Entrevista a Emir Sader, sociólogo brasileño
Fernando Arellano Ortiz
Además del monopolio del dinero y de las armas, América Latina es víctima del "monopolio de la palabra", ha dicho el sociólogo brasileño Emir Sader, quien actualmente se desempeña como Secretario Ejecutivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO), ante la impúdica manipulación mediática de los grandes conglomerados de la comunicación que solo les interesa fabricar una opinión pública que les permita seguir manteniendo el criminal modelo económico del libre mercado y satanizar las alternativas y gobiernos progresistas que vienen irrumpiendo en el hemisferio.
Para Sader, la prensa privada latinoamericana constituye "un circuito cerrado que condiciona lo que se denomina opinión pública, porque es una opinión selectiva determinada por el mercado de las agencias de publicidad. Esta es, -agrega-, la dinámica de la prensa mercantil que se financia no por la compra de los lectores sino por dichas agencias. Lo que les interesa es la capacidad de compra de los lectores".
Además, otra característica de la "gran prensa" en el continente que anota el sociólogo brasileño es su condición de monopolio, frecuentemente familiar y con estrechos vínculos tanto con el partido político hegemónico como con el establecimiento.
Por eso plantea la necesidad de buscar alternativas para que en los países de América Latina se abra paso una prensa pública que permita revertir la hegemonía neoliberal. En esta lucha por el posneoliberalismo que se viene dando en diversos países del continente, señala Sader, "un rol central es la construcción de una prensa pública que no debe ser solo de debate sino también de consolidación de nuevos valores, porque no hay otra forma de vida hoy día que dispute la hegemonía capitalista de la vida norteamericana. Ellos penetran en el mundo prácticamente sin defensa, sin resistencia fuerte, no hay otra forma de sociabilidad que se les oponga con fuerza a nivel global y bastante también a nivel local. Una prensa pública no debe sólo dedicarse a la información, al debate y a la construcción de valores, sino que debe dar una especial atención a los jóvenes pobres. Gran parte de nuestro futuro se está definiendo con esos jóvenes de la periferia de las grandes ciudades, que son la mayoría de la población y que no tienen futuro en el mercado capitalista, no son los consumidores de lujo del futuro, no son los obreros calificados del futuro, pero son la mayoría y hoy día están abandonados a la ideología dominante, a las alternativas que les presentan el consumo, el evangelismo, el narcotráfico, etc."
De lo que se trata es de "desmercantilizar y llevar al ámbito de la solidaridad, de la complementariedad y del intercambio a la esfera pública"
La esencia entonces de generar una prensa pública no es solamente "incentivar el debate político, el debate formativo, es también dar espacios de construcción de identidades diversificadas, de identidades autónomas que, en gran medida, se orienten hacia los jóvenes porque son aquellos que tienen más disponibilidad ideológica. La mayor demostración de la hegemonía ideológica del modo de vida norteamericano es cuando los pobres, los más masacrados y víctimas de la globalización neoliberal, asumen valores y expectativas que son las exportadas por Estados Unidos. Un objetivo central de una prensa pública es apoyar la construcción de sociabilidades, identidades alternativas, consensos alternativos en el marco de la construcción de una hegemonía alternativa a la neoliberal".
En diálogo con WWW.CRONICON.NET, Emir Sader se refirió a lo que el denomina "el monopolio de la palabra" y al momento político de Latinoamérica.
- Usted ha señalado que América Latina marcha hacia el posneoliberalismo, sin embargo los países de la región siguen enfrentando el esquema del capitalismo salvaje de mercado. ¿Considera usted que se está avanzando hacia otro modelo económico?
- En la década los años 90 había una lucha popular de resistencia al neoliberalismo que era casi unánime en América Latina. A partir de la elección de algunos gobiernos que dan paso hacia la ruptura con el neoliberalismo ya se pueden ver algunos espacios desde los que se practican políticas alternativas. Hoy en día se sigue manteniendo hegemónicamente el modelo neoliberal en países tan grandes como México, Argentina, Brasil, Chile y Colombia, pero otros como Venezuela, Ecuador, Bolivia, están dando pasos importantes, incluso proyectos como el ALBA, en el cual participa Cuba, empieza a generar un espacio de comercio justo, de intercambios que no dependen de la ley del mercado. Entonces, pasamos de la etapa defensiva a una de construcción de alternativas.
- Otra de las reflexiones suyas es que en Latinoamérica enfrentamos además del monopolio económico y de las armas, el de la palabra. ¿Cómo combatir este fenómeno que está generando manipulación mediática y propagandística a favor de los sectores dominantes?
- Es prioritario buscar mecanismos que permitan romper el monopolio privado de los mass media que están imponiendo las pautas de instrucción y producción de las ideas que dominan la mente de las personas, para lo cual hay que democratizar los medios de comunicación. Sin democratización de los medios de comunicación difícilmente habrá democracia en América Latina, hay que construir medios alternativos, hay que diversificar las programaciones, hay que promover diversas y múltiples formas de la expresión popular y, sobre todo, formas pluralistas de medios de comunicación.
- ¿Qué opinión le merecen los medios de comunicación estatales que generalmente son satanizados por considerar que son canales propagandísticos de los gobiernos?
- Una prensa estatal es perfectamente posible, no es vergonzante, porque en caso contrario se coloca a la defensiva lo que se opone a la esfera mercantil, pretendiendo caracterizar que todo lo que es estatal es antidemocrático. Los gobiernos no se atreven a decir que tienen una prensa oficial, una prensa que da el punto de vista del gobierno, pero cuando son elegidos democráticamente tienen todo el derecho y la obligación de informar, si no quedan de rehenes de los espacios que da la prensa privada, de los espacios de la televisión, que a veces tienen derecho de reivindicar.
- Hablemos un poco de su país. ¿Cómo analiza la gestión del presidente Lula da Silva? ¿Se quedó aprisionado en los esquemas neoliberales?
- Mantiene el modelo económico que aunque flexibilizado es todavía el que heredó del gobierno de Cardozo, modelo neoliberal. Lo que sí hay es una política exterior que privilegia la integración regional, hay una política cultural muy democrática y una de educación que ha roto con los procesos de privatizaciones. Hay elementos en el gobierno brasileño de importantes alternativas, pero el marco general es de mantener el modelo económico, lo cual hace que sean posibles políticas sociales pero no suficientemente para cambiar la cara socioeconómica de Brasil. En consecuencia, se puede decir que es un gobierno contradictorio, porque tan importante como el modelo neoliberal es la política exterior. Los países que firman tratados de libre comercio están en la peor situación posible y hay algunos que aún mantienen el modelo como Brasil, Argentina y Uruguay que sin embargo privilegian la integración regional y eso es positivo.
- ¿Cómo visualiza usted el Socialismo del Siglo XXI en países como Venezuela, Ecuador y Bolivia, y otros que seguramente van a optar por modelos alternativos?
- Creo que lo fundamental hoy en día es combatir la mercantilización del mundo, combatir esa idea y esa práctica de que todo tiene precio, todo se vende, todo se compra, todo es mercancía. Democratizar es desmercantilizar, crear espacios públicos en que los derechos predominen sobre las mercancías y sobre la concurrencia, ese es el primer paso para empezar a crear una democracia que puede llegar a ser el Socialismo del Siglo XXI. Se trata de refundar el Estado alrededor de la esfera pública y desmercantilizar todo lo que sea posible en la sociedad para darle paso a la universalización de los derechos.
- ¿La concepción del Estado liberal hizo crisis?
- Sí, seguramente hizo crisis porque no logró ni retomar el desarrollo económico y menos todavía promover bienestar social, derechos. Y de lo que se trata ahora es de construir alternativas; luchar por otro mundo posible es avanzar en proyectos antineoliberales.
- En América Latina uno de los más firmes aliados a Washington es el gobierno de Álvaro Uribe en Colombia. ¿Cuál es su percepción en torno del proceso de derecha que ha impuesto Uribe en este país andino?
- Con enorme simpatía he observado el triunfo del Polo Democrático Alternativo en Bogotá con Samuel Moreno Rojas, que en el contexto colombiano aparece como una gran fuerza popular, democrática, antineoliberal, que se opone a Uribe y al tratado de libre comercio con Estados Unidos. En América Latina vemos con mucha esperanza el surgimiento y avance de una fuerza como el Polo que viene a ocupar un espacio que hasta hace poco estaba de alguna manera vacío y que ahora se ha constituido en una oposición democrática y popular de masas al gobierno derechista de Uribe.
jueves, mayo 15, 2008
Círculo de Estudios
Amigas y amigos del Círculo de Estudios del Centro Histórico, en la tarde del día viernes 16 de mayo tendremos un invitado que ustedes seguramente ya conocen, pues colaboró en la película del Fraude con sus investigaciones estadísticas respecto al comportamiento de la votación del 2006, se trata del Doctor Bolivar Huerta, que en esta ocasión visita nuestro Círculo para hablarnos sobre un tema que seguramente será del interés de ustedes, se trata de "LA CRISIS DEL PRD"
Apúntalo en tu agenda: Viernes 16 de mayo a las 19:00 horas en calle de Tacuba 53 a media cuadra del metro Allende
El círculo de estudios es un espacio en donde el pensamiento especializado y la sociedad civil se dan la mano. Acércate, discute, pregunta, ocupemos los espacios públicos para debatir ideas, propuestas, para escuchar a otros, para mirarnos en los ojos de los demás.
Si no puedes asistir escúchanos por www.radioamlo.org
Empieza hoy la CNTE movilizaciones
Laura Poy Solano
En un intenso debate, que se prolongó hasta el cierre de esta edición, los delegados de 20 entidades asistentes al noveno congreso general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunciaron por el fortalecimiento de la “unidad política”, aunque aún analizaban si se podría alcanzar consenso para apoyar formas conjuntas de concreción de un congreso nacional de bases, que pretende disputar a Elba Esther Gordillo el control del gremio magisterial.
En la plenaria, instalada la tarde de ayer, se acordó impulsar una plataforma única de lucha, así como una jornada nacional de movilizaciones, la cual se iniciará hoy con una marcha masiva de la Normal Superior de Maestros al Zócalo capitalino. Asimismo, informaron que no se descarta realizar un acto de protesta frente a Los Pinos por la firma de una alianza entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el SNTE, lo que calificaron como “un nuevo acto mediático”.
Hasta el momento, los delegados asistentes al encuentro acordaron mantener su demanda de abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE, así como sumarse a la defensa de los recursos petroleros y energéticos, además de exigir al Estado la aplicación de un programa para la soberanía alimentaria y el rescate de los campesinos.
También acordaron continuar con sus acciones de protesta ante la “criminalización” de los movimientos sociales, y afirmaron que seguirán las acciones de lucha para exigir la libertad de todos los “presos políticos”.
En un intenso debate, que se prolongó hasta el cierre de esta edición, los delegados de 20 entidades asistentes al noveno congreso general de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se pronunciaron por el fortalecimiento de la “unidad política”, aunque aún analizaban si se podría alcanzar consenso para apoyar formas conjuntas de concreción de un congreso nacional de bases, que pretende disputar a Elba Esther Gordillo el control del gremio magisterial.
En la plenaria, instalada la tarde de ayer, se acordó impulsar una plataforma única de lucha, así como una jornada nacional de movilizaciones, la cual se iniciará hoy con una marcha masiva de la Normal Superior de Maestros al Zócalo capitalino. Asimismo, informaron que no se descarta realizar un acto de protesta frente a Los Pinos por la firma de una alianza entre autoridades de la Secretaría de Educación Pública y el SNTE, lo que calificaron como “un nuevo acto mediático”.
Hasta el momento, los delegados asistentes al encuentro acordaron mantener su demanda de abrogación inmediata de la Ley del ISSSTE, así como sumarse a la defensa de los recursos petroleros y energéticos, además de exigir al Estado la aplicación de un programa para la soberanía alimentaria y el rescate de los campesinos.
También acordaron continuar con sus acciones de protesta ante la “criminalización” de los movimientos sociales, y afirmaron que seguirán las acciones de lucha para exigir la libertad de todos los “presos políticos”.
“Se acabó la hegemonía de EU en América Latina”: expertos
Obsoletos, los principios de la Doctrina Monroe”: informe del Consejo de Relaciones Exteriores
Recomienda asentar la política de Washington hacia el área en cuatro rubros: migración, pobreza y desigualdad, seguridad energética y seguridad pública
Insta a abrir canales de comunicación con Cuba
David Brooks (Corresponsal)
Al rechazar críticas por su relación con su par venezolano Hugo Chávez, el mandatario boliviano Evo Morales dijo ayer: “no voy a distanciarme de ningún presidente excepto (del gobernante estadunidense) George W. Bush, porque tiene una política intervencionista criminal”. La imagen, ayer en el palacio de gobierno, durante un encuentro con la prensa internacional. Foto: Reuters
Nueva York, 14 de mayo. “Si hubo una era de hegemonía de Estados Unidos en América Latina, se acabó”, concluye un informe sobre las relaciones de Washington con la región emitido hoy por el centro de estudios de relaciones internacionales más influyente del país.
El informe Relaciones Estados Unidos–América Latina: Una nueva dirección para una nueva realidad fue elaborado por un grupo independiente de expertos patrocinado por el Consejo sobre Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations, o CFR), el cual afirma que “la política estadunidense ya no puede ser basada sobre la suposición de que Estados Unidos es el actor exterior más importante en América Latina”.
Establece que “por más de 150 años la Doctrina Monroe ofreció los principios que guiaban la política estadunidense hacia América Latina, afirmando la primacía de Estados Unidos en las relaciones exteriores de la región. Durante las últimas dos décadas estos principios se han vuelto cada vez más obsoletos”.
El problema ahora, añade, es que “el marco básico de la política en Washington no ha cambiado lo suficiente para reflejar esa nueva realidad”. Por lo tanto, sugiere que los formuladores de política hacia la región tienen que cambiar la manera de pensar: “América Latina no es de Washington para perderla; tampoco es de Washington para salvarla. El destino de América Latina está, en gran medida, en las manos de América Latina”.
Así, el grupo de trabajo insta al próximo presidente de Estados Unidos a comprometerse a trabajar de manera cooperativa con los países latinoamericanos y considera que “la política estadunidense hacia la región debería de complementar las iniciativas latinoamericanas” en rubros como la reducción de pobreza, la mejoría de la seguridad pública y temas como el de la energía.
El grupo, presidido por la ex representante de Comercio de Estados Unidos Charlene Barshefsky y el general James T. Hill, el ex comandante del Comando del Sur de Estados Unidos, e integrado por casi 20 figuras incluidos ex legisladores, políticos, asesores, reconocidos especialistas y guiado con la asesoría de Julia Sweig, directora de Estudios de América Latina del CFR, elaboró una serie de recomendaciones para la política estadunidense hacia la región.
Al señalar que América Latina se ha beneficiado de la “apertura democrática, políticas económicas estables” y el crecimiento económico, reconocen que hay una serie de desafíos para los países del área que surgen de su integración a los mercados globales, así como de la necesidad crítica de “fortalecer instituciones estatales históricamente débiles”. Estos desafíos, subrayan, importan cada vez más para Estados Unidos ya que “los vínculos económicos y sociales cada vez más profundos ligan el bienestar de Estados Unidos a la estabilidad y desarrollo de la región”.
