José Agustín Ortiz Pinchetti
Vicente Fox se refirió al juicio de desafuero contra AMLO y reconoció que lo "perdió". Pero 18 meses después se "desquitó", cuando hizo ganar a su candidato. Esta declaración tendría un efecto devastador en cualquier democracia, como el caso watergate en Estados Unidos. Pero en México el estado de derecho no tiene dientes y la sanción social no existe. Las declaraciones de Fox parecen una picarada más. Cualquier abogado mexicano le diría al ex presidente que no tiene por qué preocuparse. Nada malo le puede suceder a él o a sus correligionarios. La PGR, en manos de un ex colaborador, jamás iniciará una investigación sobre la utilización facciosa de la acción penal para eliminar a un adversario político. Todos saben que la fiscalía electoral ha congelado las denuncias importantes y que no iniciará ninguna indagatoria para determinar con qué actos se desquitó Fox en las elecciones de 2006. La Suprema Corte jamás utilizará sus facultades para investigar la violación del voto electoral.
Fox puede continuar su gira de conferencias por todo el mundo y aceptar cínicamente que traicionó la democracia. Los intelectuales que firmaron un desplegado diciendo que las elecciones habían sido transparentes y justas y legales no se escandalizarán ni publicarán un nuevo manifiesto reconociendo que se equivocaron. Al contrario, harán nuevas declaraciones para atenuar las evidencias y nos invitarán a que ya nos olvidemos del tema electoral. Nadie exigirá responsabilidades al Consejo General del IFE ni a sus órganos administrativos que actuaron bajo consigna presidencial, penetrados hasta la médula por los operadores de Elba Esther Gordillo.
¡Así se mueve la cosa pública en México! El PRI ha chantajeado a Felipe Calderón y ha garantizado la impunidad de sus gobernadores acusados de violentar los derechos humanos. Calderón no tocará a ninguno de los grandes que se han enriquecido en los puestos públicos. Ni a sus parientes políticos, amigos o miembros destacados de PAN, PRI, Panal y Verde Ecologista. Estamos muy lejos de aceptar que la primera de todas las características de una sociedad moderna es lograr sujetar la vida pública a los principios éticos. La mayoría de la población acepta como inevitables las mentiras, traiciones, robos y la certeza de la impunidad.
Lo malo que México, como cualquier país en donde se incumplen los principios éticos, la realidad devuelve el golpe: de ahí nuestra decadencia, incapacidad para crecer, cristalización de la injusticia social, abuso de los grupos de interés, incertidumbre jurídica. Es cierto: son numerosos los indicios de que aumenta la inconformidad contra ese estado de cosas. En el movimiento que encabeza AMLO hacemos una constatación cotidiana de cómo crecen el hambre y sed de rectitud y dignidad en una gran parte del pueblo de México ¿podrá este crecimiento de la conciencia vencer las inercias dominantes de corrupción e impunidad?
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