septiembre de 2006, en medio de la violencia desatada por el crimen organizado, le sugirió al presidente Fox sustituir el programa México Seguro por un acuerdo con los narcos.
Según afirma Buscaglia, en la actualidad existen indicios de que grupos políticos le sugieren al presidente de la República "pactar con el narcotráfico".
-¿Esa sería la mejor salida para Calderón y para el país?
-La experiencia de otros países indica que la violencia a esos niveles se reduce al desmantelarse las estructuras patrimoniales de las empresas criminales, o cuando los países se feudalizan y negocian con el crimen organizado. Si esto ocurre en México, la presión internacional sobre el gobierno de Calderón será brutal.

Estado de México, dominio de “Los Zetas” y “La Familia”

Masacre en la Marquesa

Ricardo Ravelo

Durante la gestión de Enrique Peña Nieto no sólo se han incrementado las ejecuciones, como las del viernes 12, sino también las intimidaciones en la entidad al propio mandatario, quien desde mayo de 2007 recibió la primera amenaza de muerte. Desplazados de la entidad los integrantes del cártel de Sinaloa, sus rivales del Golfo han teñido de rojo ese territorio a través de Los Zetas y La Familia, que en los últimos meses mantienen en jaque a los funcionarios estatales.

TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO.- Con múltiples asesinatos -cuyas víctimas aparecen mutiladas de manos, lengua o decapitados- y mensajes de muerte que aluden a las presuntas complicidades de policías y de altos funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto con el narcotráfico, al menos tres organizaciones criminales se disputan el control de esta entidad, que durante la administración de Arturo Montiel estuvo bajo el dominio del cártel de Sinaloa, representado hoy por Ismael Zambada García, El Mayo.
Ahora es La Familia la que controla el territorio mexiquense tras debilitar a sus rivales del cártel de Sinaloa. Y lo hacen mediante el asesinato de policías, escoltas y con amenazas en contra de los altos funcionarios estatales que, según los sicarios de aquella organización, presuntamente brindan protección a los seguidores de El Mayo Zambada.
En poco más de cuatro años del gobierno de Peña Nieto, la hegemonía de los sinaloenses comienza a sucumbir ante el empuje del cártel del Golfo y sus operadores: Los Zetas y La Familia, cuyos integrantes reclaman para sí a sangre y fuego los 125 municipios mexiquenses.
La violencia ya tocó al círculo cercano de Humberto Benítez Treviño, secretario de Gobierno, cuyo escolta, Rodrigo Solís, fue ejecutado el miércoles 17, días después del hallazgo de los 24 cuerpos en un paraje de La Marquesa.
El reclamo territorial por parte de Los Zetas data de hace meses. En mayo de 2007 ese grupo dejó un claro mensaje al gobernador Peña Nieto, cuando en el puerto de Veracruz fueron ejecutados Guillermo Ortega, Érick López, Roberto Delgado y Fermín Esquivel, escoltas de la familia del gobernador.
Aquella ejecución sacudió a Peña Nieto, quien vía telefónica preguntó a los funcionarios que investigaban el caso.
-¿Querían matar a mi familia? Por favor, díganme si pretendieron atentar contra mis hijos?
La tesis que se manejó fue que la confrontación se debió a un incidente de tránsito. Pero existe un dato relevante: la camioneta en la que viajaban los familiares de Peña Nieto recibió un impacto de bala en la parte trasera. ¿Querían realmente matar a su familia? Las investigaciones no han arrojado conclusiones hasta la fecha.
El pasado 11 de junio, el gobernador mexiquense recibió otro mensaje del narco. Ese día fue asesinado Braulio Hernández, escolta de Cuitláhuac Ortiz, director operativo de la Policía Ministerial, sobrino político de Peña Nieto y a quien investigaciones federales señalaban como uno de los principales protectores de las narcotienditas que operan en el Estado de México.
Según las pesquisas, el asesinato de Hernández puede estar relacionado con la detención de 15 narcos y el decomiso de poco más de 500 dosis de cocaína en la entidad. Y es que junto al cadáver del escolta apareció un mensaje que se atribuyó la organización criminal conocida como La Familia: "Con La Familia no se juega, vayan preparando el traje con el que se van a morir".
Funcionarios y exfuncionarios locales, así como datos de inteligencia y fuentes consultadas por Proceso sostienen que durante la administración de Montiel, acusado de enriquecerse a la sombra del poder, el Estado de México sirvió de refugio a Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, tras su fuga del penal de Puente Grande, Jalisco, en enero de 2001.
Las fuentes consultadas, quienes pidieron el anonimato, aseguran que Guzmán Loera vivió cómodamente y sin perturbaciones en Atizapán de Zaragoza, en la exclusiva zona residencial Condado de Sayavedra, junto a Naucalpan.
El desplazamiento
En su etapa de bonanza del cártel de Sinaloa, los hermanos Arturo y Héctor Beltrán Leyva, conocidos como El Barbas y El H, respectivamente, emprendieron la conquista de Morelos y Guerrero desde dos puntos clave: el sur del Distrito Federal y Huixquilucan, en el Estado de México.
Tuvieron que abandonar el municipio regiomontano de San Pedro Garza García, en donde conviven empresarios y narcotraficantes sin distinguirse, para afincarse en la exclusiva zona de Interlomas, donde el desarrollo empresarial los mantuvo a salvo de la cacería de Los Zetas.
"Se sentían como parte de la clase empresarial más exclusiva de México, y de hecho se codeaban con el jet set capitalino y mexiquense", refiere una de las fuentes consultadas.
Dispuestos a dominar la plaza, los Beltrán Leyva trazaron sus rutas de trasiego y crearon el corredor Tecamachalco-Naucalpan-Huixquilucan, cerca de unas fastuosas instalaciones militares que, lejos de incomodarlos, les dieron seguridad. Los hermanos Beltrán Leyva llegaron a considerar que su radio territorial estaba seguro.
Sin embargo, el cártel de Sinaloa comenzó a tambalearse en el Estado de México al iniciar la guerra por el control del sureste mexicano. Por lo menos una docena de entidades empezaron a disputarse entre La Federación y el cártel del Golfo. Al iniciar el gobierno de Peña Nieto, en 2004, Los Zetas desataron una oleada de violencia para posicionarse en el territorio.