El estudio detalla los factores en esta relación cada vez más integrada: el comercio estadunidense con la zona creció 139 por ciento de 1996 a 2006; América Latina es ahora el principal surtidor de petróleo extranjero para Estados Unidos (casi 30 por ciento de las importaciones comparado con 20 por ciento que trae desde Medio Oriente), y es también la mayor fuente de narcóticos ilegales. Además, la migración se ha acelerado contribuyendo al hecho de que los latinos ahora son 15 por ciento de la población estadunidense y representan casi 50 por ciento del crecimiento de la población. Todos estos factores reflejan cómo “el bienestar de América Latina directamente afecta a Estados Unidos”.
Pero a la vez, a pesar de esta integración, la globalización de América Latina ahora implica que la política estadunidense es sólo uno de varios factores que compiten para influir en la región, y varios países grandes del área ya han diversificado sus relaciones al grado de que Estados Unidos ya no es determinante. A la vez, el informe registra que las percepciones populares de Estados Unidos en la zona han cambiado, con “la estima del liderazgo global y hemisférico estadunidense en su nivel más bajo en la región en la memoria reciente”.
Esta creciente desconfianza, señala, ha permitido que líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y hasta Felipe Calderón logren generar apoyo doméstico al criticar a Washington. Agrega el documento que la aparente incapacidad de varios gobiernos para cumplir con promesas de seguridad y prosperidad compartida, han minado la fe en “la democracia representativa”, lo cual ha alentado “la elevación de líderes que prometen amplios cambios políticos y sociales”, como Chávez, que es considerado preocupante por su campaña para “enajenar a América Latina de Estados Unidos y promover políticas exteriores que podrían desestabilizar la región”.
Advierte que a pesar de la liberalización economía, casi 200 millones de latinoamericanos –37 por ciento– viven en la pobreza y eso, combinado con el problema de la desigualdad, genera “barreras” contrarias a los intereses estadunidenses, ya que nutren “polarizacion política y tumulto social, revelando la vulnerabilidad de las instituciones estatales ya de por si débiles, fomentando violencia, obstaculizando el crecimiento económico” y minando a la vez el apoyo a la democracia. “Los ciudadanos latinoamericanos esperan correctamente que la democracia entregue más igualdad, justicia social y prosperidad, no sólo representación formal”, asienta el informe.
Otro fenómeno clave relacionado con fallas en las economías de la región se manifiesta en que casi 18 millones de migrantes latinoamericanos viven en Estados Unidos.
Concluye que hasta ahora el enfoque de la política estadunidense sobre comercio, democracia y droga es inadecuado frente al nuevo panorama, el grupo de trabajo de CFR identifica cuatro rubros que deben ofrecer las bases para la política estadunidense hacia América Latina: migración, pobreza y desigualdad, seguridad energética y seguridad pública.
Recomienda promover una serie de iniciativas de cooperación con el área, particularmente a través de instituciones multilaterales; promoción de una reforma migratoria comprensiva que sea prioridad para el próximo presidente, mayor cooperación en “seguridad energética” con la región, profundizar las “relaciones estratégicas” con Brasil y México, y mayor enfoque en el fortalecimiento de instituciones estatales que son claves tanto para enfrentar problemas de seguridad pública como retos económicos y sociales.
También mantener las relaciones con Venezuela, y buscar que a través de foros multilaterales se aborden las políticas de ese país. Aboga por abrir canales de comunicación formales e informales con Cuba, declarando que “Estados Unidos debería dar una serie de pasos con el objetivo de levantar el embargo contra Cuba”.
Para ver el informe completo: www.cfr.org/content/publications/attachments/LatinAmerica_TF.pdf
Recomienda asentar la política de Washington hacia el área en cuatro rubros: migración, pobreza y desigualdad, seguridad energética y seguridad pública
Insta a abrir canales de comunicación con Cuba
David Brooks (Corresponsal)
Al rechazar críticas por su relación con su par venezolano Hugo Chávez, el mandatario boliviano Evo Morales dijo ayer: “no voy a distanciarme de ningún presidente excepto (del gobernante estadunidense) George W. Bush, porque tiene una política intervencionista criminal”. La imagen, ayer en el palacio de gobierno, durante un encuentro con la prensa internacional. Foto: ReutersNueva York, 14 de mayo. “Si hubo una era de hegemonía de Estados Unidos en América Latina, se acabó”, concluye un informe sobre las relaciones de Washington con la región emitido hoy por el centro de estudios de relaciones internacionales más influyente del país.
El informe Relaciones Estados Unidos–América Latina: Una nueva dirección para una nueva realidad fue elaborado por un grupo independiente de expertos patrocinado por el Consejo sobre Relaciones Exteriores (Council on Foreign Relations, o CFR), el cual afirma que “la política estadunidense ya no puede ser basada sobre la suposición de que Estados Unidos es el actor exterior más importante en América Latina”.
Establece que “por más de 150 años la Doctrina Monroe ofreció los principios que guiaban la política estadunidense hacia América Latina, afirmando la primacía de Estados Unidos en las relaciones exteriores de la región. Durante las últimas dos décadas estos principios se han vuelto cada vez más obsoletos”.
El problema ahora, añade, es que “el marco básico de la política en Washington no ha cambiado lo suficiente para reflejar esa nueva realidad”. Por lo tanto, sugiere que los formuladores de política hacia la región tienen que cambiar la manera de pensar: “América Latina no es de Washington para perderla; tampoco es de Washington para salvarla. El destino de América Latina está, en gran medida, en las manos de América Latina”.
Así, el grupo de trabajo insta al próximo presidente de Estados Unidos a comprometerse a trabajar de manera cooperativa con los países latinoamericanos y considera que “la política estadunidense hacia la región debería de complementar las iniciativas latinoamericanas” en rubros como la reducción de pobreza, la mejoría de la seguridad pública y temas como el de la energía.
El grupo, presidido por la ex representante de Comercio de Estados Unidos Charlene Barshefsky y el general James T. Hill, el ex comandante del Comando del Sur de Estados Unidos, e integrado por casi 20 figuras incluidos ex legisladores, políticos, asesores, reconocidos especialistas y guiado con la asesoría de Julia Sweig, directora de Estudios de América Latina del CFR, elaboró una serie de recomendaciones para la política estadunidense hacia la región.
Al señalar que América Latina se ha beneficiado de la “apertura democrática, políticas económicas estables” y el crecimiento económico, reconocen que hay una serie de desafíos para los países del área que surgen de su integración a los mercados globales, así como de la necesidad crítica de “fortalecer instituciones estatales históricamente débiles”. Estos desafíos, subrayan, importan cada vez más para Estados Unidos ya que “los vínculos económicos y sociales cada vez más profundos ligan el bienestar de Estados Unidos a la estabilidad y desarrollo de la región”.
El estudio detalla los factores en esta relación cada vez más integrada: el comercio estadunidense con la zona creció 139 por ciento de 1996 a 2006; América Latina es ahora el principal surtidor de petróleo extranjero para Estados Unidos (casi 30 por ciento de las importaciones comparado con 20 por ciento que trae desde Medio Oriente), y es también la mayor fuente de narcóticos ilegales. Además, la migración se ha acelerado contribuyendo al hecho de que los latinos ahora son 15 por ciento de la población estadunidense y representan casi 50 por ciento del crecimiento de la población. Todos estos factores reflejan cómo “el bienestar de América Latina directamente afecta a Estados Unidos”.
Pero a la vez, a pesar de esta integración, la globalización de América Latina ahora implica que la política estadunidense es sólo uno de varios factores que compiten para influir en la región, y varios países grandes del área ya han diversificado sus relaciones al grado de que Estados Unidos ya no es determinante. A la vez, el informe registra que las percepciones populares de Estados Unidos en la zona han cambiado, con “la estima del liderazgo global y hemisférico estadunidense en su nivel más bajo en la región en la memoria reciente”.
Esta creciente desconfianza, señala, ha permitido que líderes como Hugo Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y hasta Felipe Calderón logren generar apoyo doméstico al criticar a Washington. Agrega el documento que la aparente incapacidad de varios gobiernos para cumplir con promesas de seguridad y prosperidad compartida, han minado la fe en “la democracia representativa”, lo cual ha alentado “la elevación de líderes que prometen amplios cambios políticos y sociales”, como Chávez, que es considerado preocupante por su campaña para “enajenar a América Latina de Estados Unidos y promover políticas exteriores que podrían desestabilizar la región”.
Advierte que a pesar de la liberalización economía, casi 200 millones de latinoamericanos –37 por ciento– viven en la pobreza y eso, combinado con el problema de la desigualdad, genera “barreras” contrarias a los intereses estadunidenses, ya que nutren “polarizacion política y tumulto social, revelando la vulnerabilidad de las instituciones estatales ya de por si débiles, fomentando violencia, obstaculizando el crecimiento económico” y minando a la vez el apoyo a la democracia. “Los ciudadanos latinoamericanos esperan correctamente que la democracia entregue más igualdad, justicia social y prosperidad, no sólo representación formal”, asienta el informe.
Otro fenómeno clave relacionado con fallas en las economías de la región se manifiesta en que casi 18 millones de migrantes latinoamericanos viven en Estados Unidos.
Concluye que hasta ahora el enfoque de la política estadunidense sobre comercio, democracia y droga es inadecuado frente al nuevo panorama, el grupo de trabajo de CFR identifica cuatro rubros que deben ofrecer las bases para la política estadunidense hacia América Latina: migración, pobreza y desigualdad, seguridad energética y seguridad pública.
Recomienda promover una serie de iniciativas de cooperación con el área, particularmente a través de instituciones multilaterales; promoción de una reforma migratoria comprensiva que sea prioridad para el próximo presidente, mayor cooperación en “seguridad energética” con la región, profundizar las “relaciones estratégicas” con Brasil y México, y mayor enfoque en el fortalecimiento de instituciones estatales que son claves tanto para enfrentar problemas de seguridad pública como retos económicos y sociales.
También mantener las relaciones con Venezuela, y buscar que a través de foros multilaterales se aborden las políticas de ese país. Aboga por abrir canales de comunicación formales e informales con Cuba, declarando que “Estados Unidos debería dar una serie de pasos con el objetivo de levantar el embargo contra Cuba”.
Para ver el informe completo: www.cfr.org/content/publications/attachments/LatinAmerica_TF.pdf
Pemex contribuye más al fisco que el resto de las empresas del país
Incrementó de 31 a 45% su aportación al gobierno federal
Juan Antonio Zúñiga y Antonio Castellanos
Petróleos Mexicanos (Pemex) elevó su contribución al ingreso total del gobierno federal de 31 a 45 por ciento entre el primer trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, indican informes preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La dependencia del gobierno federal de las aportaciones fiscales de Pemex registró un incremento anual de 45 por ciento en el primer cuarto de 2008, en tanto las empresas contribuyeron con menos de la mitad de los recursos recaudados por el impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU), en el mismo tiempo.
La contribución de Pemex fue 206 por ciento superior al pago de ISR y IETU realizado por más de 360 mil empresas durante los primeros tres meses del año en curso.
En forma de derechos y aprovechamientos, las transferencias de recursos al fisco realizadas por la petrolera nacional ascendieron 253 mil 576.9 millones de pesos durante los primeros tres meses de este año, en tanto que el ingreso total obtenido por el gobierno federal se elevó a 563 mil 858.2 millones de pesos, según la dependencia.
Eso implicó un incremento nominal de 82.6 por ciento en el monto de los recursos aportados por Pemex al erario público en el primer trimestre de 2008, sobre los 138 mil 894.8 millones de transferidos como carga fiscal en el mismo lapso de 2007, cuando el ingreso del gobierno federal totalizó 448 mil 804.8 millones de pesos.
Así, en términos absolutos el gobierno federal dispuso de 114 mil 682.1 millones de pesos más en ingresos contribuidos por Pemex durante el primer trimestre de este año, que los que tuvo a su disposición en el mismo periodo de 2007; un incremento 149 por ciento superior a la elevación de los recursos captados por la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en los primeros tres meses de 2008 respecto a lo recaudado un año antes solo por el ISR.
De acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda, la recaudación obtenida a través del ISR en los primeros tres meses del año pasado fue de 130 mil 683.7 millones de pesos, la cual se elevó a 176 mil 683.2 millones en el primer trimestre de 2008, una vez que también se adicionaron unos 14 mil 245 millones de pesos captados a través del IETU. Por esta vía el gobierno federal tuvo un incremento anual de 35.2 por ciento en la recaudación tributaria, equivalente a una elevación de 46 mil millones de pesos.
Juan Antonio Zúñiga y Antonio Castellanos
Petróleos Mexicanos (Pemex) elevó su contribución al ingreso total del gobierno federal de 31 a 45 por ciento entre el primer trimestre de 2007 y el mismo periodo de 2008, indican informes preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
La dependencia del gobierno federal de las aportaciones fiscales de Pemex registró un incremento anual de 45 por ciento en el primer cuarto de 2008, en tanto las empresas contribuyeron con menos de la mitad de los recursos recaudados por el impuesto sobre la renta (ISR) y del impuesto empresarial a tasa única (IETU), en el mismo tiempo.
La contribución de Pemex fue 206 por ciento superior al pago de ISR y IETU realizado por más de 360 mil empresas durante los primeros tres meses del año en curso.
En forma de derechos y aprovechamientos, las transferencias de recursos al fisco realizadas por la petrolera nacional ascendieron 253 mil 576.9 millones de pesos durante los primeros tres meses de este año, en tanto que el ingreso total obtenido por el gobierno federal se elevó a 563 mil 858.2 millones de pesos, según la dependencia.
Eso implicó un incremento nominal de 82.6 por ciento en el monto de los recursos aportados por Pemex al erario público en el primer trimestre de 2008, sobre los 138 mil 894.8 millones de transferidos como carga fiscal en el mismo lapso de 2007, cuando el ingreso del gobierno federal totalizó 448 mil 804.8 millones de pesos.
Así, en términos absolutos el gobierno federal dispuso de 114 mil 682.1 millones de pesos más en ingresos contribuidos por Pemex durante el primer trimestre de este año, que los que tuvo a su disposición en el mismo periodo de 2007; un incremento 149 por ciento superior a la elevación de los recursos captados por la aplicación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) en los primeros tres meses de 2008 respecto a lo recaudado un año antes solo por el ISR.
De acuerdo con los informes de la Secretaría de Hacienda, la recaudación obtenida a través del ISR en los primeros tres meses del año pasado fue de 130 mil 683.7 millones de pesos, la cual se elevó a 176 mil 683.2 millones en el primer trimestre de 2008, una vez que también se adicionaron unos 14 mil 245 millones de pesos captados a través del IETU. Por esta vía el gobierno federal tuvo un incremento anual de 35.2 por ciento en la recaudación tributaria, equivalente a una elevación de 46 mil millones de pesos.
Desaparecen 685 mil empleos en sectores formal e informal, según el INEGI
Casi un millón 800 mil habitantes están en desocupación abierta, señalan informes
Los resultados contrastan con declaraciones de funcionarios sobre la salud económica del país
Juan Antonio Zúñiga
La población ocupada resintió una disminución de 685 mil personas en los primeros tres meses de este año, tanto en el sector formal como en el informal de la economía mexicana; en tanto la desocupación abierta afectó a casi un millón 800 mil habitantes del país, para alcanzar su mayor dimensión en el transcurso de la actual administración gubernamental, indican informes dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La pérdida de empleos y el aumento en la desocupación, contrastan con indicadores del propio organismo que, acompañados de declaraciones de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, han sugerido que la actividad económica del país se encuentra en mejores condiciones que hace un año, a pesar de la recesión iniciada en Estados Unidos.
