Me da pena que nuestro gobierno (el PAN) y nuestros empresarios inviertan tanto en fútbol y seamos tan malos. Me da pena que inviertan tan poco en ciencia y seamos tan buenos. Tenemos la mejor universidad de Hispanoamérica, según la revista Time , y cada vez le damos menos recursos a la UNAM. ¿Por qué no apoyar a lo que ya dé resultados? Un país que no invierte en ciencia y educación siempre será un país pobre. ¿Queremos un México pobre?".
René Drucker Colín
Una muestra de la vida nacional
El 4 de junio del presente año, Carolina Aranda Cruz, de 11 años, estudiante de quinto de primaria, fue invitada a dar un discurso en el World Trade Center, ante cientos de pediatras y del secretario de Salud. Su discurso terminó con una frase devastadora: "Pobre México nuestro, tan cerca del fútbol y tan lejos de la ciencia."
Algunos extractos de su discurso son apabullantes. Carolina dice: "¿Por qué apoyar más a los futbolistas que a los científicos? ¿Son mejores personas? ¿Producen mayor riqueza? ¿Nos divierten más? No creo. Gracias a los científicos también nos divertimos, ellos inventaron las computadoras, los ipods, los simuladores... Además, salvo algunos casos, los jugadores de fútbol nos hacen ver muy mal mundialmente, y nuestros científicos, a quienes nadie apoya, no."
Y en otro segmento de su discurso expone: "Me da pena que nuestro gobierno y nuestros empresarios inviertan tanto en fútbol y seamos tan malos. Me da pena que inviertan tan poco en ciencia y seamos tan buenos. Tenemos la mejor universidad de Hispanoamérica, según la revista Time , y cada vez le damos menos recursos a la UNAM. ¿Por qué no apoyar a lo que ya dé resultados? Un país que no invierte en ciencia y educación siempre será un país pobre. ¿Queremos un México pobre?" ¡Qué les parece! Carolina le dio al clavo, y tiene razón. Ya lo vimos, por poco perdemos en fútbol con Cuba, país donde ese deporte casi no se juega, y perdimos con Honduras. Pero ejemplos como éstos abundan en la historia del fútbol mexicano. Por otro lado, cabe mencionar otra vergüenza. El discurso de Carolina sólo tuvo eco en un medio de comunicación escrito y en uno televisivo. La pobreza noticiosa de los medios de comunicación también se evidenció... y las cosas no cambian.. Hace más o menos seis años, tres jóvenes mexicanos ganaron medallas de plata y bronce en una olimpiada científica en Dinamarca, donde compitieron 52 países. Ningún medio de comunicación vio importancia alguna en mencionarlo en algún segmento. Estaban muy ocupados con señalar las medallas de Ana Guevara, de quien también estamos muy orgullosos.. Pero tanta diferencia, ¿se vale? Yo pienso que no.
La semana que acaba de pasar, Televisa llevó a cabo su foro anual llamado Espacio. Creo que cerca de 5 mil universitarios asisten paraescuchar a diversos personajes de la vida académica y política. Entre los invitados estuvo el actual director del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), Juan Carlos Romero Hicks. La ocasión hubiera sido perfecta para hablar sobre los proyectos que tendría el Conacyt para impulsar las oportunidades en la ciencia para los jóvenes, o de las estrategias para desarrollar la tecnología que requiere el país en los próximos años, y que podría abrir abanicos de oportunidad para la juventud. Pero no, habló sobre la moral. Yo no tengo nada en contra de la moral, pero habría sido moralmente más correcto para el director del Conacyt explicar, presentar o desarrollar temas sobre los cuales, cientos de jóvenes en el país están preocupados, y que se relacionarían con su futuro como mexicanos con oportunidades.
También la semana pasada ocurrió algo que me llamó la atención, por no decir que me sorprendió sobremanera, y esto fue la noticia destacada, también en pocos medios, de que el subcomediante Marcos estaba criticando las acciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal en contra del crimen organizado, llamando despojo a las expropiaciones. O sea, si bien entendí las notas, procurar romper las redes de corrupción de delincuentes es despojo. Quedo con un poco de desorientación. Sería bueno preguntarle a Marcos si lo que ocurre con el Auditorio Che Guevara, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la UNAM, se le denomina "despojo" o "expropiación".
En fin, estimados lectores, como pueden ver, en nuestro país tenemos mucho que deplorar, mucho de qué sonrojarnos y mucho que dejar de arropar.
ESTE TIPO DE CORREOS DEBERÍAN SER CADENAS INTERMINABLES Y DARLE LA VUELTA AL MUNDO VARIAS VECES HASTA QUE EL GOBIERNO ENTIENDA EL MENSAJE. SI NO LO ENVÍAS A TODOS TUS CONTACTOS, MÉXICO NO PASARÁ EN LA COPA DE AMÉRICA. PERO SI LO ENVÍAS, DE TODOS MODOS VA A PERDER.
lunes, julio 16, 2007
domingo, julio 15, 2007
La batalla es ya internacional
A la defensa legal del empresario chino Zhenli Ye Gon en Estados Unidos no le afectan acciones judiciales ni amenazas como la “solicitud de detención con fines de extradición” que el gobierno de Felipe Calderón presentó al Departamento de Justicia estadunidense el pasado lunes 9 julio, dice Proceso en su edición 1602.“Bien hecho, que lo hagan. Le damos la bienvenida al pedido de extradición de mi cliente que presentó el gobierno de México al de Estados Unidos. Vamos a ver si lo pueden sostener”, dice en entrevista telefónica para Proceso Ning Ye, uno de los abogados del bufete legal McMahon and Associates, que el empresario prófugo contrató para llevar su defensa en este país. “Estamos preparados para todo”, añade Ning Ye.Los defensores de Ye Gon, encabezados por Martin McMahon, reiteran que al acusar de narcotráfico a su cliente el gobierno mexicano pretende “crear una cortina de humo” para “encubrir un enorme escándalo de corrupción electoral” que puede afectar directamente al presidente Calderón y a su secretario del Trabajo, Javier Lozano Alarcón.Este último funcionario es directamente señalado por Ye Gon como la persona que con amenazas de muerte lo obligó el año pasado a recibir y guardar en su residencia de Lomas de Chapultepec entre 100 y 130 millones de dólares, destinados –según el propio Ye Gon y sus abogados– a financiar la campaña presidencial del PAN y posiblemente donados por narcotraficantes (Proceso 1601).“El gobierno de México está obligado a demostrar con evidencias factuales los cargos que le imputa a nuestro cliente. Nosotros sí tenemos pruebas para demostrar que todo se trata de un asunto de corrupción y las vamos a presentar en conferencia de esta semana”, apunta Ning Ye.La conferencia de prensa que los abogados de Zhenli Ye Gon organizan para el miércoles 18 de julio en el Salón Lisagor, del Club Nacional de Prensa de Washington –un acto que durará tres horas, según Ning Ye–, se titulará “¿Drogas o Fraude? El caso de Ye”. Esta conferencia se vislumbra como un show mediante el cual el bufete McMahon and Associates intentará convencer de su versión a los medios de comunicación estadunidenses y mexicanos.Lo que tenemos demostrará perfectamente que este asunto es un caso de corrupción gubernamental para encubrir delitos electorales y que nosotros, ante las acciones legales de México, le queremos dar un tono a nivel internacional, dice Ning Ye en el número 1602 de Procesoque circula a partir de este domingo 15 de julio.
La derecha y su miedo a la democracia
La derecha y su miedo a la democracia
“Una democracia construida sobre la base del miedo no es otra cosa que miedo a la democracia”, sentencia Lorenzo Meyer en su más reciente libro, El espejismo democrático, y advierte –en entrevista– que la derecha es el entramado político que, desde la lucha por la independencia de México y hasta ahora, explota el pavor para mantener su hegemonía, dice el número 1602 de Proceso.Por eso, afirma, en el 2006 México no dio el gran paso en la transformación política de la que se ufanaba el Partido Acción Nacional (PAN). “La derecha es la que no quiso darlo, porque es la derecha la que tiene miedo a la democracia desde la Guerra de Independencia, cuando vio las grandes turbas levantadas y las vio como masas peligrosas. Desde la Alhóndiga de Granaditas no se le quita el miedo.”Los criollos, recuerda, se aliaron a los españoles para derrotar a los independentistas. “Ahí está el origen de la izquierda y la derecha en México. Antes de que usáramos esos términos, que vienen de la Revolución Francesa, ya estaba el basamento social de esa división: Una minoría, entre dueños y administradores gubernamentales y eclesiásticos, y una enorme mayoría indígena explotada.”Esa dicotomía, que prevalece a lo largo de la historia independiente de México –excepto en el porfiriato y, con salvedades, en la era priista, cuando se proclamó la unidad nacional–, está en auge por la estructura de intereses que respalda al gobierno de Felipe Calderón y el movimiento que encabeza Andrés Manuel López Obrador.En entrevista con el reportero el jueves 12, el investigador del Centro de Estudios Internacionales de El Colegio de México examina el momento que vive el país desde el México independiente con dos fuerzas antagónicas, y de cómo la derecha de hoy –integrada por panistas, priistas, grandes empresarios, la Iglesia católica y sectores de clase media– evitó a toda costa el triunfo de la izquierda en el 2006, publica Proceso en su edición 1602.
La deuda de la ciudad: tentaciones políticas e irresponsabilidad fiscal
Mario M. Delgado Carrillo*
La deuda de la ciudad: tentaciones políticas e irresponsabilidad fiscal
La deuda de la ciudad de México se convirtió durante la pasada campaña electoral en parte central de la guerra sucia en contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. La información se manipuló y se mintió abiertamente para generar una situación de desconfianza hacia el manejo de las finanzas en la capital y la capacidad de los gobiernos de izquierda de conducirse con responsabilidad fiscal.
Resulta sorprendente que aún en círculos normalmente bien informados, se logró sembrar una sombra de duda sobre la salud de las finanzas de la ciudad. Lo anterior, a pesar de que los mercados otorgan la más alta calificación posible a la deuda y apenas si alcanza el 2.7 por ciento del tamaño de la economía capitalina, a diferencia de la deuda federal que representa casi la mitad del producto nacional. De hecho, el crecimiento de la deuda del DF durante la pasada administración fue prácticamente igual a la federación y, por lo tanto, el grado de responsabilidad fiscal de ambos gobiernos fue similar.
Desde 1997, la discusión en torno a la deuda del DF ha sido de naturaleza política y no en relación con las necesidades financieras en materia de infraestructura. El PRI y el PAN en la Cámara de Diputados fueron restringiendo el financiamiento por esta vía a la ciudad hasta hacerlo prácticamente inexistente: actualmente, el techo de endeudamiento representa menos de 1% del presupuesto total. Con el monto autorizado para 2007 -mil 400 millones de pesos- se podrían construir apenas 3 kilómetros de Metro. No obstante, la ciudad de México es la que más recursos dedica a inversión como porcentaje de su gasto y somos el primer lugar nacional en obra pública.
Ante la irresponsabilidad política del acoso económico, no queda más que mantener una estricta disciplina fiscal por parte del gobierno de la ciudad y desarrollar la capacidad de innovar esquemas financieros que permitan a la capital no sólo mantener, sino acelerar el ritmo de sus inversiones para mejorar la calidad de vida y no perder competitividad en la nueva economía global.
El mercado internacional de capitales atraviesa por un momento de enorme liquidez, atribuible principalmente al largo periodo de bajas tasas de interés en Estados Unidos. Es decir, hay mucho dinero barato en búsqueda de proyectos rentables de mediano y largo plazo para colocarse. Para aprovechar esta coyuntura, el gobierno de la ciudad puso sobre la mesa de los grandes capitales sus contratos de deuda pública por un valor de 38 mil millones de pesos con la finalidad de buscar mejores condiciones en los mismos. La respuesta del mercado ha sido más que sorprendente: las ofertas superan por el doble -cerca de 80 mil millones de pesos- el monto de deuda a refinanciar. Además, las tasas son históricamente bajas y los plazos ofrecidos son superiores a los 25 años, en un mercado de dinero donde hasta hace poco el largo plazo era de 28 días.
Para algunos la deuda de la ciudad es enorme; pues bien, en el mercado de capitales hay instituciones financieras nacionales e internacionales que la pueden comprar dos veces, están dispuestos a conceder plazos que superan varias generaciones y además a un costo más barato que el actual. Las ofertas recibidas son un mensaje muy claro y contundente de confianza de los mercados hacia la ciudad. Pero al parecer este mensaje no ha llegado a algunos que se empecinan en tratar de mantener sojuzgada a la capital y su gobierno.
En caso de que el Ejecutivo federal no autorice el esquema de refinanciamiento que impulsa el Gobierno del Distrito Federal, se perdería una gran oportunidad para mejorar de golpe las condiciones de la deuda. Se impediría generar ahorros y reorientar recursos que actualmente se destinan al pago de intereses a proyectos de inversión en infraestructura como transporte, agua, drenaje profundo y vialidades.
Quien toma decisiones de finanzas públicas (FELIPE CALDERON) con una intencionalidad política pone en riesgo la estabilidad de un país. Eso hemos aprendido de nuestra larga historia de amargas experiencias ocasionadas por desequilibrios fiscales. No es casualidad que en la mayoría de las democracias modernas la necesidad de mantener finanzas públicas sanas es un tema que se asume por todas las fuerzas. Las diferencias ideológicas se reflejan en los programas que cada gobierno desarrolla, no en el manejo de las finanzas. Esto ha funcionado como un blindaje para la economía con respecto a las disputas políticas.
Si en la ciudad se obstaculiza la entrada de capitales que permitan mejorar su perfil de deuda por razones ajenas a criterios financieros, estaríamos afectando el paradigma que hemos logrado construir como país en los 10 años recientes de que las finanzas públicas se conducen con disciplina profesional y no con irresponsabilidad política.
La guerra sucia en contra del supuesto desempeño de un gobernante en materia económica en el contexto de las campañas electorales puede servir para alterar el rumbo de una elección a favor de algunos. Sin embargo, el manejo político de decisiones económicas altera el rumbo de la economía y perdemos todos.
*Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
La deuda de la ciudad: tentaciones políticas e irresponsabilidad fiscal
La deuda de la ciudad de México se convirtió durante la pasada campaña electoral en parte central de la guerra sucia en contra de la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. La información se manipuló y se mintió abiertamente para generar una situación de desconfianza hacia el manejo de las finanzas en la capital y la capacidad de los gobiernos de izquierda de conducirse con responsabilidad fiscal.
Resulta sorprendente que aún en círculos normalmente bien informados, se logró sembrar una sombra de duda sobre la salud de las finanzas de la ciudad. Lo anterior, a pesar de que los mercados otorgan la más alta calificación posible a la deuda y apenas si alcanza el 2.7 por ciento del tamaño de la economía capitalina, a diferencia de la deuda federal que representa casi la mitad del producto nacional. De hecho, el crecimiento de la deuda del DF durante la pasada administración fue prácticamente igual a la federación y, por lo tanto, el grado de responsabilidad fiscal de ambos gobiernos fue similar.
Desde 1997, la discusión en torno a la deuda del DF ha sido de naturaleza política y no en relación con las necesidades financieras en materia de infraestructura. El PRI y el PAN en la Cámara de Diputados fueron restringiendo el financiamiento por esta vía a la ciudad hasta hacerlo prácticamente inexistente: actualmente, el techo de endeudamiento representa menos de 1% del presupuesto total. Con el monto autorizado para 2007 -mil 400 millones de pesos- se podrían construir apenas 3 kilómetros de Metro. No obstante, la ciudad de México es la que más recursos dedica a inversión como porcentaje de su gasto y somos el primer lugar nacional en obra pública.
Ante la irresponsabilidad política del acoso económico, no queda más que mantener una estricta disciplina fiscal por parte del gobierno de la ciudad y desarrollar la capacidad de innovar esquemas financieros que permitan a la capital no sólo mantener, sino acelerar el ritmo de sus inversiones para mejorar la calidad de vida y no perder competitividad en la nueva economía global.
El mercado internacional de capitales atraviesa por un momento de enorme liquidez, atribuible principalmente al largo periodo de bajas tasas de interés en Estados Unidos. Es decir, hay mucho dinero barato en búsqueda de proyectos rentables de mediano y largo plazo para colocarse. Para aprovechar esta coyuntura, el gobierno de la ciudad puso sobre la mesa de los grandes capitales sus contratos de deuda pública por un valor de 38 mil millones de pesos con la finalidad de buscar mejores condiciones en los mismos. La respuesta del mercado ha sido más que sorprendente: las ofertas superan por el doble -cerca de 80 mil millones de pesos- el monto de deuda a refinanciar. Además, las tasas son históricamente bajas y los plazos ofrecidos son superiores a los 25 años, en un mercado de dinero donde hasta hace poco el largo plazo era de 28 días.
Para algunos la deuda de la ciudad es enorme; pues bien, en el mercado de capitales hay instituciones financieras nacionales e internacionales que la pueden comprar dos veces, están dispuestos a conceder plazos que superan varias generaciones y además a un costo más barato que el actual. Las ofertas recibidas son un mensaje muy claro y contundente de confianza de los mercados hacia la ciudad. Pero al parecer este mensaje no ha llegado a algunos que se empecinan en tratar de mantener sojuzgada a la capital y su gobierno.