Desplazados y sin el aparente respaldo oficial, los hermanos Beltrán Leyva enviaron mensajes a la cúpula del poder. Al iniciar 2005 fue asesinado Simón Carrillo Chomtovsky, pieza clave de Peña Nieto, cuyo hermano, Alejandro, influyó para acercar a Peña Nieto con Televisa y afianzar sus planes con miras a los comicios de 2012.
El crimen fue atribuido a los Beltrán Leyva, quienes tuvieron que salir del Estado de México. Junto con ellos salió Horacio Brunt Acosta, agente federal que saltó a la fama tras la detención de Juan García Ábrego en enero de 1996 y quien hoy es señalado como presunto enlace de los hermanos Beltrán en España. Los hermanos se afincaron en Acapulco.
La guerra entre los cárteles del Golfo y de Sinaloa derivó en un reacomodo de fuerzas en el sureste del país, según datos de la Secretaría de Seguridad Pública. En Tamaulipas, ambos grupos se repartieron el territorio. Los de Sinaloa cruzan droga por Nuevo Laredo desde que rompieron relaciones con los Beltrán Leyva, quienes a su vez se ligaron con Vicente Carrillo Fuentes, jefe del cártel de Juárez.
En Oaxaca, la familia Díaz Parada, con larga historia en el tráfico de mariguana, según la PGR, reventó sus vínculos con el Golfo y se alió al cártel de Sinaloa. En respuesta, Los Zetas secuestraron a Jesús Díaz Parada, cuya red criminal fue obligada a servir a los intereses del cártel del Golfo, según asienta la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIS/057/2008.
Así mismo, parte del estado de Quintana Roo quedó en poder de Sinaloa, pero los del Golfo se quedaron con la mayor parte: controlan Yucatán, Campeche, Tabasco, Veracruz, Puebla, Michoacán y extendieron sus dominios hasta el Estado de México.
Según datos oficiales, La Familia, escisión del cártel del Golfo, se afianzó en buena parte de esta entidad a partir de 2007. Desde entonces comenzaron los secuestros, una de sus actividades adicionales al tráfico de drogas. Hoy en el Estado de México se registran 72 plagios, cinco de los cuales aún están en proceso de negociación; también aumentaron los asesinatos.
Después de Chihuahua y Sinaloa, el Estado de México es la tercera entidad con más crímenes: registra 267 ejecuciones, muchas de éstas tienen el signo de la mafia: el tiro de gracia o la mutilación de algún miembro del cuerpo, según la falta que la víctima haya cometido.
La Familia amplió su carta delictiva: no opera sólo el narcotráfico, sino que financia sus actividades con el robo a transportes de carga; extorsiones, la piratería, el cobro a empresarios de los giros negros, como table dance, casas de cita y de masajes; cantinas con venta de droga, picaderos (a donde los adictos acuden a recibir sus dosis de heroína) y otros negocios ilícitos.
De acuerdo con datos de la SSP, los miembros de La Familia que operan en el Estado de México provienen de Michoacán y de Hidalgo. El grupo michoacano controla los municipios de Toluca, Metepec, Lerma, Tejupilco, Tlatlayan, Valle de Bravo e Ixtapan de la Sal. Su jefe es identificado como El Chango Méndez. Por su parte, el grupo hidalguense se afincó en el municipio de Ecatepec.
La misma fuente sostiene que en toda la entidad existen más de 5 mil tienditas al amparo de la policía local, cuyas disputas y corruptelas generan tragedias y han puesto en evidencia a las autoridades estatales y federales.
El testigo "Noé"
Reportes de inteligencia consultados indican que cuando el gobernador Peña Nieto habilitó a Cuitláhuac Ortiz Salinas, su sobrino político, como director de la Policía Ministerial, en poco tiempo este funcionario comenzó a controlar los puntos de venta de droga.
Las investigaciones de la PGR establecen que Ortiz Salinas, actualmente en funciones, operaba al amparo o en complicidad con José Manssur Ocaña, quien hasta el 6 de julio pasado era delegado de la PGR en el Estado de México y es primo hermano de José Manssur Quiroga, exsubsecretario general de Gobierno y ahijado de Humberto Benítez Treviño.
La presunta complicidad de Ortiz Salinas con redes opuestas al cártel del Golfo derivó en la ejecución de uno de sus escoltas, Braulio Hernández. Tras el crimen, que se atribuye a La Familia, los sicarios dejaron varios mensajes. Uno de ellos rezaba: "Sigues tú, Cuitláhuac".
Tras la destitución de Manssur Ocaña como delegado de la PGR, un miembro de Los Zetas cuya actividad era cobrar los derechos de piso a las narcotienditas optó por convertirse en testigo protegido de la PGR. En su expediente se asignó el nombre clave de Noé.
Este testigo reveló que buena parte del dinero que recaudaba en el Valle de Toluca por la venta de droga era entregado a Manssur Ocaña, a policías y a distintos funcionarios de primer nivel del gobierno de Peña Nieto.
A esta mezcla de complicidades se atribuye el fortalecimiento de La Familia en el Estado de México, cuyos miembros fueron puestos al descubierto precisamente por Noé. Su información permitió a la PGR golpear las estructuras del cártel del Golfo y de La Familia el pasado 20 de junio, cuando a través de la Operación Tornado fueron detenidas más de 10 personas ligadas a la venta de droga.
La voz del testigo no tardó en ser silenciada. El 21 de agosto último su cuerpo apareció tirado en La Marquesa. También fueron asesinados César Noé Nava Gómez y Luis Enrique Cruz Ruiz, los agentes de la Agencia Federal de Investigación (AFI) responsables de la custodia del testigo protegido.
Miembros de Los Zetas y sus aliados de La Familia anuncian que habrá más ejecuciones en el Estado de México, incluidos algunos funcionarios públicos. El 14 de julio pasado fue acribillado Sergio Santana, hermano de Froylán Santana, exregidor de Huixquilucan.
El 15 de septiembre siguieron las ejecuciones: fue hallado el cuerpo de Julián Molinar, quien trabajaba en la Agencia de Seguridad Estatal. La mayoría de los crímenes no se han resuelto, a pesar de que Peña Nieto asegura que su gobierno ataca la impunidad y no pacta con delincuentes.
Desacuerdos entre altos mandos del cártel del Golfo y el gobierno de Peña Nieto han generado mayor violencia. El viernes 12, el Estado de México se vio de nuevo sacudido por el hallazgo de 24 cuerpos en un paraje de La Marquesa, con huellas de tortura. Las primeras investigaciones revelaron que se trataba de un grupo de narcomenudistas. Esta hipótesis se robusteció debido a que los exámenes toxicológicos de la mayoría de las víctimas resultaron positivos en diferentes drogas.