Incluso, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha adelantado que el crecimiento económico del país será mayor a 3 por ciento en en el primer trimestre de 2008, con lo cual se rompería el paradigma de que a mayor crecimiento económico corresponden más empleos y mejores condiciones ocupacionales.
La caída en los niveles de ocupación dados a conocer por el INEGI ocurrió un día después de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio a conocer una revisión de los datos del empleo formal registrado en el IMSS que reveló que en realidad se crearon 603 mil empleos menos de los que se creía en este sector, y la tasa de crecimiento anual de 5.1 por ciento que se tenía para el primer trimestre de 2008 fue de 3.3 por ciento, bajo la nueva metodología de ajuste.
Por lo pronto, el informe presentado por el INEGI indica que mientras en el cuarto trimestre de 2007 la población ocupada ascendía a 44 millones, durante los primeros tres meses de 2008 disminuyó a 43.3 millones. Mientras unas 163 mil personas se agregaron a las filas de la desocupación abierta, que afecta a un millón 779 mil habitantes en busca de empleo y con “trabajo cero”, quienes representan 3.9 por ciento de la población económicamente activa del país.
Los indicadores dados a conocer por el organismo no dejan claro si la diferencia entre la disminución en el número de personas ocupadas –685 mil– y el aumento de 163 mil en el universo de las desocupadas en el primer trimestre del año, corresponde a habitantes que abandonaron el país o sólo desistieron de buscar empleo. Pero la cifra no es menor, pues se trata de 522 mil individuos.
Según el INEGI, “al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades más grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas, con 100 mil y más habitantes, la tasa de desocupación llegó a 4.7 por ciento; mientras que en las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes fue de 4 por ciento, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó en 3.3 por ciento, y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes se estableció en 2.3 por ciento.”
Con un aumento anual de 492 mil personas, en las actividades económicas informales –“aquellas que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares”– se empleaban 11.9 millones de trabajadores en el primer trimestre de 2008, quienes representaban 27.4 por ciento de la población ocupada.
Por ingreso, 72 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3 salarios mínimos y 62.6 por ciento no tiene acceso a la salud.
Los resultados contrastan con declaraciones de funcionarios sobre la salud económica del país
Juan Antonio Zúñiga
La población ocupada resintió una disminución de 685 mil personas en los primeros tres meses de este año, tanto en el sector formal como en el informal de la economía mexicana; en tanto la desocupación abierta afectó a casi un millón 800 mil habitantes del país, para alcanzar su mayor dimensión en el transcurso de la actual administración gubernamental, indican informes dados a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).
La pérdida de empleos y el aumento en la desocupación, contrastan con indicadores del propio organismo que, acompañados de declaraciones de altos funcionarios de la Secretaría de Hacienda, han sugerido que la actividad económica del país se encuentra en mejores condiciones que hace un año, a pesar de la recesión iniciada en Estados Unidos.
Incluso, el secretario de Hacienda, Agustín Carstens, ha adelantado que el crecimiento económico del país será mayor a 3 por ciento en en el primer trimestre de 2008, con lo cual se rompería el paradigma de que a mayor crecimiento económico corresponden más empleos y mejores condiciones ocupacionales.
La caída en los niveles de ocupación dados a conocer por el INEGI ocurrió un día después de que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social dio a conocer una revisión de los datos del empleo formal registrado en el IMSS que reveló que en realidad se crearon 603 mil empleos menos de los que se creía en este sector, y la tasa de crecimiento anual de 5.1 por ciento que se tenía para el primer trimestre de 2008 fue de 3.3 por ciento, bajo la nueva metodología de ajuste.
Por lo pronto, el informe presentado por el INEGI indica que mientras en el cuarto trimestre de 2007 la población ocupada ascendía a 44 millones, durante los primeros tres meses de 2008 disminuyó a 43.3 millones. Mientras unas 163 mil personas se agregaron a las filas de la desocupación abierta, que afecta a un millón 779 mil habitantes en busca de empleo y con “trabajo cero”, quienes representan 3.9 por ciento de la población económicamente activa del país.
Los indicadores dados a conocer por el organismo no dejan claro si la diferencia entre la disminución en el número de personas ocupadas –685 mil– y el aumento de 163 mil en el universo de las desocupadas en el primer trimestre del año, corresponde a habitantes que abandonaron el país o sólo desistieron de buscar empleo. Pero la cifra no es menor, pues se trata de 522 mil individuos.
Según el INEGI, “al estar condicionada a la búsqueda de empleo, la tasa de desocupación es más alta en las localidades más grandes, en donde está más organizado el mercado de trabajo; es así que en las zonas más urbanizadas, con 100 mil y más habitantes, la tasa de desocupación llegó a 4.7 por ciento; mientras que en las que tienen de 15 mil a menos de 100 mil habitantes fue de 4 por ciento, en las de 2 mil 500 a menos de 15 mil se ubicó en 3.3 por ciento, y en las rurales de menos de 2 mil 500 habitantes se estableció en 2.3 por ciento.”
Con un aumento anual de 492 mil personas, en las actividades económicas informales –“aquellas que operan a partir de los recursos de los hogares, pero sin constituirse como empresas con una situación independiente de esos hogares”– se empleaban 11.9 millones de trabajadores en el primer trimestre de 2008, quienes representaban 27.4 por ciento de la población ocupada.
Por ingreso, 72 por ciento de la población ocupada percibe menos de 3 salarios mínimos y 62.6 por ciento no tiene acceso a la salud.
Exige el PRD auditar a la Lotería Nacional y revisar la licitación de servicios médicos
Demandan en la Comisión Permanente que se inspeccionen los recursos de 2007 y 2008
Tras una denuncia, sospechan que se benefició al Grupo Ángeles y a Médica Londres
V. Ballinas y A. Becerril
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron ante el pleno de la Comisión Permanente que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifiquen en el contexto de sus atribuciones la correcta aplicación de recursos federales del ejercicio fiscal 2007, y los que esté por ejercer en 2008 la Lotería Nacional. Igualmente demandaron que investiguen las licitaciones de servicios médicos contratados por esa institución, ya que hay denuncias de que “se han hecho a modo para beneficiar al Grupo Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, y a Médica Londres, de Jorge Kahwagi Macari.
Al presentar ayer un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que la SFP presente un informe exhaustivo de las irregularidades detectadas en la Lotería Nacional por su órgano interno de control, y en su caso se proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponde, también se pidió que se presente un informe pormenorizado del estado que guardan las licitaciones en esa institución de sorteos en un término de 30 días. Dicho punto de acuerdo fue turnado a comisiones.
Hugo Martínez Padilla, diputado del partido del sol azteca, señala en el punto de acuerdo que en febrero de este año se dio a conocer el contrato por un monto de 40 millones 346 mil 999 pesos otorgado por la Lotería Nacional a la empresa Médica Londres, propiedad de Jorge Kawaghi.
La investigación se inició en respuesta a la denuncia que presentó el Sanatorio Durango, centro hospitalario que por más de 50 años prestó esos servicios, y refirió que la licitación favorece al Grupo Ángeles.
El perredista detalló que la Lotería Nacional canceló la licitación por tiempo indefinido. Las bases del concurso establecían que el contratista estaba obligado a contar con una razón social que tuviera dos o más unidades hospitalarias y que cada una contara con un mínimo de 300 camas censadas.
Abundó el diputado, los empresarios del Sanatorio Durango coincidieron que la licitación se hizo a modo para favorecer a Grupo Ángeles, que es la cadena de hospitales que cubre totalmente los requisitos y añadió que se acusa a la institución de sorteos de que no se sujetó al procedimiento de licitación pública como lo establece la ley reglamentaria en la materia, sino que pactó esos servicios mediante invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número ITP-001-08, cuyo contrato comprende un monto de 40 millones 346 mil 999 pesos, y fue adjudicado directamente a Clase Médica, razón social de Médica Londres, por lo que esa clínica que cuenta con un sólo hospital “ofrecerá los servicios médicos de primer nivel; asimismo, el Grupo Ángeles obtuvo un segundo contrato, por los servicios médicos de segundo nivel y de alta especialidad en una licitación directa que fue impugnada ante la SFP”.
Tras una denuncia, sospechan que se benefició al Grupo Ángeles y a Médica Londres
V. Ballinas y A. Becerril
Diputados del Partido de la Revolución Democrática (PRD) demandaron ante el pleno de la Comisión Permanente que la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) verifiquen en el contexto de sus atribuciones la correcta aplicación de recursos federales del ejercicio fiscal 2007, y los que esté por ejercer en 2008 la Lotería Nacional. Igualmente demandaron que investiguen las licitaciones de servicios médicos contratados por esa institución, ya que hay denuncias de que “se han hecho a modo para beneficiar al Grupo Ángeles, de Olegario Vázquez Raña, y a Médica Londres, de Jorge Kahwagi Macari.
Al presentar ayer un punto de acuerdo ante la Comisión Permanente para que la SFP presente un informe exhaustivo de las irregularidades detectadas en la Lotería Nacional por su órgano interno de control, y en su caso se proceda a fincar las responsabilidades que a sus atribuciones corresponde, también se pidió que se presente un informe pormenorizado del estado que guardan las licitaciones en esa institución de sorteos en un término de 30 días. Dicho punto de acuerdo fue turnado a comisiones.
Hugo Martínez Padilla, diputado del partido del sol azteca, señala en el punto de acuerdo que en febrero de este año se dio a conocer el contrato por un monto de 40 millones 346 mil 999 pesos otorgado por la Lotería Nacional a la empresa Médica Londres, propiedad de Jorge Kawaghi.
La investigación se inició en respuesta a la denuncia que presentó el Sanatorio Durango, centro hospitalario que por más de 50 años prestó esos servicios, y refirió que la licitación favorece al Grupo Ángeles.
El perredista detalló que la Lotería Nacional canceló la licitación por tiempo indefinido. Las bases del concurso establecían que el contratista estaba obligado a contar con una razón social que tuviera dos o más unidades hospitalarias y que cada una contara con un mínimo de 300 camas censadas.
Abundó el diputado, los empresarios del Sanatorio Durango coincidieron que la licitación se hizo a modo para favorecer a Grupo Ángeles, que es la cadena de hospitales que cubre totalmente los requisitos y añadió que se acusa a la institución de sorteos de que no se sujetó al procedimiento de licitación pública como lo establece la ley reglamentaria en la materia, sino que pactó esos servicios mediante invitación a cuando menos tres personas, registrada con el número ITP-001-08, cuyo contrato comprende un monto de 40 millones 346 mil 999 pesos, y fue adjudicado directamente a Clase Médica, razón social de Médica Londres, por lo que esa clínica que cuenta con un sólo hospital “ofrecerá los servicios médicos de primer nivel; asimismo, el Grupo Ángeles obtuvo un segundo contrato, por los servicios médicos de segundo nivel y de alta especialidad en una licitación directa que fue impugnada ante la SFP”.
Tenemos razones para pensar que la SRE influyó en la salida de Incalcaterra: FAP
Demanda que la cancillería brinde un informe del papel que desempeñó en el caso
El funcionario de la ONU manifestó sus dudas sobre las elecciones de 2006
A. Becerril y V. Ballinas
El Frente Amplio Progresista (FAP) propuso ante la Comisión Permanente que se solicite a la cancillería un informe preciso sobre “la abrupta salida” del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra.
En la sesión de ayer, el diputado perredista Cuauhtémoc Sandoval advirtió que hay sospechas de que desde la cancillería se presionó para que el funcionario de Naciones Unidas dejara su cargo y saliera el país, sobre todo por haber manifestado dudas sobre el resultado de la elección federal de 2006.
“Se dice que este gobierno pidió su cambio porque respaldó el informe de Human Rights Watch sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que criticó las violaciones a las garantías básicas cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y, en una palabra, se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno”, sostuvo Sandoval, al presentar el punto de acuerdo que se turnó a comisiones.
El perredista dijo que el gobierno de Felipe Calderón sostiene que no influyó en la salida del funcionario; sin embargo, todos los informes apuntan a lo contrario. Por tales motivos, agregó, “nosotros no compartimos la idea de que el señor Amerigo Incalcaterra sea una simple rotación de los funcionarios de Naciones Unidas y tenemos serias y fundadas razones para creer que fue una solicitud expresa del gobierno de Felipe Calderón”.
Pidió que la Comisión Permanente agradezca a Incalcaterra sus “buenos oficios” durante su encargo como titular de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y le desee éxitos en su próxima labor.
El funcionario de la ONU manifestó sus dudas sobre las elecciones de 2006
A. Becerril y V. Ballinas
El Frente Amplio Progresista (FAP) propuso ante la Comisión Permanente que se solicite a la cancillería un informe preciso sobre “la abrupta salida” del representante del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México, Amerigo Incalcaterra.
En la sesión de ayer, el diputado perredista Cuauhtémoc Sandoval advirtió que hay sospechas de que desde la cancillería se presionó para que el funcionario de Naciones Unidas dejara su cargo y saliera el país, sobre todo por haber manifestado dudas sobre el resultado de la elección federal de 2006.
“Se dice que este gobierno pidió su cambio porque respaldó el informe de Human Rights Watch sobre la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que criticó las violaciones a las garantías básicas cometidas por el Ejército en la lucha contra el narcotráfico y, en una palabra, se convirtió en un dolor de cabeza para el gobierno”, sostuvo Sandoval, al presentar el punto de acuerdo que se turnó a comisiones.
El perredista dijo que el gobierno de Felipe Calderón sostiene que no influyó en la salida del funcionario; sin embargo, todos los informes apuntan a lo contrario. Por tales motivos, agregó, “nosotros no compartimos la idea de que el señor Amerigo Incalcaterra sea una simple rotación de los funcionarios de Naciones Unidas y tenemos serias y fundadas razones para creer que fue una solicitud expresa del gobierno de Felipe Calderón”.
Pidió que la Comisión Permanente agradezca a Incalcaterra sus “buenos oficios” durante su encargo como titular de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México y le desee éxitos en su próxima labor.
El CCE y Televisa, culpables de la guerra sucia contra la coalición Por el Bien de Todos
Violaron la ley, pero no se podía sancionar a particulares, dice el IFE dos años después
A Fox y Calderón los halló responsables de no respetar la restricción publicitaria de finales de 2005
Alonso Urrutia
Casi dos años después de haber irrumpido en la campaña electoral con mensajes contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, el Consejo Coordinador Empresarial fue encontrado culpable de violar la ley por parte del Instituto Federal Electoral (IFE). También se halló responsabilidad de la empresa Televisa, por haber difundido los promocionales.
Asimismo, el organismo halló responsables al ex presidente Vicente Fox y al actual presidente, Felipe Calderón, de haber violado el marco legal y la tregua navideña de 2005.
De acuerdo con los proyectos de dictamen de la Junta General Ejecutiva del IFE, a pesar de la responsabilidad de todos ellos por haber transgredido la legislación, solamente se sancionará con 4 mil 500 días de salario mínimo –alrededor de 234 mil pesos– al PAN, por la conducta de Calderón, que realizó actos públicos y envió mensajes navideños durante la restricción publicitaria decretada previo a las campañas.
Sin embargo, destaca el caso del ex presidente Fox, que el documento propone que se dé vista al Senado y a la Cámara de Diputados dado el carácter de funcionario federal. La notificación se realizará para que el Congreso, “en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.
En el caso del CCE y Televisa, las consecuencias son nulas, pues aunque en ambos casos se les considera violadores de la legislación electoral, el IFE se encuentra impedido de aplicar sanción alguna ya que, de acuerdo al marco legal que regía en el proceso electoral de 2006, no es procedente sancionar a particulares.
