Magdalena Gómez
El emblemático primero de enero del presente año en Oaxaca, en San Juan Copala, se anunció la decisión de crear un municipio autónomo por parte de comunidades del pueblo triqui que formalmente están insertas en los municipios mixtecos de Juxtlahuaca, Putla y Constancia del Rosario.
La noticia no ha sido suficientemente difundida, pese a su trascendencia, posiblemente porque la situación en el estado hace que de manera natural se dé prioridad a la denuncia por las escandalosas violaciones a derechos humanos cometidas por autoridades ministeriales y policiales en contra de ciudadanos acusados de pertenecer a la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca (APPO) y de haber participado en los enfrentamientos del 25 de noviembre de 2006. Sin embargo, es importante reflexionar sobre los desafíos que plantea el proceso autonómico de Copala, precisamente en el contexto de ingobernabilidad real provocada por la presencia y acciones de Ulises Ruiz.
En primer lugar recordemos que en Oaxaca existe una legislación que reconoce la autonomía y libre determinación para los pueblos indígenas, aunada a las posibilidades jurídicas de remunicipalización; además está el marco internacional que aporta el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Así que, como vemos, hay tela de dónde cortar para arropar jurídicamente la decisión y el proceso de una agencia municipal que fuera despojada en 1948 de su estatus de municipio libre que había ostentado desde 1826.
Es importante aclarar que la decisión de Copala se toma en el contexto de la participación directa de sus líderes en el movimiento de la APPO y es por ello expresión de ese proceso de búsqueda de espacios propios para fortalecer gobiernos internos ante la real amenaza que constituye el que ocupa el gobierno del estado. Pero no sólo eso, la declaración de autonomía es una búsqueda por poner punto final a la división y confrontación en el seno del que fuera Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT), hoy dividido en el independiente y el que se quedó con las siglas originales. Precisamente esta confrontación ha cobrado dimensiones de violencia sin que las autoridades estatales y judiciales den cuenta de las investigaciones y castigo a los responsables de los asesinatos que en los últimos tres años se han vivido en la región triqui. Al decir de los Independientes, vinculados al proceso autonómico de Copala, el MULT, que constituyó el Partido de Unidad Popular, ha gozado de protección oficial.
Hasta aquí podemos anotar un doble desafío: por una parte, la APPO, que se encuentra asediada en este momento, debería tomar posición respecto al respaldo a un proceso impulsado por una de las organizaciones que ha trabajado de cerca con ellos; por otra parte, el MULT-PUP ya se pronunció en una ambigua declaración: "El movimiento social no está etiquetado ni es propiedad de nadie, siempre seremos respetuosos de la toma de acuerdos de todos los hermanos indígenas... Sin embargo, precisamos que la declaratoria de municipio autónomo a San Juan Copala no incorpora a todo el territorio triqui, ni es un consenso general de la etnia, por lo que exponemos los siguientes razonamientos: 1. la autonomía no es producto de la simulación, ni se define por decreto, ni obedece a la inspiración personal, ni por consigna; mucho menos a decisiones cupulares para que el Estado mexicano otorgue raciones económicas, y mendrugos de pan. Es la construcción social de una nueva forma de hacer política para romper esquemas de explotación y miseria que corroen las entrañas de nuestros pueblos. Sobre todo, es un asunto de carácter clasista, inmerso en la lucha por la construcción del poder del pueblo" (comunicado de 11 de enero de 2007).
Ahí está perfilado, en sus propias voces, un antagonismo de fondo sobre lo que es la autonomía para los pueblos indígenas donde no colocan en primer lugar a "la pobreza" (como también lo hace el Estado), y a la clase, sino que se reivindican como tales y a su derecho histórico a definir sus formas propias de organización social y política.
En efecto, el proceso de Copala saldrá adelante en la medida que refleje la decisión de las comunidades por rehacer un gobierno que les fuera despojado. Aun cuando no sean todas, porque no se están proclamando como pueblo entero, sino como municipio autónomo y en su estrategia tendrían que lograr colocar a los liderazgos políticos, aliados y adversarios, en su justo lugar.
El derecho está de parte de San Juan Copala, veremos por cuánto tiempo pueden el gobierno y el Congreso local mantener la política del avestruz; por lo pronto se ha incorporado a la agenda oaxaqueña por la reforma del Estado un tema central que puede desatar una amplia demanda de remunicipalización. El asunto no es mecánico y menos en las actuales circunstancias de la entidad; sin embargo, las comunidades en Copala bien saben que en la historia a nadie le han regalado la autonomía.
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