En caso de que el Ejecutivo federal no autorice el esquema de refinanciamiento que impulsa el Gobierno del Distrito Federal, se perdería una gran oportunidad para mejorar de golpe las condiciones de la deuda. Se impediría generar ahorros y reorientar recursos que actualmente se destinan al pago de intereses a proyectos de inversión en infraestructura como transporte, agua, drenaje profundo y vialidades.
Quien toma decisiones de finanzas públicas (FELIPE CALDERON) con una intencionalidad política pone en riesgo la estabilidad de un país. Eso hemos aprendido de nuestra larga historia de amargas experiencias ocasionadas por desequilibrios fiscales. No es casualidad que en la mayoría de las democracias modernas la necesidad de mantener finanzas públicas sanas es un tema que se asume por todas las fuerzas. Las diferencias ideológicas se reflejan en los programas que cada gobierno desarrolla, no en el manejo de las finanzas. Esto ha funcionado como un blindaje para la economía con respecto a las disputas políticas.
Si en la ciudad se obstaculiza la entrada de capitales que permitan mejorar su perfil de deuda por razones ajenas a criterios financieros, estaríamos afectando el paradigma que hemos logrado construir como país en los 10 años recientes de que las finanzas públicas se conducen con disciplina profesional y no con irresponsabilidad política.
La guerra sucia en contra del supuesto desempeño de un gobernante en materia económica en el contexto de las campañas electorales puede servir para alterar el rumbo de una elección a favor de algunos. Sin embargo, el manejo político de decisiones económicas altera el rumbo de la economía y perdemos todos.
*Secretario de Finanzas del Gobierno del Distrito Federal
Chocan mineros y granaderos frente a oficinas de Grupo México
Chocan mineros y granaderos frente a oficinas de Grupo México
México, D.F., 13 de julio (apro).- Unos 300 integrantes del sindicato y familiares de los mineros fallecidos en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, se manifestaron este día frente a las instalaciones de Industrial Minera México (IMMSA), desde donde exigieron a directivos de la empresa y autoridades el rescate de los cuerpos que permanecen sepultados después de año y medio.Los inconformes marcharon de la Torre del Caballito, en Paseo de la Reforma, hasta la colonia Chapultepec Polanco, donde se encuentran las oficinas centrales de Minera México. Una vez ahí, los manifestantes intentaron colocar mantas en la entrada principal, pero los granaderos que resguardaban el lugar lo impidieron con descargas de gases lacrimógenos. Los trabajadores y los familiares de las víctimas de Pasta de Conchos desistieron de colgar las mantas, pero continuaron con la manifestación.En la movilización, que contó con el respaldo de trabajadores de Chihuahua y Zacatecas, viudas y mineros exigieron al jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón dejar de someterse a la voluntad del presidente del consejo de administración de Grupo México, Germán Larrea, a quien acusan de “homicidio industrial” por la explosión del filón ocurrida el 17 de febrero del año pasado.Previamente, al arranque del mitin, los mineros lanzaron botellas de agua contra los granaderos. Algunos incluso aventaron piedras que destrozaron uno de los cristales del enorme edificio.Enardecidas, las mujeres le gritaron a Larrea que si tenía para oficinas nuevas, cómo era posible que no tuviera dinero para rescatar los restos de 63 mineros que siguen desde hace año y medio enterrados en el filón.Entre pancartas con frases al estilo: “¡Quiero llevar flores a la tumba de mi padre José Guadalupe García!” o “¡Exijo el cuerpo de mi papá!”, los manifestantes pidieron al gobierno federal no ser cómplice de Grupo México. Cabe destacar que en días pasados las viudas solicitaron a la Presidencia una audiencia, pero les dijeron que no las recibiría el jefe del Ejecutivo, sino “un tal funcionario Castro”.“Larrea es el terrorista número uno de los mineros. Ha sido nuestro golpeador número uno”, gritaron, mientras una mujer a gritos le exigía al empresario saliera del edificio y diera la cara. “Sal cobarde, aquí te esperamos. Da la cara, así como la estamos dando las viudas”.Las viudas y sus familiares mantienen un plantón desde el lunes en la calle que cruza la calzada de Chivatito y Paseo de la Reforma.
“Asfixiados”
Por su lado, el secretario de Asuntos Políticos del Sindicato de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (STMMSRM), Carlos Pavón, dijo que el gobierno federal y Grupo México no quieren rescatar los cuerpos de Pasta de Conchos porque se descubriría lo que verdaderamente ocurrió aquel 17 de febrero.“Tenemos informes de que no murieron por la explosión, sino de asfixia y no quieren que se sepa. Se cree que la explosión ocurrió en un lugar donde no estaban los mineros trabajando, pero ésta los enterró y murieron por la falta de aire. Si esto es cierto, Grupo México habría tenido tiempo de rescatarlos, y no lo hizo”.Durante el mitin el dirigente exigió justicia para los fallecidos. Cuando Pavón estaba hablando comenzaron los empujones entre viudas, mineros y policías. Luego los policías echaron gas a las viudas y les dieron de patadas, inclusive rompieron un vidrio.“De ahora en adelante, dependiendo del trato que nos den, vamos a responder”, advirtió el líder minero.Pavón destacó que el flamante edificio de Grupo México fue comprado con el trabajo de los mineros que laboran en magras condiciones de seguridad e higiene.
Mineros vs gobierno
Y a siete meses del gobierno calderonista, el diálogo con los mineros sigue bloqueado.Más aún, en Chihuahua y Zacatecas la situación se ha recrudecido, de acuerdo con mineros del lugar, pues Grupo México les ofrece dos opciones para trabajar: su renuncia o su inclusión a un ‘sindicato blanco’.En Sombrerete, Zacatecas, no saben si quedarse a trabajar en la mina o migrar a Estados Unidos, porque allá tienen mejores condiciones laborales.Incluso con el secretario del Trabajo, Javier Lozano, las puertas están cerradas, pues no los quiere recibir a menos que lleven a sus abogados. La última vez que se entrevistaron con él, éste se comprometió a hablar una vez por semana para decirles cómo va el asunto, pero a la fecha no les ha llamado.“Pero sí se reúne con Industrial Minera México y cree lo que dicen”. Cuando hacen inspecciones en las minas no dejan entrar al sindicato, dijeron.La primera vez que se reunieron con Lozano fue el 12 de diciembre. El 26 del mismo mes volvieron a encontrarse y parecía que el secretario del Trabajo quería arreglar el conflicto minero. Pero sólo le dio la toma de nota al Comité Ejecutivo Nacional y nada más.Destacaron que a la fecha sólo persisten unas cuantas denuncias contra su líder nacional, Napoleón Gómez Urrutia. “A nueve mil denunciantes les prometieron 80 millones de pesos por ello”. Además, hay una demanda mercantil que no va a prosperar. La de Monterrey fue desechada; la de Sonora se envió al Distrito Federal, y las otras que se desahogaron en la capital fueron favorables para Gómez Urrutia, pues se anunció la no acción penal.
SAE y Hacienda se “hacen bolas” con el dinero asegurado a Ye Gonde
* Afirman que los 205 mdd incautados están en México y no en el Bank of America, como se informó en un principioMéxico, D. F., 13 de julio (apro).- La ruta de los 205 millones de dólares decomisados el pasado 15 de marzo al empresario chino naturalizado mexicano, Zhenli Ye Gon, sigue siendo confusa a causa de las contradicciones oficiales.En un principio, la Procuraduría General de la República (PGR) informó que el dinero fue depositado en las bóvedas del Banco del Ejército, bajo resguardo formal del Sistema de Administración y Enajenación de Bienes (SAE).Sin embargo, no fue sino a principios de abril cuando ese banco expidió las fichas de depósito a nombre del SAE, que desde entonces es formalmente titular de los recursos. El argumento oficial de esa tardanza es que el tiempo transcurrido corresponde al lapso requerido para la integración de la averiguación previa.Pero resulta que cuando Banjército expidió las fichas de depósito al SAE el dinero ya no estaba en México. Ya lo había enviado a Estados Unidos, al Bank of America, por conducto de Banco Santander “para la validación de los billetes”, según la información que difundió el SAE la semana pasada.Ahora resulta que el dinero incautado al prófugo de la justicia mexicana se encuentra en México.Este viernes, la Secretaría de Hacienda y el SAE difundieron el comunicado número 061, en el que aseguran que los recursos asegurados a Ye Gon se encuentran en México.En el escueto boletín, la Secretaría de Hacienda y el SAE afirman que el dinero está en las bóvedas del Banco de México y que está a favor de la Tesorería de la Federación. “Por lo tanto, los recursos provenientes de este aseguramiento no están en riesgo y están legalmente en posesión del gobierno mexicano”.Explican que el numerario asegurado en dólares fue entregado en un principio a Banejército, “a efecto de que se realizara su conteo y certificación. En una primera etapa se contó y autentificó la cantidad de 198, 600,000.00 dólares; en una segunda, la cantidad de 5, 770, 344.19 dólares. Estas cantidades fueron acreditadas en la cuenta concentradora de la Tesorería de la Federación en el Banco de México el 27 de abril y el 8 de mayo de este año, respectivamente. Asimismo (sic), una cantidad en moneda nacional por 17, 307,020.00 fue depositada en el Banco de México el 25 de abril”.Según el SAE y Hacienda, la cuenta concentradora de la Tesorería de la Federación en el Banco de México tiene diversos recursos del gobierno federal, incluidos los decomisados a Ye Gon, quien se encuentra prófugo.En la parte final, el comunicado dicen que “todas las decisiones relacionadas con el aseguramiento se apegan estrictamente al marco legal aplicable en nuestro país y garantizan su absoluta transparencia”.Sobre el particular, el vocero del PRD en la Cámara de Diputados, Luis Sánchez, cuestionó las contradicciones en que ha incurrido el gobierno mexicano en relación con ese dinero.Recordó que primero se dijo que los recursos habían sido enviados a Estados Unidos y ahora sale Hacienda con qué están en el país. “Nos habían dicho que incluso los rendimientos en Estados Unidos eran de un poco más de un millón y medio de dólares, realmente esto es muy confuso y demandamos que haya claridad”, sostuvo.“Parece que ellos, el gobierno federal, se empeñan en que haya dudas y que estemos pensando que sí hay gente involucrada", agregó.El 4 de julio, dos días después que Zhenli Ye Gon hiciera públicas sus acusaciones, el SAE emitió un comunicado de prensa en el que aseguraba que tenía “pleno control” sobre el dinero asegurado en Las Lomas de Chapultepec.
sábado, julio 14, 2007
Cierre de medios en España: PP ordena cerrar televisoras en Valencia y socialistas en Asturias
Los mismos partidos que criticaron la no renovación de RCTV en Venezuela
Aporrea
El Partido Popular español, el mismo que desde España ha abierto un frente de ataque contra el gobierno Venezolano por su decisión de no renovar la licencia de transmisión en señal abierta a RCTV, ha eliminando la difusión de las emisiones de las cadenas de televisión independientes y críticas con su gestión de gobierno en la Generalitat y Ayuntamientos, mediante el cierra de los canales TV-3, y mas recientemente, InfoTV, por razones eminentemente políticas, sentando así un grave precedente para la libertad de expresión y de información en el país ibérico.
Luego de haber cerrado los repetidores que permitían la recepción de la televisión pública catalana en el territorio valenciano, el PP ha decidido cerrar la emisión de la señal de InfoTV en la comarca de La Vall d'Albaida, perteneciente al Ayuntamiento de Ontinyent, donde el PP gobierna con absoluta mayoría.
El PP justifica la decisión para que haya "más oferta" y "más pluralidad" en las emisiones televisivas de Valencia. Hasta el pasado viernes 6 de julio, la televisora InfoTV emitía su señal con la colaboración de Televisión d'Ontinyent, dependiente del Ayuntamiento. Sin embargo, el PP decidió que dicha frecuencia será ocupada por las estaciones Eurosport y Euronews.
En un comunicado público, la estación InfoTV acusó al gobierno regional de cercenar la libertad de expresión de un canal de televisión que "desde la ética profesional y desde la escrupulosidad democrática, mantiene posiciones críticas con el gobierno del PP y denuncia los abusos verbales y fácticos que comete."
Asimismo, la televisora destacó que con esta decisión el PP "prescinde de un medio valenciano, en valenciano y con contenidos valencianos, el único que hay de estas características," lo cual supone una violación a la libertad de expresión e información en España que contradice la posición altamente beligerante que ha tomado este partido con respecto al caso de RCTV en Venezuela.
Socialistas cierran TeleAsturias
El PP no ha sido la única agrupación política que ha decidido cerrar medios de comunicación críticos con la gestión de sus respectivos gobiernos. El pasado mes de marzo, el gobierno socialista de Asturias ordenó el cierre de la señal de emisión de TeleAsturias, argumentando que "el espectro radioeléctrico por el que operaba la cadena, afecta a un canal legalmente atribuido a otros servicios."
El Gobierno asturiano asignó la concesión "a nuevos canales digitales locales" y ordenó el "despeje inmediato" de la frecuencia que utilizaba TeleAsturias.
Un portavoz del gobierno manifestó que dicha frecuencia "estaba utilizada de forma ilegal, y ahora ha sido asignada a los canales digitales locales", por lo que se ha ordenado la suspensión de las emisiones "por estar afectando a un canal legalmente atribuido ya a otro servicio."
Asimismo, admitió que "la suspensión de la señal de TeleAsturias no se trata de una actuación diferente a la que se realiza en otros puntos del país en este momento de reordenación del sector y de adjudicación de licencias", evidenciando así la ola de cierres de medios de independientes que sacude actualmente a España.
Por su parte, la dirección de TeleAsturias condenó la decisión, manifestando que la misma "vulnera la ley de Televisión Digital Terrestre." El canal había solicitado la licencia digital regional, pero el Gobierno la otorgó a Productora Asturiana de Televisión S.A., empresa vinculada al grupo Prisa, poderosa corporación de medios muy ligada al gobierno del Presidente Zapatero.
Posición del gobierno socialista español es "fascista"
Frente a la decisión socialista de cerrar TeleAsturias, el ex diputado de la Izquierda Unida, Antón Saavedra, acusó al gobierno regional socialista de tomar una posición de fascista, al tiempo que manifestó que este medio debería seguir emitiendo su señal con toda libertad.
Sin embargo, el Secretario General del PSOE de Gijón, José Manuel Sarieg, ha dicho que con la ampliación de la oferta de licencias, TeleAsturias podría emitir su señal en el futuro, mientras el diputado socialista, Fernando Lastra, ha dicho que TeleAsturias obtuvo la peor puntuación relativa a las condiciones laborales de los trabajadores y que "debía atenerse al resultado del concurso al que se ha presentado para las licencias."
Contradicciones
Al igual que sucede con la decisión del PP de eliminar las transmisiones de los medios de comunicación críticos a su gestión de gobierno, el cierre de TeleAsturias por parte del gobierno regional presidido por el PSOE, contradice las declaraciones del Canciller Miguel Ángel Moratinos en relación a su supuesta "preocupación" por la no renovación de la licencia a RCTV, aun cuando esta decisión fue tomada por el gobierno venezolano totalmente apegada a las leyes y al orden constitucional.
Por el contrario, llama poderosamente la atención la gran cantidad de medios de comunicación cerrados recientemente en todo el mundo. Un informe reciente elaborado por el investigador español J.David Carracedo, señala que en los últimos años se han clausurado, anulado y no renovado, mas de 236 licencias de Radio y Televisión en Europa, Estados Unidos y América Latina. En España, además de TV-3, InfoTV y TeleAsturias, se han cerrado la televisora TV Laciana y TVL de Sevilla.
En el caso Venezuela ya el argumento que utilizaba RCTV de "cierre" se cae por su propio peso por cuanto actualmente la señal de esa compañía está saliendo en período de prueba por cable.
Aporrea
El Partido Popular español, el mismo que desde España ha abierto un frente de ataque contra el gobierno Venezolano por su decisión de no renovar la licencia de transmisión en señal abierta a RCTV, ha eliminando la difusión de las emisiones de las cadenas de televisión independientes y críticas con su gestión de gobierno en la Generalitat y Ayuntamientos, mediante el cierra de los canales TV-3, y mas recientemente, InfoTV, por razones eminentemente políticas, sentando así un grave precedente para la libertad de expresión y de información en el país ibérico.
Luego de haber cerrado los repetidores que permitían la recepción de la televisión pública catalana en el territorio valenciano, el PP ha decidido cerrar la emisión de la señal de InfoTV en la comarca de La Vall d'Albaida, perteneciente al Ayuntamiento de Ontinyent, donde el PP gobierna con absoluta mayoría.
El PP justifica la decisión para que haya "más oferta" y "más pluralidad" en las emisiones televisivas de Valencia. Hasta el pasado viernes 6 de julio, la televisora InfoTV emitía su señal con la colaboración de Televisión d'Ontinyent, dependiente del Ayuntamiento. Sin embargo, el PP decidió que dicha frecuencia será ocupada por las estaciones Eurosport y Euronews.