Los proyectos de dictámenes serán discutidos hoy por la Comisión de Quejas, con el propósito de ratificarlos y que se presenten la próxima semana ante el Consejo General del IFE para su aprobación, como parte del desahogo de más de un centenar de quejas que finalmente serán resueltas por el organismo.
En el caso de Fox, la queja fue promovida por la coalición Por el Bien de Todos, relacionada con la campaña publicitaria gubernamental denominada “Si seguimos por el mismo camino”, en alusión a votar en favor del PAN. “Efectivamente, el IFE observa que las declaraciones de Fox oscilaron entre el ejercicio de la libertad de expresión y la intromisión en los procesos electorales, a través de mensajes indirectos o implícitos, que si bien no son a favor o en contra de candidato alguno, podían interpretarse en uno u otro sentido”.
La violación de Fox –que en su momento fue reconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– fue considerada como un hecho que pudo haber incidido en el electorado, pero el documento no acredita que el PAN pueda ser responsable de la conducta del entonces presidente.
Por lo que hace a Calderón, fue encontrado culpable de transgredir la tregua navideña, detectándose la difusión de mensajes en dos días distintos, a pesar de lo cual se consideró que no fue una actitud reincidente, por lo que la multa fue por una falta de gravedad ordinaria.
En cuanto al CCE, el IFE consideró que violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al difundir publicidad de contenido electoral –donde aludía que en la década reciente se había logrado una estabilidad que no debería ponerse en riesgo–, incidiendo en contra de la coalición y que, de acuerdo con la queja de ésta, pretendía beneficiar al PRI y al PAN.
El dictamen recoge también la renuencia de Televisa a entregar al IFE información relacionada con la contratación de los mensajes, censurando “su silencio o pasividad” que podían haber servido “para desvanecer indicios”. Si bien el organismo consideró fundada la queja, determinó que ni el PRI ni el PAN tenían responsabilidad en los posibles beneficios electorales, por lo que no los sancionó, lo que se suma a la imposibilidad de aplicar castigos a los organismos privados.
En las quejas también se fija una sanción de 2 mil 500 días de salario mínimo al PRI y al PVEM –alrededor de 130 mil pesos– por actos anticipados de campaña de su candidato, Roberto Madrazo.
A Fox y Calderón los halló responsables de no respetar la restricción publicitaria de finales de 2005
Alonso Urrutia
Casi dos años después de haber irrumpido en la campaña electoral con mensajes contra el candidato de la coalición Por el Bien de Todos, el Consejo Coordinador Empresarial fue encontrado culpable de violar la ley por parte del Instituto Federal Electoral (IFE). También se halló responsabilidad de la empresa Televisa, por haber difundido los promocionales.
Asimismo, el organismo halló responsables al ex presidente Vicente Fox y al actual presidente, Felipe Calderón, de haber violado el marco legal y la tregua navideña de 2005.
De acuerdo con los proyectos de dictamen de la Junta General Ejecutiva del IFE, a pesar de la responsabilidad de todos ellos por haber transgredido la legislación, solamente se sancionará con 4 mil 500 días de salario mínimo –alrededor de 234 mil pesos– al PAN, por la conducta de Calderón, que realizó actos públicos y envió mensajes navideños durante la restricción publicitaria decretada previo a las campañas.
Sin embargo, destaca el caso del ex presidente Fox, que el documento propone que se dé vista al Senado y a la Cámara de Diputados dado el carácter de funcionario federal. La notificación se realizará para que el Congreso, “en el ámbito de su competencia, determine lo que a derecho corresponda”.
En el caso del CCE y Televisa, las consecuencias son nulas, pues aunque en ambos casos se les considera violadores de la legislación electoral, el IFE se encuentra impedido de aplicar sanción alguna ya que, de acuerdo al marco legal que regía en el proceso electoral de 2006, no es procedente sancionar a particulares.
Los proyectos de dictámenes serán discutidos hoy por la Comisión de Quejas, con el propósito de ratificarlos y que se presenten la próxima semana ante el Consejo General del IFE para su aprobación, como parte del desahogo de más de un centenar de quejas que finalmente serán resueltas por el organismo.
En el caso de Fox, la queja fue promovida por la coalición Por el Bien de Todos, relacionada con la campaña publicitaria gubernamental denominada “Si seguimos por el mismo camino”, en alusión a votar en favor del PAN. “Efectivamente, el IFE observa que las declaraciones de Fox oscilaron entre el ejercicio de la libertad de expresión y la intromisión en los procesos electorales, a través de mensajes indirectos o implícitos, que si bien no son a favor o en contra de candidato alguno, podían interpretarse en uno u otro sentido”.
La violación de Fox –que en su momento fue reconocida por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación– fue considerada como un hecho que pudo haber incidido en el electorado, pero el documento no acredita que el PAN pueda ser responsable de la conducta del entonces presidente.
Por lo que hace a Calderón, fue encontrado culpable de transgredir la tregua navideña, detectándose la difusión de mensajes en dos días distintos, a pesar de lo cual se consideró que no fue una actitud reincidente, por lo que la multa fue por una falta de gravedad ordinaria.
En cuanto al CCE, el IFE consideró que violó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) al difundir publicidad de contenido electoral –donde aludía que en la década reciente se había logrado una estabilidad que no debería ponerse en riesgo–, incidiendo en contra de la coalición y que, de acuerdo con la queja de ésta, pretendía beneficiar al PRI y al PAN.
El dictamen recoge también la renuencia de Televisa a entregar al IFE información relacionada con la contratación de los mensajes, censurando “su silencio o pasividad” que podían haber servido “para desvanecer indicios”. Si bien el organismo consideró fundada la queja, determinó que ni el PRI ni el PAN tenían responsabilidad en los posibles beneficios electorales, por lo que no los sancionó, lo que se suma a la imposibilidad de aplicar castigos a los organismos privados.
En las quejas también se fija una sanción de 2 mil 500 días de salario mínimo al PRI y al PVEM –alrededor de 130 mil pesos– por actos anticipados de campaña de su candidato, Roberto Madrazo.
Avanza la Iniciativa Mérida en el Capitolio
La violencia en México acelera el proceso
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 14 de mayo. La Iniciativa Mérida superó su primera prueba en el Congreso, al ser aprobada hoy por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, a pesar de la oposición de legisladores conservadores y organizaciones progresistas.
Uno de los promotores de este proyecto, el representante Eliot Engel, presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental, elogió la aprobación y declaró que “nunca antes el gobierno mexicano ha acordado cooperar tan de cerca con Estados Unidos en asuntos de seguridad”.
Agregó que “la narcoviolencia en México no sólo está minando la seguridad de nuestros amigos al sur, sino que está nutriendo el comercio de drogas y la violencia aquí, en Estados Unidos”.
El plan de tres años aprobado ahora incluye mil 600 millones de dólares en total –casi 200 millones más que el originalmente propuesto por el gobierno de George W. Bush en consulta con Felipe Calderón–. Los fondos adicionales serían destinados, en su mayoría, a los países centroamericanos que están incluidos en la iniciativa.
Por ahora se autorizan 595 millones para el año fiscal 2008, 645 para 2009 y 350 millones para 2010, con mil 100 millones del total destinados a México, 405 millones a Centroamérica y 73.5 millones para un programa estadunidense tendiente a reducir el flujo de armas ilícitas del norte hacia el sur.
El proceso legislativo podría cambiar estos montos o la manera en que los fondos pueden usarse. Por cierto, la versión aprobada ya tiene algunos cambios que resultaron de presiones de grupos de derechos humanos, como una prohibición de asistencia a unidades militares que han participado en abusos.
Este proyecto de ley limita la asistencia a los militares mexicanos a 205 millones en 2008, 120 millones en 2009 y 9 millones en 2010, menos de lo originalmente solicitado para ese sector, ya que ahora una porción más grande del total será destinada a programas para fortalecer instituciones judiciales y programas de derechos humanos dentro de esta iniciativa, según argumentan sus promotores, aparentemente en un intento para responder a críticas, reportó el servicio informativo especializado CQ Today.
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 14 de mayo. La Iniciativa Mérida superó su primera prueba en el Congreso, al ser aprobada hoy por el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, a pesar de la oposición de legisladores conservadores y organizaciones progresistas.
Uno de los promotores de este proyecto, el representante Eliot Engel, presidente del subcomité sobre el hemisferio occidental, elogió la aprobación y declaró que “nunca antes el gobierno mexicano ha acordado cooperar tan de cerca con Estados Unidos en asuntos de seguridad”.
Agregó que “la narcoviolencia en México no sólo está minando la seguridad de nuestros amigos al sur, sino que está nutriendo el comercio de drogas y la violencia aquí, en Estados Unidos”.
El plan de tres años aprobado ahora incluye mil 600 millones de dólares en total –casi 200 millones más que el originalmente propuesto por el gobierno de George W. Bush en consulta con Felipe Calderón–. Los fondos adicionales serían destinados, en su mayoría, a los países centroamericanos que están incluidos en la iniciativa.
Por ahora se autorizan 595 millones para el año fiscal 2008, 645 para 2009 y 350 millones para 2010, con mil 100 millones del total destinados a México, 405 millones a Centroamérica y 73.5 millones para un programa estadunidense tendiente a reducir el flujo de armas ilícitas del norte hacia el sur.
El proceso legislativo podría cambiar estos montos o la manera en que los fondos pueden usarse. Por cierto, la versión aprobada ya tiene algunos cambios que resultaron de presiones de grupos de derechos humanos, como una prohibición de asistencia a unidades militares que han participado en abusos.
Este proyecto de ley limita la asistencia a los militares mexicanos a 205 millones en 2008, 120 millones en 2009 y 9 millones en 2010, menos de lo originalmente solicitado para ese sector, ya que ahora una porción más grande del total será destinada a programas para fortalecer instituciones judiciales y programas de derechos humanos dentro de esta iniciativa, según argumentan sus promotores, aparentemente en un intento para responder a críticas, reportó el servicio informativo especializado CQ Today.
Quiere EU más producción de hidrocarburos en México
Influyente organismo pide estar “atento” para afianzar contratos o ayuda
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 14 de mayo. Estados Unidos debe enfocarse en promover una mayor producción petrolera en México mediante la participación de empresas de este país, como parte de una nueva política energética en el hemisferio, propuso el Consejo de Relaciones Exteriores.
“Hay que centrarse en aumentar la producción de petróleo y gas a través de contratos de servicios de empresas estadunidenses (permitidos por la ley mexicana vigente) y mediante la asistencia en aguas profundas del Golfo de México. Estados Unidos también debe estar listo para promover la inversión en Pemex si el gobierno mexicano la busca”, recomendó un grupo de trabajo de alto nivel patrocinado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CRE) en su informe Relaciones Estados Unidos-América Latina: una dirección para una nueva realidad, presentado hoy.
El informe, que evalúa el panorama actual de las relaciones estadunidenses con América Latina, identifica la “seguridad energética” como una de las bases para formular las políticas a futuro de Washington para la región. Señala que América Latina suministra casi 30 por ciento del petróleo que Estados Unidos recibe del exterior, con México como su tercera fuente en importancia después de Canadá y Arabia Saudita.
El factor Cantarell
Agrega que México tiene aproximadamente uno por ciento de las reservas conocidas del mundo y actualmente aporta 14 por ciento de las importaciones de petróleo de Estados Unidos. Advierte además que la creciente demanda doméstica, la productividad en declive y reservas agotadas “amenazan la posición del país como nación exportadora de energía”, y señala las severas reducciones de producción del campo de Cantarell, mientras “nuevas exploraciones son obstaculizadas por inversión inadecuada”.
Informa que más de 60 por ciento de los ingresos de Petróleos Mexicanos se destinan al presupuesto del gobierno, y que la inversión privada y extranjera en el sector petrolero sigue en gran medida prohibida por la Constitución, “dejando sólo oportunidades limitadas para la participación extranjera”.
En el corto plazo “es poco probable que el dividido Congreso mexicano apruebe la inversión por el sector privado y, aun si el gobierno reformista de Calderón logra aflojar las restricciones actuales sobre inversión, llevaría años generar la nueva producción”.
Afirma que, “sin cambios significativos, algunos analistas pronostican que México podría convertirse en un importador neto de petróleo en diez años. Para Estados Unidos, este acontecimiento impulsaría un giro dramático y difícil en sus fuentes de energía”.
A la vez, señala lo que considera tendencias positivas en la relación bilateral en torno a la energía: “La integración energética en América del Norte ha avanzado. Redes extensas transfronterizas de ductos modernos y líneas de transmisión eléctrica, comercio sin aranceles a través de las fronteras, compartir tecnología y contacto constante entre funcionarios de energía en ambos países han facilitado un comercio fluido y diálogo constante”. Destaca que el Grupo de Trabajo sobre Energía de América del Norte (NAEWG, por sus siglas en inglés), organización de funcionarios del sector energético de México, Estados Unidos y Canadá creado en 2001, ha patrocinado varios informes regionales, compilado estadísticas, y se ha relacionado con interesados tanto del sector público como privado en las “industrias relevantes”.
Energía y América Latina
El grupo de trabajo del CRE argumenta que, tal como el caso de México, la región enfrenta enormes deficiencias en sus sectores energéticos y que eso “debería alentar a los gobiernos latinoamericanos a ajustar los marcos de regulación y ofrecer oportunidad para la inversión pública y privada de Estados Unidos y otros países”.
A la vez identifica que “el surgimiento del nacionalismo sobre los recursos representa un reto difícil para Estados Unidos y países latinoamericanos”, y afirma que un efecto de esto es que se realicen menos foros multilaterales de alto nivel sobre energía en el hemisferio, lo cual reduce la posibilidad de “enfrentar con vigor los impedimentos políticos, financieros, ambientales y otros en la región. Lamenta en particular el fin de las reuniones hemisféricas de ministros de energía, que se realizaban anualmente bajo el liderazgo de Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas, lo cual “deja un vacío”.
Reconoce que cualquier reducción de exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos “tendría implicaciones problemáticas”, aunque descarta un giro dramático a corto plazo. Señala a Ecuador junto con Brasil como las otras fuentes importantes de petróleo para Estados Unidos en la región, indicando que en el primero la turbulencia política y el resurgimiento del “nacionalismo de recursos” han creado un ambiente incierto para la inversión.
Términos “amistosos”
En el caso de Brasil, gracias a los “términos amistosos ofrecidos a inversionistas extranjeros”, como el manejo de Petrobrás, se ha incrementado la exploración, y recientes descubrimientos podrían elevar a esa nación sudamericana arriba de Canadá y México, y sólo detrás de Venezuela en reservas.
El grupo de trabajo concluye que “América Latina permanece (como) una región de producción de petróleo relativamente estable y potencialmente una fuente importante de exportaciones de gas natural, aunque la propiedad estatal y la turbulencia política limitan la participación internacional y del sector privado en algunos países, obstaculizando eficiencia y crecimiento”. La producción en el futuro, sostiene, “dependerá de inversiones sustanciales en exploración y producción, favoreciendo sectores energéticos en países más abiertos a la inversión y a la ampliación de la colaboración y el comercio”.
Y claro, el pelele quiere hacer lo que Estados Unidos quiere... pero los mexicanos quieren ser soberanos no criados de un país con un gobierno genocida.
David Brooks (Corresponsal)
Nueva York, 14 de mayo. Estados Unidos debe enfocarse en promover una mayor producción petrolera en México mediante la participación de empresas de este país, como parte de una nueva política energética en el hemisferio, propuso el Consejo de Relaciones Exteriores.
