Amenaza militar

por Gloria Leticia Díaz
en Proceso

En la zona tlapaneca de La Montaña, en Guerrero, los soldados del Ejército Mexicano“buscan” guerrilleros y con ese pretexto arrasan cultivos, roban cosechas y violan a mujeres indígenas. Y cuando alguien como la dirigente Obtilia Eugenio Manuel se atreve a denunciarlos, las procuradurías estatal y General de la República se niegan a investigar, en tanto que los militares toman represalias. Las denuncias ya están en manos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)... Amenazada de muerte desde junio de 2002 por haber defendido a dos mujeres indígenas violadas, Obtilia Eugenio Manuel le reprochó al presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Florentín Meléndez: “Los funcionarios del gobierno protegen a los militares y no quieren investigar, mientras yo sigo vigilada y perseguida. Ustedes serán los responsables de lo que me ocurra a mí, a mi familia y los miembros de mi organización”. La reacción de Obtilia, quien dirige la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco A.C., ocurrió el pasado 12 de abril, después de que el director general de Derechos Humanos y Democracia de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alejandro Negrín, y su subalterno José Ignacio Martín del Campo solicitaron a Meléndez dejar sin efecto el ordenamiento 6/05, del 14 de enero de 2005, para que el gobierno mexicano brindara protección cautelar a la indígena tlapaneca, a su familia y a los miembros de su organización, así como para “esclarecer judicialmente los hechos que justifican la adopción de las medidas”. Mario Patrón Sánchez, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan –y quien acompañó a Obtilia Eugenio a la SRE para la audiencia de revisión del cumplimiento de la mencionada recomendación–, explica que según los funcionarios federales “no hay evidencias de que en las amenazas participaron elementos del Ejército Mexicano”, lo cual, afirma, “es mentira, porque nosotros tenemos constancia de que al menos uno, Onésimo Rendón Cornelio, quien la amenazó nuevamente el 14 de febrero pasado, es miembro activo del Ejército. Además, las medidas cautelares nunca se llevaron a cabo de la manera en que se acordó, por lo que Obtilia sigue siendo vulnerable”. Originaria de la comunidad tlapaneca Barranca de Guadalupe, en el municipio de Ayutla de los Libres, Obtilia Eugenio Manuel emprendió en febrero y marzo de 2002, respectivamente, la defensa de Valentina Rosendo Cantú y de Inés Fernández Ortega, violadas por militares mientras las interrogaban sobre la presunta actividad de grupos guerrilleros en esa región indígena. Entrevistada tras la reunión con el presidente de la CIDH, la dirigente tlapaneca dice que su labor consistió en convencer a las mujeres y a sus maridos para que denunciaran los hechos, y después acompañarlas a todas las diligencias judiciales como su traductora. El 6 junio de 2002, durante la conmemoración de la masacre de 11 indígenas en la comunidad de El Charco, Obtilia fue interceptada por Alfonso Morales Silvino y Onésimo Rendón Cornelio, quienes le advirtieron que “los militares estaban muy enojados y querían vengarse” por su defensa de Valentina e Inés. Obtilia les avisó a sus compañeros de esa amenaza. Un día después, en la comunidad de El Charco, los indígenas les pidieron su identificación a Morales y Rendón. Lograron que les entregaran una libreta que contenía datos sobre dirigentes indígenas, como domicilios, croquis y apuntes sobre la rutina de cada uno. En diciembre de 2004, Obtilia Eugenio participó en el foro “Contra el silencio y el olvido. La voz de los pueblos indígenas de México”, organizado por el centro Tlachinollan. Ahí, la dirigente exigió el esclarecimiento de las violaciones de Inés y Valentina. El día 9 de ese mes llegó a su casa un mensaje anónimo con referencias a lo que declaró en el foro, se le advertía que era vigilada y se les amenazaba de muerte a ella y a su familia. Por ese motivo, el 8 de enero de 2005 el centro Tlachinollan solicitó la intervención de la CIDH para que se otorgara protección cautelar para la defensora de derechos humanos y se investigaran a fondo las amenazas. Siete días después la CIDH emitió su recomendación 6/05. Entre las medidas de seguridad, los defensores de Obtilia y el gobierno mexicano acordaron que efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública estatal realizaran rondines, y que la casa de la dirigente tlapaneca contara con vigilancia mediante una cámara de video y un monitor (que nunca funcionaron). Desde ese mismo año, miembros de la organización Brigadas Internacionales de Paz acompañan a Obtilia para velar por su seguridad. “El problema es que durante el paso del tiempo las medidas cautelares se han incumplido. Consideramos que la investigación de los hechos de amenazas y persecución es la mejor medida, porque desde nuestra perspectiva es justamente la impunidad lo que permite la vulnerabilidad de los defensores de derechos humanos, y a nivel doméstico el Ejército Mexicano es la autoridad más impune: las autoridades civiles están subordinadas a él y tan es así que las investigaciones de Inés y Valentina las mandaron a la Procuraduría de Justicia Militar, que hasta ahora no ha señalado a responsables”, señala el abogado Patrón Sánchez. Él también representa ante la CIDH a las dos indígenas violadas. Agrega Patrón: “El caso de Obtilia está peor. Ni siquiera se hizo el menor intento de investigar las amenazas, a pesar de que tenemos datos de que, entre quienes han estado amedrentándola, por lo menos uno trabaja para el Ejército Mexicano: Onésimo Rendón Cornelio”. En marzo de 2006, Tlachinollan solicitó información a la Secretaría de la Defensa nacional (Sedena) y esta dependencia corroboró que Rendón Cornelio es cabo de infantería.