Una de las líneas de la indagatoria, a cargo de la procuraduría mexiquense y de la PGR, sostiene que los 24 ejecutados, dedicados a tareas agrícolas y de albañilería, pudieron estar relacionados con la construcción del llamado narcotúnel de 120 metros de longitud que fue descubierto el martes 2 en Mexicali, Baja California. Testigos de esa obra aseguran que eran decenas los trabajadores que recibían sus pagos de personajes que traían el rostro cubierto para no ser identificados.
Tras el hallazgo del pasadizo, presuntamente los albañiles y jornaleros fueron enviados a un refugio para evitar que revelaran datos de los responsables de la obra, quienes siguen desaparecidos. Las 24 personas asesinadas vivían en una vecindad de la colonia Los Olivos, en Huixquilucan.
Eran oriundos de Puebla, Veracruz, Guerrero y del Estado de México. Testigos que ya declararon ante la procuraduría mexiquense aseguran que la madrugada del miércoles 10 los 24 sujetos fueron sacados de sus cuartos por personas que vestían gorra, uniformes negros y azules con las siglas de la AFI bordadas en color dorado.
Tras ser torturados para "sopearlos", todos fueron ejecutados; todos tenían el tiro de gracia.

Lo que estalló en MoreliaJorge Carrasco Araizaga Y Francisco Castellanos

Fue la demostración de que nadie está a salvo; de que se puede golpear duramente al gobierno sin enfrentarse a sus Fuerzas Armadas. Pero con el artero asesinato de civiles en plena festividad cívica del 15 de septiembre en la capital michoacana, se hizo añicos la de por sí mermada confianza en el Estado, que no es capaz de brindar seguridad pública. Lo peor es que el fenómeno se está reproduciendo en el resto del país, con todo tipo de autoridades.

MORELIA, MICH.- Una de las líneas de investigación del gobierno federal sobre el ataque del 15 de septiembre contra civiles en Morelia -según reportes de inteligencia civil y militar- es que el atentado estaba dirigido contra el gobernador Leonel Godoy, presuntamente en represalia por acuerdos incumplidos con el crimen organizado en Michoacán.
En entrevista, Godoy niega que su gobierno tenga vínculo alguno con la delincuencia organizada y que esté en la mira de los narcotraficantes. Señala que si la administración federal tiene información sobre nexos de funcionarios estatales o municipales con el narcotráfico, tiene que actuar legalmente.
El gobierno de Michoacán realiza sus propias indagatorias y, de acuerdo con el procurador general de Justicia del estado, Miguel García Hurtado, el Ejército es uno de los objetivos de los narcotraficantes que actúan en el estado.
Según el funcionario, hasta el gobierno de Michoacán han llegado advertencias dirigidas a los militares. Una de éstas anticipó que habría un ataque contra los que participaran en el desfile castrense del 16 de septiembre. Semanas antes hubo otras advertencias sobre un atentado.
De todas formas, la parada militar fue suspendida por el atentado de la noche anterior, cuando un grupo de desconocidos atacó con granadas a la multitud que festejaba en el centro cívico de Morelia el 198 aniversario del Grito de Independencia. Los ataques dejaron un saldo de siete muertos y 132 heridos.
Las granadas fueron lanzadas con cinco minutos de diferencia y a una distancia de menos de medio kilómetro una de la otra, en lo que los reportes federales inscriben dentro de la "teoría de la confusión".
Según esas investigaciones, el propósito de los atacantes pudo ser detonar los artefactos lo más cerca de Godoy cuando saliera al balcón a dar el Grito, pero una vez que la primera granada estalló en la plaza al momento en que el gobernador tañía la campana del palacio de gobierno, es probable que decidieran lanzar la segunda mientras escapaban por el lado poniente del centro cívico. Su salida -se acota en uno de los reportes- fue facilitada por una patrulla policial.
Dentro de las investigaciones, en las que participan el Ejército, la Marina, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), la Procuraduría General de la República (PGR) y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), se estima que esa noche estaban presentes en el centro de Morelia por lo menos 300 elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado y de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).
Con esa versión, desestiman que el ataque tuviera como destinatario al gobierno federal: "Si hubieran querido dar un mensaje a Calderón era muy fácil atacar la casa donde vive su mamá, que está ubicada en un lugar vulnerable".
Juan Luis Calderón Hinojosa, uno de los tres hermanos del presidente de la República que viven en la ciudad, y director del Organismo Operador de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Morelia, asegura que pese al atentado, su familia no tiene pensado mudarse.
"Esta es nuestra casa y nuestra ciudad. Aquí hemos estado siempre. Miedo no le tenemos a nadie. Así sea por seguridad, de Morelia no nos vamos a ir. Nadie nos va a sacar del pueblo, sin duda alguna", declaró a Proceso en el "acto de unidad" convocado el miércoles 17 por Godoy en el palacio de gobierno, durante el cual la clase política michoacana condenó los asesinatos.
A su vez, Godoy, entrevistado en la Casa de Gobierno la noche del jueves, asegura que hasta ahora la autoridad federal no ha comprobado que existan vínculos de protección política al narcotráfico en Michoacán, aunque sí se han dado casos de protección policiaca.
Sin embargo, enfatiza que no bastan los señalamientos políticos ni periodísticos contra los policías o los presidentes municipales, sino que "tiene que haber un procedimiento legal" para actuar contra ellos. Reitera: "Yo no tengo ningún caso de un presidente municipal que, conforme a derecho, esté demostrado que esté vinculado con el crimen organizado, porque yo ya lo hubiera hecho del conocimiento de la autoridad federal".
Más aún, dice, "nosotros no hemos recibido ninguna presión, llamada u ofrecimiento. Nada. Sería grave que nos hubiera ocurrido y que lo estuviéramos negando".
Y rechaza que sea objeto de amagos: "No tenemos ninguna amenaza directa. Ayer (miércoles), en Uruapan, avisaron que en una casa estaba preparándose (un acto) en contra nuestra. Fuimos y resultó falso. Tenemos que estar muy precavidos, actuar conforme a la ley, pero no siento que en el caso del gobernador debamos de tomar decisiones irresponsables. No puedo andar diciendo que estoy presionado, acosado o intimidado, si no ha ocurrido eso".
