Confusión en seguridad y justicia

Bernardo Batiz V.

Un problema, se ha dicho, está resuelto a la mitad si se plantea adecuadamente; un buen diagnóstico de un mal a remediar, como arranque, como punto de partida, es señal de que se puede llegar a la meta y abre la posibilidad de acertar en su solución. Por el contrario, entender a medias algo, confundir conceptos, buscar simultáneamente fines opuestos es garantía de fracaso.

Esto último es lo que parece suceder en materia de justicia y seguridad en nuestro país. Se trata de temas ciertamente distintos, aun cuando muy cercanos y determinantes cada uno en el otro; temas a los que el presidente en ejercicio, Felipe Calderón, al menos por lo que toca a la seguridad y a una de sus aristas más visibles, el narcotráfico, ha puesto en el centro de su discurso inicial, a través del cual pretende sustentar credibilidad e improvisar legitimación.

Pero, ¿cómo lo ha hecho? A través de golpes de fuerza y una campaña publicitaria en la que las manos limpias de su reciente empeño electoral se convierten en la mano dura de un presidente que se viste de militar y que militariza la policía federal, que debiendo ser preventiva, se transforma en persecutoria y se improvisa investigadora.

Esta actitud, más efectista que otra cosa, está rodeada de un escenario en el que el tema de la seguridad y la justicia está presente, en forma por demás confusa y contradictoria, por exigencia real de la ciudadanía, pero también por mecanismos artificiales elaborados con la lógica de los promotores de imagen y los expertos en medios y mercadotecnia. Son mecanismos de sicología de los conglomerados sociales cautivos, principalmente por la pantalla de la televisión.

Recordemos al analizar este contexto, que hace poco más de tres años, la gran marcha de personas de blanco en contra de la violencia fue promovida y exaltada por las televisoras; para algunos, como un gran ensayo de control y movilización, ciertamente en contra de la delincuencia, así en abstracto y difusa, pero también en contra de un gobierno, el encabezado por Andrés Manuel López Obrador, que en ese momento estaba combatiendo con éxito la inseguridad imperante en la capital, que no era distinta a lo que prevalecía en el resto del país.

Los argumentos esgrimidos, al igual que hoy, no estaban dirigidos a la razón de los participantes y de los observadores externos, sino a sus emociones, explotadas con imágenes de secuestradores del pasado ya encarcelados, y con el dolor de victimas de años atrás. La maniobra tuvo su efecto y el temor provocado y explotado adecuadamente, así como la indignación debidamente administrada, tuvo su efecto social y político.

Hoy, al lado de la actitud desafiante y, por qué no decirlo, "valentona" del gobierno (no sólo es el Presidente el que gesticula y amenaza), aparecen las más diversas propuestas y proyectos de reformas a nuestros sistemas de justicia y procuración de justicia.

Menciono dos proyectos, de origen distinto a menos por lo que se ve en la superficie, pero ambos coincidentes en la "necesidad", así entre comillas, de "reformar", también entre comillas, nuestro sistema judicial. Me refiero al llamado Libro Blanco de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue impulsado y propiciado tanto por el presidente saliente de dicho tribunal, que tantas expectativas de un Poder Judicial autónomo frustró, como por el recién electo, que según los conocedores de la política interna de los tribunales federales, representa una línea de continuidad y un proyecto similar al de su predecesor.

El Libro Blanco es resultado de un sinnúmero de opiniones expresadas en una amplia consulta, que al viejo estilo usado por Miguel de la Madrid convocó la Corte durante dos años y cuyo resultado es un mosaico de críticas y propuestas diversas, pero finalmente recibidas y matizadas por una pequeña comisión, designada por el anterior ministro presidente y de la que formó parte su sucesor. Se trata de más de 11 mil propuestas, de las que el Libro Blanco, con un criterio discrecional, sintetizó y presenta como punto de partida de diversas reformas en las que está interesado el alto tribunal.

La otra propuesta es la que una denominada Red para los Juicios Orales, organización integrada por instituciones públicas y privadas, incluidos escuelas, gobiernos estatales, medios de comunicación y otros, presentó al Senado para modificar varios artículos constitucionales, todos relacionados con el tema.

Lo menos que se puede esperar ahora es prudencia y cuidado para no dejarnos llevar por prisas renovadoras y empezar todo de cero, pudiendo aprovechar avances importantes en estos temas, algunos sin duda probados exitosamente en el gobierno de la ciudad de México. Espero poder ocuparme más ampliamente de ambos documentos y de otras inquietudes alrededor de este tema clave para el futuro inmediato, que es el de la seguridad y la justicia, pero a partir de un buen diagnóstico, no de propuestas interesadas y contradictorias.