En un comunicado público, la estación InfoTV acusó al gobierno regional de cercenar la libertad de expresión de un canal de televisión que "desde la ética profesional y desde la escrupulosidad democrática, mantiene posiciones críticas con el gobierno del PP y denuncia los abusos verbales y fácticos que comete."
Asimismo, la televisora destacó que con esta decisión el PP "prescinde de un medio valenciano, en valenciano y con contenidos valencianos, el único que hay de estas características," lo cual supone una violación a la libertad de expresión e información en España que contradice la posición altamente beligerante que ha tomado este partido con respecto al caso de RCTV en Venezuela.
Socialistas cierran TeleAsturias
El PP no ha sido la única agrupación política que ha decidido cerrar medios de comunicación críticos con la gestión de sus respectivos gobiernos. El pasado mes de marzo, el gobierno socialista de Asturias ordenó el cierre de la señal de emisión de TeleAsturias, argumentando que "el espectro radioeléctrico por el que operaba la cadena, afecta a un canal legalmente atribuido a otros servicios."
El Gobierno asturiano asignó la concesión "a nuevos canales digitales locales" y ordenó el "despeje inmediato" de la frecuencia que utilizaba TeleAsturias.
Un portavoz del gobierno manifestó que dicha frecuencia "estaba utilizada de forma ilegal, y ahora ha sido asignada a los canales digitales locales", por lo que se ha ordenado la suspensión de las emisiones "por estar afectando a un canal legalmente atribuido ya a otro servicio."
Asimismo, admitió que "la suspensión de la señal de TeleAsturias no se trata de una actuación diferente a la que se realiza en otros puntos del país en este momento de reordenación del sector y de adjudicación de licencias", evidenciando así la ola de cierres de medios de independientes que sacude actualmente a España.
Por su parte, la dirección de TeleAsturias condenó la decisión, manifestando que la misma "vulnera la ley de Televisión Digital Terrestre." El canal había solicitado la licencia digital regional, pero el Gobierno la otorgó a Productora Asturiana de Televisión S.A., empresa vinculada al grupo Prisa, poderosa corporación de medios muy ligada al gobierno del Presidente Zapatero.
Posición del gobierno socialista español es "fascista"
Frente a la decisión socialista de cerrar TeleAsturias, el ex diputado de la Izquierda Unida, Antón Saavedra, acusó al gobierno regional socialista de tomar una posición de fascista, al tiempo que manifestó que este medio debería seguir emitiendo su señal con toda libertad.
Sin embargo, el Secretario General del PSOE de Gijón, José Manuel Sarieg, ha dicho que con la ampliación de la oferta de licencias, TeleAsturias podría emitir su señal en el futuro, mientras el diputado socialista, Fernando Lastra, ha dicho que TeleAsturias obtuvo la peor puntuación relativa a las condiciones laborales de los trabajadores y que "debía atenerse al resultado del concurso al que se ha presentado para las licencias."
Contradicciones
Al igual que sucede con la decisión del PP de eliminar las transmisiones de los medios de comunicación críticos a su gestión de gobierno, el cierre de TeleAsturias por parte del gobierno regional presidido por el PSOE, contradice las declaraciones del Canciller Miguel Ángel Moratinos en relación a su supuesta "preocupación" por la no renovación de la licencia a RCTV, aun cuando esta decisión fue tomada por el gobierno venezolano totalmente apegada a las leyes y al orden constitucional.
Por el contrario, llama poderosamente la atención la gran cantidad de medios de comunicación cerrados recientemente en todo el mundo. Un informe reciente elaborado por el investigador español J.David Carracedo, señala que en los últimos años se han clausurado, anulado y no renovado, mas de 236 licencias de Radio y Televisión en Europa, Estados Unidos y América Latina. En España, además de TV-3, InfoTV y TeleAsturias, se han cerrado la televisora TV Laciana y TVL de Sevilla.
En el caso Venezuela ya el argumento que utilizaba RCTV de "cierre" se cae por su propio peso por cuanto actualmente la señal de esa compañía está saliendo en período de prueba por cable.
Escenarios de impunidad
Proceso
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- La absolución de Luis Echeverría Álvarez por la matanza del 2 de octubre de 1968 es un anticipo de lo que se puede esperar en materia de derechos humanos en el sexenio.
Si en esa masacre fue imposible determinar responsables y mucho menos encausarlos, lo que ocurra con las violaciones a las garantías fundamentales en la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –y tal vez contra la guerrilla– tiene por anticipada la impunidad.
La exoneración de Echeverría evidenció también los criterios contradictorios y veleidosos con que la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió dos de los casos más emblemáticos de la represión del régimen autoritario del PRI: la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, y “El Halconazo”, como se conoce a la otra masacre estudiantil, la ocurrida en San Cosme el 10 de junio de 1971.
En la masacre cometida por ese grupo paramilitar creado cuando Echeverría era secretario de Gobernación pero que actuó cuando éste ya era presidente de la República, la magistrado Herlinda Velasco Villavicencio, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal Federal, absolvió en julio de 2005 al expresidente por considerar que la fiscalía para la “guerra sucia” no pudo acreditar que esos hechos constituyeron un delito de genocidio.
Dos años después, el pasado jueves 12 de julio, otro magistrado, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, determinó que la matanza del 68 sí fue un genocidio.
Lo peor fue que no hubo nadie a quien procesar, pues el magistrado no encontró “absolutamente ninguna prueba” de la participación de Echeverría en los sucesos.
Ese doble rasero de la justicia penal federal, pero también la inconsistente acusación del exfiscal Ignacio Carrillo Prieto sobre genocidio, garantizó que el expresidente, de 85 años, quedara prácticamente exonerado por esas matanzas del autoritarismo priista.
Aunque esos hechos ocurrieron hace casi cuatro décadas, forman parte de la misma impunidad que caracterizó al gobierno de Vicente Fox y que está siendo la impronta del sexenio calderonista, sobre todo en relación con el Ejército.
Según dijo el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto en una entrevista publicada por Proceso en abril pasado (1590), Fox negoció con el PRI la toma de posesión de Felipe Calderón en medio de la incertidumbre por el cambio de gobierno, en diciembre de 2006.
La ficha de cambio fue la consignación del expediente en el que según Carrillo iba a solicitar las órdenes de aprehensión de seis o siete militares de alto rango, por su presunta responsabilidad en la muerte de 80 personas, víctimas de la guerra sucia en Guerrero.
De ser cierta la acusación, en esa concertación habría participado el propio Calderón, pues su toma de posesión sólo fue posible por la activa participación del Ejército y del Estado Mayor Presidencial (EMP).
No pasó mucho tiempo para que surgieran las primeras muestras de impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos en este sexenio en relación con los militares.
Lo primero que hizo Calderón fue exculpar –sin pruebas, según demostró el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental– a los militares señalados como responsables de la violación y muerte de una anciana indígena en la sierra de Zongolica, Ernestina Ascencio Romero.
Después, permitió que la justicia militar se hiciera cargo de la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia –incluidos tres menores de edad– en Sinaloa a manos de un pelotón del Ejército.
Le siguió, a fines del mes pasado, la liberación del general Mario Alberto Acosta Chaparro, proceso por delitos contra la salud, pero señalado como uno de los principales responsables de la guerra sucia en Guerrero.
Acosta Chaparro, según lo dicho por Carrillo, habría sido uno de los beneficiarios de aquel pacto entre PRI y PAN. Está por verse si en ese acuerdo están incluidos los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Puebla, Mario Marín.
Ambos partidos se beneficiaron no sólo de aquella negociación, sino también de la liberación de Echeverría. La complicidad les conviene mutuamente, pues a cambio de estabilidad, el PAN permite que Echeverría, el padre político de Beatriz Paredes, la presidenta del PRI y cercana a Calderón, quede formalmente libre de cargos, aunque la historia hace tiempo que ya lo condenó. (13 de julio de 2007)
jorge carrasco araizaga
México, D.F. (apro).- La absolución de Luis Echeverría Álvarez por la matanza del 2 de octubre de 1968 es un anticipo de lo que se puede esperar en materia de derechos humanos en el sexenio.
Si en esa masacre fue imposible determinar responsables y mucho menos encausarlos, lo que ocurra con las violaciones a las garantías fundamentales en la “guerra” de Felipe Calderón contra el narcotráfico –y tal vez contra la guerrilla– tiene por anticipada la impunidad.
La exoneración de Echeverría evidenció también los criterios contradictorios y veleidosos con que la justicia mexicana, incluida la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), resolvió dos de los casos más emblemáticos de la represión del régimen autoritario del PRI: la matanza de Tlatelolco, el 2 de octubre de 1968, y “El Halconazo”, como se conoce a la otra masacre estudiantil, la ocurrida en San Cosme el 10 de junio de 1971.
En la masacre cometida por ese grupo paramilitar creado cuando Echeverría era secretario de Gobernación pero que actuó cuando éste ya era presidente de la República, la magistrado Herlinda Velasco Villavicencio, titular del Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal Federal, absolvió en julio de 2005 al expresidente por considerar que la fiscalía para la “guerra sucia” no pudo acreditar que esos hechos constituyeron un delito de genocidio.
Dos años después, el pasado jueves 12 de julio, otro magistrado, Jesús Guadalupe Luna Altamirano, titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal, determinó que la matanza del 68 sí fue un genocidio.
Lo peor fue que no hubo nadie a quien procesar, pues el magistrado no encontró “absolutamente ninguna prueba” de la participación de Echeverría en los sucesos.
Ese doble rasero de la justicia penal federal, pero también la inconsistente acusación del exfiscal Ignacio Carrillo Prieto sobre genocidio, garantizó que el expresidente, de 85 años, quedara prácticamente exonerado por esas matanzas del autoritarismo priista.
Aunque esos hechos ocurrieron hace casi cuatro décadas, forman parte de la misma impunidad que caracterizó al gobierno de Vicente Fox y que está siendo la impronta del sexenio calderonista, sobre todo en relación con el Ejército.
Según dijo el exfiscal Ignacio Carrillo Prieto en una entrevista publicada por Proceso en abril pasado (1590), Fox negoció con el PRI la toma de posesión de Felipe Calderón en medio de la incertidumbre por el cambio de gobierno, en diciembre de 2006.
La ficha de cambio fue la consignación del expediente en el que según Carrillo iba a solicitar las órdenes de aprehensión de seis o siete militares de alto rango, por su presunta responsabilidad en la muerte de 80 personas, víctimas de la guerra sucia en Guerrero.
De ser cierta la acusación, en esa concertación habría participado el propio Calderón, pues su toma de posesión sólo fue posible por la activa participación del Ejército y del Estado Mayor Presidencial (EMP).
No pasó mucho tiempo para que surgieran las primeras muestras de impunidad en materia de violaciones a los derechos humanos en este sexenio en relación con los militares.
Lo primero que hizo Calderón fue exculpar –sin pruebas, según demostró el Instituto de Acceso a la Información Pública Gubernamental– a los militares señalados como responsables de la violación y muerte de una anciana indígena en la sierra de Zongolica, Ernestina Ascencio Romero.
Después, permitió que la justicia militar se hiciera cargo de la investigación por la ejecución extrajudicial de una familia –incluidos tres menores de edad– en Sinaloa a manos de un pelotón del Ejército.
Le siguió, a fines del mes pasado, la liberación del general Mario Alberto Acosta Chaparro, proceso por delitos contra la salud, pero señalado como uno de los principales responsables de la guerra sucia en Guerrero.
Acosta Chaparro, según lo dicho por Carrillo, habría sido uno de los beneficiarios de aquel pacto entre PRI y PAN. Está por verse si en ese acuerdo están incluidos los gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz, y Puebla, Mario Marín.
Ambos partidos se beneficiaron no sólo de aquella negociación, sino también de la liberación de Echeverría. La complicidad les conviene mutuamente, pues a cambio de estabilidad, el PAN permite que Echeverría, el padre político de Beatriz Paredes, la presidenta del PRI y cercana a Calderón, quede formalmente libre de cargos, aunque la historia hace tiempo que ya lo condenó. (13 de julio de 2007)
Comunicado de Gustavo Iruegas
Rodríguez Zapatero no es bienvenido en México: Iruegas
• Por el cúmulo de agravios que el presidente del gobierno español ha hecho a los mexicanos, puntualiza
• Uno de ellos ocurrió cuando se adelantó a felicitar al panista Calderón, aclara
El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero no es bienvenido en México ni cuenta con la confianza del pueblo mexicano en resistencia y en lucha por la democracia, la justicia y la soberanía, aseguró el secretario de Relaciones Inernacionales Gustavo Iruegas.
A propósito de la visita que realiza a partir de este día el jefe del gobierno español a territorio nacional, afirmó que la estancia de Rodríguez Zapatero constituye un peldaño más en una escalada de agravios que ha hecho al pueblo de México.
El mandatario español estará en nuestro país con la única intención de visitar al presidente espurio, Felipe Calderón Hinojosa, recordó.
Sin embargo, aclaró que la primera afrenta de Rodríguez a los mexicanos ocurrió cuando felicitó públicamente a Calderón por un supuesto triunfo electoral antes de que concluyera el proceso de escrutinio.
A pesar de las aclaraciones y reclamaciones que se le hicieron y no conforme con el despropósito cometido, reiteró la felicitación pública cuando el dictamen sobre el resultado de los comicios fue emitido contra todo derecho y especialmente, contra toda justicia, puntualizó.
En esa ocasión, destacó el secretario Iruegas, “se trataba de una sucia maniobra del gobierno de México destinada a inducir esas felicitaciones que se traducirían como reconocimientos del fingido triunfo calderonista”.
Mencionó que algunos gobiernos fueron simplemente víctimas del ardid y no faltaron los que – destacadamente el presidente del gobierno español – fueron verdaderos cómplices del mismo.
A partir de ese momento, precisó, Rodríguez Zapatero ha emitido de manera repetida críticos pronunciamientos dirigidos al movimiento de la resistencia popular mexicana y al Gobierno Legítimo de México, en el sentido de que la democracia implica saber respetar las reglas del juego y reconocer el triunfo del contrario por mínima que sea la diferencia en su favor.
Subrayó que “los consejos del señor Rodríguez Zapatero – nunca pedidos – serían acertados si estuviesen dirigidos a quien faltó a la ley y a las reglas de la democracia y organizó una sarta de trampas y fullerías que culminaron en el muy ortodoxo golpe de Estado asestado a la nación mexicana”.
Por el contenido de los comentarios hechos y la posición asumida en los temas nacionales, Iruegas reiteró que Rodríguez Zapatero no es bienvenido en territorio mexicano ni cuenta con la confianza del pueblo mexicano en resistencia y en lucha por la democracia, la justicia y la soberanía.
• Por el cúmulo de agravios que el presidente del gobierno español ha hecho a los mexicanos, puntualiza
• Uno de ellos ocurrió cuando se adelantó a felicitar al panista Calderón, aclara
El presidente de España, José Luis Rodríguez Zapatero no es bienvenido en México ni cuenta con la confianza del pueblo mexicano en resistencia y en lucha por la democracia, la justicia y la soberanía, aseguró el secretario de Relaciones Inernacionales Gustavo Iruegas.
A propósito de la visita que realiza a partir de este día el jefe del gobierno español a territorio nacional, afirmó que la estancia de Rodríguez Zapatero constituye un peldaño más en una escalada de agravios que ha hecho al pueblo de México.
El mandatario español estará en nuestro país con la única intención de visitar al presidente espurio, Felipe Calderón Hinojosa, recordó.
Sin embargo, aclaró que la primera afrenta de Rodríguez a los mexicanos ocurrió cuando felicitó públicamente a Calderón por un supuesto triunfo electoral antes de que concluyera el proceso de escrutinio.
A pesar de las aclaraciones y reclamaciones que se le hicieron y no conforme con el despropósito cometido, reiteró la felicitación pública cuando el dictamen sobre el resultado de los comicios fue emitido contra todo derecho y especialmente, contra toda justicia, puntualizó.
En esa ocasión, destacó el secretario Iruegas, “se trataba de una sucia maniobra del gobierno de México destinada a inducir esas felicitaciones que se traducirían como reconocimientos del fingido triunfo calderonista”.
Mencionó que algunos gobiernos fueron simplemente víctimas del ardid y no faltaron los que – destacadamente el presidente del gobierno español – fueron verdaderos cómplices del mismo.
A partir de ese momento, precisó, Rodríguez Zapatero ha emitido de manera repetida críticos pronunciamientos dirigidos al movimiento de la resistencia popular mexicana y al Gobierno Legítimo de México, en el sentido de que la democracia implica saber respetar las reglas del juego y reconocer el triunfo del contrario por mínima que sea la diferencia en su favor.
Subrayó que “los consejos del señor Rodríguez Zapatero – nunca pedidos – serían acertados si estuviesen dirigidos a quien faltó a la ley y a las reglas de la democracia y organizó una sarta de trampas y fullerías que culminaron en el muy ortodoxo golpe de Estado asestado a la nación mexicana”.
Por el contenido de los comentarios hechos y la posición asumida en los temas nacionales, Iruegas reiteró que Rodríguez Zapatero no es bienvenido en territorio mexicano ni cuenta con la confianza del pueblo mexicano en resistencia y en lucha por la democracia, la justicia y la soberanía.