De acuerdo con elementos federales que participan en la investigación, en las reuniones de Calderón y Godoy (el martes 16 en Los Pinos y el miércoles 17 en Morelia), el presidente manifestó su molestia y advirtió que los ataques contra la población civil tendrán consecuencias graves. Pero Godoy niega que haya ocurrido así: "A mí no me dijo él nada de ese tema... Aunque sí hemos compartido la preocupación de que han dicho que determinado presidente municipal fue apoyado, pero hasta ahí han llegado nuestras conversaciones".
La noche del miércoles, cuando regresó al Distrito Federal para participar en el aniversario 69 del Partido Acción Nacional, Calderón condenó la protección política que recibe el narcotráfico en el país. Sin mencionar directamente a Michoacán, dijo que los narcotraficantes no sólo tienen protección de las corporaciones policiacas, sino también "una cobertura de carácter político (...) que debe ser rechazada".
Dominios de "La Familia"
Ciudad natal de Calderón, Morelia es la base de operaciones de La Familia, una poderosa organización delictiva que se dedica a la venta de cocaína y mariguana, así como al secuestro, la extorsión, el cobro de protección, control de la prostitución y la piratería en 87 de los 113 municipios del estado.
Según las mencionadas investigaciones federales, la organización tiene colocados a varios funcionarios de alto nivel tanto en la Secretaría de Seguridad Pública del estado como en la PGJE. Algunos de ellos han sido procesados por protección al crimen organizado, como Jehová Cortés López, primer comandante de la Policía Ministerial durante el sexenio de Lázaro Cárdenas Batel. El procurador García Hurtado confirmó que Cortés López regresó a la dependencia en la actual administración.
Si bien las primeras versiones difundidas por la prensa apuntaban hacia La Familia como la responsable de los atentados de Morelia, esa organización se los atribuye a sus antiguos aliados del cártel del Golfo, en particular a Los Zetas, a quienes después de una breve alianza han logrado desplazar del estado.
A través de mensajes electrónicos difundidos el miércoles 17 y el jueves 18 entre funcionarios y periodistas estatales, además de las mantas que aparecieron la mañana del viernes en los puentes peatonales de las salidas a Salamanca y Quiroga, La Familia se deslindó del ataque con granadas.
Además anunció que haría sus propias investigaciones para ubicar y castigar a los verdaderos autores del atentado.
De la preeminencia de La Familia en el estado da cuenta lo ocurrido el pasado 13 de junio, cuando varios productores de aguacate y frutas de Tacámbaro, Acuitzio del Canje, Pátzcuaro, Villa Madero y Santa Clara del Cobre, entre otros municipios, fueron convocados al restaurante Los Escudos, en el centro de Pátzcuaro.
Funcionarios federales señalan que a ese encuentro llegaron jefes de la organización, uno de ellos vestido con uniforme militar pero que no pertenece a las Fuerzas Armadas.
Según las mismas fuentes, el mensaje a los agricultores fue claro: que no debían preocuparse porque La Familia tenía el control de las autoridades estatales y federales, por lo que esta organización resolvería cualquier problema con la policía del estado o la federal. Sin embargo, se les recordó que todo tiene un costo y por eso cada uno de los presentes tenía que aportar el dinero que se le pidiera.
Así mismo, se les dijo que La Familia había tenido que matar a muchas personas, pues no entendieron que la organización está por encima de todo. Aquellos que no quisieran cooperar se atendrían a las consecuencias.
En una entrevista para Proceso (edición 1569), uno de los jefes del grupo delictivo aseguró que éste cuenta con más de 4 mil miembros y que cada uno gana entre mil 500 y 2 mil dólares mensuales. Según explicó, uno de sus objetivos es "proteger" al estado de organizaciones delictivas foráneas.
Además de La Familia y Los Zetas, en Michoacán operan células de prácticamente todos los cárteles mexicanos del narcotráfico.
Temas explosivos
Ni el gobierno de Calderón ni el de Godoy habían presentado, hasta el cierre de esta edición, indicios sólidos acerca de los culpables del atentado ni de sus motivos.
La PGJE está a cargo de la investigación para hallar a los homicidas, que según el gobernador deben ser castigados también por terrorismo, delito tipificado en el Código Penal de Michoacán.
A su vez, la PGR, a través de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO), tiene la tarea de determinar la responsabilidad por el uso de los explosivos, reservados para las Fuerzas Armadas.
El procurador García Hurtado -un abogado en cuya formación profesional prevalece el tema agrario- dio a conocer el jueves el retrato hablado de uno de los presuntos responsables: un individuo robusto, como de 28 años y 1.75 metros de estatura.
Entrevistado el miércoles 17 en sus oficinas de la PGJE, el funcionario asegura que cuenta con cinco videos grabados con las cámaras ubicadas alrededor de la plaza.
Explica que las amenazas se remontan al primer trimestre del año, cuando se anunciaron atentados con explosivos en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y la central camionera. Sin embargo, dice, para el 15 de septiembre se habían recibido advertencias de ataque contra las ciudades de Huetamo, en Tierra Caliente; Lázaro Cárdenas, en la costa; y la presidencia municipal de Tancítaro, en la meseta purépecha.
"En Morelia no esperábamos ninguna agresión para ese día, pues las llamadas que habíamos recibido decían que podía haber un atentado contra elementos del Ejército durante el desfile cívico militar", asegura el procurador michoacano.
Y si la información ha sido escasa por parte del gobierno estatal, el gobierno de Felipe Calderón es igual de reticente. Ante los escasos resultados de sus pesquisas, la noche del viernes 19 la PGR ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien le proporcione información sólida sobre los autores de los ataques.
Más allá de la retórica desafiante que Calderón desplegó en Morelia cuando visitó a los deudos de las personas asesinadas y a los heridos, el Ejecutivo federal no ha informado sobre las características de las granadas, aunque no es la primera vez que se investiga un atentado con esos artefactos para el uso exclusivo del Ejército en Michoacán.
El pasado 26 de agosto, un comando armado lanzó dos granadas contra la Subprocuraduría Regional de la PGJE en Lázaro Cárdenas. Los explosivos eran similares a los utilizados la noche del lunes 15, explicaron los investigadores federales.
Hay varios hechos delictivos recientes que los reportes de inteligencia relacionan con el atentado. Uno de ellos es que el Ejército tiene motivos para estar agraviado con las autoridades locales porque desde hace semanas está desaparecido el teniente coronel retirado Carlos Negrete Lezama, quien fue subdirector de la Policía Ministerial de Michoacán en la administración de Lázaro Cárdenas Batel.
