Calderón se supeditó al Ejército en el caso Ernestina Ascencio: ONG

Emir Olivares Alonso

Las autoridades federal, estatal y militar, así como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), han creado un estado de duda en torno a las causas de la muerte de la anciana de Zongolica, Veracruz, Ernestina Ascencio Rosario (presuntamente violada por militares), al emitir juicios a priori sin que las investigaciones judiciales y periciales hayan concluido, coincidieron defensores de derechos humanos.

Edgar Cortez, secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, advirtió que la actitud mostrada por el ombudsman nacional para "seguirle el juego a (Felipe) Calderón", indican que José Luis Soberanes "tiene una actitud de proteger y solapar el papel del Ejército", con lo que demuestra que "ha claudicado" en su tarea de defender los derechos humanos.

Soberanes "debería tener un parámetro de mayor exigencia, pareciera que se ha sumado a toda esa posición presidencial de darle un enorme peso a la figura del Ejército y evitar a toda costa su cuestionamiento", indicó el activista.

Agregó que en el caso de la anciana indígena de Zongolica, municipio de Soledad Atzompa, es imposible dar el beneficio de la duda a las afirmaciones hechas por el presidente Calderón y por el titular de la CNDH, debido a que en lugar de contribuir a la certeza y esclarecimiento de los hechos, "actuaron de manera irresponsable al adelantar hipótesis sin que hubiese una investigación terminada y en medio de una situación polémica; en lugar de contribuir a la certeza", con lo cual las instancias a su cargo pierden prestigio y credibilidad.

Por su parte, Adrián Ramírez, presidente de la Liga Mexicana de Defensa de los Derechos Humanos, consideró "una imprudencia total" que todas las instituciones hayan emitido sus propias conclusiones sin llegar a conocer los resultados finales de la investigación.

"Nos parece una imprudencia total y una falta de respeto a la familia, a la víctima, a la comunidad y a la ciudadanía, el manejo tan grave que el gobierno federal y estatal, la CNDH y la autoridad castrense hicieron al exonerar a los militares señalados del presunto delito, sin esperar el proceso de investigación técnico-pericial. Es una falta de sensibilidad política ante el hecho, y una supeditación del Poder Ejecutivo al militar, significa que Calderón sigue con la casaca militar puesta, sin querer actuar de manera objetiva como comandante supremo", señaló Ramírez.

A su parecer, todas las instancias señaladas debieron solicitar una investigación a fondo de lo ocurrido, y de haber militares implicados sancionarlos conforme a derecho, "esa era la declaración que los organismos civiles esperábamos"; y al no ser así, dijo, el caso se enrareció, por lo que ante las dudas, solicitó a la CNDH "nos permita una copia del expediente para dar nuestras observaciones técnico-periciales".

Ambos defensores de derechos humanos coincidieron en que a diferencia de su acostumbrada forma de actuar, en este caso Soberanes Fernández emitió una conclusión "demasiado pronto", con lo que dejó espacio para un sinnúmero de dudas.