“Hay que centrarse en aumentar la producción de petróleo y gas a través de contratos de servicios de empresas estadunidenses (permitidos por la ley mexicana vigente) y mediante la asistencia en aguas profundas del Golfo de México. Estados Unidos también debe estar listo para promover la inversión en Pemex si el gobierno mexicano la busca”, recomendó un grupo de trabajo de alto nivel patrocinado por el Consejo de Relaciones Exteriores (CRE) en su informe Relaciones Estados Unidos-América Latina: una dirección para una nueva realidad, presentado hoy.
El informe, que evalúa el panorama actual de las relaciones estadunidenses con América Latina, identifica la “seguridad energética” como una de las bases para formular las políticas a futuro de Washington para la región. Señala que América Latina suministra casi 30 por ciento del petróleo que Estados Unidos recibe del exterior, con México como su tercera fuente en importancia después de Canadá y Arabia Saudita.
El factor Cantarell
Agrega que México tiene aproximadamente uno por ciento de las reservas conocidas del mundo y actualmente aporta 14 por ciento de las importaciones de petróleo de Estados Unidos. Advierte además que la creciente demanda doméstica, la productividad en declive y reservas agotadas “amenazan la posición del país como nación exportadora de energía”, y señala las severas reducciones de producción del campo de Cantarell, mientras “nuevas exploraciones son obstaculizadas por inversión inadecuada”.
Informa que más de 60 por ciento de los ingresos de Petróleos Mexicanos se destinan al presupuesto del gobierno, y que la inversión privada y extranjera en el sector petrolero sigue en gran medida prohibida por la Constitución, “dejando sólo oportunidades limitadas para la participación extranjera”.
En el corto plazo “es poco probable que el dividido Congreso mexicano apruebe la inversión por el sector privado y, aun si el gobierno reformista de Calderón logra aflojar las restricciones actuales sobre inversión, llevaría años generar la nueva producción”.
Afirma que, “sin cambios significativos, algunos analistas pronostican que México podría convertirse en un importador neto de petróleo en diez años. Para Estados Unidos, este acontecimiento impulsaría un giro dramático y difícil en sus fuentes de energía”.
A la vez, señala lo que considera tendencias positivas en la relación bilateral en torno a la energía: “La integración energética en América del Norte ha avanzado. Redes extensas transfronterizas de ductos modernos y líneas de transmisión eléctrica, comercio sin aranceles a través de las fronteras, compartir tecnología y contacto constante entre funcionarios de energía en ambos países han facilitado un comercio fluido y diálogo constante”. Destaca que el Grupo de Trabajo sobre Energía de América del Norte (NAEWG, por sus siglas en inglés), organización de funcionarios del sector energético de México, Estados Unidos y Canadá creado en 2001, ha patrocinado varios informes regionales, compilado estadísticas, y se ha relacionado con interesados tanto del sector público como privado en las “industrias relevantes”.
Energía y América Latina
El grupo de trabajo del CRE argumenta que, tal como el caso de México, la región enfrenta enormes deficiencias en sus sectores energéticos y que eso “debería alentar a los gobiernos latinoamericanos a ajustar los marcos de regulación y ofrecer oportunidad para la inversión pública y privada de Estados Unidos y otros países”.
A la vez identifica que “el surgimiento del nacionalismo sobre los recursos representa un reto difícil para Estados Unidos y países latinoamericanos”, y afirma que un efecto de esto es que se realicen menos foros multilaterales de alto nivel sobre energía en el hemisferio, lo cual reduce la posibilidad de “enfrentar con vigor los impedimentos políticos, financieros, ambientales y otros en la región. Lamenta en particular el fin de las reuniones hemisféricas de ministros de energía, que se realizaban anualmente bajo el liderazgo de Estados Unidos en el marco de la Cumbre de las Américas, lo cual “deja un vacío”.
Reconoce que cualquier reducción de exportaciones de petróleo de Venezuela a Estados Unidos “tendría implicaciones problemáticas”, aunque descarta un giro dramático a corto plazo. Señala a Ecuador junto con Brasil como las otras fuentes importantes de petróleo para Estados Unidos en la región, indicando que en el primero la turbulencia política y el resurgimiento del “nacionalismo de recursos” han creado un ambiente incierto para la inversión.
Términos “amistosos”
En el caso de Brasil, gracias a los “términos amistosos ofrecidos a inversionistas extranjeros”, como el manejo de Petrobrás, se ha incrementado la exploración, y recientes descubrimientos podrían elevar a esa nación sudamericana arriba de Canadá y México, y sólo detrás de Venezuela en reservas.
El grupo de trabajo concluye que “América Latina permanece (como) una región de producción de petróleo relativamente estable y potencialmente una fuente importante de exportaciones de gas natural, aunque la propiedad estatal y la turbulencia política limitan la participación internacional y del sector privado en algunos países, obstaculizando eficiencia y crecimiento”. La producción en el futuro, sostiene, “dependerá de inversiones sustanciales en exploración y producción, favoreciendo sectores energéticos en países más abiertos a la inversión y a la ampliación de la colaboración y el comercio”.
Y claro, el pelele quiere hacer lo que Estados Unidos quiere... pero los mexicanos quieren ser soberanos no criados de un país con un gobierno genocida.
Gran movimiento social, única vía para evitar la venta de Pemex: investigador
El FAP, dispuesto a tomar tribunas si PAN y PRI insisten en la privatización
Desmiente especialista de la UAM estimaciones oficiales sobre el valor de los gasoductos
Emir Olivares, Georgina Saldierna y José A. Román
En forma paralela a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre la iniciativa energética del presidente Felipe Calderón, en otros ámbitos se organizan foros sobre ese tema.
De manera relevante la academia ha organizado foros de discusión y ayer, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador Maximino Ortega aseguró que la única vía para detener la iniciativa calderonista es con un gran movimiento social.
A su vez, el diputado federal por el PRD Ramón Félix Pacheco señaló que el plan de acción del Frente Amplio Progresista (FAP) está apenas en marcha, por lo que si PRI y PAN mantienen la postura de aprobar la reforma, existe la disposición de tomar, una vez más, las tribunas del Congreso de la Unión.
Indicó que el planteamiento de Calderón Hinojosa significa “un despojo brutal” a la nación, porque implicaría la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
También integrante de la Comisión de Energía, señaló que Pemex tiene un superávit primario de 451 mil millones de pesos que alcanzan para la exploración y la edificación de refinerías, e incluso para el pago de los Pidiregas de este año, que por intereses suman 31 mil millones de pesos y 72 mil millones de capital.
En tanto, en la Cámara de Diputados el legislador del PRI Jorge Estefan Chiriac informó que la iniciativa enviada ayer por el jefe del Ejecutivo federal acerca del régimen fiscal de Pemex se dictaminará hasta que se conozca el resultado de las otras cinco propuestas enviadas por Los Pinos.
A su vez, Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, manifestó que como resultado de los debates que iniciaron el martes en el Senado ya puede obtenerse una primera conclusión sobre la propuesta energética de Calderón Hinojosa: es inconstitucional.
Consideró que las expresiones del dirigente del PAN, Germán Martínez, contra los “sumos pontífices de los hidrocarburos”, sólo reflejan que aquél llegó a la discusión con los guantes puestos, ante la falta de argumentos.
Ayer hablaron también sobre este tema representantes de la Iglesia católica. Los obispos de las diócesis de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, y de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa, indicaron que en el debate sobre la reforma energética los partidos políticos y los especialistas deben abandonar sus posiciones ideológicas y anteponer los intereses nacionales.
Por otra parte, calificaron de positiva la convocatoria del Congreso para el diálogo sobre el tema energético, que es vital para el desarrollo del país. Expresaron su confianza en que los legisladores retomen las propuestas que se presenten en los 70 días de deliberaciones, por el bien del país y de los mexicanos.
El obispo Olvera reconoció que el plebiscito es una posibilidad que tampoco debe ser descartada por los legisladores.
En la UAM, el investigador Luis Kato Maldonado hizo hincapié en que si las reformas son aprobadas, la infraestructura petrolera, en especial la red de gasoductos, pasará a manos privadas.
Con base en un proyecto de investigación que realizó el año pasado, desmintió las proyecciones de Pemex de que 60 por ciento de los gasoductos tienen un valor igual a cero, ya que esa red vale en la actualidad 20 mil millones de dólares, con vida útil de 45 a 50 años, por lo que los aproximadamente 9 mil kilómetros de ductos “deben ser parte de la estrategia del gobierno para incrementar la presencia de la paraestatal”.
Desmiente especialista de la UAM estimaciones oficiales sobre el valor de los gasoductos
Emir Olivares, Georgina Saldierna y José A. Román
En forma paralela a la discusión que se desarrolla en el Senado de la República sobre la iniciativa energética del presidente Felipe Calderón, en otros ámbitos se organizan foros sobre ese tema.
De manera relevante la academia ha organizado foros de discusión y ayer, en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), el investigador Maximino Ortega aseguró que la única vía para detener la iniciativa calderonista es con un gran movimiento social.
A su vez, el diputado federal por el PRD Ramón Félix Pacheco señaló que el plan de acción del Frente Amplio Progresista (FAP) está apenas en marcha, por lo que si PRI y PAN mantienen la postura de aprobar la reforma, existe la disposición de tomar, una vez más, las tribunas del Congreso de la Unión.
Indicó que el planteamiento de Calderón Hinojosa significa “un despojo brutal” a la nación, porque implicaría la privatización de Petróleos Mexicanos (Pemex).
También integrante de la Comisión de Energía, señaló que Pemex tiene un superávit primario de 451 mil millones de pesos que alcanzan para la exploración y la edificación de refinerías, e incluso para el pago de los Pidiregas de este año, que por intereses suman 31 mil millones de pesos y 72 mil millones de capital.
En tanto, en la Cámara de Diputados el legislador del PRI Jorge Estefan Chiriac informó que la iniciativa enviada ayer por el jefe del Ejecutivo federal acerca del régimen fiscal de Pemex se dictaminará hasta que se conozca el resultado de las otras cinco propuestas enviadas por Los Pinos.
A su vez, Javier González Garza, coordinador de los diputados del PRD, manifestó que como resultado de los debates que iniciaron el martes en el Senado ya puede obtenerse una primera conclusión sobre la propuesta energética de Calderón Hinojosa: es inconstitucional.
Consideró que las expresiones del dirigente del PAN, Germán Martínez, contra los “sumos pontífices de los hidrocarburos”, sólo reflejan que aquél llegó a la discusión con los guantes puestos, ante la falta de argumentos.
Ayer hablaron también sobre este tema representantes de la Iglesia católica. Los obispos de las diócesis de Celaya, Lázaro Pérez Jiménez, y de Cuernavaca, Florencio Olvera Ochoa, indicaron que en el debate sobre la reforma energética los partidos políticos y los especialistas deben abandonar sus posiciones ideológicas y anteponer los intereses nacionales.
Por otra parte, calificaron de positiva la convocatoria del Congreso para el diálogo sobre el tema energético, que es vital para el desarrollo del país. Expresaron su confianza en que los legisladores retomen las propuestas que se presenten en los 70 días de deliberaciones, por el bien del país y de los mexicanos.
El obispo Olvera reconoció que el plebiscito es una posibilidad que tampoco debe ser descartada por los legisladores.
En la UAM, el investigador Luis Kato Maldonado hizo hincapié en que si las reformas son aprobadas, la infraestructura petrolera, en especial la red de gasoductos, pasará a manos privadas.
Con base en un proyecto de investigación que realizó el año pasado, desmintió las proyecciones de Pemex de que 60 por ciento de los gasoductos tienen un valor igual a cero, ya que esa red vale en la actualidad 20 mil millones de dólares, con vida útil de 45 a 50 años, por lo que los aproximadamente 9 mil kilómetros de ductos “deben ser parte de la estrategia del gobierno para incrementar la presencia de la paraestatal”.
Nueva iniciativa de Calderón para abrir paso al capital privado en Pemex
Propone régimen fiscal especial para que particulares participen en exploración y explotación
Plantea bajar impuestos a las empresas extranjeras que perforen en la zona del Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas del Golfo de México, con reducciones de 15 a 20 por ciento
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Comisión Permanente recibió ayer una nueva iniciativa de Felipe Calderón en la que se propone crear un régimen fiscal especial y competitivo para que particulares participen en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en la zona del Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México, con reducción de impuestos de entre 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la actualidad.
Se trata de un proyecto complementario al paquete de reformas para abrir Pemex al capital privado, que está ya en el Senado de la República. Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, por tratarse de un tema fiscal.
Es una propuesta para reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos, con miras a “incentivar la inversión” en la exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas y en Chicontepec.
Se plantea reducir la carga fiscal a las empresas extranjeras que perforen en busca de petróleo en esas zonas y se les permite también mayores márgenes para deducir impuestos, que serán de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas, en el caso de los yacimientos en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en los campos de Chicontepec.
El pago que Pemex hará a los consorcios perforadores, con los que se firmarán contratos de desempeño, será con base en el volumen del yacimiento y el precio del barril de petróleo en el mercado mundial.
Mientras, los impuestos que las contratistas deberán pagar al fisco mexicano no se fijarán con base en el valor del crudo y gas extraído.
“Se trata del mejor ejemplo de cómo el gobierno de Calderón pretende compartir la renta petrolera con trasnacionales y beneficiar a éstas con un régimen fiscal especial, que a Pemex siempre le negaron al quitarle, vía impuestos, la mayor parte de sus ganancias”, advirtió el perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía.
Hizo notar que ese régimen tributario, “sumamente atractivo para los inversionistas extranjeros”, parte de un proyecto para perforar 20 mil pozos en el Paleocanal de Chicontepec y toda la zona de aguas profundas del Golfo de México.
En la exposición de motivos, Calderón detalla que se propone modificar el régimen fiscal de Pemex –apenas reformado en septiembre de 2007– para facilitar la exploración y explotación de campos de extracción de petróleo crudo y gas natural en las zonas en las que, por sus características geológicas especiales, requieran de mayores inversiones.
Son los casos de Chicontepec, que se ubica en la planicie costera del Golfo de México, en el norte del estado de Veracruz y el noroeste de Puebla, y cubre una superficie aproximada de 3 mil 300 kilómetros cuadrados, donde la profundidad de sus yacimientos varía desde 800 metros cuadrados en su porción norte, hasta más de 2 mil 800 en su parte sureste.
Por lo que toca a aguas profundas, los pozos están ubicados en zonas “con un tirante de agua superior a 500 metros, lo que implica mayores requerimientos tecnológicos para su exploración y explotación”. De ahí que se proponga un esquema diferenciado “para reducir la carga fiscal” en la exploración y explotación en Chicontepec y en aguas profundas.
En la iniciativa se contempla la participación privada y para ello se modificaron varios artículos de la ley de derechos, entre ellos el 257, a fin de especificar que podrán deducirse los gastos que realicen “particulares a nombre de Pemex”.
Se crea el derecho sobre extracción de hidrocarburos para Chicontepec y aguas profundas, con una tasa que va de 10 a 20 por ciento, según tres rangos del precio promedio ponderado anual del barril de crudo exportado a Estados Unidos.
“Al tratarse de un derecho sobre una base bruta, garantizará al Estado un ingreso mínimo”.
Se propone también un derecho especial sobre hidrocarburos para Chicontepec y los yacimientos en aguas profundas, que se aplicará de manera diferenciada. De 71.5 por ciento en el primero y de entre 60 y 71 por ciento en el segundo, “según cuatro rangos del precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo exportado”.