Su más reciente cargo fue el de director de Policía y Tránsito de Uruapan, territorio controlado por La Familia.
Procedente de Aguascalientes, donde fue director de la Policía Ministerial, el militar en retiro es investigado por violaciones a los derechos humanos.
El 29 de agosto acudió a las instalaciones de la PGJE para participar en la última sesión del curso "Preservación de evidencia", impartido por instructores del FBI adscritos a la embajada de Estados Unidos en México.
Cuando abandonaba el lugar, el procurador García Hurtado le pidió a su director Antisecuestros, Efraín Loaiza Farías, que le presentara a Negrete Lezama. El exmilitar fue llevado al edificio central de la procuraduría.
Desde entonces se desconoce dónde está, aunque su familia informó a la Comisión Estatal de Derechos Humanos que les alcanzó a llamar por teléfono para decirles que era trasladado por agentes de la procuraduría a Uruapan, en una camioneta del grupo Antisecuestros con placas PGJE 00-358.
Cinco días antes, la noche del 24 de agosto, fue raptada la secretaria del ayuntamiento de Uruapan, Maribel Martínez Martínez, cuando salía de un acto en la Casa de la Cultura, en el centro de la ciudad. En esa acción resultaron heridos de gravedad un escolta y dos agentes de la Dirección de Seguridad Pública que se enfrentaron a los secuestradores.
Las investigaciones federales destacan que la creciente violencia registrada en Uruapan, desde robos hasta levantones y ejecuciones, puede estar relacionada también con incumplimientos de acuerdos por parte de la administración de Antonio González, el presidente municipal panista.
De acuerdo con esa vertiente, la administración de González -que inició el 1 de enero de este año- pudo comprometerse a darle a La Familia la Dirección de Seguridad Pública, la Dirección de Obras Públicas, la feria y el palenque a cambio de apoyo en su campaña electoral, y "al no hacerlo, pese al apoyo que recibió, le están pasando la factura", dicen los reportes a los que tuvo acceso este semanario. l

La matanza de La Mesa

Rosario Mosso Castro

Los motines del 14 y el 17 de septiembre en la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, sólo confirmaron el control que ejercían Los Sureños, Los Paisas y Los Shalomes, quienes se enfrentaron por el mercado interno de las drogas. Las pésimas condiciones de los reclusos y la reacción tardía de los funcionarios -sospechosamente ineficaz- atizaron una batalla, confusa en sus detalles, que provocó más de 30 asesinados a fuego y cuchillo. Con autorización del
semanario Zeta, que se edita en la ciudad fronteriza,
reproducimos textualmente este reportaje, publicado en su edición del viernes 19.
Más de 30 muertos y un Cereso destruido es un saldo inadmisible para un secretario de Seguridad Pública del estado. Sobre todo si un motín era la amenaza latente ante el hacinamiento y la corrupción de carceleros.
Efectivamente, Daniel de la Rosa Anaya, secretario de Seguridad Pública, no pudo ni prever el motín, por más anunciado, ni sofocarlo una vez estallado.
La incapacidad del gobierno de José Guadalupe Osuna Millán y la fuerza del crimen organizado en Baja California quedaron expuestas nuevamente el 14 y 17 de septiembre, de la manera más vergonzosa... desde el interior de un Centro de Readaptación Social que, declararon una y otra vez, tenían bajo control.
La realidad esos días fue que siete internos tuvieron el control del penal.
Divididos en tres grupos de poder al interior de la cárcel, Los sureños, Los paisas y Los Shalomes fueron los dueños de la penitenciaría de La Mesa, en Tijuana, por un lapso de 72 horas.
Rencillas entre las bandas delictivas y la corrupción de las autoridades carcelarias fueron el detonante de los cruentos motines que arrojaron un saldo extraoficial de 31 muertos.
Los poderosos del penal e iniciadores de la sangrienta rebelión: Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, Martín Madrigal Cázares, Juan Beltrán López (alias Benjamín Molina, alias El Juanillo), Víctor Eduardo Aguilar Sánchez, Juan Beltrán López, más otros dos reos de los cuales no se proporcionó nombre.
Estos hombres, sentenciados todos, fueron quienes dominaron la situación que al gobierno se le salió de control y que evidenció la incapacidad oficial para contener una situación de emergencia:
1.- La Secretaría de Seguridad tardó tres días en trasladar a los presos rijosos a la Ciudad de México, y a otros a los penales de El Hongo y Ensenada.
2.- Ocultaron la lista de lesionados y de muertos.
3.- Nunca tuvieron el control ni el resguardo de la penitenciaría y de los familiares que ahí se encontraban.
4.- Policías estatales, federales y militares no siguieron un protocolo de ataque, se les puede ver en las imágenes televisivas resguardándose de pedradas y disparando sin estrategia alguna.
5.- El jueves 18 de septiembre, de la Secretaría de Seguridad se comunicaron con empleados del penal para solicitarles que no se presentaran a trabajar, pues aún no tenían el control total de las instalaciones.
6.- La podredumbre y suciedad en el trato a los reos quedó de manifiesto.
7.- También la corrupción de las autoridades de la prisión, luego de que el director está siendo investigado, un custodio está detenido y otros dos se encuentran prófugos.
Ante este escenario de desatinos gubernamentales, el gobernador del estado se escondió. Acaso ordenó a los titulares del gabinete de seguridad que el jueves hicieran gira por medios de comunicación en una intentona de tomar control por lo menos de las declaraciones públicas.
El secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, exhibió más la invalidez administrativa al intentar evadir la responsabilidad de lo sucedido en el penal, al señalar que los culpables eran dos grupos de criminales organizados que tenían pugnas por el control del tráfico de drogas y demás sustancias prohibidas en el penal.
De la Rosa evidenció, en su defensa, el poderío del crimen organizado en la penitenciaría, incluido el tráfico de drogas. También fue un hecho: Conocían el problema pero no elaboraron plan de ataque.
Guerra por el tráfico de droga
El recrudecimiento de los enfrentamientos entre dos bandas del crimen organizado que controlan el tráfico en el centro de readaptación de La Mesa en Tijuana empezó el sábado 6 de septiembre sin que la autoridad tomara medidas precautorias. Ese día ambos grupos iniciaron una "guerra campal" cuando se fue la visita, hecho que los funcionarios mantuvieron oculto, pretextando que no era grave dado que no hubo heridos con armas, sólo dos lesionados por golpes.