La PGR elude investigar

Por si fuera poco, Obtilia también ha sido hostigada por agentes de la Policía Ministerial adscritos a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero, lo que ameritó que la Comisión de Defensa de Derechos Humanos del estado (Coddehum) emitiera la recomendación 14/2006, en la que se solicita una investigación oficial. En ese documento, del cual Proceso tiene copia, se dice que los agentes inculpados son Miguel Ángel Benítez Palacios y Vicente Alejandro Feliciano Feliciano, y que éste reconoció a Alfonso Morales Silvino –uno de los hombres que amenazaron a Obtilia en 2002– como informante del 48 Batallón de Infantería de Cruz Grande, “comisionado en Ayutla de los Libres”. Pese a todo, apunta el abogado Mario Patrón, en la audiencia del 12 de abril pasado “la solicitud del gobierno de México es el retiro de las medidas cautelares. Ellos asumen tácitamente que Obtilia Eugenio Manuel no está en riesgo y que, por tanto, no tiene por qué garantizarle su seguridad. Dicen: ‘Ya investigamos y no hay nada’. “Son tan cínicos que llegaron a decir que para que resguardaban a Obtilia, si estaban las Brigadas Internacionales de Paz con ella. Como si eso fuera un logro del gobierno mexicano, cuando es una muestra de la preocupación de organismos internacionales. “Nosotros decimos que tan está en riesgo, que existe una recomendación de un organismo público de defensa derechos humanos, que dicen que por lo menos dos policías judiciales han perpetrado amenazas en su contra y hay elementos de fuerza para que la PGR investigue al Ejército.” Y es que en febrero de 2006 la PGR turn el caso a la Procuraduría de Justicia del Estado de Guerrero, instancia que a su vez le pidió a Obtilia Eugenio ratificar su queja y presentar testigos de las amenazas que ha sufrido. “Esa resolución no la podemos aceptar, primero porque no hay garantías de imparcialidad para que la procuraduría estatal investigue a sus efectivos, y luego por los elementos que se tienen contra el Ejército”, sostiene Patrón Sánchez. En la audiencia con el presidente de la CIDH, Patrón y su representada únicamente demandaron que la PGR investigue el caso a fondo, que esta dependencia rinda informes quincenales a la CIDH, y sobre todo que “la indagatoria no sea remitida por ninguna circunstancia ante la Procuraduría de Justicia Militar, toda vez que es un fuero privativo y que no garantiza una investigación independiente e imparcial”, dice el documento entregado a Florentín Meléndez. Impunidad armada En la Montaña de Guerrero, señala Patrón, el centro Tlachinollan ha documentado 90 casos de violaciones a derechos humanos perpetrados por elementos del Ejército Mexicano en los últimos seis años. Los casos van desde torturas, incomunicaciones, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones sexuales. Sobre este último delito, Tlachinollan ha documentado seis ataques a mujeres indígenas desde 1997: Delfina Flores y Aurelia Méndez, de la comunidad de Atlixtac, fueron atacadas el 3 de diciembre de 1997 por cinco militares; a Victorina Vázquez y Francisca Santos, de Tlachochistlahuaca, las violaron el 21 de abril de 1999; Valentina Rosendo Cantú, de Ayutla, fue forzada por ocho soldados el 16 de febrero de 2002, e Inés Fernández Ortega, también de Ayutla, fue atacada el 22 de marzo de 2002 por 11 soldados. Con amplia experiencia como defensor de derechos humanos, Patrón Sánchez, exabogado del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, sostiene que el Ejército Mexicano es responsable de graves violaciones a las garantías individuales, primero como perpetrador y después como encubridor de sus elementos. “En los noventa casos que hemos documentado, el factor común es la impunidad. Los militares son encubridores porque lo que pretenden cuando se formulan las denuncias es atraer las investigaciones a su fuero, justamente para no garantizar la independencia e imparcialidad, y en este nivel generan toda una estrategia de amenazas y de hostigamiento a los defensores de derechos humanos, como es el caso de Obtilia Eugenio Manuel y de la Organización del Pueblo Indígena Tlapaneco.” Por su parte, la dirigente indígena se ha destacado desde 1994 por su trabajo comunitario, sobre todo en la promoción de los derechos de las mujeres, marginadas entre los marginados. Afirma que las agresiones de los militares son constantes y abundan las sexuales, pero las mujeres “no quieren denunciar porque los guachos tienen armas. Además, a sus maridos les da vergüenza”.

