Bienes públicos, ganancias privadas

Editorial

El pasado jueves, el presidente Felipe Calderón anunció la reprivatización de varias carreteras que el gobierno federal rescató en 1997, con cargo al erario, ante la mala gestión de las empresas privadas que gozaron de esas concesiones. El anuncio ha provocado inquietud y preocupación entre los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD) debido a lo escandaloso de la medida: primero, el Ejecutivo sanea las autopistas para posteriormente enajenarlas, esquema que ya repitió con el rescate bancario. Peor aún, el proceso estará en manos del titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Luis Téllez Kuenzler, artífice de varios proyectos privatizadores que han fracasado.

Según el mandatario, las privatizaciones se darán "sin incurrir en más gasto para los contribuyentes, sin hacerle más apretadas de tuerca al presupuesto". Hay que recordar que durante el sexenio del ex presidente Carlos Salinas de Gortari se concesionaron 52 carreteras, pero los empresarios fueron incapaces de sacar adelante las autopistas, que además comenzaron a padecer grave deterioro. Es por ello que las autoridades tuvieron que desembolsar entre 157 mil y 165 mil millones de pesos para rescatar 23 proyectos de este tipo. Ante estos negativos antecedentes, no es de extrañar que PRI y PRD hayan expresado su oposición a entregar las carreteras a los inversionistas privados.

La indignación se agrava debido al negro historial de Luis Téllez Kuenzler. Como subsecretario de Agricultura, bajo el salinismo, fue responsable de la reforma del artículo 27 constitucional que supuestamente iba a permitir inversiones de capital en el campo, lo que nunca ocurrió. También fue un férreo promotor de la migración del medio rural a las ciudades, presuntamente para mejorar las condiciones de vida de la población en general: en la actualidad, el bajo nivel de vida de millones de mexicanos ha provocado un éxodo de trabajadores sin precedente. Asimismo, Téllez Kuenzler fue actor clave en la redacción del capítulo agropecuario del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el cual es claramente desventajoso para el país: en 2008 México deberá abrir totalmente su mercado al maíz y frijol de Estados Unidos, cuyo gobierno concede millonarios subsidios a sus granjeros, por lo que miles de productores nacionales están en riesgo de quiebra ante la imposibilidad de competir con los granos del vecino país.

Adicionalmente, este funcionario, con base en cifras falsas, en 1999 pretendió forzar la apertura del sector eléctrico al capital privado, argumentando una posible situación de desabasto, la cual nunca llegó. Ello sin mencionar sus estrechos lazos con el Grupo Carlyle, uno de los principales contratistas del aparato militar de Estados Unidos, con poderosos intereses petroleros, en especial con el clan Bush.

Se trata, pues, de una medida nacida bajo la sospecha de que privilegia los intereses particulares por encima de los de la nación, situación que ya se ha vivido antes en el país, con resultados adversos.