El 13 de septiembre, las autoridades "complicaron" el panorama cuando custodios realizaron una revisión en la que presuntamente actuaron a favor de uno de los grupos delictivos. Llegaron a una celda donde "vivían" 23 delincuentes de baja peligrosidad, se llevaron a nueve jóvenes acusados de robo en sus diferentes modalidades, para que "confesaran" quiénes estaban introduciendo heroína y cuál era la línea de distribución. Ahí mataron a Israel Márquez Blanco.
La situación subió de tono cuando las autoridades del sistema penitenciario, dirigido por De la Rosa, conocieron del asesinato y, tras la fuga de los homicidas, el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez bloquearon la información y los detalles del asesinato plenamente probado con elementos periciales. Esta actitud evidenció complicidad por omisión.
La información proporcionada al gabinete estatal fue que, aprovechando la inconformidad ante la tortura y asesinato del joven Márquez Blanco, en la hora de visita los traficantes repartieron droga e incitaron la violencia.
Los reos fueron informados también de la presunta participación de custodios y autoridades en el asesinato, al permitir la huida de los asesinos del primer reo. Se hicieron de las llaves de las celdas, liberaron a los presos en el interior de la cárcel y la Policía Estatal no pudo acceder al edificio por "falta de llaves". Casualmente, fue el mismo grupo de custodios el que estuvo de cargo en los dos motines.
Las bandas que controlaron la Penitenciaría
De acuerdo con información en propiedad de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, al interior del Cereso en Tijuana hay tres grupos:
1.- Los Sureños
Presuntamente dirigidos en Tijuana por el interno Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro, ingresado al penal "por secuestro y homicidio calificado múltiple". Explicaron las autoridades que este hombre actúa por instrucciones de Martín Madrigal Cázares, quien purga condena por asesinato. Por su peligrosidad, Madrigal había sido trasladado al Cereso de El Hongo a finales de julio; sin embargo, seguía controlando el tráfico en el penal de Tijuana por medios electrónicos, teniendo a Aguilar Sánchez como lugarteniente.
El de Los sureños es el grupo más numeroso, integrado principalmente por miembros de la Mafia Mexicana que opera en el Barrio Logan y elementos del cártel de los hermanos Arellano Félix, a quienes les venden protección además de droga. También son conocidos como Los Pelones.
2.- Los Paisas
Este es un grupo menos numeroso que incluye a delincuentes procedentes del interior de la República, particularmente de Sinaloa. Como cabeza de célula la autoridad tiene identificado al interno Juan Beltrán López, alias Benjamín Molina, alias El Juanillo, acusado por delitos contra la salud, "tráfico de personas y secuestro".
3.- Los Shalomes o Chalones como los identifica la policía.
La misma indagatoria indica que en la lucha interna por el control, este grupo se afilió al de Los Paisas, incrementando el poder de estos delincuentes.
El relato de los hechos, conforme a declaraciones recabadas entre los internos y custodios por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, fue que desde la mañana del domingo 14 de septiembre los presuntos líderes criminales Víctor Eduardo Aguilar Sánchez y Juan Beltrán López y sus traficantes estuvieron distribuyendo droga, más de la acostumbrada en el penal, a cambio de participar en la rebelión que planeaban, exacerbados por la tortura, el abusos y demás violaciones a los derechos humanos cometidos dentro de la cárcel.
"Aprovecharon el escenario", dijo Daniel de la Rosa, mientras explicó que todo se inició en el edificio seis, el de máxima seguridad, y siguió al uno; en ambos complejos purgan su condena los principales miembros de la mafia interna. Siguieron las revueltas de los internos del edificio dos, el cinco, el cuatro y después el descontrol total.
De los 8 mil 100 internos, los números oficiales indican que sólo 550 presos participaron en el primer disturbio. Pero la tarde del domingo los otros 7 mil atestiguaron y declararon haber visto cómo algunos internos se enfrentaban a golpes con los de la banda rival. Incluso, "cómo arrojaban los cuerpos de otros reos a la alumbrada que habían hecho con ropa, muebles y colchones".
Los cadáveres estuvieron tanto tiempo en el fuego que se calcinaron al punto de los huesos, ni siquiera quedó la dentadura para identificar. De hecho, las autoridades continúan buscando restos humanos en la reconstrucción de las instalaciones del penal.
A las 2:02 horas del lunes 15, en el gobierno del estado dijeron tener el control de la penitenciaría, que los internos no habían llegado a la armería, pero no pudieron explicar los balazos que se escucharon en el interior ni reportaron haber encontrado armas antes de meter a todos los internos en las celdas que aún servían. De hecho, no se ha explicado cómo es que más de una docena de los muertos lo fueron por impactos de bala.
La declaración oficial supone que para el miércoles 17 de septiembre, día del segundo motín, ya no había grupos de criminales vendiendo droga en el penal. No se había efectuado ningún traslado, pero dijeron haber controlado la situación. Además acusaron: La segunda reyerta la iniciaron las mujeres presas, a quienes acusan de liarse con los custodios, obtener las llaves de las celdas y liberar a los hombres.
Esta vez, 800 reos participaron en el motín. Quemaron lo que quedaba y, de nuevo, los grupos antagónicos aprovecharon para ajustarse cuentas. Cuando la autoridad investigadora pudo entrar a la prisión, encontraron que entre celda y celda de los edificios seis y uno, habían abierto boquetes. Al interrogar a los internos que las ocupaban, éstos aseguraron que un grupo de reos había atravesado de celda en celda con la intención de llegar a un espacio específico y matar a dos reos, que a la fecha están desaparecidos.
Ese mismo 17 de septiembre, al ingresar el Ministerio Público a la penitenciaría de La Mesa, encontró 17 cadáveres colocados en el área clínica y de enfermería del Cereso: 13 con heridas de arma de fuego, dos asesinados a golpes y tres con armas punzocortantes.
Trasladan a reos a penal de máxima seguridad
En las indagatorias oficiales los reos testigos del motín identifican a Víctor Eduardo Aguilar Sánchez El Perro como la cabeza negociadora de los internos rebelados. A él le atribuyen las amenazas, la privación de la libertad y homicidio de un custodio, y el maltrato y sujeción de otro.
Con el mismo grado de responsabilidad categorizaron al líder de Los Paisas, Juan Beltrán López. Además identificaron como cómplices a Miguel Arellano Cabrera, preso por homicidio, y a Luis Alfonso Reyes Cháirez.