Así, el régimen más atractivo es para aguas profundas, donde los consorcios participantes podrán hacer deducciones, entre ellas el ciento por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración y hasta el descubrimiento del primer campo productor de gas y petróleo.
Petróleos Mexicanos “es una de las mayores empresas petroleras en el ámbito mundial”, cuyas ventas ascendieron a un billón 134 mil millones de pesos en 2007, se reconoce en la iniciativa de Calderón en la que se abre el paso al capital privado para explorar y explotar yacimientos.
El panista Santiago Creel negó que se vaya a beneficiar a consorcios extranjeros. La reforma, sostuvo, “tiene que ver con los índices de productividad de cada pozo, no por quién va a prestar el servicio, que podría ser un tercero”. ¡Es el paraíso para las trasnacionales!, expresó a su vez el senador perredista Graco Ramírez.
Plantea bajar impuestos a las empresas extranjeras que perforen en la zona del Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas del Golfo de México, con reducciones de 15 a 20 por ciento
Andrea Becerril y Víctor Ballinas
La Comisión Permanente recibió ayer una nueva iniciativa de Felipe Calderón en la que se propone crear un régimen fiscal especial y competitivo para que particulares participen en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en la zona del Paleocanal de Chicontepec y en aguas profundas del Golfo de México, con reducción de impuestos de entre 15 y 20 por ciento en relación con los que se cobran a Petróleos Mexicanos (Pemex) en la actualidad.
Se trata de un proyecto complementario al paquete de reformas para abrir Pemex al capital privado, que está ya en el Senado de la República. Esta iniciativa fue turnada a la Cámara de Diputados, por tratarse de un tema fiscal.
Es una propuesta para reformar y adicionar la Ley Federal de Derechos, con miras a “incentivar la inversión” en la exploración y explotación de yacimientos en aguas profundas y en Chicontepec.
Se plantea reducir la carga fiscal a las empresas extranjeras que perforen en busca de petróleo en esas zonas y se les permite también mayores márgenes para deducir impuestos, que serán de hasta 15 dólares por barril de crudo y gas, en el caso de los yacimientos en aguas profundas, y de hasta 10 dólares en los campos de Chicontepec.
El pago que Pemex hará a los consorcios perforadores, con los que se firmarán contratos de desempeño, será con base en el volumen del yacimiento y el precio del barril de petróleo en el mercado mundial.
Mientras, los impuestos que las contratistas deberán pagar al fisco mexicano no se fijarán con base en el valor del crudo y gas extraído.
“Se trata del mejor ejemplo de cómo el gobierno de Calderón pretende compartir la renta petrolera con trasnacionales y beneficiar a éstas con un régimen fiscal especial, que a Pemex siempre le negaron al quitarle, vía impuestos, la mayor parte de sus ganancias”, advirtió el perredista Graco Ramírez, secretario de la Comisión de Energía.
Hizo notar que ese régimen tributario, “sumamente atractivo para los inversionistas extranjeros”, parte de un proyecto para perforar 20 mil pozos en el Paleocanal de Chicontepec y toda la zona de aguas profundas del Golfo de México.
En la exposición de motivos, Calderón detalla que se propone modificar el régimen fiscal de Pemex –apenas reformado en septiembre de 2007– para facilitar la exploración y explotación de campos de extracción de petróleo crudo y gas natural en las zonas en las que, por sus características geológicas especiales, requieran de mayores inversiones.
Son los casos de Chicontepec, que se ubica en la planicie costera del Golfo de México, en el norte del estado de Veracruz y el noroeste de Puebla, y cubre una superficie aproximada de 3 mil 300 kilómetros cuadrados, donde la profundidad de sus yacimientos varía desde 800 metros cuadrados en su porción norte, hasta más de 2 mil 800 en su parte sureste.
Por lo que toca a aguas profundas, los pozos están ubicados en zonas “con un tirante de agua superior a 500 metros, lo que implica mayores requerimientos tecnológicos para su exploración y explotación”. De ahí que se proponga un esquema diferenciado “para reducir la carga fiscal” en la exploración y explotación en Chicontepec y en aguas profundas.
En la iniciativa se contempla la participación privada y para ello se modificaron varios artículos de la ley de derechos, entre ellos el 257, a fin de especificar que podrán deducirse los gastos que realicen “particulares a nombre de Pemex”.
Se crea el derecho sobre extracción de hidrocarburos para Chicontepec y aguas profundas, con una tasa que va de 10 a 20 por ciento, según tres rangos del precio promedio ponderado anual del barril de crudo exportado a Estados Unidos.
“Al tratarse de un derecho sobre una base bruta, garantizará al Estado un ingreso mínimo”.
Se propone también un derecho especial sobre hidrocarburos para Chicontepec y los yacimientos en aguas profundas, que se aplicará de manera diferenciada. De 71.5 por ciento en el primero y de entre 60 y 71 por ciento en el segundo, “según cuatro rangos del precio promedio ponderado anual del barril de petróleo crudo exportado”.
Así, el régimen más atractivo es para aguas profundas, donde los consorcios participantes podrán hacer deducciones, entre ellas el ciento por ciento del monto original de las inversiones realizadas para la exploración y hasta el descubrimiento del primer campo productor de gas y petróleo.
Petróleos Mexicanos “es una de las mayores empresas petroleras en el ámbito mundial”, cuyas ventas ascendieron a un billón 134 mil millones de pesos en 2007, se reconoce en la iniciativa de Calderón en la que se abre el paso al capital privado para explorar y explotar yacimientos.
El panista Santiago Creel negó que se vaya a beneficiar a consorcios extranjeros. La reforma, sostuvo, “tiene que ver con los índices de productividad de cada pozo, no por quién va a prestar el servicio, que podría ser un tercero”. ¡Es el paraíso para las trasnacionales!, expresó a su vez el senador perredista Graco Ramírez.
La exaltación
Luis Hernández Navarro
Duró apenas poco más de un par de semanas de 1958. Explotó en escasos 11 días. El movimiento estudiantil contra el incremento en la tarifa de los pasajes del transporte urbano inauguró un ciclo de movilizaciones estudiantiles de masas donde la izquierda tendría amplia ascendencia.
La protesta juvenil prendió tan rápidamente porque estaba alimentada por las llamas del descontento obrero y magisterial. Al reventar, calentó aún más la atmósfera política. Polvorín inadvertido que estalló a finales de agosto –a unos cuantos días del último Informe Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines–, tomó por sorpresa a una clase política arrinconada por una vigorosa insurgencia obrera.
En el hervidero de la inconformidad social de aquellos días el movimiento fue expresión del malestar que vivían los estudiantes y sus familiares ante el incremento en el costo de la vida. Alejado de las demandas sectoriales, dio cauce a un hartazgo social acumulado. “La ambición desmedida del pulpo camionero lesiona la economía popular”, decían las mantas que sacaron a las calles quienes protestaron en aquellas jornadas.
La protesta prende cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), provenientes del interior del país, deciden buscar una causa justa que enarbolar para potenciarse en la disputa por la dirección de la sociedad de alumnos. Teniendo como referencia el descontento existente en la ciudad de Monterrey, por el aumento en el precio de los pasajes del transporte público, y el rumor de que una medida similar era inminente en la ciudad de México, deciden convocar a la movilización contra el alza. Su convocatoria encuentra eco rápidamente y desborda sus intenciones originales.
Desde hacía casi un año antes, la Alianza de Camioneros de México, que agrupaba 96 líneas de camiones urbanos, había demandado al gobierno de la ciudad de México aumentar las tarifas. La solicitud había provocado un malestar difuso entre la población capitalina y había prendido las luces de alarma. (José René Rivas Ontiveros. La izquierda estudiantil en la UNAM)
La preocupación se hizo más tangible cuando, a finales de julio de 1958, la Comisión de Transporte del Distrito Federal presentó un dictamen en el que recomendaba subir el salario de los choferes, mejorar sus condiciones laborales y autorizar un incremento de 10 centavos en el pago de los pasajes. El 11 de agosto, el gobierno del Distrito Federal aprobó el aumento.
El 22 de agosto, las protestas universitarias comienzan. Un grupo de jóvenes estudiantes se dirige a la terminal de la línea de autobuses Villa Obregón-Bellas Artes para hacer un mitin. Choferes y cuidadores los recibieron con palos. Horas después los estudiantes regresan, prenden fuego a las instalaciones y secuestran autobuses. Por toda la ciudad se suceden tomas de camiones y enfrentamientos.
Esa misma mañana frente a la Facultad de Derecho, Carlos Ortiz Tejeda, estudiante de leyes proveniente de Coahuila, que muy pronto destacaría como uno de los dirigentes del movimiento, se puso frente al autobús de línea que a toda velocidad avanzaba por la calzada universitaria para obligarlo a detenerse. El camión era conducido por un joven que, en lugar de frenar, aceleró más. Seguro de que el chofer iba a frenar, Ortiz Tejeda no se movió de su sitio, hasta que Alfredo V. Bonfil –quien, años después, ya como dirigente de la Conferderación Nacional Campesina, moriría en 1971 en un accidente de avión nunca esclarecido– se lanzó sobre él para evitar que fuera arrollado. Ortiz Tejeda resultó ileso, y Bonfil herido. La noticia del accidente se esparció y provocó que los ánimos se encendieran aún más. La universidad estaba prácticamente parada.
En días siguientes ocurrieron más secuestros de camiones. Los estudiantes llegaron a tener más de 300 unidades. Se apoderaron de Radio Universidad. El 23, a bordo de los autobuses retenidos, centenares de universitarios, en medio de una gran algarabía, se trasladaron al Zócalo para realizar un mitin. Al movimiento se sumaron politécnicos y normalistas. Juntos formaron, días más tarde, la Alianza Tripartita. Varios choferes se solidarizaron con el movimiento.
El Ejército salió a las calles y se instalaron retenes militares en las inmediaciones de los centros educativos. Las autoridades capitalinas advirtieron que pondrían orden. El rector Nabor Carrillo reconoció que el conflicto tenía profundas raíces sociales.
El 25 de agosto, bajo el influjo del movimiento de los maestros de primaria del Distrito Federal, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho forma la Gran Comisión Estudiantil (GCE), para evitar que las organizaciones existentes se montaran y dirigieran la lucha.
La GCE formuló un pliego petitorio de cinco puntos: abolición del monopolio camionero, expropiación de las líneas de autobuses por causa de utilidad pública, condiciones favorables para los trabajadores del volante, mejoramiento del servicio sin aumento de tarifas y libertad inmediata de los detenidos, así como el retiro del Ejército de las calles.
El martes 26 se realizó una nueva manifestación desde el Monumento de la Revolución al Zócalo, a la que asistieron muchos contingentes obreros. Ese mismo día, integrantes de la GCE se entrevistaron con Benito Coquet, secretario de la Presidencia, para informarle sus demandas.
Un día después, la Secretaría de la Presidencia entregó la respuesta a una comisión estudiantil. En el documento se respondió que: a) se suspendía temporalmente el aumento de tarifas autorizado; b) se ponía en ejecución el plan para un mejor servicio de transporte para los estudiantes, y c) se ampliaba la Comisión de Transportes del Distrito Federal con representantes de otros sectores sociales. La asamblea universitaria rechazó la posición gubernamental.
El 30 de agosto, un día antes del Informe presidencial, se efectuó la última manifestación convocada por la GCE. Miles de personas tomaron nuevamente las calles.
Una comisión asistió con el presidente. Seductor, Ruiz Cortines pidió a los militares que lo resguardaban y a su equipo de seguridad que salieran. Ante la preocupación de los mandos, preguntó: “¿con quién puede estar más seguro el presidente si no es con los jóvenes?”
Cuando el representante estudiantil, acostumbrado a recitar los poemas de la época, leyó con voz rimbombante el pliego petitorio, el mandatario le dijo: “¡Parece usted declamador!” Y cuando al dar respuesta a las demandas Carlos Ortiz Tejeda le insistió en la salida inmediata del Ejército de todas las instituciones superiores de educación pública, el jefe del Ejecutivo le reviró: “¿También de la Escuela Superior de Guerra?”
Finalmente, Ruiz Cortines respondió a las cinco demandas estudiantiles señalando que: a) se suspendía el aumento autorizado a las tarifas; b) se analizarían las condiciones de trabajo de los trabajadores del volante, para corregir las deficiencias que pudieran existir; c) se harían propuestas de métodos para brindar una prestación eficaz del servicio; d) se liberarían a estudiantes detenidos, en caso de haberlos, y c) se retirarían las fuerzas de seguridad del orden público que custodiaban las instituciones de cultura superior.
Cuando los comisionados se trasladaron al Zócalo a informar de la plática, la multitud los abucheó y los acusó de vendidos y traidores.
Finalmente, entre divisiones, acusaciones, deslindes y reproches, el movimiento acordó dar por terminadas las movilizaciones el 2 de septiembre.
Duró apenas poco más de un par de semanas de 1958. Explotó en escasos 11 días. El movimiento estudiantil contra el incremento en la tarifa de los pasajes del transporte urbano inauguró un ciclo de movilizaciones estudiantiles de masas donde la izquierda tendría amplia ascendencia.
La protesta juvenil prendió tan rápidamente porque estaba alimentada por las llamas del descontento obrero y magisterial. Al reventar, calentó aún más la atmósfera política. Polvorín inadvertido que estalló a finales de agosto –a unos cuantos días del último Informe Presidencial de Adolfo Ruiz Cortines–, tomó por sorpresa a una clase política arrinconada por una vigorosa insurgencia obrera.
En el hervidero de la inconformidad social de aquellos días el movimiento fue expresión del malestar que vivían los estudiantes y sus familiares ante el incremento en el costo de la vida. Alejado de las demandas sectoriales, dio cauce a un hartazgo social acumulado. “La ambición desmedida del pulpo camionero lesiona la economía popular”, decían las mantas que sacaron a las calles quienes protestaron en aquellas jornadas.
La protesta prende cuando un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), provenientes del interior del país, deciden buscar una causa justa que enarbolar para potenciarse en la disputa por la dirección de la sociedad de alumnos. Teniendo como referencia el descontento existente en la ciudad de Monterrey, por el aumento en el precio de los pasajes del transporte público, y el rumor de que una medida similar era inminente en la ciudad de México, deciden convocar a la movilización contra el alza. Su convocatoria encuentra eco rápidamente y desborda sus intenciones originales.
Desde hacía casi un año antes, la Alianza de Camioneros de México, que agrupaba 96 líneas de camiones urbanos, había demandado al gobierno de la ciudad de México aumentar las tarifas. La solicitud había provocado un malestar difuso entre la población capitalina y había prendido las luces de alarma. (José René Rivas Ontiveros. La izquierda estudiantil en la UNAM)
La preocupación se hizo más tangible cuando, a finales de julio de 1958, la Comisión de Transporte del Distrito Federal presentó un dictamen en el que recomendaba subir el salario de los choferes, mejorar sus condiciones laborales y autorizar un incremento de 10 centavos en el pago de los pasajes. El 11 de agosto, el gobierno del Distrito Federal aprobó el aumento.
El 22 de agosto, las protestas universitarias comienzan. Un grupo de jóvenes estudiantes se dirige a la terminal de la línea de autobuses Villa Obregón-Bellas Artes para hacer un mitin. Choferes y cuidadores los recibieron con palos. Horas después los estudiantes regresan, prenden fuego a las instalaciones y secuestran autobuses. Por toda la ciudad se suceden tomas de camiones y enfrentamientos.
