La APPO y el poder dual

Carlos Fazio

En el estado de Oaxaca existe un virtual estado de guerra interna promovido por Ulises Ruiz Ortiz, gobernador surgido de un fraude electoral, por tanto, ilegítimo. Desde su asunción, Ruiz, uno de los principales operadores político-electorales de Roberto Madrazo en el sur de México, se ha manejado como un sátrapa con amplio sentido patrimonialista del poder. Al frente de una administración caciquil y autoritaria, ha cancelado de facto las garantías constitucionales de libre tránsito, manifestación, organización y expresión, y ha violado de manera sistemática y permanente los derechos humanos fundamentales.

En los últimos meses, a partir de las demandas gremiales de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Ruiz ha recurrido a los viejos usos gansteriles de dominación priísta, combinándolos con tácticas contrainsurgentes típicas del terrorismo de Estado, al aplicar la violencia institucional a través de los aparatos represivos locales, legales e ilegales, públicos o clandestinos (escuadrones de la muerte, sicarios y matones a sueldo) con la intención de destruir una incipiente alianza opositora que, tras un apoyo inicial al movimiento magisterial, ha devenido en un amplio espacio de unidad y participación ciudadana denominado Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

El punto de inflexión del conflicto se dio la madrugada del 14 de junio, cuando el gobernador ordenó un brutal operativo de desalojo del plantón que realizaban maestros huelguistas y organizaciones sociales en el zócalo de la ciudad de Oaxaca. El saldo fue de 92 heridos, varios de gravedad. Tras un repliegue inicial, los maestros se reagruparon y, apoyados por organizaciones populares se enfrentaron con piedras y palos a fuerzas de elite de la policía local -provistas de escudos, cascos, chalecos antibalas y macanas, y apoyados por un helicóptero que arrojó decenas de granadas de gas mostaza durante tres horas-, y lograron recuperar el zócalo. Dos días después, en una megamarcha, 300 mil personas exigieron la salida de Ulises Ruiz. El 21 de junio, maestros de la sección 22, organizaciones sindicales, de indígenas, estudiantiles, ayuntamientos populares, comités de padres de familia y colonos resolvieron crear la APPO como espacio de discusión, toma de decisiones y organización, con el objetivo de restituir al pueblo su soberanía de elegir y decidir sobre sus representantes.

Ante la acumulación de agravios y en respuesta al autoritarismo represivo del régimen, surgió un amplio movimiento de masas que, como fuerza social en ascenso, construida desde abajo -que contiene en su seno un complejo y hasta contradictorio racimo de organizaciones sistémicas y antisistémicas, junto a vecinos y colonos sin experiencia de lucha anterior-, rebasó ya los límites del conflicto magisterial e instaló la lucha en un marco más amplio. Implícitamente, el ¡Ya basta! contra Ulises Ruiz significó, también, un repudio a la antigua cultura política de las organizaciones gremiales y sociales, habituadas a negociar con los gobiernos de turno en lo oscurito.

Expresión unitaria del campo popular, la APPO encarna a nivel estatal -no sólo en la ciudad capital- un amplio movimiento autonómico y de autodefensa comunitaria, ciudadana, barrial, sindical, municipal, ejidal. A partir de una hábil política de alianzas, se ha sabido construir una red de redes que lleva adelante acciones de resistencia y desobediencia civil pacífica. (Hasta ahora, cabe aclarar, la violencia ha partido de las fuerzas especiales de la policía y la unidad de intervención táctica de la procuraduría estatales, apoyados por grupos paramilitares como los que conforman la llamada "caravana de la muerte", que ha venido atacando a brigadistas desarmados que resisten en simbólicas barricadas.) El movimiento se caracteriza, además, por tener una dirección colectiva y una práctica de funcionamiento horizontal para la toma de decisiones, todo lo cual, a partir de una discusión democrática y una labor organizada regida por una disciplina consciente, ha podido reflejar hasta ahora una unidad de acción.

Se trata de un movimiento asambleario de nuevo tipo, que viene desarrollando una práctica social autogestionaria y contiene en su seno gérmenes de poder popular; de un doble poder. A pesar de su corto tiempo de gestación y merced a su ejemplo de sacrificio, compromiso, tenacidad, iniciativa y creatividad, la APPO ha contribuido a elevar los grados de conciencia, organización y métodos de dirección de miles de oaxaqueños que hasta ahora no habían recorrido los senderos de la participación y la resistencia civil activa. Por eso la clase dominante quiere destruirlo.

En la coyuntura, luego de la falta de sensibilidad demostrada por los senadores del PAN y del PRI -que al no aprobar la desaparición de poderes en el estado de Oaxaca exhibieron el espíritu faccioso y convenenciero de la clase política mexicana-, existe la posibilidad de un incremento de la violencia oficial. Como ocurrió antes en Atenco, a través de los medios masivos de comunicación se ha venido desplegando una nueva guerra sucia informativa contra la APPO. A partir de métodos de guerra sicológica y de un uso perverso del lenguaje, desde los círculos de poder, estatal y federal, se intenta convertir a las víctimas en victimarios, para criminalizarlos y así poder manufacturar un consenso en la opinión pública que encuentre "justificado" y "lógico" un eventual golpe quirúrgico o una acción represiva de gran envergadura, cuyo único fin sería destruir un movimiento popular y democrático, que, a partir de su lucha, enseña el camino de la resistencia civil a otros mexicanos, de cara a una sucesión presidencial que asume, ya, sin tapujos, su rostro protofascista y monetarista. Ante tal circunstancia es vital preservar la unidad y cohesión del movimiento, así como brindarle solidaridad activa.

Lo dicho, la unidad, es factor de vital importancia, gran ejemplo de Oaxaca. "Vamos bien porque estamos juntos" diría AMLO.