A noventa años de la Revolución de Octubre
Video reportaje a noventa años de la Revolución de Octubre
http://www.bentayga.org/Imagenes/Lenin.wmv
Película íntegra sobre la revolución soviética subtitulada en español Octubre
http://video.google.es/videoplay?docid=1264898891656456473&hl=es
Nuevo sitio de Bentayga:
http://www.bentayga.org/
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Película íntegra sobre la revolución soviética subtitulada en español Octubre
http://video.google.es/videoplay?docid=1264898891656456473&hl=es
Nuevo sitio de Bentayga:
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Algunas notas de Larouche
LaRouche al Banco Santander: "Sáquense la mano de la bolsa".
http://larouchepac.com/news/2007/07/13/larouche-al-banco-santander-s-quense-la-mano-de-la-bolsa.html
7 de julio del 2007 (LPAC) — Lyndon LaRouche advierte a los directores del Banco Santander de España que "quizás quieran masturbarse, pero Argentina decidió no hacerlo".
Ésta fue la respuesta de LaRouche a la información sobre la conferencia de dos días que sostuviera el Banco Santander en España sobre el futuro de Iberoamérica, donde ese banco controla un porcentaje muy alto de acciones del sector bancario de la región y apoya de manera invariable causas y líderes políticos en la tradición del español Francisco Franco, el italiano Benito Mussolini y el alemán Adolfo Hitler. Por ejemplo, Rodrigo Rato, director gerente del FMI en vías de retiro, se dice que es "propiedad de Emilio Botín", el presidente del Banco Santander.
En la conferencia, el director general del Santander, Francisco Luzon, se lanzó contra el Gobierno argentino de Néstor Kirchner, quien ganara dos enfrentamientos con los fondos buitre internacionales en 2004 y organiza ahora en Iberoamérica para establecer un nuevo Banco del Sur contra el Fondo Monetario Intenacional, lo cual tiene muy preocupados a los controladores británicos del Santander.
Ya es hora de que Argentina regrese a la "normalidad", demandó Luzon, ahora que ya no vive ninguna emergencia. Especificó que el Estado debe regresar a su papel "normal" no intervencionista en la economía. Y la "industria" financiera está a la espera de saber cuánto dinero desea el Gobierno argentino dejarles ganar. "¿Una rentabilidad del 20% está bien, o nos van a meter la mano en el bolsillo cuando ganemos esa cifra?", afirmó el usurero santurrón.
LaRouche agregó: "Es claro que alguien en España no puede diferenciar entre masturbación y castidad. Y dado que el Santander parece buscar un cambio del tema, a nosotros nos gustaría regresarlo al aroma inconfundible de la corrupción británica que emana de sus sótanos. Muy sencillo: ¿cuál es su conexión a la BAE y al 'escándalo del siglo'?"
Kirchner y Correa contraatacan al cartel petrolero de la BAE
http://larouchepac.com/news/2007/07/13/kirchner-y-correa-contraatacan-al-cartel-petrolero-de-la-bae.html
6 de julio del 2007 (LPAC).— La compañía petrolera Shell enfrenta millones de dólares en multas y posiblemente cárcel para sus ejecutivos en Argentina, por no abastecer al mercado con suficiente combustible, como lo exige la ley, anunció el 2 de julio la ministra de Economía, Felisa Miceli. El país ha estado sufriendo una escasez artificial, en particular de diesel, justo al inicio de la temporada de siembra.
La ministra Miceli hizo el anuncio luego de la advertencia que hizo el presidente Néstor Kirchner durante la cumbre del Mercosur realizada en Paraguay el 29 de junio, de que las compañías petroleras estaban "agotando" la paciencia de la región con su negativa a satisfacer sus necesidades de energía. Finalmente, Sudamérica está volviendo a crecer tras años de una desinversión deliberada y eso exige mayor energía. Quizás tengamos que actuar con firmeza juntos, incluyendo el que nosotros mismos invertamos en los proyectos regionales, para asegurar que "las necesidades globales del desarrollo de los pueblos de nuestra región" prevalescan sobre los "caprichos" de los intereses individuales, dijo Kirchner ante los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay presentes en la cumbre.
Dos días después, el presidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió a su ciudadanos que la escasez de gas en su país era una acción deliberada para desestabilizar su gobierno. Éstas son tácticas familiares que lanza la oligarquía contra gobiernos patriotas como lo hizo contra Chile en los 1970, dijo Correa a la Radio Tarqui en Quito, en referencia al papel de las empresas petroleras en la desestabilización usada para llevar al poder al dictador Augusto Pinochet.
La referencia a la Shell y al precedente de Pinochet son golpes precisos contra el complejo financiero en torno a la BAE, desesperado por aplastar la política de crecimiento económico soberano tipo Roosevelt adoptado por que desesperado por aplastar la adopción en Sudamérica. Tanto la Shell como el dictador Pinochet aparecen como actores principales, durante más de dos décadas, en el pretendido gobierno global de la BAE.
La cooperación regional para derrotar semejantes tácticas esta en proceso. El 6 de julio, el Gobierno brasileño anunció que aumentaría su venta de electricidad a Argentina a un precio ligeramente por encima del costo. Y el 4 de julio, después de reunirse con el presidente Kirchner, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dio a conocer que habían acordado que sus empresas petroleras paraestatales se unirían para desarrollar los enormes campos de gas de Bolivia, si los carteles petroleros no cumplen a tiempo con las inversiones necesarias.
Informe de la OECD advierte: los biocombustibles ponen en peligro el suministro mundial de alimentos
http://larouchepac.com/news/2007/07/12/informe-de-la-oecd-advierte-los-biocombustibles-ponen-en-pel.html
10 de julio de 2007 (LPAC) -- EIRNS en Wiesbaden, Alemania, informa que está reportándose y comentándose ampliamente a nivel internacional el importante informe que la AIE y la OCDE conjuntamente dieron a conocer el 9 de julio, advirtiendo sobre los peligros que representa para el suministro de alimentos el avance de los biocombustibles.
El diario alemán Sueddeutsche Zeitung dedicó su principal editorial del 10 de julio al tema, bajo el título significativo de ``¿Hambruna por gasolina?'' El artículo describe los recientes disturbios por la tortilla en México como una ``probadita'' sobre el tipo de conflictos que vendrán, si se reasignan grandes áreas de tierra arable hoy dedicada a la producción de alimentos, a la conversión de biocombustibles, lo cual es ineficiente y compite directamente con el suministro mundial de alimentos, en particular de aquéllos que se exportan a los países golpeados por la escasez de alimentos.
También la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China publicó una advertencia el 10 de julio sobre los efectos negativos de los biocombustibles. La inflación podría superar el 3% en la primera mitad de esté año, advirtió la agencia oficial, lo que es el nivel establecido por el Banco del Pueblo de China para sonar las alarmas. La inflación aumentó en mayo en 3.4%, el mayor aumento en dos años. Los precios de los alimentos, y el aumento de los precios internacionales de los granos, debido a los biocombustibles, son los problemas claves, informó Xinhua esta mañana.
http://larouchepac.com/news/2007/07/13/larouche-al-banco-santander-s-quense-la-mano-de-la-bolsa.html
7 de julio del 2007 (LPAC) — Lyndon LaRouche advierte a los directores del Banco Santander de España que "quizás quieran masturbarse, pero Argentina decidió no hacerlo".
Ésta fue la respuesta de LaRouche a la información sobre la conferencia de dos días que sostuviera el Banco Santander en España sobre el futuro de Iberoamérica, donde ese banco controla un porcentaje muy alto de acciones del sector bancario de la región y apoya de manera invariable causas y líderes políticos en la tradición del español Francisco Franco, el italiano Benito Mussolini y el alemán Adolfo Hitler. Por ejemplo, Rodrigo Rato, director gerente del FMI en vías de retiro, se dice que es "propiedad de Emilio Botín", el presidente del Banco Santander.
En la conferencia, el director general del Santander, Francisco Luzon, se lanzó contra el Gobierno argentino de Néstor Kirchner, quien ganara dos enfrentamientos con los fondos buitre internacionales en 2004 y organiza ahora en Iberoamérica para establecer un nuevo Banco del Sur contra el Fondo Monetario Intenacional, lo cual tiene muy preocupados a los controladores británicos del Santander.
Ya es hora de que Argentina regrese a la "normalidad", demandó Luzon, ahora que ya no vive ninguna emergencia. Especificó que el Estado debe regresar a su papel "normal" no intervencionista en la economía. Y la "industria" financiera está a la espera de saber cuánto dinero desea el Gobierno argentino dejarles ganar. "¿Una rentabilidad del 20% está bien, o nos van a meter la mano en el bolsillo cuando ganemos esa cifra?", afirmó el usurero santurrón.
LaRouche agregó: "Es claro que alguien en España no puede diferenciar entre masturbación y castidad. Y dado que el Santander parece buscar un cambio del tema, a nosotros nos gustaría regresarlo al aroma inconfundible de la corrupción británica que emana de sus sótanos. Muy sencillo: ¿cuál es su conexión a la BAE y al 'escándalo del siglo'?"
Kirchner y Correa contraatacan al cartel petrolero de la BAE
http://larouchepac.com/news/2007/07/13/kirchner-y-correa-contraatacan-al-cartel-petrolero-de-la-bae.html
6 de julio del 2007 (LPAC).— La compañía petrolera Shell enfrenta millones de dólares en multas y posiblemente cárcel para sus ejecutivos en Argentina, por no abastecer al mercado con suficiente combustible, como lo exige la ley, anunció el 2 de julio la ministra de Economía, Felisa Miceli. El país ha estado sufriendo una escasez artificial, en particular de diesel, justo al inicio de la temporada de siembra.
La ministra Miceli hizo el anuncio luego de la advertencia que hizo el presidente Néstor Kirchner durante la cumbre del Mercosur realizada en Paraguay el 29 de junio, de que las compañías petroleras estaban "agotando" la paciencia de la región con su negativa a satisfacer sus necesidades de energía. Finalmente, Sudamérica está volviendo a crecer tras años de una desinversión deliberada y eso exige mayor energía. Quizás tengamos que actuar con firmeza juntos, incluyendo el que nosotros mismos invertamos en los proyectos regionales, para asegurar que "las necesidades globales del desarrollo de los pueblos de nuestra región" prevalescan sobre los "caprichos" de los intereses individuales, dijo Kirchner ante los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay y Uruguay presentes en la cumbre.
Dos días después, el presidente ecuatoriano Rafael Correa advirtió a su ciudadanos que la escasez de gas en su país era una acción deliberada para desestabilizar su gobierno. Éstas son tácticas familiares que lanza la oligarquía contra gobiernos patriotas como lo hizo contra Chile en los 1970, dijo Correa a la Radio Tarqui en Quito, en referencia al papel de las empresas petroleras en la desestabilización usada para llevar al poder al dictador Augusto Pinochet.
La referencia a la Shell y al precedente de Pinochet son golpes precisos contra el complejo financiero en torno a la BAE, desesperado por aplastar la política de crecimiento económico soberano tipo Roosevelt adoptado por que desesperado por aplastar la adopción en Sudamérica. Tanto la Shell como el dictador Pinochet aparecen como actores principales, durante más de dos décadas, en el pretendido gobierno global de la BAE.
La cooperación regional para derrotar semejantes tácticas esta en proceso. El 6 de julio, el Gobierno brasileño anunció que aumentaría su venta de electricidad a Argentina a un precio ligeramente por encima del costo. Y el 4 de julio, después de reunirse con el presidente Kirchner, el vicepresidente boliviano Álvaro García Linera dio a conocer que habían acordado que sus empresas petroleras paraestatales se unirían para desarrollar los enormes campos de gas de Bolivia, si los carteles petroleros no cumplen a tiempo con las inversiones necesarias.
Informe de la OECD advierte: los biocombustibles ponen en peligro el suministro mundial de alimentos
http://larouchepac.com/news/2007/07/12/informe-de-la-oecd-advierte-los-biocombustibles-ponen-en-pel.html
10 de julio de 2007 (LPAC) -- EIRNS en Wiesbaden, Alemania, informa que está reportándose y comentándose ampliamente a nivel internacional el importante informe que la AIE y la OCDE conjuntamente dieron a conocer el 9 de julio, advirtiendo sobre los peligros que representa para el suministro de alimentos el avance de los biocombustibles.
El diario alemán Sueddeutsche Zeitung dedicó su principal editorial del 10 de julio al tema, bajo el título significativo de ``¿Hambruna por gasolina?'' El artículo describe los recientes disturbios por la tortilla en México como una ``probadita'' sobre el tipo de conflictos que vendrán, si se reasignan grandes áreas de tierra arable hoy dedicada a la producción de alimentos, a la conversión de biocombustibles, lo cual es ineficiente y compite directamente con el suministro mundial de alimentos, en particular de aquéllos que se exportan a los países golpeados por la escasez de alimentos.
También la Comisión Nacional de Reforma y Desarrollo de China publicó una advertencia el 10 de julio sobre los efectos negativos de los biocombustibles. La inflación podría superar el 3% en la primera mitad de esté año, advirtió la agencia oficial, lo que es el nivel establecido por el Banco del Pueblo de China para sonar las alarmas. La inflación aumentó en mayo en 3.4%, el mayor aumento en dos años. Los precios de los alimentos, y el aumento de los precios internacionales de los granos, debido a los biocombustibles, son los problemas claves, informó Xinhua esta mañana.
Protesta en el Aeropuerto de la Ciudad de México
La protesta realizada por Flor y Canto en el Aeropuerto de la Ciudad de México:
Impunes, los violadores de Castaños
Las víctimas de los ultrajes de 12 militares esperan justicia, a un año de los hechos en Coahuila
SANJUANA MARTINEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA
Monclova, Coah. A un año del caso Castaños, que involucra a 12 militares acusados de violar a 13 sexoservidoras y bailarinas de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, las víctimas siguen esperando justicia.
Por primera vez los agresores fueron consignados por el fuero común: ocho se encuentran presos en el centro de readaptación social de esta ciudad y cuatro están prófugos. Todos pertenecen aún al Ejército, a pesar de haber sido acusados de violación calificada y tumultuaria.
"El proceso está lleno de irregularidades", denuncia en entrevista con La Jornada el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien desde hace un año ha apoyado a las mujeres ultrajadas.
"La lentitud es un mal síntoma que demuestra cómo han hecho un pacto para beneficiar a los acusados. Nosotros no vamos a olvidar. Si esa es la intención de las autoridades, están equivocadas. Nunca permitiré que el delito quede impune", advierte.
El juez segundo penal Hiradier Huerta Rodríguez se encuentra en la etapa de revisión de los 13 expedientes, que constan de unas 19 mil fojas. Los acusados, pertenecientes al 14 regimiento de caballería motorizado, son el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, los cabos de caballería Angel Antonio Hernández Niño y Norberto González Estrada, y los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández, Rosendo García Jiménez, Ricardo Hernández, Bardomiano Hernández García, José Raúl Ramírez Martínez y Héctor Méndez de la Cruz.
Las 13 mujeres denunciaron que han sido víctimas de llamadas intimidatorias, amenazas para que abandonen el proceso, careos ruines con sus agresores, repetidas y prolongadas reconstrucciones de los hechos, presiones para que firmen documentos en blanco y duras terapias sicológicas.
Dos agredidas finalmente se retractaron, a pesar de que en su declaración inicial identificaron a los violadores y fueron sometidas a exámenes médicos.
El agente del Ministerio Público Roberto Clemente Hernández Quintero reconoce en entrevista que el caso "tiene puntos negros", como la incógnita sobre el pago de la defensa de los abogados de los militares presos, pero afirma que espera una sentencia condenatoria. Dice que pedirá la pena máxima para los militares, que podría alcanzar en algunos casos hasta cien años de prisión, a consecuencia de la acumulación de delitos.
"El crimen está tan demostrado, las evidencias son tan claras, los testimonios de las agredidas y de los policías que presenciaron los hechos son tan contundentes, que es inexplicable que no haya habido una sentencia condenatoria. Es, simplemente, la demostración de que se intenta dar carpetazo a este caso o, tal vez, condenar a algunos, dejar en libertad a otros y, después de cierto tiempo, soltar al resto", plantea el obispo Vera, quien presentó un comunicado titulado Exigimos justicia en el caso Castaños.
El obispado denuncia que existe un cerco en torno a las mujeres agredidas, "tanto en el orden de información, como en cuanto al apoyo espiritual a las víctimas. La ayuda de grupos solidarios, de defensores de los derechos humanos y pastores fue obstruida. Suena inverosímil que transcurrido ya un año de que se realizó este atropello, el juez no haya reunido elementos suficientes para darse cuenta del alto grado de culpabilidad de los militares", se indica en el documento.
Sandra de Luna González, representante de la Asociación Civil Coprovi, que ofrece ayuda a mujeres, es la abogada del caso y niega en entrevista que reciba subsidio económico de autoridad alguna.
"Nosotros defendemos a las muchachas de corazón, no les cobramos. Subsistimos con base en donativos y gracias a nuestro gobernador Humberto Moreira tenemos plena confianza de que los militares recibirán una sentencia condenatoria".