Esa misma mañana frente a la Facultad de Derecho, Carlos Ortiz Tejeda, estudiante de leyes proveniente de Coahuila, que muy pronto destacaría como uno de los dirigentes del movimiento, se puso frente al autobús de línea que a toda velocidad avanzaba por la calzada universitaria para obligarlo a detenerse. El camión era conducido por un joven que, en lugar de frenar, aceleró más. Seguro de que el chofer iba a frenar, Ortiz Tejeda no se movió de su sitio, hasta que Alfredo V. Bonfil –quien, años después, ya como dirigente de la Conferderación Nacional Campesina, moriría en 1971 en un accidente de avión nunca esclarecido– se lanzó sobre él para evitar que fuera arrollado. Ortiz Tejeda resultó ileso, y Bonfil herido. La noticia del accidente se esparció y provocó que los ánimos se encendieran aún más. La universidad estaba prácticamente parada.
En días siguientes ocurrieron más secuestros de camiones. Los estudiantes llegaron a tener más de 300 unidades. Se apoderaron de Radio Universidad. El 23, a bordo de los autobuses retenidos, centenares de universitarios, en medio de una gran algarabía, se trasladaron al Zócalo para realizar un mitin. Al movimiento se sumaron politécnicos y normalistas. Juntos formaron, días más tarde, la Alianza Tripartita. Varios choferes se solidarizaron con el movimiento.
El Ejército salió a las calles y se instalaron retenes militares en las inmediaciones de los centros educativos. Las autoridades capitalinas advirtieron que pondrían orden. El rector Nabor Carrillo reconoció que el conflicto tenía profundas raíces sociales.
El 25 de agosto, bajo el influjo del movimiento de los maestros de primaria del Distrito Federal, un grupo de estudiantes de la Facultad de Derecho forma la Gran Comisión Estudiantil (GCE), para evitar que las organizaciones existentes se montaran y dirigieran la lucha.
La GCE formuló un pliego petitorio de cinco puntos: abolición del monopolio camionero, expropiación de las líneas de autobuses por causa de utilidad pública, condiciones favorables para los trabajadores del volante, mejoramiento del servicio sin aumento de tarifas y libertad inmediata de los detenidos, así como el retiro del Ejército de las calles.
El martes 26 se realizó una nueva manifestación desde el Monumento de la Revolución al Zócalo, a la que asistieron muchos contingentes obreros. Ese mismo día, integrantes de la GCE se entrevistaron con Benito Coquet, secretario de la Presidencia, para informarle sus demandas.
Un día después, la Secretaría de la Presidencia entregó la respuesta a una comisión estudiantil. En el documento se respondió que: a) se suspendía temporalmente el aumento de tarifas autorizado; b) se ponía en ejecución el plan para un mejor servicio de transporte para los estudiantes, y c) se ampliaba la Comisión de Transportes del Distrito Federal con representantes de otros sectores sociales. La asamblea universitaria rechazó la posición gubernamental.
El 30 de agosto, un día antes del Informe presidencial, se efectuó la última manifestación convocada por la GCE. Miles de personas tomaron nuevamente las calles.
Una comisión asistió con el presidente. Seductor, Ruiz Cortines pidió a los militares que lo resguardaban y a su equipo de seguridad que salieran. Ante la preocupación de los mandos, preguntó: “¿con quién puede estar más seguro el presidente si no es con los jóvenes?”
Cuando el representante estudiantil, acostumbrado a recitar los poemas de la época, leyó con voz rimbombante el pliego petitorio, el mandatario le dijo: “¡Parece usted declamador!” Y cuando al dar respuesta a las demandas Carlos Ortiz Tejeda le insistió en la salida inmediata del Ejército de todas las instituciones superiores de educación pública, el jefe del Ejecutivo le reviró: “¿También de la Escuela Superior de Guerra?”
Finalmente, Ruiz Cortines respondió a las cinco demandas estudiantiles señalando que: a) se suspendía el aumento autorizado a las tarifas; b) se analizarían las condiciones de trabajo de los trabajadores del volante, para corregir las deficiencias que pudieran existir; c) se harían propuestas de métodos para brindar una prestación eficaz del servicio; d) se liberarían a estudiantes detenidos, en caso de haberlos, y c) se retirarían las fuerzas de seguridad del orden público que custodiaban las instituciones de cultura superior.
Cuando los comisionados se trasladaron al Zócalo a informar de la plática, la multitud los abucheó y los acusó de vendidos y traidores.
Finalmente, entre divisiones, acusaciones, deslindes y reproches, el movimiento acordó dar por terminadas las movilizaciones el 2 de septiembre.
Los apóstoles se cansaron de serlo
Luis Hernández Navarro
En no pocas ocasiones la fuerza pública macaneó, pateó y persiguió a los maestros y sus dirigentes
Nombre de la obra: retrato de la familia política y sindical en Bellas Artes hace medio siglo. Fecha: 15 de mayo de 1958. Al centro se encuentra el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en su último año de gobierno. Lo acompañan: Enrique W. Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite (el Elba Esther Gordillo de la época) y el doctor Manuel Sandoval, subsecretario de Educación.
Celebran, como se hace cada año desde 1918, el Día del Maestro, porque, según se desprende del decreto firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza, el maestro es “factor decisivo del progreso de la nación, forjador del alma nacional, por la educación que imparte a las masas”.
En la ceremonia oficial, el presidente Ruiz Cortines está muy molesto con los profesores de primaria del Distrito Federal. Desde el 16 de abril los mentores suspendieron labores, exigiendo un aumento salarial de 40 por ciento, y el reconocimiento de sus representantes sindicales seccionales encabezados por Othón Salazar, nombrados en un Congreso de Masas efectuado en el Rancho del Charro, año y medio antes. Y, desde el 30 de abril de 1958, realizan una asamblea permanente en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es un dechado de organización y disciplina.
Los mentores democráticos se rebelaron contra los pésimos salarios, las malas condiciones de trabajo, los materiales pedagógicos inservibles, los representantes sindicales espurios, las autoridades educativas despóticas e ineficientes, la ausencia de justicia. No querían seguir siendo los trabajadores abnegados a los que cada 15 de mayo se les rendía tributo verbal, pero que el resto del año debían aguantar todo tipo de maltratos. Por eso, desde el inicio de su protesta reivindicaron “una lucha frontal contra la condición de apóstoles, que se nos da para sumirnos cada día más en el hambre y la miseria”. (El Nacional, 26 de julio de 1956).
Pero en el Día del Maestro el mandatario está enfadado. Según la mitología oficial de la Revolución Mexicana los docentes deben ser servidores públicos capaces de sacrificar sus necesidades gremiales en función de los intereses nacionales, correas de transmisión de saberes estatales, semiprofesionistas leales con sus empleadores. Y así se lo dice en su discurso. “La tarea del maestro –afirma– entraña excepcionales responsabilidades ante sí mismo y ante la patria, que cada maestro en cualquier circunstancia debe enseñar invariablemente con su ejemplo, su esfuerzo y su interés por elevar sus virtudes ciudadanas y en mostrar su solidaria actuación con los intereses nacionales.”
Al regaño presidencial le siguió la concesión. Magnánimo, Ruiz Cortines anuncia, como ha sido costumbre hacerlo los Días del Maestro, un inminente aumento salarial a partir del primero de julio. Precavidos, los maestros mantuvieron la huelga hasta que el 3 de junio se hizo público el monto otorgado.
Entre Buenavista y la Plaza de Santo Domingo
El último año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue atravesado por un verdadero sismo social. Su epicentro se localizó entre Buenavista (sede central de los ferrocarrileros) y la Plaza de Santo Domingo (lugar en el que encontraban las oficinas de la SEP ocupadas por los maestros durante 37 días). En 1958 estalló por todo el país una oleada de luchas obreras, campesinas y estudiantiles independientes. Tuvieron como trasfondo un lento crecimiento económico, los efectos de la devaluación del peso de 1954 en los salarios, el empleo y la carestía; el aumento en los precios del transporte público en la ciudad de México, el estancamiento de la reforma agraria, y una burocracia sindical corrupta.
Durante 1957 y 1958 la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) protagonizó grandes invasiones de tierras. En Sonora, Sinaloa, Baja California y la Comarca Lagunera persistían grandes latifundios que violaban las leyes agrarias y la Constitución. En esos estados, jornaleros agrícolas, aspirantes a braceros y solicitantes de tierras ocuparon miles de hectáreas. Aunque los dirigentes fueron encarcelados, Adolfo López Mateos, sucesor de Ruiz Cortines, se vio obligado a reanudar el reparto agrario.
En esos mismos años se suscitaron, también, importantes movimientos sindicales independientes entre telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y maestros que cuestionaron, temporalmente, el modelo de control gremial hegemónico en el país. La insurgencia sindical, particularmente entre los trabajadores del riel encabezados por Demetrio Vallejo, vivió entre 1958 y 1959, y hasta su decapitación, una primavera democrática sin continuidad. Su derrota sumió al movimiento obrero en un letargo del cual aún no sale.
Las protestas de los estudiantes de la UNAM contra el alza de las tarifas de los camiones urbanos capitalinos resultó ser, a decir de José René Rivas Ontiveros (La izquierda estudiantil en la UNAM), la primera gran movilización política estudiantil de masas en la historia de la Universidad Nacional, que inauguró una larga y fructífera etapa de luchas protagonizada por las fuerzas de izquierda.
El florecimiento de las luchas proletarias en plena guerra fría provocó que arreciaran los vientos anticomunistas que soplaban en el país. En una editorial del 2 de mayo de 1958, el periódico Excélsior advertía cómo “la agitación que promueven lidercillos que sirven a doctrinas ajenas a México resulta criminal”. Y El Universal reparaba en cómo “poco será necesario ahondar para llegar a las capas más oscuras, donde corren los veneros del comunismo, que alientan este sacudimiento social, que sus telúricas proporciones, lleva las más serias amenazas para el progreso de México”.
Desde el otro lado de las barricadas, un grupo de 13 importantes intelectuales y artistas, entre los que se encontraban Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Carlos Pellicer, veía las cosas de otra manera. En un desplegado público sostenían: “Somos testigos de un movimiento obrero que desea la purificación del sindicalismo nacional y que repudia a los dirigentes que durante años han traicionado los fines que legitiman la asociación de los trabajadores, desviando la lucha obrera en su provecho y con propósitos personalistas”.
La primavera del consciente proletariado magisterial
Entre 1956 y 1960, el magisterio de educación primaria del Distrito Federal, perteneciente a la sección 9 del SNTE, protagonizó una de las más importantes movilizaciones gremiales en el país. Nacido desde las escuelas y agrupado desde 1957 en el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), realizó en tres ocasiones Congresos de Masas para nombrar a sus dirigentes, organizó marchas, tomó las oficinas de la SEP, luchó para que los dirigentes sindicales en funciones no ocuparan cargos de representación popular y arrancó indirectamente aumentos salariales para los trabajadores de la educación.
Su condición salarial era precaria. En un manifiesto publicado en 1958 así lo hicieron saber: “en julio de 1956 ganábamos 14 por ciento menos que en 1939, en tanto que en marzo de 1958 la diferencia es de más de treinta por ciento”.
Los maestros que protagonizaron el movimiento se politizaron rápidamente. “Los derechos no se exigen: se arrebatan”, decían. El gobierno puso su parte en esta radicalización. En no pocas ocasiones la fuerza pública los macaneó, pateó, persiguió y encarceló a sus dirigentes. El 6 de septiembre de 1959 la policía gaseó a los maestros en el Monumento a la Revolución, en el Hemiciclo a Juárez, en el Correo Central, en el Zócalo, en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza de Buenavista y, por si fuera poco, los persiguió hasta el local del sindicato del Ánfora, donde se habían refugiado, y los sacó a palos. ¿Cómo no se iban a politizar así?
Los líderes sindicales oficialistas del SNTE se encargaron del resto. Tenían a su disposición a pistoleros famosos como La Bruja y El Mago que acuchillaban a los activistas. Llegaban a las escuelas y, como escarmiento, golpeaban a los maestros democráticos.
El movimiento magisterial tuvo el mismo destino que los otros brotes de sindicalismo independiente. Sus dirigentes fueron desconocidos y varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad para no ser detenidos. La desmoralización de sus bases fue profunda.
Muchos de sus dirigentes fueron incorruptibles. Resistieron regaños, amenazas, intentos de soborno, palizas y cárceles. Nacidos de un potente movimiento de bases, soportaron todo tipo de adversidades mientras se mantuvieron cerca de él. Ése fue el caso de Jesús Ortega Macías, Rubelio Fernández y Othón Salazar.
Incansable, Jesús Ortega Macías cargó a cuestas la larga noche del reflujo de la lucha magisterial en las filas del MRM. Cuando en 1979 surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ganó a pulso el reconocimiento de sus integrantes. Como maestro jubilado participó en sus luchas hasta que la muerte lo alcanzó.
A Rubelio Fernández, secretario general de Escuela Nacional de Maestros y activo militante del movimiento normalista, le dieron su plaza el 7 de junio de 1960. Trabajó tres meses y fue despedido. Nunca fue reinstalado. No obstante, se ha mantenido dentro de la lucha magisterial democrática y del movimiento popular a lo largo de su vida.
Othón Salazar fue cesado hace 48 años. Ni fue reinstalado ni recuperó su plaza de maestro. Estuvo en la cárcel y fue alcalde de su pueblo, Alcozauca, Guerrero. A punto de cumplir 84 años, enfermo de diabetes e hipertensión, sigue exigiendo que se le reinstale y participando en las mejores causas.
Jesús, Rubelio y Othón, como muchos otros integrantes de su generación, se cansaron de ser apóstoles, pero no de ser luchadores sociales. Con ellos, y con muchos más como ellos, hay una deuda profunda. En su persona –y en la de otros muchos– se resume una lección de dignidad, una hazaña democratizadora, una pedagogía cívica que hoy, a 50 años de aquellas jornadas de lucha, ha sido retomada por la CNTE.
En no pocas ocasiones la fuerza pública macaneó, pateó y persiguió a los maestros y sus dirigentesNombre de la obra: retrato de la familia política y sindical en Bellas Artes hace medio siglo. Fecha: 15 de mayo de 1958. Al centro se encuentra el presidente Adolfo Ruiz Cortines, en su último año de gobierno. Lo acompañan: Enrique W. Sánchez, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Jesús Robles Martínez, Manuel Sánchez Vite (el Elba Esther Gordillo de la época) y el doctor Manuel Sandoval, subsecretario de Educación.
Celebran, como se hace cada año desde 1918, el Día del Maestro, porque, según se desprende del decreto firmado por el entonces presidente Venustiano Carranza, el maestro es “factor decisivo del progreso de la nación, forjador del alma nacional, por la educación que imparte a las masas”.
En la ceremonia oficial, el presidente Ruiz Cortines está muy molesto con los profesores de primaria del Distrito Federal. Desde el 16 de abril los mentores suspendieron labores, exigiendo un aumento salarial de 40 por ciento, y el reconocimiento de sus representantes sindicales seccionales encabezados por Othón Salazar, nombrados en un Congreso de Masas efectuado en el Rancho del Charro, año y medio antes. Y, desde el 30 de abril de 1958, realizan una asamblea permanente en las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que es un dechado de organización y disciplina.
Los mentores democráticos se rebelaron contra los pésimos salarios, las malas condiciones de trabajo, los materiales pedagógicos inservibles, los representantes sindicales espurios, las autoridades educativas despóticas e ineficientes, la ausencia de justicia. No querían seguir siendo los trabajadores abnegados a los que cada 15 de mayo se les rendía tributo verbal, pero que el resto del año debían aguantar todo tipo de maltratos. Por eso, desde el inicio de su protesta reivindicaron “una lucha frontal contra la condición de apóstoles, que se nos da para sumirnos cada día más en el hambre y la miseria”. (El Nacional, 26 de julio de 1956).