Los cuatro reos fueron enviados a la prisión de El Hongo la tarde del 17 de septiembre, luego de sofocado el segundo motín. Al día siguiente, el 18 de septiembre, fueron remitidos, en compañía de Martín Madrigal Cázares y otros dos presos que no fueron identificados, a penales de máxima seguridad en el país, aunque De la Rosa no aclaró si a Puente Grande o a Almoloya de Juárez.
En las averiguaciones previas se incluyó al preso Francisco Javier Cantú Carlos El Pancho, como participante activo en los homicidios. Este hombre fue el mismo que el 31 de marzo de 2008 decapitó en una celda del penal al exagente federal Evaristo Morales Pérez, quien estaba acusado de participar en un secuestro fallido. El asesinato ocurrió dos días antes de que el exoficial acudiera a rendir su declaración.
Primera investigación:
La muerte de Israel Márquez Blanco
La Procuraduría de Justicia del estado está llevando a cabo cuatro investigaciones,
La primera por el asesinato de un interno reportado el sábado 13 de septiembre. Encontraron el cadáver en el área de enfermería. Tenía lesiones compatibles con sometimiento por sujeción en pies, muñecas y golpes contusos en el rostro; la causa de muerte de Israel Márquez Blanco fue traumatismo craneoencefálico.
El director del penal les informó que había un testigo presencial de los hechos, el custodio Álex Cervantes Jaramillo, quien señaló como responsables al comandante y al subcomandante.
Explicó que en la celda 103, al hacer una revisión aleatoria y sorpresiva, había 23 internos y encontraron heroína y mariguana. Los sacaron a todos de la celda. Después, uno por uno, ocho internos y el occiso fueron sometidos a un interrogatorio por parte del comandante y el subcomandante, en un cuarto cercano a las celdas.
El custodio Cervantes Jaramillo era el encargado de trasladar a los reos al interrogatorio, mientras escuchaba los gritos de los hombres sometidos a las torturas. Al joven Márquez Blanco lo interrogaron en dos ocasiones. La última, comandante y subcomandante abandonaron la celda y ordenaron a Cervantes que cuando el reo se vistiera lo llevara a la enfermería. El custodio esperó 10, 15 minutos, y al no salir el reo, entró a la celda y se dio cuenta de que el cuerpo parecía sin vida. Con apoyo lo llevó a la enfermería y el doctor dijo que estaba muerto. De esto fueron informados el director del penal, Carlos Arturo González García, y el subdirector, quienes estaban comiendo y regresaron.
Los custodios que asesinaron al muchacho ya habían huido. Lo hicieron luego de informar al director del hallazgo de droga en la celda mencionada. González García no hizo nada al respecto, aun cuando declaró haberlos visto "desencajados", no preguntó más. Se fue a comer y los oficiales asesinos se fugaron en sus vehículos.
Entre el momento en que el director los ve y cuando le informan del homicidio, transcurrió media hora, fue entonces que dieron parte al Ministerio Público. González García dio acceso a los expedientes de los comandantes, de donde se tomaron direcciones, pero ya no los encontraron en sus casas.
Se ejercitó acción penal contra el custodio que pasó de testigo a responsable por omisión y coparticipación en un homicidio en grado de tentativa, tortura y lo que resulte. También se giraron órdenes de aprehensión contra el comandante Marco Antonio Ibarra Chávez y el subcomandante Daniel Ibarra Pérez, y solicitaron apoyo de las autoridades de Estados Unidos. "Porque presumimos que cruzaron a San Diego", dijo el procurador Rommel Moreno Manjarrez.
Segunda investigación:
El motín y los cuerpos calcinados
La segunda indagación se inició en la Agencia del Ministerio Público el domingo 15 de septiembre a las 14:15 horas, cuando les notificaron el primer motín. A las 2:25 de la madrugada del lunes, cuando se decretó el control por parte de las autoridades, los investigadores entraron a las instalaciones de la penitenciaría. Les informaron que dos internos muertos por proyectil de arma de fuego estaban en el área de pasillos administrativos. Y que donde se prendió una hoguera se encontraba un cuerpo calcinado.
"Se pensó que se trataba de una sola persona pero después de la inspección se rescataron diversos restos óseos, a los que se les están haciendo estudios químicos para determinar la correspondencia y a cuántas personas pertenecen, todavía no se determina", declaró el licenciado Rommel Moreno, procurador de Justicia del estado. Sin embargo, personal pericial informó que de las primeras revisiones se presume que los restos calcinados puedan corresponder a por lo menos cuatro personas.
De acuerdo con las declaraciones de reos, los hombres calcinados fueron echados en la hoguera por los mismos internos. Respecto de los baleados en el pasillo, los investigadores rescataron un proyectil cotejable de uno de los cuerpos, y varios de la zona donde cayeron, determinaron la posición víctima-victimario y trayectoria: "Se está determinando si el arma usada, calibre .223 y AR15, corresponde o no a una corporación policiaca, porque en este momento no sabemos si había reos con armas", explicó el procurador.
Tercera investigación:
17 muertos el miércoles 17
La tercera averiguación previa se inicia el miércoles 17 de septiembre a las 20:00 horas, cuando el Ministerio Público es notificado de los resultados del segundo motín: "Nosotros tenemos información preliminar por parte de la propia estructura del sistema penitenciario de que había aproximadamente 15 muertos, cuando contamos encontramos físicamente 17, pero no podemos dejar de mencionar que pueden ser 20, porque estamos cuerpo por cuerpo bajo tres premisas; el sistema de Afis de identificación dactilar, cotejo de pelos, la prueba de Walter; y el radizonato de sodio para determinar los perfiles.
"En estos casos no se encontraron restos humanos distintos, sin embargo los reos hablan de otros dos muertos y estamos revisando a la luz del día para corroborar o eliminar las versiones", detalló Rommel Moreno.
Más detalles: En 14 de los 17 cuerpos se encontraron balas calibre .223, de escopeta 12 y 9 milímetros.
Cuarta investigación:
Evasión de reos
Al mismo tiempo se abrió una indagatoria por evasión de reos.
El procurador explicó a Zeta:
"Como internos que se evadieron de la justicia y los recapturaron, tenemos dos detenidos". Y aparte otros seis como implicados, "por actos vandálicos que concluyeron en el delito de daños en propiedad ajena y lesiones, y otros cinco detenidos en calidad de presentados", estos últimos fueron aprehendidos en el exterior de la penitenciaría.