El optimismo de la abogada y del Ministerio Público contrasta con los hechos, según Guadalupe Oceguera Flores, quien cada semana acude a dar a apoyo a las afectadas durante sus revisiones medicas: "exigimos que aceleren el proceso y que detengan a los prófugos. Ellas, y todos los involucrados en el caso, estamos en un riesgo constante, porque los militares pueden regresar o mandar a otras personas a atacarnos. Catorce fueron identificados plenamente, aunque después dijeron que sólo 12, pero en realidad participaron entre 20 y 25 soldados. ¿Qué pasó con los otros? No hay que olvidarlo".
Y añade: "nos indignan los privilegios que tienen los militares presos. ¿Por qué ellos son privilegiados y a otra gente con delitos mucho menos graves la tratan de lo peor? No es posible que gocen de beneficios por tener un uniforme que mancharon, que no respetaron, y que ahora estén tan tranquilos y a gusto: total, no pasan penas en la cárcel".
La defensa de los acusados logró que Wendy y Nubia, ex trabajadoras de El Pérsico, se retractaran de sus declaraciones ministeriales, luego de haber sido violadas por varios soldados.
"A pesar de eso hay una declaración inicial de las dos. Hay testigos que señalan que fueron ultrajadas como para que ahora digan que los soldados no les hicieron nada. Pensamos que hubo dinero de por medio. Ellas ya no laboran en El Pérsico porque las otras muchachas ya no permitieron que entraran; estaban muy enojadas porque no es posible que las hayan arriesgado también a ellas."
Incluso Wendy declaró que la jefa de comunicación del obispado de Saltillo le ofreció 200 pesos para que hiciera una declaración contra los militares. Jacqueline Campbell decidió interponer una denuncia contra la trabajadora sexual por difamación: "Es absolutamente falso. No le di dinero para que se sembrara algún delito ni tampoco para que se señalara a alguien como culpable. No era necesario. Para todos eran evidentes los crímenes. Lo que pasa es que hubo hostigamiento contra ella y la pusieron no tanto en contra mía, sino del lado de sus agresores".
Las trabajadoras de El Pérsico y Las Playas señalan que tienen miedo porque los militares las amenazaron si decidían denunciarlos. El obispo de Saltillo estuvo con ellas al día siguiente de la agresión y dice que pudo constatar el grado de crueldad que los soldados emplearon para torturarlas.
"Estas muchachas necesitan protección. Si yo recibí llamadas amenazantes -y yo lo atribuyo a los militares que se escaparon-, más estas mujeres, que están aquí, expuestas, porque cualquiera se puede meter donde ellas siguen trabajando", manifiesta. Considera que la sociedad debe dejar a un lado los prejuicios y no juzgar moralmente a estas mujeres por ser trabajadoras sexuales. Eso, añade, no debe condicionar el ánimo para que se repare el daño y la injusticia cometidas contra ellas.
Otra de las estrategias de la defensa, a cargo de Aída Margarita Guardiola Ramírez, ha sido filtrar a los medios coahuilenses fotografías de los soldados en ropa interior, para demostrar que la Procuraduría General de la República violó sus derechos humanos. "Esa es una chicanada. Eso no disminuye en nada su delito", replica indignado el obispo.
A pesar de las anomalías del caso, el agente del Ministerio Público asegura que la sentencia contra los militares será emitida por el juez a mediados de agosto: "He tenido conocimiento sobre la impunidad en torno a los delitos cometidos por militares contra mujeres en otros puntos de la República, pero esperamos que aquí, en Coahuila, no suceda, porque tenemos acreditado el cuerpo del delito y sabemos que va a ver sentencias condenatorias".
SANJUANA MARTINEZ ESPECIAL PARA LA JORNADA
Monclova, Coah. A un año del caso Castaños, que involucra a 12 militares acusados de violar a 13 sexoservidoras y bailarinas de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, las víctimas siguen esperando justicia.
Por primera vez los agresores fueron consignados por el fuero común: ocho se encuentran presos en el centro de readaptación social de esta ciudad y cuatro están prófugos. Todos pertenecen aún al Ejército, a pesar de haber sido acusados de violación calificada y tumultuaria.
"El proceso está lleno de irregularidades", denuncia en entrevista con La Jornada el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien desde hace un año ha apoyado a las mujeres ultrajadas.
"La lentitud es un mal síntoma que demuestra cómo han hecho un pacto para beneficiar a los acusados. Nosotros no vamos a olvidar. Si esa es la intención de las autoridades, están equivocadas. Nunca permitiré que el delito quede impune", advierte.
El juez segundo penal Hiradier Huerta Rodríguez se encuentra en la etapa de revisión de los 13 expedientes, que constan de unas 19 mil fojas. Los acusados, pertenecientes al 14 regimiento de caballería motorizado, son el subteniente Norberto Carlos Francisco Vargas, el sargento segundo Juan José Gaytán Santiago, los cabos de caballería Angel Antonio Hernández Niño y Norberto González Estrada, y los soldados Omar Alejandro Rangel Fuentes, Fernando Adrián Madrid Guardiola, Casimiro Ortega Hernández, Rosendo García Jiménez, Ricardo Hernández, Bardomiano Hernández García, José Raúl Ramírez Martínez y Héctor Méndez de la Cruz.
Las 13 mujeres denunciaron que han sido víctimas de llamadas intimidatorias, amenazas para que abandonen el proceso, careos ruines con sus agresores, repetidas y prolongadas reconstrucciones de los hechos, presiones para que firmen documentos en blanco y duras terapias sicológicas.
Dos agredidas finalmente se retractaron, a pesar de que en su declaración inicial identificaron a los violadores y fueron sometidas a exámenes médicos.
El agente del Ministerio Público Roberto Clemente Hernández Quintero reconoce en entrevista que el caso "tiene puntos negros", como la incógnita sobre el pago de la defensa de los abogados de los militares presos, pero afirma que espera una sentencia condenatoria. Dice que pedirá la pena máxima para los militares, que podría alcanzar en algunos casos hasta cien años de prisión, a consecuencia de la acumulación de delitos.
"El crimen está tan demostrado, las evidencias son tan claras, los testimonios de las agredidas y de los policías que presenciaron los hechos son tan contundentes, que es inexplicable que no haya habido una sentencia condenatoria. Es, simplemente, la demostración de que se intenta dar carpetazo a este caso o, tal vez, condenar a algunos, dejar en libertad a otros y, después de cierto tiempo, soltar al resto", plantea el obispo Vera, quien presentó un comunicado titulado Exigimos justicia en el caso Castaños.
El obispado denuncia que existe un cerco en torno a las mujeres agredidas, "tanto en el orden de información, como en cuanto al apoyo espiritual a las víctimas. La ayuda de grupos solidarios, de defensores de los derechos humanos y pastores fue obstruida. Suena inverosímil que transcurrido ya un año de que se realizó este atropello, el juez no haya reunido elementos suficientes para darse cuenta del alto grado de culpabilidad de los militares", se indica en el documento.
Sandra de Luna González, representante de la Asociación Civil Coprovi, que ofrece ayuda a mujeres, es la abogada del caso y niega en entrevista que reciba subsidio económico de autoridad alguna.
"Nosotros defendemos a las muchachas de corazón, no les cobramos. Subsistimos con base en donativos y gracias a nuestro gobernador Humberto Moreira tenemos plena confianza de que los militares recibirán una sentencia condenatoria".
El optimismo de la abogada y del Ministerio Público contrasta con los hechos, según Guadalupe Oceguera Flores, quien cada semana acude a dar a apoyo a las afectadas durante sus revisiones medicas: "exigimos que aceleren el proceso y que detengan a los prófugos. Ellas, y todos los involucrados en el caso, estamos en un riesgo constante, porque los militares pueden regresar o mandar a otras personas a atacarnos. Catorce fueron identificados plenamente, aunque después dijeron que sólo 12, pero en realidad participaron entre 20 y 25 soldados. ¿Qué pasó con los otros? No hay que olvidarlo".
Y añade: "nos indignan los privilegios que tienen los militares presos. ¿Por qué ellos son privilegiados y a otra gente con delitos mucho menos graves la tratan de lo peor? No es posible que gocen de beneficios por tener un uniforme que mancharon, que no respetaron, y que ahora estén tan tranquilos y a gusto: total, no pasan penas en la cárcel".
La defensa de los acusados logró que Wendy y Nubia, ex trabajadoras de El Pérsico, se retractaran de sus declaraciones ministeriales, luego de haber sido violadas por varios soldados.
"A pesar de eso hay una declaración inicial de las dos. Hay testigos que señalan que fueron ultrajadas como para que ahora digan que los soldados no les hicieron nada. Pensamos que hubo dinero de por medio. Ellas ya no laboran en El Pérsico porque las otras muchachas ya no permitieron que entraran; estaban muy enojadas porque no es posible que las hayan arriesgado también a ellas."
Incluso Wendy declaró que la jefa de comunicación del obispado de Saltillo le ofreció 200 pesos para que hiciera una declaración contra los militares. Jacqueline Campbell decidió interponer una denuncia contra la trabajadora sexual por difamación: "Es absolutamente falso. No le di dinero para que se sembrara algún delito ni tampoco para que se señalara a alguien como culpable. No era necesario. Para todos eran evidentes los crímenes. Lo que pasa es que hubo hostigamiento contra ella y la pusieron no tanto en contra mía, sino del lado de sus agresores".
Las trabajadoras de El Pérsico y Las Playas señalan que tienen miedo porque los militares las amenazaron si decidían denunciarlos. El obispo de Saltillo estuvo con ellas al día siguiente de la agresión y dice que pudo constatar el grado de crueldad que los soldados emplearon para torturarlas.
"Estas muchachas necesitan protección. Si yo recibí llamadas amenazantes -y yo lo atribuyo a los militares que se escaparon-, más estas mujeres, que están aquí, expuestas, porque cualquiera se puede meter donde ellas siguen trabajando", manifiesta. Considera que la sociedad debe dejar a un lado los prejuicios y no juzgar moralmente a estas mujeres por ser trabajadoras sexuales. Eso, añade, no debe condicionar el ánimo para que se repare el daño y la injusticia cometidas contra ellas.
Otra de las estrategias de la defensa, a cargo de Aída Margarita Guardiola Ramírez, ha sido filtrar a los medios coahuilenses fotografías de los soldados en ropa interior, para demostrar que la Procuraduría General de la República violó sus derechos humanos. "Esa es una chicanada. Eso no disminuye en nada su delito", replica indignado el obispo.
A pesar de las anomalías del caso, el agente del Ministerio Público asegura que la sentencia contra los militares será emitida por el juez a mediados de agosto: "He tenido conocimiento sobre la impunidad en torno a los delitos cometidos por militares contra mujeres en otros puntos de la República, pero esperamos que aquí, en Coahuila, no suceda, porque tenemos acreditado el cuerpo del delito y sabemos que va a ver sentencias condenatorias".
Denuncian el asesinato de otra mujer indígena en la sierra de Zongolica
El gobierno de Veracruz no dio respuesta ante el crimen, afirman colectivos
El cuerpo de Adelaida Amayo Aguas fue encontrado con evidentes señales de tortura
HERMANN BELLINGHAUSEN
Imagen de archivo de una de las asambleas de líderes indígenas donde abordaron el tema del asesinato y violación de Ernestina Ascensión Rosario, por parte de militares. A estas primeras reuniones asistían los hijos de la víctima Foto: Marco Peláez
Colectivos de mujeres de Veracruz y Puebla denunciaron el asesinato de otra mujer nahua en la sierra de Zongolica, el cual, pese a la brutalidad con que fue cometido, no generó una respuesta satisfactoria del gobierno de Veracruz ni ha recibido atención pública. "La situación de violencia que viven los indígenas de la sierra de Zongolica ha llegado a tal grado, que el 21 de mayo fue encontrado el cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con señales de tortura. Su cuerpo mostraba un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia."
El Comité Ciudadano Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes y la Coordinadora Poblana de Mujeres de Organismos Civiles manifiestan que Adelaida Amayo Aguas, madre de cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de gestionar créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Por cruel ironía, este nuevo feminicidio contra una indígena de Zongolica fue descubierto un día antes de que venciera el plazo para que los familiares de Ernestina Ascensión Rosario pudieran interponer un amparo, y evitar que la muerte de la mujer de 73 años quedara impune, luego de que el Presidente de la República "decretó" en entrevista con La Jornada, que doña Ernestina había muerto de "gastritis".
Los colectivos feministas "repudian categóricamente el veredicto de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), el cual afirma que Ernestina no fue violada ni asesinada. Condenamos la actitud de Emeterio López Márquez, procurador general, y de Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado, quienes al dar por concluido el caso de violación tumultuaria, tortura y asesinato por militares, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho".
Herrera Beltrán, señalan, "ejerció su estrategia cómplice de aislamiento contra los familiares de Ernestina. Impidió un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21 constitucional. Es altamente preocupante que Herrera Beltrán se haya arrogado el papel de representante de la voluntad de los familiares de Ernestina, y que públicamente haya declarado que éstos firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción penal y el cierre del caso".
Como documentó este diario, el 30 de abril, cuando se dio a conocer formalmente el fin de la investigación de la PGJV, los familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiacos de Veracruz, y se les aisló de la prensa y las organizaciones de los derechos humanos. El 22 de mayo se agotó el plazo para que los familiares pudieran interponer el recurso de amparo.
"Se han negado derechos fundamentales al proceso legal. El sistema de justicia y el estado de derecho protegieron a los militares violadores y asesinos", agregan los organismos civiles, que consideran "indignante" que el titular de la desaparecida fiscalía especial para el caso, Juan Alatriste Gómez, declarara: "Se agotó el plazo jurídico para impugnar el fallo sobre la muerte de Ernestina y nadie presentó ningún recurso. Ya no hay recursos legales para reabrirlo, está totalmente cerrado. El expediente quedó archivado", afirmó el fiscal.
Complicidad federal
Los colectivos señalan: "estas violaciones al estado de derecho confirman que los integrantes del Ejército cuentan con el apoyo total del Poder Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos". Denuncian que el presidente Felipe Calderón, a quien llaman "espurio", atenta contra el estado de derecho y la convivencia democrática. "Atenta gravemente contra la vida de las mujeres indígenas, y silencia las voces democráticas", y advierten: "Las organizaciones sociales continuaremos con la denuncia de la violación de los derechos humanos y de los asesinatos y violaciones de las mujeres indígenas de la sierra de Zongolica".
La denuncia concluye con las siguentes palabras en náhuatl: "Pinome xoxoque no pan omotlamotlaque" ("soldados de vestido verde se me echaron encima"). Nada menos que el testimonio de Ernestina Ascencio Rosario antes de morir, desoído por el Ministerio Público, y después por los ejecutivos federal y veracruzano, junto con el aparato judicial.
El cuerpo de Adelaida Amayo Aguas fue encontrado con evidentes señales de tortura
HERMANN BELLINGHAUSEN
Imagen de archivo de una de las asambleas de líderes indígenas donde abordaron el tema del asesinato y violación de Ernestina Ascensión Rosario, por parte de militares. A estas primeras reuniones asistían los hijos de la víctima Foto: Marco Peláez
Colectivos de mujeres de Veracruz y Puebla denunciaron el asesinato de otra mujer nahua en la sierra de Zongolica, el cual, pese a la brutalidad con que fue cometido, no generó una respuesta satisfactoria del gobierno de Veracruz ni ha recibido atención pública. "La situación de violencia que viven los indígenas de la sierra de Zongolica ha llegado a tal grado, que el 21 de mayo fue encontrado el cuerpo desnudo y sin vida de Adelaida Amayo Aguas, de 38 años, con señales de tortura. Su cuerpo mostraba un cinturón de hombre en el cuello, jirones de tela en la boca y cuatro cuchilladas en el cuerpo. Todos signos de extrema violencia."
El Comité Ciudadano Rosario Ibarra, Mujeres Universitarias de Xalapa, Ciudadanas Veracruzanas Independientes y la Coordinadora Poblana de Mujeres de Organismos Civiles manifiestan que Adelaida Amayo Aguas, madre de cinco hijos, era integrante del Consejo Radiofónico Indígena Nahua y encargada de gestionar créditos para proyectos productivos ante la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Por cruel ironía, este nuevo feminicidio contra una indígena de Zongolica fue descubierto un día antes de que venciera el plazo para que los familiares de Ernestina Ascensión Rosario pudieran interponer un amparo, y evitar que la muerte de la mujer de 73 años quedara impune, luego de que el Presidente de la República "decretó" en entrevista con La Jornada, que doña Ernestina había muerto de "gastritis".
Los colectivos feministas "repudian categóricamente el veredicto de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz (PGJV), el cual afirma que Ernestina no fue violada ni asesinada. Condenamos la actitud de Emeterio López Márquez, procurador general, y de Fidel Herrera Beltrán, gobernador del estado, quienes al dar por concluido el caso de violación tumultuaria, tortura y asesinato por militares, favorecieron la impunidad y el no ejercicio del imperio de la ley y del estado de derecho".