Pero en el Día del Maestro el mandatario está enfadado. Según la mitología oficial de la Revolución Mexicana los docentes deben ser servidores públicos capaces de sacrificar sus necesidades gremiales en función de los intereses nacionales, correas de transmisión de saberes estatales, semiprofesionistas leales con sus empleadores. Y así se lo dice en su discurso. “La tarea del maestro –afirma– entraña excepcionales responsabilidades ante sí mismo y ante la patria, que cada maestro en cualquier circunstancia debe enseñar invariablemente con su ejemplo, su esfuerzo y su interés por elevar sus virtudes ciudadanas y en mostrar su solidaria actuación con los intereses nacionales.”
Al regaño presidencial le siguió la concesión. Magnánimo, Ruiz Cortines anuncia, como ha sido costumbre hacerlo los Días del Maestro, un inminente aumento salarial a partir del primero de julio. Precavidos, los maestros mantuvieron la huelga hasta que el 3 de junio se hizo público el monto otorgado.
Entre Buenavista y la Plaza de Santo Domingo
El último año de gobierno de Adolfo Ruiz Cortines fue atravesado por un verdadero sismo social. Su epicentro se localizó entre Buenavista (sede central de los ferrocarrileros) y la Plaza de Santo Domingo (lugar en el que encontraban las oficinas de la SEP ocupadas por los maestros durante 37 días). En 1958 estalló por todo el país una oleada de luchas obreras, campesinas y estudiantiles independientes. Tuvieron como trasfondo un lento crecimiento económico, los efectos de la devaluación del peso de 1954 en los salarios, el empleo y la carestía; el aumento en los precios del transporte público en la ciudad de México, el estancamiento de la reforma agraria, y una burocracia sindical corrupta.
Durante 1957 y 1958 la Unión General de Obreros y Campesinos de México (UGOCM) protagonizó grandes invasiones de tierras. En Sonora, Sinaloa, Baja California y la Comarca Lagunera persistían grandes latifundios que violaban las leyes agrarias y la Constitución. En esos estados, jornaleros agrícolas, aspirantes a braceros y solicitantes de tierras ocuparon miles de hectáreas. Aunque los dirigentes fueron encarcelados, Adolfo López Mateos, sucesor de Ruiz Cortines, se vio obligado a reanudar el reparto agrario.
En esos mismos años se suscitaron, también, importantes movimientos sindicales independientes entre telegrafistas, petroleros, ferrocarrileros y maestros que cuestionaron, temporalmente, el modelo de control gremial hegemónico en el país. La insurgencia sindical, particularmente entre los trabajadores del riel encabezados por Demetrio Vallejo, vivió entre 1958 y 1959, y hasta su decapitación, una primavera democrática sin continuidad. Su derrota sumió al movimiento obrero en un letargo del cual aún no sale.
Las protestas de los estudiantes de la UNAM contra el alza de las tarifas de los camiones urbanos capitalinos resultó ser, a decir de José René Rivas Ontiveros (La izquierda estudiantil en la UNAM), la primera gran movilización política estudiantil de masas en la historia de la Universidad Nacional, que inauguró una larga y fructífera etapa de luchas protagonizada por las fuerzas de izquierda.
El florecimiento de las luchas proletarias en plena guerra fría provocó que arreciaran los vientos anticomunistas que soplaban en el país. En una editorial del 2 de mayo de 1958, el periódico Excélsior advertía cómo “la agitación que promueven lidercillos que sirven a doctrinas ajenas a México resulta criminal”. Y El Universal reparaba en cómo “poco será necesario ahondar para llegar a las capas más oscuras, donde corren los veneros del comunismo, que alientan este sacudimiento social, que sus telúricas proporciones, lleva las más serias amenazas para el progreso de México”.
Desde el otro lado de las barricadas, un grupo de 13 importantes intelectuales y artistas, entre los que se encontraban Octavio Paz, Carlos Fuentes, Fernando Benítez y Carlos Pellicer, veía las cosas de otra manera. En un desplegado público sostenían: “Somos testigos de un movimiento obrero que desea la purificación del sindicalismo nacional y que repudia a los dirigentes que durante años han traicionado los fines que legitiman la asociación de los trabajadores, desviando la lucha obrera en su provecho y con propósitos personalistas”.
La primavera del consciente proletariado magisterial
Entre 1956 y 1960, el magisterio de educación primaria del Distrito Federal, perteneciente a la sección 9 del SNTE, protagonizó una de las más importantes movilizaciones gremiales en el país. Nacido desde las escuelas y agrupado desde 1957 en el Movimiento Revolucionario del Magisterio (MRM), realizó en tres ocasiones Congresos de Masas para nombrar a sus dirigentes, organizó marchas, tomó las oficinas de la SEP, luchó para que los dirigentes sindicales en funciones no ocuparan cargos de representación popular y arrancó indirectamente aumentos salariales para los trabajadores de la educación.
Su condición salarial era precaria. En un manifiesto publicado en 1958 así lo hicieron saber: “en julio de 1956 ganábamos 14 por ciento menos que en 1939, en tanto que en marzo de 1958 la diferencia es de más de treinta por ciento”.
Los maestros que protagonizaron el movimiento se politizaron rápidamente. “Los derechos no se exigen: se arrebatan”, decían. El gobierno puso su parte en esta radicalización. En no pocas ocasiones la fuerza pública los macaneó, pateó, persiguió y encarceló a sus dirigentes. El 6 de septiembre de 1959 la policía gaseó a los maestros en el Monumento a la Revolución, en el Hemiciclo a Juárez, en el Correo Central, en el Zócalo, en la Plaza de Santo Domingo, en la Plaza de Buenavista y, por si fuera poco, los persiguió hasta el local del sindicato del Ánfora, donde se habían refugiado, y los sacó a palos. ¿Cómo no se iban a politizar así?
Los líderes sindicales oficialistas del SNTE se encargaron del resto. Tenían a su disposición a pistoleros famosos como La Bruja y El Mago que acuchillaban a los activistas. Llegaban a las escuelas y, como escarmiento, golpeaban a los maestros democráticos.
El movimiento magisterial tuvo el mismo destino que los otros brotes de sindicalismo independiente. Sus dirigentes fueron desconocidos y varios de ellos tuvieron que pasar a la clandestinidad para no ser detenidos. La desmoralización de sus bases fue profunda.
Muchos de sus dirigentes fueron incorruptibles. Resistieron regaños, amenazas, intentos de soborno, palizas y cárceles. Nacidos de un potente movimiento de bases, soportaron todo tipo de adversidades mientras se mantuvieron cerca de él. Ése fue el caso de Jesús Ortega Macías, Rubelio Fernández y Othón Salazar.
Incansable, Jesús Ortega Macías cargó a cuestas la larga noche del reflujo de la lucha magisterial en las filas del MRM. Cuando en 1979 surgió la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se ganó a pulso el reconocimiento de sus integrantes. Como maestro jubilado participó en sus luchas hasta que la muerte lo alcanzó.
A Rubelio Fernández, secretario general de Escuela Nacional de Maestros y activo militante del movimiento normalista, le dieron su plaza el 7 de junio de 1960. Trabajó tres meses y fue despedido. Nunca fue reinstalado. No obstante, se ha mantenido dentro de la lucha magisterial democrática y del movimiento popular a lo largo de su vida.
Othón Salazar fue cesado hace 48 años. Ni fue reinstalado ni recuperó su plaza de maestro. Estuvo en la cárcel y fue alcalde de su pueblo, Alcozauca, Guerrero. A punto de cumplir 84 años, enfermo de diabetes e hipertensión, sigue exigiendo que se le reinstale y participando en las mejores causas.
Jesús, Rubelio y Othón, como muchos otros integrantes de su generación, se cansaron de ser apóstoles, pero no de ser luchadores sociales. Con ellos, y con muchos más como ellos, hay una deuda profunda. En su persona –y en la de otros muchos– se resume una lección de dignidad, una hazaña democratizadora, una pedagogía cívica que hoy, a 50 años de aquellas jornadas de lucha, ha sido retomada por la CNTE.
Bolivia: nueva batalla
Ángel Guerra Cabrera
En una jugada política que lo retrata como el gran líder popular que es, Evo Morales decidió ratificar la ley de convocatoria al referendo revocatorio de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales a efectuarse en tres meses. Con ello abre un nuevo escenario, donde pasa a un segundo plano la criminal agenda separatista inflada por Estados Unidos en los medios internacionales, queda más clara la ubicación de las fuerzas en pugna en el país andino y, por consiguiente, propicia el reagrupamiento y galvanización de los mayoritarios destacamentos populares favorables al proceso de cambios, que deberán tensar todas sus fuerzas en busca de una gran victoria política en la consulta. La ley, enviada por el propio Evo al Congreso en diciembre de 2007, intentaba canalizar por la vía pacífica del voto la aguda y creciente confrontación pueblo-imperialismo/oligarquía que amenazaba con degenerar en violencia de gran magnitud. Fue rápidamente aprobada en la Cámara de Diputados pero el Senado con mayoría opositora la engavetó con mil peros. Curiosamente, el mismo órgano legislativo la resucitó e hizo aprobar la semana pasada, horas después del adverso resultado obtenido por el ilegal y manipulado referendo separatista de Santa Cruz, cuando ya se preveían un desenlace peor en las farsas semejantes por venir en Beni, Pando y Tarija.
En virtud de una ley electoral concebida para mantener el dominio oligárquico, el Senado está dominado por Podemos, partido ultraneoliberal encabezado por Jorge Tuto Quiroga, compinche del dictador Hugo Bánzer, actor cimero en la entrega de los recursos de Bolivia y luego de los planes para derrocar a Evo. Tuto ha sido cómplice de las demandas “autonómicas” de sus semejantes oligárquicos que amagan en realidad a la secesión de las zonas más ricas del país. Es muy difícil imaginar de este personaje una movida como la de resucitar ahora el referendo sin contar con la luz verde de Washington, quien tira los hilos de la conspiración contra Morales a través de su embajador Phillip Goldberg, ¡oh casualidad!, actor protagónico en el descuartizamiento de Yugoslavia.
El presidente y su equipo, trenzados en la batalla contra el separatismo disfrazado de autonomía de los departamentos habían descartado el referendo como solución en este momento, lo que tal vez llevara al imperialismo y al poderoso sector oligárquico representado por Podemos a una lectura y cálculo erróneos sobre la conveniencia de reflotarlo. No hay duda, implica un esfuerzo adicional enorme para un gobierno que no ha descansado un instante en trabajar para el pueblo en uno de los países más pobres de América Latina. En poco más de dos años y bajo permanente hostigamiento ha hecho avanzar el rescate por el Estado de los recursos hidrocarburíferos, de las comunicaciones, la defensa de la soberanía nacional y popular, la educación, la salud, el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores políticos de primera línea y ha impulsado la nueva Constitución que consagra estos logros como derechos y erigido a Bolivia en un referente de dignidad y auténtica democracia en el mundo.
Pero en la coyuntura actual, un referendo revocatorio puede ser transformado en una consulta sobre el rumbo revolucionario del país, que hará crecer dentro y fuera de Bolivia el apoyo a Evo y al proceso de cambios. Por otra parte, al menos por el momento, ha dividido a la oligarquía pues los prefectos separatistas temen o dan por seguro, según el caso, el rechazo de los votantes. A la vez, pocos ponen en duda la ratificación del presidente y su vice Álvaro García Lineras en un terreno donde son insuperables.
No es probable que el imperialismo haya desechado la carta separatista, sólo la ha archivado en su escalada subversiva multidireccional. En todo caso, a Evo y su pueblo les queda por delante otra gran batalla que necesitan ganar abrumadoramente.
En una jugada política que lo retrata como el gran líder popular que es, Evo Morales decidió ratificar la ley de convocatoria al referendo revocatorio de presidente, vicepresidente y prefectos departamentales a efectuarse en tres meses. Con ello abre un nuevo escenario, donde pasa a un segundo plano la criminal agenda separatista inflada por Estados Unidos en los medios internacionales, queda más clara la ubicación de las fuerzas en pugna en el país andino y, por consiguiente, propicia el reagrupamiento y galvanización de los mayoritarios destacamentos populares favorables al proceso de cambios, que deberán tensar todas sus fuerzas en busca de una gran victoria política en la consulta. La ley, enviada por el propio Evo al Congreso en diciembre de 2007, intentaba canalizar por la vía pacífica del voto la aguda y creciente confrontación pueblo-imperialismo/oligarquía que amenazaba con degenerar en violencia de gran magnitud. Fue rápidamente aprobada en la Cámara de Diputados pero el Senado con mayoría opositora la engavetó con mil peros. Curiosamente, el mismo órgano legislativo la resucitó e hizo aprobar la semana pasada, horas después del adverso resultado obtenido por el ilegal y manipulado referendo separatista de Santa Cruz, cuando ya se preveían un desenlace peor en las farsas semejantes por venir en Beni, Pando y Tarija.
En virtud de una ley electoral concebida para mantener el dominio oligárquico, el Senado está dominado por Podemos, partido ultraneoliberal encabezado por Jorge Tuto Quiroga, compinche del dictador Hugo Bánzer, actor cimero en la entrega de los recursos de Bolivia y luego de los planes para derrocar a Evo. Tuto ha sido cómplice de las demandas “autonómicas” de sus semejantes oligárquicos que amagan en realidad a la secesión de las zonas más ricas del país. Es muy difícil imaginar de este personaje una movida como la de resucitar ahora el referendo sin contar con la luz verde de Washington, quien tira los hilos de la conspiración contra Morales a través de su embajador Phillip Goldberg, ¡oh casualidad!, actor protagónico en el descuartizamiento de Yugoslavia.
El presidente y su equipo, trenzados en la batalla contra el separatismo disfrazado de autonomía de los departamentos habían descartado el referendo como solución en este momento, lo que tal vez llevara al imperialismo y al poderoso sector oligárquico representado por Podemos a una lectura y cálculo erróneos sobre la conveniencia de reflotarlo. No hay duda, implica un esfuerzo adicional enorme para un gobierno que no ha descansado un instante en trabajar para el pueblo en uno de los países más pobres de América Latina. En poco más de dos años y bajo permanente hostigamiento ha hecho avanzar el rescate por el Estado de los recursos hidrocarburíferos, de las comunicaciones, la defensa de la soberanía nacional y popular, la educación, la salud, el reconocimiento de los pueblos indígenas como actores políticos de primera línea y ha impulsado la nueva Constitución que consagra estos logros como derechos y erigido a Bolivia en un referente de dignidad y auténtica democracia en el mundo.
Pero en la coyuntura actual, un referendo revocatorio puede ser transformado en una consulta sobre el rumbo revolucionario del país, que hará crecer dentro y fuera de Bolivia el apoyo a Evo y al proceso de cambios. Por otra parte, al menos por el momento, ha dividido a la oligarquía pues los prefectos separatistas temen o dan por seguro, según el caso, el rechazo de los votantes. A la vez, pocos ponen en duda la ratificación del presidente y su vice Álvaro García Lineras en un terreno donde son insuperables.
No es probable que el imperialismo haya desechado la carta separatista, sólo la ha archivado en su escalada subversiva multidireccional. En todo caso, a Evo y su pueblo les queda por delante otra gran batalla que necesitan ganar abrumadoramente.
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