Aborto: gobierno faccioso

Editorial

El subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Florencio Salazar Adame, exhortó ayer al gobierno capitalino, a la jerarquía eclesiástica católica y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), a dialogar en torno de la iniciativa de despenalización del aborto que se discute actualmente en la tercera de esas instancias. Por segunda ocasión el funcionario referido exhibió, con ello, un deplorable desconocimiento del orden institucional de la República, de la legalidad y de las atribuciones y funciones de la dependencia encargada de la política interna.

Poco antes, Salazar Adame se escudó en las reformas salinistas al artículo 130 de la Carta Magna para negarse a impedir que el archirreaccionario cardenal colombiano Alfonso López Trujillo interviniera en el debate, como lo hizo y como no habría debido hacerlo por su doble condición de religioso y de extranjero. La tergiversación de Salazar Adame es inocultable a la vista del texto constitucional, que en su inciso E señala: "Los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones". Curiosamente, fue la arquidiócesis de la ciudad de México la que contaminó el debate con un sesgo partidario, al asegurar, por medio de su vocero, y en forma equivocada -pues la presentó el PRI-, que la iniciativa en cuestión había sido una "venganza perredista" contra la jerarquía católica.

Más grave aún, en su exhorto al "diálogo" Salazar Adame se entromete en un asunto de exclusiva competencia de la ALDF: pretende involucrar en él a dos instituciones ajenas al proceso legislativo -el Gobierno del Distrito Federal y la jerarquía eclesiástica-, y lo hace, para colmo, en nombre de "la tolerancia, el respeto y la libre manifestación de las ideas", en lo que constituye una manera de trastocar y desvirtuar tales valores. La "tolerancia" de Salazar Adame en este punto es tan improcedente como lo sería una invitación a los diputados locales a que intervinieran en los debates internos de la Iglesia católica sobre derecho canónico.

Por supuesto, el clero tiene pleno derecho de establecer prohibiciones morales a sus fieles en torno de ciertas prácticas, como el uso de métodos anticonceptivos químicos y de barrera o la realización de abortos; un derecho análogo asiste a los rabinos cuando proscriben la ingesta de cerdo. Pero las cúpulas religiosas no tienen, en este país, la menor atribución para plasmar sus preceptivas en el Código Penal, ni hay razón alguna para que la legislación sea orientada por la interpretación particular del clero católico sobre la moral cristiana.

Por desgracia, las improcedentes declaraciones del subsecretario de Asuntos Religiosos son representativas de las tendencias facciosas presentes en la adminisración panista y recientemente manifestadas por el propio titular del Ejecutivo federal en forma de indicaciones poco respetuosas de las potestades y atribuciones de la ALDF. Otro botón de muestra es lo dicho ayer por el secretario de Salud, José Angel Córdova Villalobos, quien minimizó el problema de salud pública que genera la ilegalidad de los abortos inducidos. Con un manejo altamente dudoso de las cifras, este otro funcionario aseguró que el año pasado hubo en el país "sólo" 88 muertes maternas por abortos mal practicados, sin tomar en cuenta que la razón de esta clase de fallecimientos no suele aparecer en las actas de defunción. Unas palabras tan poco responsables del máximo responsable de la salud pública del país tienden a confirmar las dudas iniciales sobre la capacidad de este funcionario para deslindar sus opiniones personales -contrarias a las campañas de prevención del sida, por ejemplo- de las grandes responsabilidades que entraña su cargo.

En suma, la despenalización del aborto en la capital de la República, una medida que atiende a un problema de salud pública y a una justa reivindicación de las mujeres a ejercer el control de sus cuerpos, se enfrenta a la oposición del clero católico, del gobierno panista y de los grupúsculos de choque de la ultraderecha. Y tal vez no se haya expresado aún la animadversión de las clínicas que realizan abortos ilegales -perjudicadas inevitables- ante esta saludable y necesaria propuesta legislativa.