Herrera Beltrán, señalan, "ejerció su estrategia cómplice de aislamiento contra los familiares de Ernestina. Impidió un derecho fundamental de la víctima y de los agraviados, de acuerdo al artículo 21 constitucional. Es altamente preocupante que Herrera Beltrán se haya arrogado el papel de representante de la voluntad de los familiares de Ernestina, y que públicamente haya declarado que éstos firmaron de conformidad la decisión del no ejercicio de la acción penal y el cierre del caso".
Como documentó este diario, el 30 de abril, cuando se dio a conocer formalmente el fin de la investigación de la PGJV, los familiares de Ernestina fueron conducidos fuera de sus domicilios por agentes policiacos de Veracruz, y se les aisló de la prensa y las organizaciones de los derechos humanos. El 22 de mayo se agotó el plazo para que los familiares pudieran interponer el recurso de amparo.
"Se han negado derechos fundamentales al proceso legal. El sistema de justicia y el estado de derecho protegieron a los militares violadores y asesinos", agregan los organismos civiles, que consideran "indignante" que el titular de la desaparecida fiscalía especial para el caso, Juan Alatriste Gómez, declarara: "Se agotó el plazo jurídico para impugnar el fallo sobre la muerte de Ernestina y nadie presentó ningún recurso. Ya no hay recursos legales para reabrirlo, está totalmente cerrado. El expediente quedó archivado", afirmó el fiscal.
Complicidad federal
Los colectivos señalan: "estas violaciones al estado de derecho confirman que los integrantes del Ejército cuentan con el apoyo total del Poder Ejecutivo y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos". Denuncian que el presidente Felipe Calderón, a quien llaman "espurio", atenta contra el estado de derecho y la convivencia democrática. "Atenta gravemente contra la vida de las mujeres indígenas, y silencia las voces democráticas", y advierten: "Las organizaciones sociales continuaremos con la denuncia de la violación de los derechos humanos y de los asesinatos y violaciones de las mujeres indígenas de la sierra de Zongolica".
La denuncia concluye con las siguentes palabras en náhuatl: "Pinome xoxoque no pan omotlamotlaque" ("soldados de vestido verde se me echaron encima"). Nada menos que el testimonio de Ernestina Ascencio Rosario antes de morir, desoído por el Ministerio Público, y después por los ejecutivos federal y veracruzano, junto con el aparato judicial.
La banalidad de la chicanería política
Gustavo Gordillo
Politica como mercado. El nuevo lenguaje -newspeak- "democrático" propone lo que resume toda su sabiduría: así es la política. A eso le llaman pragmatismo. La visión dominante define la política a través de una metáfora: la política es un mercado político en el cual se intercambian ofertas electorales ante demandas ciudadanas. Los partidos políticos se comportan como empresas que buscan maximizar sus ganancias. En vez de programas coherentes e integrados presentan ofertas -a la manera de listas de supermercado- que buscan captar consumidores que no ciudadanos. Se vende como si fuera un producto, la política, para lo cual se acude a dos instrumentos mercadotécnicos: la publicidad electrónica y las encuestas. Las empresas que proporcionan ambos servicios construyen la visión dominante para justificar su cinismo conservador, garantizando que "a la gente se le dé lo que quiere". En contra de los intereses de este mercado monopólico está la participación amplia y razonada de las ciudadanos. Las izquierdas deben comenzar por liberarse de ese newspeak, confrontando la política como mercado con la política de convicciones como conjunto de valores. Los llamados pragmáticos pretenden descalificar esta posición llamándola idealista, o propia de una ONG. Pero resulta que los pragmáticos son unos ineptos en la política y los idealistas construyen organizaciones, asociaciones, partidos y, sobre todo, prestigio político.
Objetivos e instrumentos. Hace 20 años la discusión central al interior de las izquierdas era sobre los medios para alcanzar el poder queriendo con ello poner a discusión si la lucha armada -"en determinadas condiciones"- era considerada un medio legítimo en la izquierda. Se decía que importaban los objetivos no los instrumentos. Hoy las izquierdas deben preguntarse si todos los medios legales para acceder al poder son igualmente legítimos. Otra vez se dice que los instrumentos no importan, sino los objetivos. Como si medios y objetivos no formaran parte de una visión integral. Pero algo tiene que marcar la diferencia entre las izquierdas y las derechas. Si un agrupamiento de izquierda para dizque construir su partido en una entidad federativa hace todo un ejercicio de camaleonismo, aliándose con lo peor del antiguo régimen, ¿qué queda de esa izquierda?
Coopelas o cuelo. El problema central que marca el escenario nacional es la ausencia de incentivos para que los actores políticos cooperen. Por el contrario se despliegan mecanismos perversos que favorecen acciones de gorrear (free-riding) y conductas oportunistas. Para cooperar hay un requisito previo sine qua non: que exista un clima de confianza. Exactamente lo contrario de lo que hay. Gracias a las enormes desconfianzas se creó un sistema electoral complejo y costoso para garantizar confianza en la limpieza electoral que hoy por cierto está severamente dañada. La ausencia de un mínimo de confianza -y añadiría de lógica política- hace que unos abogados diestros en la chicanería política pongan a temblar al gobierno de Calderón con el más inverosímil de los cuentos chinos. En cambio lo que sí requiere atención se soslaya -de dónde proviene el dinero hallado en la cass de las Lomas, los cargamentos que se introdujeron son realmente de precursores y entonces qué papel jugó la Dirección de Aduanas y el área de Coprefis en la Secretaría de Salud. Pero la desconfianza de las elites políticas entre sí aflora desde su propio seno. Repasemos brevemente el lamentable espectáculo de muchos actores políticos.
Entre el yunque y el machete. En el PAN se siguen tundiendo entre yunques y conservadores clásicos, ahora por la dirección juvenil. A esos comentaristas radiofónicos que histéricos interpelan con su dedo flamígero a las izquierdas por sus disputas internas, sería bueno recordarles con éstos y otros hechos que las derechas no cantan mal las rancheras.
La galería de horrores. ¿Y en el PRI? Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera y Jorge Hank. La hipérbole de la realidad hace que la dicción enmudezca y pida su jubilación anticipada.
Las tribus. Pero es cierto en las izquierdas hay vocación por el pleito. Como consecuencia del abandono de los principios y en aras de un peculiar pragmatismo cuya lógica puede resumirse en la frase de Oscar Wilde: suicidarse en defensa propia. La pregunta relevante a la que convoca tanto los resultados electorales en Zacatecas como el conflicto entre dos consorcios familiares que incluyen a hermanos, tíos, tías, hijas, hermanas y hasta pericos es ¿y quién estaba pensando en fortalecer al PRD?
Ser fiel a Fidel o a los electores. En el Partido Alternativa el conflicto se deriva de dos visiones distintas de la política. Una, que ejemplifica su concepción con la alianza Toda Fidelidad con el PRI, Panal; Partido Verde en Veracruz por las diputaciones locales. El argumento es que "como el partido está muy débil en Veracruz" se hace alianza con el PRI a cambio de un millón de pesos por mes "para construir el partido". La otra visión, de Patricia Mercado y muchos activistas y simpatizantes más -entre los cuales yo me sumo-, considera que ese tipo de alianzas traicionan a los votantes de Alternativa que en más de un millón sufragaron el 2 de julio de 2006 por una opción diferente.
La frase de Hannah Arendt. En un famoso ensayo sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt se refiere a los alemanes que a pesar de conocer o intuir la existencia de campos de concentración donde se estaban exterminando a judíos prefirieron hacer caso omiso y seguir viviendo en una supuesta normalidad sus vidas. Dice: La triste verdad es que la mayor maldad es hecha por personas que siempre dudaron entre ser buenas o malas. A eso le llamó la banalidad del mal. Hay algo menos dramático, pero tan pernicioso para una sociedad. Acostumbrarse a la corrupción de las palabras y de los actos encubiertos bajo el concepto de pragmatismo. A eso le llamo la banalidad de la chicanería política.
Politica como mercado. El nuevo lenguaje -newspeak- "democrático" propone lo que resume toda su sabiduría: así es la política. A eso le llaman pragmatismo. La visión dominante define la política a través de una metáfora: la política es un mercado político en el cual se intercambian ofertas electorales ante demandas ciudadanas. Los partidos políticos se comportan como empresas que buscan maximizar sus ganancias. En vez de programas coherentes e integrados presentan ofertas -a la manera de listas de supermercado- que buscan captar consumidores que no ciudadanos. Se vende como si fuera un producto, la política, para lo cual se acude a dos instrumentos mercadotécnicos: la publicidad electrónica y las encuestas. Las empresas que proporcionan ambos servicios construyen la visión dominante para justificar su cinismo conservador, garantizando que "a la gente se le dé lo que quiere". En contra de los intereses de este mercado monopólico está la participación amplia y razonada de las ciudadanos. Las izquierdas deben comenzar por liberarse de ese newspeak, confrontando la política como mercado con la política de convicciones como conjunto de valores. Los llamados pragmáticos pretenden descalificar esta posición llamándola idealista, o propia de una ONG. Pero resulta que los pragmáticos son unos ineptos en la política y los idealistas construyen organizaciones, asociaciones, partidos y, sobre todo, prestigio político.
Objetivos e instrumentos. Hace 20 años la discusión central al interior de las izquierdas era sobre los medios para alcanzar el poder queriendo con ello poner a discusión si la lucha armada -"en determinadas condiciones"- era considerada un medio legítimo en la izquierda. Se decía que importaban los objetivos no los instrumentos. Hoy las izquierdas deben preguntarse si todos los medios legales para acceder al poder son igualmente legítimos. Otra vez se dice que los instrumentos no importan, sino los objetivos. Como si medios y objetivos no formaran parte de una visión integral. Pero algo tiene que marcar la diferencia entre las izquierdas y las derechas. Si un agrupamiento de izquierda para dizque construir su partido en una entidad federativa hace todo un ejercicio de camaleonismo, aliándose con lo peor del antiguo régimen, ¿qué queda de esa izquierda?
Coopelas o cuelo. El problema central que marca el escenario nacional es la ausencia de incentivos para que los actores políticos cooperen. Por el contrario se despliegan mecanismos perversos que favorecen acciones de gorrear (free-riding) y conductas oportunistas. Para cooperar hay un requisito previo sine qua non: que exista un clima de confianza. Exactamente lo contrario de lo que hay. Gracias a las enormes desconfianzas se creó un sistema electoral complejo y costoso para garantizar confianza en la limpieza electoral que hoy por cierto está severamente dañada. La ausencia de un mínimo de confianza -y añadiría de lógica política- hace que unos abogados diestros en la chicanería política pongan a temblar al gobierno de Calderón con el más inverosímil de los cuentos chinos. En cambio lo que sí requiere atención se soslaya -de dónde proviene el dinero hallado en la cass de las Lomas, los cargamentos que se introdujeron son realmente de precursores y entonces qué papel jugó la Dirección de Aduanas y el área de Coprefis en la Secretaría de Salud. Pero la desconfianza de las elites políticas entre sí aflora desde su propio seno. Repasemos brevemente el lamentable espectáculo de muchos actores políticos.
Entre el yunque y el machete. En el PAN se siguen tundiendo entre yunques y conservadores clásicos, ahora por la dirección juvenil. A esos comentaristas radiofónicos que histéricos interpelan con su dedo flamígero a las izquierdas por sus disputas internas, sería bueno recordarles con éstos y otros hechos que las derechas no cantan mal las rancheras.
La galería de horrores. ¿Y en el PRI? Ulises Ruiz, Mario Marín, Fidel Herrera y Jorge Hank. La hipérbole de la realidad hace que la dicción enmudezca y pida su jubilación anticipada.
Las tribus. Pero es cierto en las izquierdas hay vocación por el pleito. Como consecuencia del abandono de los principios y en aras de un peculiar pragmatismo cuya lógica puede resumirse en la frase de Oscar Wilde: suicidarse en defensa propia. La pregunta relevante a la que convoca tanto los resultados electorales en Zacatecas como el conflicto entre dos consorcios familiares que incluyen a hermanos, tíos, tías, hijas, hermanas y hasta pericos es ¿y quién estaba pensando en fortalecer al PRD?
Ser fiel a Fidel o a los electores. En el Partido Alternativa el conflicto se deriva de dos visiones distintas de la política. Una, que ejemplifica su concepción con la alianza Toda Fidelidad con el PRI, Panal; Partido Verde en Veracruz por las diputaciones locales. El argumento es que "como el partido está muy débil en Veracruz" se hace alianza con el PRI a cambio de un millón de pesos por mes "para construir el partido". La otra visión, de Patricia Mercado y muchos activistas y simpatizantes más -entre los cuales yo me sumo-, considera que ese tipo de alianzas traicionan a los votantes de Alternativa que en más de un millón sufragaron el 2 de julio de 2006 por una opción diferente.
La frase de Hannah Arendt. En un famoso ensayo sobre el juicio de Eichmann en Jerusalén, Hannah Arendt se refiere a los alemanes que a pesar de conocer o intuir la existencia de campos de concentración donde se estaban exterminando a judíos prefirieron hacer caso omiso y seguir viviendo en una supuesta normalidad sus vidas. Dice: La triste verdad es que la mayor maldad es hecha por personas que siempre dudaron entre ser buenas o malas. A eso le llamó la banalidad del mal. Hay algo menos dramático, pero tan pernicioso para una sociedad. Acostumbrarse a la corrupción de las palabras y de los actos encubiertos bajo el concepto de pragmatismo. A eso le llamo la banalidad de la chicanería política.
Dignidad frente al temor
Miguel Concha
Un grupo de alrededor de 40 militares, pertenecientes al 14 Regimiento Motorizado del Ejército, que custodiaban las instalaciones de la junta distrital del IFE en el tercer distrito de Coahuila, irrumpió salvajemente el 11 de julio de 2006 en la zona de tolerancia de Castaños, y a mano armada aterrorizó y robó a decenas de personas, entre administradores afectados, clientes y taxistas que llegaban al lugar, agrediendo también brutalmente a 13 policías de ese municipio. Por lo menos 20 de ellos ultrajaron y violaron a 14 mujeres sexoservidoras y bailarinas de los salones El Pérsico y Las Playas, algunas de las cuales fueron atacadas tumultuariamente. Los hechos quedaron parcialmente descritos en el oficio PM/946/2006 de la policía municipal de Castaños, y desde el año pasado constan en las averiguaciones previas PGJE-APP-78/06 y PGJE-APP-79/06 del Ministerio Público del fuero común, pues se presentaron al menos 12 denuncias por violaciones sexuales y otra por robo y lesiones, esta última interpuesta por el dueño del bar El Pérsico.
Por si fuera poco, en una prolongada verificación ocular, realizada por el juez segundo de primera instancia en materia penal, hasta la noche del pasado 26 de marzo de 2007, las mujeres agraviadas identificaron a sus violadores y confirmaron sus denuncias. No obstante los evidentes contubernios entre las autoridades civiles y militares para disimular los hechos, restarles gravedad o dejarlos impunes, la procuraduría estatal consiguió acreditar la participación de 12 uniformados, gracias sobre todo a la presión social estatal, nacional e internacional.
En agosto del año pasado la Procuraduría Militar entregó a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a sólo ocho de ellos, pues se dice que tres de los elementos identificados por las víctimas están prófugos, y otro fue dejado en libertad por falta de pruebas, a causa del "testimonio" de uno de sus jefes, que afirmó desde la cárcel que su subordinado no se encontraba en el lugar de los hechos. Lo que en este caso sí tuvo más valor que la identificación primera de la mujer víctima de sus agresiones.
Pues bien, el pasado miércoles la diócesis de Saltillo dio a conocer un pronunciamiento, en el que su obispo, el dominico fray Raúl Vera López -quien al enterarse de los hechos acudió a la zona de tolerancia de Castaños y pasó varias noches hablando con víctimas, policías, cantineros y autoridades-, expresa entre otras cosas que parece inverosímil que a un año de ocurridos esos atropellos, el juez Hiradier Huerta no haya todavía reunido los elementos suficientes para acreditar el alto grado de responsabilidad que tienen los militares, y denuncia el alto grado de hostigamiento constante a que han sido sometidas las mujeres ultrajadas, para desdecirse de sus denuncias.
En conferencia de prensa el obispo agregó ese día que después del sonado caso de Ernestina Ascensión Rosario en Zongolica, dos de ellas ya se retractaron ante una autoridad, y en su pronunciamiento afirma que hasta el momento no se sabe qué valoración hará ahora sobre esto el juez del fuero común. Demanda por ello, con razón, que al emitir sentencia, se piense en la justicia y se actúe conforme a la ley, no en virtud de "los intereses que surgen de pactos políticos entre grupos de poder". Recuérdese en efecto que cuando el procurador del estado, Jesús Torres Charles, requirió el año pasado al Ejército a los presuntos responsables de las violaciones, para confirmar mediante exámenes periciales su culpabilidad, éste se negó, a pesar de que los dictámenes médicos exhibían que en los ataques a las mujeres hubo violación propia (con el miembro viril), impropia (con objetos), en vaso idóneo (por vía vaginal) y no idóneo (anal y oral).