Obtilia Eugenio agrega que en 1996, en la comunidad de Barranca de Guadalupe, cuatro mujeres –una de ellas de 70 años– fueron agredidas sexualmente por soldados: “Estaban juntando su maíz, llegaron los militares y las detuvieron. Se las llevaron durante un día y una noche, y en ese tiempo las estuvieron violando delante de sus maridos, a quienes los amarraron de árboles. Durante ese tiempo dieron de comer a los militares, mataron a sus gallinas para ellas estar libres de los militares. Eso nunca se denunció por miedo”. Una de las agredidas se animó a contarlo cuando enviudó. Así mismo señala que en octubre pasado, cuando su organización denunció que militares del 48 Batallón de Infantería destruyeron plantíos y robaron cosechas en varias comunidades me phaás (tlapanecas, en su idioma), una mujer dijo que fue violada por militares “pero no quiere denunciar por miedo a su marido”. Indignados, los indígenas lograron que los militares salieran de las comunidades, “pero ahora ponen retenes en los caminos y amenazan a la gente para que no participen en las organizaciones”, continúa Obtilia Eugenio. Aunque ella expuso esta situación ante la CIDH, los militares siguen hostigándola hasta en los retenes: “Revisan mis cosas, me preguntan quién soy y tengo que mostrar mi credencial de elector. Pero yo no estoy fuera del país para identificarme. Yo siempre estoy con miedo, porque los del gobierno siempre buscan pretextos para no investigar mi caso, dicen que yo no hice bien las cosas, que porque no tengo testigos que digan que me amenazaron”.

¿Y DESPUÉS DE ESTO PRETENDEN MAREARNOS CON QUE ERNESTINA MURIÓ DE "GASTRITIS"?

CON UN EJÉRCITO VIOLADOR, COLUDIDO CON UN USURPADOR QUE COMPRA HASTA A LAS COMISIONES DE DERECHOS HUMANOS, EL PUEBLO TIENE QUE ORGANIZARSE Y ENTRE TODOS DEFENDERNOS UNOS A OTROS.