En cuanto al detonante del motín, la línea principal de la Procuraduría coincide con la que siguen en la Secretaría de Seguridad: rencillas entre líderes de bandas de traficantes de droga en el interior del centro de readaptación.
Funcionarios implicados
Además de los custodios y comandantes investigados por homicidio luego del primer motín, en la segunda rebelión se inició una investigación por omisión, sobre los funcionarios del sistema penitenciario en el gobierno de Baja California.
Fueron destituidos de sus cargos y se ejercitó acción penal contra Simona Gamiño Gurrola, exsubsecretaria del Sistema Estatal Penitenciario; Miguel Ángel Canett García, exdirector general de Centros de Readaptación Social, y Carlos Arturo González García, exdirector del Centro de Readaptación Social de Tijuana.
Ninguno de los ex funcionarios ha rendido su declaración, pero: "Se ejercitó acción penal y se dejó un triplicado abierto que significa que se está investigando para deslindar responsabilidades de cada una de las personas", explicó el fiscal estatal.
"Se les está investigando por no haber tomado las medidas necesarias desde el domingo, para que no se diera un segundo motín, hay responsabilidad en cuanto a los delitos que se cometieron al interior del centro de readaptación en Tijuana.
"En el código penal se establece que es contra la administración de la justicia, considerado leve y tiene libertad bajo caución, pero a este delito se agrega lo que derive por omisión en los delitos correspondientes, aunque jurídicamente la misma ley establece que no hay dolo."
Gurrola, Cannet y González son considerados como presuntos responsables en el mismo esquema.
Al preguntarle a Rommel Moreno si la línea de mando implicaba responsabilidad en las omisiones al secretario, Daniel de la Rosa concluyó: "Yo no quiero especular, voy con lo que van arrojando las investigaciones y declaraciones adonde llegue, la petición del gobernador es la transparencia y en ese sentido estamos trabajando".
De la Rosa: Sabía de las bandas criminales
El jueves 18 de septiembre, Zeta entrevistó al secretario de Seguridad, Daniel de la Rosa, y dadas sus declaraciones revelando su conocimiento de los grupos de traficantes y distribución de droga en el penal de Tijuana, se le preguntó qué medidas había ejercido al respecto, pero el funcionario se remitió al programa general de los Ceresos en Baja California.
"Hay que ver la realidad de los penales de México y en ninguno podemos decir que no ingresa droga o sustancias ilícitas, pero lo importante es generar las condiciones para erradicar esas situaciones: ustedes han visto que se ha venido fortaleciendo el sistema de fiscalización en las visitas; implementación de operativos de revisión para decomisos de celulares, droga y armas: inversión en infraestructura; traslados a otros penales; la próxima inauguración mínima peligrosidad: y en 2008 establecer aduanas inteligentes con rayos que tienen mayor efectividad para evitar el ingreso de artículos prohibidos."
Cuando se solicitó mayor precisión de su reacción al enfrentamiento del sábado 6 de septiembre, agregó: "Fue una riña con lesionados que no eran de consideración, se aisló a esas personas y se tenían en el edificio de máxima peligrosidad de La Mesa, el cual tenía revisiones más constantes que el resto, porque no estaban las condiciones para trasladarlos y menos para enviarlos a El Hongo, donde estaba el jefe de Los Sureños".
Luego De la Rosa regresó a las respuestas generales:
"Ya se estaba tramitando el traslado de todos estos reos a otras entidades federativas. Se estaban generando los listados de cada uno de los penales de la entidad con los cuales se iba a solicitar formalmente a la federación el traslado. Ya se había establecido comunicación telefónica con el subsecretario federal, Francisco Patiño, hace tres semanas. Pero esta medida es para todos los Ceresos, y después de las listas que apenas se están armando, seguiría un estudio jurídico y procedería sólo que el interno no estuviera amparado."
Respecto del supuesto y anunciado control de La Peni, el tiempo que tardaron en resolver los motines y los negociadores que actuaron, el funcionario estatal respondió asegurando que el sistema penitenciario de Baja California sí tiene una estrategia de acción antimotines.
Que existe un grupo de reacción, una estrategia de coordinación con el resto de las corporaciones policiacas, que es encabezado por el comandante del Cereso, pero que en este caso estaba prófugo, razón por la cual tomó su lugar el director del Penal como negociador.
Justificó la lentitud oficial ante la rebelión de los presos:
"El riesgo que había con la visita eran los custodios tomados como rehenes que estaban amenazando con puntas. Si no los hubieran tenido privados de la libertad no los hubieran soltado poco a poco, el último grupo salió a las cero horas del lunes. En las negociaciones El Perro amenazaba con quemar a los custodios y dañar a los familiares."
Justificó De la Rosa el ingreso de dos cámaras de televisión en medio del motín, a pesar de que no está considerado en el protocolo de negociación: "Ahí se tomaron en cuenta las solicitudes de los reos, como ellos no cumplieron se acabó de manera rápida".
-¿Se le pidió a usted el visto bueno en las negociones?
"No; de hecho cuando llegamos lo que se estableció fue que ningún tipo de negociación, sino entrar a contener. Lo que hicimos después con la llegada de las diferentes corporaciones policiacas."
-No hubo estrategia de control dentro ni fuera...
"Sí, por eso se están haciendo las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades, porque ahí sí hay una omisión desde el momento mismo en que se suscita un incidente y se avisa tres horas después, y en los motines el tiempo es muy valioso, y una riña que pudo no pasar a mayores derivó en esto, aprovechado por los grupos criminales."
-¿Qué parte de lo que se hizo y se dejó de hacer es su responsabilidad?
"Aquí vemos que hay resultados que se están realizando pero también acciones que en un momento dado son sujetas de investigación, y bueno, en esas acciones también tiene que ver la responsabilidad de todos."
-¿Y la suya?
"Realmente como titular de la secretaría de Seguridad Pública tengo a mi cargo el sistema penitenciario y dentro de él hay responsables específicos, inclusive por normatividad jurídica. Y si alguno de esos responsables no actúa adecuadamente, todos estamos sujetos a la propia normatividad."
-¿Va a renunciar?
"Lo importante es lo que se ha venido desarrollando, estamos en esta responsabilidad por una confianza y por las acciones emprendidas en Baja California por parte del gobernador del estado, entonces ya será la evaluación de los ciudadanos de Baja California y del gobernador."