Recordando atinadamente la actuación misericordiosa de Jesús con una pecadora pública, que mostrándole su afecto rescata su dignidad frente al presuntuoso y mal pensado fariseo Simón, reportada en el capítulo 7, versículos 38 a 46 del Evangelio de Lucas, en su pronunciamiento el obispo pide de manera ejemplar a su feligresía que con visión cristiana no se deje llevar por prejuicios que califiquen a las mujeres trabajadoras de salones como El Pérsico y Las Playas, y condicionen su ánimo para no exigir también ellos "un juicio que repare la injusticia que los militares cometieron".
Como Jesús con la mujer adúltera, el obispo alaba a estas mujeres por su solidaridad con toda la sociedad, y por anteponer su dignidad al miedo que imponen los militares: "Nuestras hermanas sexoservidoras y bailarinas -dice-, desde la conciencia de la propia dignidad han sacado fuerzas para denunciar a los militares, sobreponiéndose al miedo que en ellas han podido provocar las amenazas y los hostigamientos de que han sido objeto. Con ello han mostrado su amor al resto de la sociedad, porque su silencio hubiera dejado en la impunidad y en la libertad a sus agresores, en perjuicio de todos nosotros, pues la impunidad los hará creer que nadie los puede frenar y que es válido todo lo que se les ocurra para obtener lo que quieren, aunque sea por medios ilícitos y delictivos".
Un grupo de alrededor de 40 militares, pertenecientes al 14 Regimiento Motorizado del Ejército, que custodiaban las instalaciones de la junta distrital del IFE en el tercer distrito de Coahuila, irrumpió salvajemente el 11 de julio de 2006 en la zona de tolerancia de Castaños, y a mano armada aterrorizó y robó a decenas de personas, entre administradores afectados, clientes y taxistas que llegaban al lugar, agrediendo también brutalmente a 13 policías de ese municipio. Por lo menos 20 de ellos ultrajaron y violaron a 14 mujeres sexoservidoras y bailarinas de los salones El Pérsico y Las Playas, algunas de las cuales fueron atacadas tumultuariamente. Los hechos quedaron parcialmente descritos en el oficio PM/946/2006 de la policía municipal de Castaños, y desde el año pasado constan en las averiguaciones previas PGJE-APP-78/06 y PGJE-APP-79/06 del Ministerio Público del fuero común, pues se presentaron al menos 12 denuncias por violaciones sexuales y otra por robo y lesiones, esta última interpuesta por el dueño del bar El Pérsico.
Por si fuera poco, en una prolongada verificación ocular, realizada por el juez segundo de primera instancia en materia penal, hasta la noche del pasado 26 de marzo de 2007, las mujeres agraviadas identificaron a sus violadores y confirmaron sus denuncias. No obstante los evidentes contubernios entre las autoridades civiles y militares para disimular los hechos, restarles gravedad o dejarlos impunes, la procuraduría estatal consiguió acreditar la participación de 12 uniformados, gracias sobre todo a la presión social estatal, nacional e internacional.
En agosto del año pasado la Procuraduría Militar entregó a la Procuraduría General de Justicia de Coahuila a sólo ocho de ellos, pues se dice que tres de los elementos identificados por las víctimas están prófugos, y otro fue dejado en libertad por falta de pruebas, a causa del "testimonio" de uno de sus jefes, que afirmó desde la cárcel que su subordinado no se encontraba en el lugar de los hechos. Lo que en este caso sí tuvo más valor que la identificación primera de la mujer víctima de sus agresiones.
Pues bien, el pasado miércoles la diócesis de Saltillo dio a conocer un pronunciamiento, en el que su obispo, el dominico fray Raúl Vera López -quien al enterarse de los hechos acudió a la zona de tolerancia de Castaños y pasó varias noches hablando con víctimas, policías, cantineros y autoridades-, expresa entre otras cosas que parece inverosímil que a un año de ocurridos esos atropellos, el juez Hiradier Huerta no haya todavía reunido los elementos suficientes para acreditar el alto grado de responsabilidad que tienen los militares, y denuncia el alto grado de hostigamiento constante a que han sido sometidas las mujeres ultrajadas, para desdecirse de sus denuncias.
En conferencia de prensa el obispo agregó ese día que después del sonado caso de Ernestina Ascensión Rosario en Zongolica, dos de ellas ya se retractaron ante una autoridad, y en su pronunciamiento afirma que hasta el momento no se sabe qué valoración hará ahora sobre esto el juez del fuero común. Demanda por ello, con razón, que al emitir sentencia, se piense en la justicia y se actúe conforme a la ley, no en virtud de "los intereses que surgen de pactos políticos entre grupos de poder". Recuérdese en efecto que cuando el procurador del estado, Jesús Torres Charles, requirió el año pasado al Ejército a los presuntos responsables de las violaciones, para confirmar mediante exámenes periciales su culpabilidad, éste se negó, a pesar de que los dictámenes médicos exhibían que en los ataques a las mujeres hubo violación propia (con el miembro viril), impropia (con objetos), en vaso idóneo (por vía vaginal) y no idóneo (anal y oral).
Recordando atinadamente la actuación misericordiosa de Jesús con una pecadora pública, que mostrándole su afecto rescata su dignidad frente al presuntuoso y mal pensado fariseo Simón, reportada en el capítulo 7, versículos 38 a 46 del Evangelio de Lucas, en su pronunciamiento el obispo pide de manera ejemplar a su feligresía que con visión cristiana no se deje llevar por prejuicios que califiquen a las mujeres trabajadoras de salones como El Pérsico y Las Playas, y condicionen su ánimo para no exigir también ellos "un juicio que repare la injusticia que los militares cometieron".
Como Jesús con la mujer adúltera, el obispo alaba a estas mujeres por su solidaridad con toda la sociedad, y por anteponer su dignidad al miedo que imponen los militares: "Nuestras hermanas sexoservidoras y bailarinas -dice-, desde la conciencia de la propia dignidad han sacado fuerzas para denunciar a los militares, sobreponiéndose al miedo que en ellas han podido provocar las amenazas y los hostigamientos de que han sido objeto. Con ello han mostrado su amor al resto de la sociedad, porque su silencio hubiera dejado en la impunidad y en la libertad a sus agresores, en perjuicio de todos nosotros, pues la impunidad los hará creer que nadie los puede frenar y que es válido todo lo que se les ocurra para obtener lo que quieren, aunque sea por medios ilícitos y delictivos".
"Seguro Popular" cambray, ¿a quién le cumplirá?
Gustavo Leal F.*
Amparado en la oscura noche del viernes 2 de febrero, con un brindis obsequiado en pleno Palacio Nacional y rodeado por los secretarios federales de Defensa y Marina, los secretarios de Salud de 15 estados y el DF, titulares de los Institutos Nacionales de Salud, así como los directores calderonistas de IMSS e ISSSTE, el doctor Córdova suscribió el impuesto "compromiso nacional" del "Seguro Popular" petit, que obliga a que las instituciones públicas "compartan" la infraestructura médica disponible en las "zonas prioritarias".
¿Con qué argumento? La ocurrencia calderonista pretende, ahora, intensificar las acciones para disminuir la mortalidad infantil y las afecciones del periodo perinatal, sobre las cuales el ex secretario Frenk había asegurado que "sólo en los últimos años la mortalidad infantil se redujo más de 30 por ciento".
Pero Juan Antonio Fernández, entonces comisionado nacional de Protección Social en Salud -hoy inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública-, aludía a que el programa petit "voluntario" distribuiría dentro de su "paquete" una cartilla de vacunación (que data desde el doctor Kumate) y "completaría" el tamiz de sordera, el análisis de enfermedades congénitas, así como detecciones de labio leporino o paladar hendido.
A pesar de que este "Seguro Popular" cambray carece de recursos adicionales -como finalmente terminó reconociendo el inhabilitado Fernández, aunque su sucesor Daniel Karam no haya dicho ni pío-, y como el sistema de "compensación" presupuestal para los servicios en el primer nivel de atención, según estimó Fernández, operará "sobre la base de un tarifa fija igual a 4 mil 900 pesos que liquidará el Seguro Popular", ¿de dónde los tomará? ¿De los 26 mil millones de pesos ya etiquetados al "Seguro Popular"? ¿De los 3 mil 200 millones de pesos, también etiquetados, para "fortalecimiento de la infraestructura"? O, acaso, ¿de los casi 600 millones de pesos aprobados para las fantásticas "caravanas" de la salud?
El doctor Córdova gusta de hablar de "trinchera" y de "mejora" de los equipos de salud. Primero consideró que "hacer programas sin haber vivido en carne propia lo que pasan médicos y enfermeras a diario, a veces limita la apreciación", y luego sostuvo que las quejas se originan en la "falta de recursos" y "sobredemanda"; a que los médicos tengan que ver "muchos pacientes en un tiempo corto, sin incentivos y con un salario apenas digno. Es imposible pedirles que den todo cuando trabajan en situaciones tan complejas".
Pero cuando lanzó con bombo y platillo el programa petit desde el Hospital de la Mujer en Yautepec -que prometía atender 200 mil pacientes de Morelos, estado de México, Puebla y Guerrero- lo hizo a sabiendas de que, en el mejor estilo frenkista, Calderón inauguraba un establecimiento en obra negra, sin equipo, personal, ni recursos presupuestales, y que entrará en operación ¡hasta julio! Para que no quede duda sobre la inutilidad de las credenciales que ese 8 de enero distribuyó Calderón, en la entrada principal del hospital inconcluso cuelga un aviso que previene: "no está en funciones".
Pero Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), ya comunicó que firmarán con la Secretaría de Salud (Ssa) un acuerdo para "establecer la mecánica de operación" del programa cambray y determinar los límites, mecanismo y financiamiento de la cobertura, así como quiénes prestarán los servicios de "gastos médicos mayores".
De la misma manera que el Banco Mundial y la consultora Milliman México Salud (The mexican healthcare model reform), la AMIS aspira a que Córdova cumpla "universalizando" los servicios de salud, para que los derechohabientes del sector público puedan elegir a prestadores privados, como las instituciones de seguros especializadas en salud (ISES). De tal suerte que el gobierno federal, vía la Ssa, podría comprar un seguro de "exceso de pérdidas o catastrófico" en el ramo de salud para ayudarse a "fondear" los gastos que esa "universalización" le acarreará.
El propio doctor Córdova, celebrando la séptima asamblea anual de los 64 establecimientos que componen la Asociación Nacional de Hospitales Privados, los invitó a "sumar esfuerzos para lograr la universalidad en la prestación de servicios", mientras Enrique Ruelas, secretario entrante del Consejo de Salubridad General, les reiteraba la necesidad de la certificación hospitalaria "forzosa".
Pero detrás de los deliberadamente engañosos paquetes "esenciales" de la continuidad calderonista, las cifras del Centro de Equidad de Género de la Ssa muestran que -dos años después de que Fox y Frenk ofrecieran demagógicamente que el fantástico "Seguro Popular" cubriría "integralmente" los casos de cáncer cérvico-uterino de pacientes sin seguridad social- sólo se atiende a 2 mil 918 mujeres, cuando anualmente se diagnostican ¡22 mil! nuevos casos.
Por algo el petulante Pacto Nacional por la Salud que Córdova pretende firmar "pronto" busca abiertamente "la responsabilidad compartida con la población para favorecer una cultura del autocuidado" y el propio Calderón se atrevió a repetir (en Guadalupe, Nuevo León, el 15 de febrero) la mismita oferta incumplida que Fox y Frenk habían "garantizado" el 15 de febrero de 2005: atención preventiva y tratamiento integral de cáncer de mama en "todas las etapas de la enfermedad" a mujeres afiliadas al "Seguro Popular".
Como bien señalan los especialistas de la Ssa y el ISSSTE: para realmente cumplir con las irresponsables palabras de Calderón (y Fox) se requeriría ¡cuadruplicar! el número de oncólogos y ampliar seriamente la infraestructura hospitalaria.
Sin duda: lo de Fox-Frenk ya era muy malo, pero lo de ahora es sencillamente pésimo.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
Amparado en la oscura noche del viernes 2 de febrero, con un brindis obsequiado en pleno Palacio Nacional y rodeado por los secretarios federales de Defensa y Marina, los secretarios de Salud de 15 estados y el DF, titulares de los Institutos Nacionales de Salud, así como los directores calderonistas de IMSS e ISSSTE, el doctor Córdova suscribió el impuesto "compromiso nacional" del "Seguro Popular" petit, que obliga a que las instituciones públicas "compartan" la infraestructura médica disponible en las "zonas prioritarias".
¿Con qué argumento? La ocurrencia calderonista pretende, ahora, intensificar las acciones para disminuir la mortalidad infantil y las afecciones del periodo perinatal, sobre las cuales el ex secretario Frenk había asegurado que "sólo en los últimos años la mortalidad infantil se redujo más de 30 por ciento".
Pero Juan Antonio Fernández, entonces comisionado nacional de Protección Social en Salud -hoy inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública-, aludía a que el programa petit "voluntario" distribuiría dentro de su "paquete" una cartilla de vacunación (que data desde el doctor Kumate) y "completaría" el tamiz de sordera, el análisis de enfermedades congénitas, así como detecciones de labio leporino o paladar hendido.
A pesar de que este "Seguro Popular" cambray carece de recursos adicionales -como finalmente terminó reconociendo el inhabilitado Fernández, aunque su sucesor Daniel Karam no haya dicho ni pío-, y como el sistema de "compensación" presupuestal para los servicios en el primer nivel de atención, según estimó Fernández, operará "sobre la base de un tarifa fija igual a 4 mil 900 pesos que liquidará el Seguro Popular", ¿de dónde los tomará? ¿De los 26 mil millones de pesos ya etiquetados al "Seguro Popular"? ¿De los 3 mil 200 millones de pesos, también etiquetados, para "fortalecimiento de la infraestructura"? O, acaso, ¿de los casi 600 millones de pesos aprobados para las fantásticas "caravanas" de la salud?
El doctor Córdova gusta de hablar de "trinchera" y de "mejora" de los equipos de salud. Primero consideró que "hacer programas sin haber vivido en carne propia lo que pasan médicos y enfermeras a diario, a veces limita la apreciación", y luego sostuvo que las quejas se originan en la "falta de recursos" y "sobredemanda"; a que los médicos tengan que ver "muchos pacientes en un tiempo corto, sin incentivos y con un salario apenas digno. Es imposible pedirles que den todo cuando trabajan en situaciones tan complejas".
Pero cuando lanzó con bombo y platillo el programa petit desde el Hospital de la Mujer en Yautepec -que prometía atender 200 mil pacientes de Morelos, estado de México, Puebla y Guerrero- lo hizo a sabiendas de que, en el mejor estilo frenkista, Calderón inauguraba un establecimiento en obra negra, sin equipo, personal, ni recursos presupuestales, y que entrará en operación ¡hasta julio! Para que no quede duda sobre la inutilidad de las credenciales que ese 8 de enero distribuyó Calderón, en la entrada principal del hospital inconcluso cuelga un aviso que previene: "no está en funciones".
Pero Recaredo Arias, director general de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS), ya comunicó que firmarán con la Secretaría de Salud (Ssa) un acuerdo para "establecer la mecánica de operación" del programa cambray y determinar los límites, mecanismo y financiamiento de la cobertura, así como quiénes prestarán los servicios de "gastos médicos mayores".
De la misma manera que el Banco Mundial y la consultora Milliman México Salud (The mexican healthcare model reform), la AMIS aspira a que Córdova cumpla "universalizando" los servicios de salud, para que los derechohabientes del sector público puedan elegir a prestadores privados, como las instituciones de seguros especializadas en salud (ISES). De tal suerte que el gobierno federal, vía la Ssa, podría comprar un seguro de "exceso de pérdidas o catastrófico" en el ramo de salud para ayudarse a "fondear" los gastos que esa "universalización" le acarreará.
El propio doctor Córdova, celebrando la séptima asamblea anual de los 64 establecimientos que componen la Asociación Nacional de Hospitales Privados, los invitó a "sumar esfuerzos para lograr la universalidad en la prestación de servicios", mientras Enrique Ruelas, secretario entrante del Consejo de Salubridad General, les reiteraba la necesidad de la certificación hospitalaria "forzosa".
Pero detrás de los deliberadamente engañosos paquetes "esenciales" de la continuidad calderonista, las cifras del Centro de Equidad de Género de la Ssa muestran que -dos años después de que Fox y Frenk ofrecieran demagógicamente que el fantástico "Seguro Popular" cubriría "integralmente" los casos de cáncer cérvico-uterino de pacientes sin seguridad social- sólo se atiende a 2 mil 918 mujeres, cuando anualmente se diagnostican ¡22 mil! nuevos casos.
Por algo el petulante Pacto Nacional por la Salud que Córdova pretende firmar "pronto" busca abiertamente "la responsabilidad compartida con la población para favorecer una cultura del autocuidado" y el propio Calderón se atrevió a repetir (en Guadalupe, Nuevo León, el 15 de febrero) la mismita oferta incumplida que Fox y Frenk habían "garantizado" el 15 de febrero de 2005: atención preventiva y tratamiento integral de cáncer de mama en "todas las etapas de la enfermedad" a mujeres afiliadas al "Seguro Popular".
Como bien señalan los especialistas de la Ssa y el ISSSTE: para realmente cumplir con las irresponsables palabras de Calderón (y Fox) se requeriría ¡cuadruplicar! el número de oncólogos y ampliar seriamente la infraestructura hospitalaria.
