Acabar con la impunidad de funcionarios corruptos

Editorial

En semanas recientes, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha encontrado un rosario de irregularidades cometidas por funcionarios federales durante el sexenio de Vicente Fox. Ayer sábado, la dependencia informó sobre los resultados de su investigación respecto de la actuación del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en este periodo, que revelan innumerables anomalías en el manejo de recursos ejercidos por los funcionarios a cargo de esta dependencia, responsable de asistir a la población afectada por fenómenos naturales.

El Fonden, instituido luego del terremoto que afectó la ciudad de México en septiembre de 1985, fue dirigido durante gran parte del sexenio pasado por Carmen Segura Rangel. En casi toda su gestión, la ahora diputada plurinominal por el Partido Acción Nacional (PAN) fue blanco de denuncias de congresistas de oposición, que la acusaban de irregularidades y corruptelas, desvío de fondos e irresponsabilidad para ejercer la tarea que le fue encomendada. En 2005, de acuerdo con los legisladores, existía un fraude en el Fonden superior a 800 millones de pesos, que incluyó la inversión de dinero público en casas de bolsa, cuyas ganancias nadie sabe adónde fueron a parar.

Sin embargo, a pesar de la reputación de Segura, Acción Nacional decidió -conscientemente- darle protección, en particular por Santiago Creel y Carlos Abascal, que ocuparon la Secretaría de Gobernación durante el sexenio pasado. En octubre de 2005, Abascal Carranza calificó como "especulaciones" cualquier información que no fuera emitida por la Secretaría de la Función Pública (SFP), que se encarga de analizar auditorías acerca de la operación del Fonden, entre otras dependencias. Los esfuerzos para proteger a Segura -primero el apoyo de la bancada panista y luego su nombramiento en las listas plurinominales del partido- dieron resultado y sus actos de corrupción quedaron impunes.

Ahora, de existir la voluntad política para ello, podría ser diferente. De acuerdo con la ASF, en 2005 el Fonden ejerció 863 millones 416 mil pesos que no fueron debidamente comprobados. El informe señala que los funcionarios, principalmente su directora general, no fundamentaron su actuar a la hora de disponer del presupuesto, "en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez que aseguraran las mejores condiciones para el Estado, criterios que debieron constar por escrito firmados por el titular del área requirente".

Es decir, las investigaciones de la ASF apuntan a la ex directora del Fonden. El problema ahora es que a Segura la protege el fuero que le proporciona su cargo de diputada, cortesía de Acción Nacional.

La lucha contra la corrupción es una de las principales banderas del gobierno de Felipe Calderón. Es un buen momento, pues, para demostrar que ese compromiso es en serio y que la justicia, la transparencia y la responsabilidad en el manejo de recursos del Estado no son palabras huecas, lemas electorales que se quedan en el olvido.

Es urgente que las autoridades realicen acciones de mayor envergadura contra funcionarios corruptos del anterior régimen, y no nada más contra Segura. Como lo han demostrado las auditorías de la ASF, su caso parece ser sólo la punta del iceberg. Es este contexto, es buen momento para establecer un estado de derecho que ahora está en duda.

Acabar con la impunidad de funcionarios corruptos implicaría que prácticamente el gobierno espurio iría de salida rumbo a los reclusorios, porque debajo de la punta del iceberg están todos ellos, es pedirle peras al olmo, pero a ver si nos dan un quinazo con Carmen Segura o Santiago Creel.