Sin duda: lo de Fox-Frenk ya era muy malo, pero lo de ahora es sencillamente pésimo.
* Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco
EPR
Carlos Montemayor /I
Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel, las políticas que imponen los grupos de poder, indica el investigador Carlos Montemayor. En la imagen, el EPR en el vado de Aguas Blancas Foto: Archivo/Francisco Olvera
La guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada.
Esta visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.
Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.
Para que desaparezcan organizaciones como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz social y estabilidad social.
Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la guerra sucia: la desaparición forzada de personas. El comunicado del EPR pide que se presenten con vida dos miembros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Raymundo Rivera Bravo. El comunicado los considera "detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca". Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inmediato que esas personas se encuentren entre los detenidos del fuero común o del fuero federal. Pero precisamente no se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De ahí el reclamo de que sean presentados con vida.
En su Indicador Político, del día 11 de julio, Carlos Ramírez recordó que el columnista oaxaqueño Pedro Ansótegui informó de un operativo policiaco y militar realizado el 24 del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos algunos párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: "alrededor del mediodía de ese día (el 24 de mayo) la Unidad policiaca de Operaciones Especiales del estado arribó al hotel del Arbol por la presunta presencia de un 'grupo armado'. Un poco después llegó una unidad del Ejército. Un boletín informó la aprehensión de cuatro personas, oficialmente reveladas como policías ministeriales de Chiapas que no habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría estatal. Sin embargo, datos de organizaciones políticas concluyeron que se trató no de policías sino de una célula guerrillera armada. Ahí detuvieron a Gabriel Cruz Sánchez, jefe del EPR, y hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Tiburcio Cerezo, también jefe guerrillero, asesor militar del EZLN y vinculado al Comité pro Liberación de los Hermanos Cerezo, presos bajo cargos de acciones guerrilleras con bombas. Si las autoridades locales hablaron de una confusión con policías ministeriales, el comunicado del EPR señala que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez están desaparecidos desde el 25 de mayo. Es decir, desde el operativo del 24."
Observemos que Carlos Ramírez recalca: "es decir, desde el operativo del 24". Pero el comunicado señala, en cambio: "desde el 25 de mayo en Oaxaca", no desde el día 24. En efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como es el de nuestro país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría oaxaqueña, detenidos y en muy malas condiciones, dos miembros del EPR. La entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Ese mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras en camillas y transportados a la ciudad de México, presumiblemente al Campo Militar número uno, dada la presencia en ese momento de miembros del Ejército.
El comunicado del EPR habla por ello de "detenidos-desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25 fue el último día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean presentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el gobierno demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, cuyo dato relevante, aunque ya no exista la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, es precisamente el de la desaparición forzada de personas.
Es curioso que un día antes del operativo mencionado por Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado a nuestro país de su informe 2007, donde se enumeró lo siguiente: "continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables". También Liliana Velásquez observó que las "operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos". En relación con el conflicto de Oaxaca, el informe refirió que "se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban".
En cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el informe señalaba que "la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión".
Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 de ellas denunciaron ante la CND que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores".
Es significativo que Amnistía Internacional expresara que el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones" en derechos humanos y que "lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca".
Pues bien, el origen del comunicado del EPR y de los atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos en la próxima entrega, del caso Oaxaca.
Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel, las políticas que imponen los grupos de poder, indica el investigador Carlos Montemayor. En la imagen, el EPR en el vado de Aguas Blancas Foto: Archivo/Francisco OlveraLa guerrilla es siempre un fenómeno social. Es una parte destacada y álgida de ciertos procesos regionales o supraregionales. Sin embargo, por su estructura clandestina, por su capacidad de fuego, por su configuración como fuerzas de autodefensa o ejércitos populares, la opinión pública, los discursos oficiales y los análisis de gobierno eliminan sistemáticamente la vinculación de la guerrilla con procesos sociales concretos y la convierten en delincuencia o criminalidad injustificable. Al eliminar como uno de los rasgos esenciales su naturaleza social, se aleja la actitud oficial o gubernamental de la obligación de emprender un análisis social y político más a fondo y reduce su respuesta a medidas de represión selectiva o desbordada.
Esta visión reduce el análisis de los movimientos subversivos a un mecanismo simple: evaluarlos por su capacidad de fuego, no por su significación política. Por lo tanto, los gobiernos buscan aniquilarlos sin proponerse ningún cambio político. Y tal decisión de aniquilarlos aparece como la única solución posible y al mismo tiempo como justificación de arbitrariedades sin límite.
Por ello he venido explicando durante muchos años que las fallas de Seguridad Nacional no pueden reducirse a la lenta o fallida detección militar o policiaca de focos guerrilleros. Porque hay una violencia previa, una violencia política y económica que debilita, empobrece y confronta a la sociedad. El riesgo que corre el país con los grupos armados no es tan grave como el que corre con las cúpulas de poder político y económico que han generado la corrupción en México. Más grave que los grupos guerrilleros es la política económica que ha estado empobreciendo al país. La guerrilla no inicia esta violencia; la guerrilla es la fase armada y final de una violencia que desencadenan, de manera cruel y letal, las políticas que imponen los grupos de poder.
Para que desaparezcan organizaciones como el EPR no bastan medidas militares. Con la hipotética desaparición de los grupos guerrilleros no desaparecerían las necesidades sociales y políticas de México ni la pobreza y la corrupción que son en sí mismas la base de la injusticia permanente e institucionalizada que llamamos paz social y estabilidad social.
Los atentados del EPR en instalaciones de Pemex y la campaña de hostigamiento que expresa el comunicado del día 10 de julio es resultado precisamente de la visión reducida de considerar los movimientos guerrilleros desde una perspectiva policial y no a partir de un análisis político y social. Esta visión restringida facilita el resurgimiento de algunos rasgos dominantes de la guerra sucia: la desaparición forzada de personas. El comunicado del EPR pide que se presenten con vida dos miembros de esa organización: Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, este último llamado también Raymundo Rivera Bravo. El comunicado los considera "detenidos-desaparecidos desde el 25 de mayo en Oaxaca". Las autoridades oaxaqueñas y federales negaron de inmediato que esas personas se encuentren entre los detenidos del fuero común o del fuero federal. Pero precisamente no se trata de detenidos, sino de desaparecidos. De ahí el reclamo de que sean presentados con vida.
En su Indicador Político, del día 11 de julio, Carlos Ramírez recordó que el columnista oaxaqueño Pedro Ansótegui informó de un operativo policiaco y militar realizado el 24 del pasado mes de mayo en la ciudad de Oaxaca. Releamos algunos párrafos de la columna de Carlos Ramírez. Dice así: "alrededor del mediodía de ese día (el 24 de mayo) la Unidad policiaca de Operaciones Especiales del estado arribó al hotel del Arbol por la presunta presencia de un 'grupo armado'. Un poco después llegó una unidad del Ejército. Un boletín informó la aprehensión de cuatro personas, oficialmente reveladas como policías ministeriales de Chiapas que no habían entregado su oficio de comisión a la procuraduría estatal. Sin embargo, datos de organizaciones políticas concluyeron que se trató no de policías sino de una célula guerrillera armada. Ahí detuvieron a Gabriel Cruz Sánchez, jefe del EPR, y hermano de Tiburcio Cruz Sánchez, mejor conocido como Tiburcio Cerezo, también jefe guerrillero, asesor militar del EZLN y vinculado al Comité pro Liberación de los Hermanos Cerezo, presos bajo cargos de acciones guerrilleras con bombas. Si las autoridades locales hablaron de una confusión con policías ministeriales, el comunicado del EPR señala que Edmundo Reyes Amaya y Raymundo Rivera Bravo o Gabriel Alberto Cruz Sánchez están desaparecidos desde el 25 de mayo. Es decir, desde el operativo del 24."
Observemos que Carlos Ramírez recalca: "es decir, desde el operativo del 24". Pero el comunicado señala, en cambio: "desde el 25 de mayo en Oaxaca", no desde el día 24. En efecto, en Oaxaca las paredes no sólo oyen, sino también miran. Las filtraciones de información en esa entidad y en muchas regiones del país no son cosa nueva, son algo natural en un tejido social tan complejo como es el de nuestro país. Pues bien, se filtró en ciertos círculos policiales de Oaxaca que el día 25 se encontraban en las mazmorras de la Procuraduría oaxaqueña, detenidos y en muy malas condiciones, dos miembros del EPR. La entrada y salida de médicos fue un indicador del estado de gravedad de los detenidos. Ese mismo día ambos fueron sacados de las mazmorras en camillas y transportados a la ciudad de México, presumiblemente al Campo Militar número uno, dada la presencia en ese momento de miembros del Ejército.
El comunicado del EPR habla por ello de "detenidos-desaparecidos" el día 25, no el 24, pues el 25 fue el último día en que se les vio a los dos. El reclamo de que sean presentados con vida tiene una lógica precisa: intentan que el gobierno demuestre que no está resurgiendo la guerra sucia, cuyo dato relevante, aunque ya no exista la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, es precisamente el de la desaparición forzada de personas.
Es curioso que un día antes del operativo mencionado por Carlos Ramírez y Pedro Ansótegui, el día 23 de mayo del año 2007, Amnistía Internacional, sección México, encabezada por Liliana Velásquez, presentara el capítulo dedicado a nuestro país de su informe 2007, donde se enumeró lo siguiente: "continuaron tortura, detenciones arbitrarias, uso excesivo de la fuerza y procedimientos judiciales sin garantías, sobre todo en los estados: asimismo, fracasaron las acciones para esclarecer las violaciones del pasado y procesar a los responsables". También Liliana Velásquez observó que las "operaciones policiales masivas contra manifestantes se saldaron con violaciones graves de derechos humanos". En relación con el conflicto de Oaxaca, el informe refirió que "se constituyó la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO) para apoyar a los docentes y exigir la renuncia del mandatario estatal, y ocuparon edificios oficiales, emisoras de radio y de televisión. Informes dan cuenta que policías vestidos de civil dispararon contra partidarios de la APPO, causando la muerte de al menos dos personas. Durante la crisis hubo tortura, detenciones arbitrarias e incomunicación a maestros y partidarios de esa organización civil. En octubre, policías atacaron varias barricadas, con saldo de tres civiles muertos y muchos heridos; 4 mil 500 integrantes de la Policía Federal Preventiva entraron a la ciudad. En noviembre se detuvo a 140 personas; muchas no habían participado en los hechos que se les imputaban".
En cuanto al operativo policiaco efectuado el 3 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, el informe señalaba que "la policía utilizó gas lacrimógeno y armas de fuego contra miembros de la comunidad y detuvo, durante los días que duró la operación, a 211 personas, muchas de las cuales fueron reiteradamente golpeadas y torturadas mientras se les trasladaba a la prisión".
Apuntó que de las 47 mujeres que fueron detenidas y trasladadas a la cárcel, "al menos 26 de ellas denunciaron ante la CND que fueron objeto de agresión sexual o violación por parte de policías. Al finalizar el año, sólo se habían fincado cargos menores contra uno de los agresores".
Es significativo que Amnistía Internacional expresara que el presidente Felipe Calderón "no ha mostrado voluntad para elaborar programas que atiendan las graves violaciones" en derechos humanos y que "lo más importante es demostrar con hechos que no tolerará otro Atenco o Oaxaca".
Pues bien, el origen del comunicado del EPR y de los atentados a Pemex derivan todavía, como lo veremos en la próxima entrega, del caso Oaxaca.
Orgullo del MST
Gloria Muñoz Ramírez
Cada ladrillo de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de Brasil, fue levantado por brigadas de campesinos provenientes de más de 20 estados del país. Un trabajo colectivo sin precedentes que hoy hace posible la formación y educación de cientos de cuadros pertenecientes a uno de los movimientos antineoliberales más representativos de América Latina.
La educación es el pilar fundamental del MST. Desde su nacimiento, en enero de 1984, reivindican la necesidad de formar a sus cuadros en el interior del movimiento, evitando reproducir las experiencias de otras organizaciones que han sido formadas política y técnicamente por personas externas, incluso por gente de otros países que sostienen una ideología muy definida.
A 65 kilómetros de la capital de Sao Paulo, en el municipio de Guararema, se levanta la Escuela Nacional Florestan Fernandes, orgullo de un movimiento que reivindica la reforma agraria con justicia social y soberanía nacional. El primer ladrillo (hecho de una mezcla de tierra y arena, siguiendo una técnica ecológica), fue puesto el 22 de marzo de 2000 y cinco años más tarde, abrió sus puertas a los hombres y mujeres que llegaron a tomar los primeros cursos.
La construcción de la escuela fue en sí misma toda una experiencia colectiva que involucró el trabajo de 25 brigadas de hombres y mujeres del MST (más de mil trabajadores en total), pertenecientes a 112 asentamientos y a 230 campamentos del movimiento. Durante cinco años los militantes hacían ladrillos durante el día y estudio colectivo por las tardes, desarrollando, sin paredes aún, la educación popular orientada por Paulo Freire.
En una de las aulas de estudio hay una mesa con una fotografía del Che y canastas con diferentes semillas, banderas del movimiento y leyendas alusivas a la lucha por la tierra. Es parte de la "mística" con la que se inician las clases en una escuela que tiene como prioridad, además de formar a sus cuadros, generar un espíritu de identidad entre sus militantes, basado en la lucha por la tierra y la búsqueda de un mundo mejor.
En la Escuela Nacional Florestan Fernandes se imparten, en convenio con diversas universidades, cursos de historia, gestión administrativa, filosofía, economía y economía rural. Estos cursos son reconocidos por el Estado, pero hay otros de formación política que no tienen validez oficial. Y éste es uno de los grandes desafíos del movimiento, pues por una parte se siguen los programas oficiales en las carreras universitarias y, por otro lado, se lucha contra el sistema. ¿Cómo obtener el reconocimiento oficial y al mismo tiempo formar cuadros militantes? ¿Para qué el reconocimiento de un Estado, si se lucha (y se forma) precisamente para transformarlo?
Es precisamente la generación de un pensamiento crítico en el interior del movimiento uno de los logros más grandes del MST, explica Gerardo, de relaciones internacionales de los Sin Tierra, "pues el énfasis en la educación ha permitido que el movimiento alcance una madurez política que nos obliga a pensar y repensar qué es lo que queremos".
Cada ladrillo de la Escuela Nacional Florestan Fernandes, del Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), de Brasil, fue levantado por brigadas de campesinos provenientes de más de 20 estados del país. Un trabajo colectivo sin precedentes que hoy hace posible la formación y educación de cientos de cuadros pertenecientes a uno de los movimientos antineoliberales más representativos de América Latina.
La educación es el pilar fundamental del MST. Desde su nacimiento, en enero de 1984, reivindican la necesidad de formar a sus cuadros en el interior del movimiento, evitando reproducir las experiencias de otras organizaciones que han sido formadas política y técnicamente por personas externas, incluso por gente de otros países que sostienen una ideología muy definida.
A 65 kilómetros de la capital de Sao Paulo, en el municipio de Guararema, se levanta la Escuela Nacional Florestan Fernandes, orgullo de un movimiento que reivindica la reforma agraria con justicia social y soberanía nacional. El primer ladrillo (hecho de una mezcla de tierra y arena, siguiendo una técnica ecológica), fue puesto el 22 de marzo de 2000 y cinco años más tarde, abrió sus puertas a los hombres y mujeres que llegaron a tomar los primeros cursos.
La construcción de la escuela fue en sí misma toda una experiencia colectiva que involucró el trabajo de 25 brigadas de hombres y mujeres del MST (más de mil trabajadores en total), pertenecientes a 112 asentamientos y a 230 campamentos del movimiento. Durante cinco años los militantes hacían ladrillos durante el día y estudio colectivo por las tardes, desarrollando, sin paredes aún, la educación popular orientada por Paulo Freire.
En una de las aulas de estudio hay una mesa con una fotografía del Che y canastas con diferentes semillas, banderas del movimiento y leyendas alusivas a la lucha por la tierra. Es parte de la "mística" con la que se inician las clases en una escuela que tiene como prioridad, además de formar a sus cuadros, generar un espíritu de identidad entre sus militantes, basado en la lucha por la tierra y la búsqueda de un mundo mejor.
En la Escuela Nacional Florestan Fernandes se imparten, en convenio con diversas universidades, cursos de historia, gestión administrativa, filosofía, economía y economía rural. Estos cursos son reconocidos por el Estado, pero hay otros de formación política que no tienen validez oficial. Y éste es uno de los grandes desafíos del movimiento, pues por una parte se siguen los programas oficiales en las carreras universitarias y, por otro lado, se lucha contra el sistema. ¿Cómo obtener el reconocimiento oficial y al mismo tiempo formar cuadros militantes? ¿Para qué el reconocimiento de un Estado, si se lucha (y se forma) precisamente para transformarlo?
Es precisamente la generación de un pensamiento crítico en el interior del movimiento uno de los logros más grandes del MST, explica Gerardo, de relaciones internacionales de los Sin Tierra, "pues el énfasis en la educación ha permitido que el movimiento alcance una madurez política que nos obliga a pensar y repensar qué es lo que queremos".
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