El pelele y Soberanes vs. Ernestina

Sale hoy en La Jornada:

El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanes, dio a conocer ayer el informe que rindieron a la CNDH el director del hospital de Río Blanco, Veracruz, y los seis médicos que atendieron a la anciana indígena Ernestina Ascensión Rosario, donde se asienta que ''la paciente no presentaba datos de haber sido violada ni por vía anal ni vaginal. El señor René Huerta la trajo (al nosocomio) e insistía en que se anotara en el expediente que la paciente había sido violada por soldados destacamentados en la localidad de donde era originaria la difunta''.

En conferencia de prensa, convocada de última hora, Soberanes Fernández acusó al gobierno de Veracruz de ''manipular los hechos y las pruebas, pues actuó con errores, omisiones y falta de profesionalismo''.

Sin embargo, Blanche Pietrich también en La Jornada reporta que:

La funcionaria, con 27 años de experiencia como agente del Ministerio Público y seis años trabajando específicamente en el área de delitos sexuales, precisó que el análisis especializado de estos tres dictámenes permite afirmar que los trabajos de los médicos legistas fueron ''eficientes'' en el registro de estos desgarres, aunque reconoció que uno de los peritajes, el que suscribió el médico forense Pablo Mendizábal en la primera necropsia, adolece de una ''falla técnica'', al haber registrado la presencia de ''abundante líquido seminal''. No porque no se hubiera encontrado este tipo de fluido, aclaró, sino porque hablar de ''abundante'' no es técnicamente correcto.

Noemí Quirasco añadió que fue asesorada, para revisar estos expedientes, por la ginecóloga Guadalupe Viveros Lagunes, también funcionaria de la CEDH, especialista con 17 años de experiencia en asistir a mujeres, hombres y menores víctimas de agresiones sexuales. ''Y después de revisar con mucha atención todos los peritajes llegamos a la conclusión de que estos desgarres son ciertos. Y esta es la parte medular de la investigación''.

De manera que la discrepancia está entre los médicos que la atendieron que según Soberanes fueron seis (¡uta! a veces no se cuenta ni con uno) y los médicos legistas que hicieron la primera autopsia. Lo que es necesario puntualizar es que no es los médicos contra el Ministerio Público sino el reporte de unos médicos y el reporte de otros, médicos también.

Asimismo, Soberanes dijo que presentará denuncia penal ante la Procuraduría General de la República (PGR) contra funcionarios de la procuraduría estatal ''por actos y omisiones en que incurrieron en la necropsia y en la averiguación previa, por no proporcionar los informes que se les requirieron y (ofrecer) pruebas falsas''.

Pedroza, quien lleva la investigación del caso, denunció que ''la señora Ernestina Ascensión Rosario no dijo en náhuatl que la violaron, ni que la amarraron, ni que la golpearon. Ella expresó más bien que los soldados se le acercaron''.

Explicó que la CNDH pidió a la Comisión de Derechos Humanos de Veracruz que la apoyara con un traductor, y quien hizo esta función sólo ''interpretó las palabras de la indígena y puso cosas que nunca dijeron los familiares''. Señaló que también se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia en la traducción, y así se pudo saber ''qué fue lo que realmente dijeron'' los deudos sobre las últimas palabras de la hoy occisa.

Independientemente de los dos distintos traductores, uno que dice que dijo que "se le montaron" y otro que dice que "se le acercaron", es de suponer que quien mejor puede interpretar las palabras de la señora es su hija y sus familiares, mismos que piden justicia, y si piden justicia es porque suponen que hubo delito.

Soberanes estuvo acompañado en la conferencia de prensa por los médicos peritos. Ahí aseveró que la CNDH lamenta muy seriamente que un órgano procurador de justicia tropiece no solamente con las innegables dificultades de una investigación criminal como ésta, sino también con los errores y los graves descuidos de procedimiento de algunos de sus servidores, y deploró que, ''en lugar de corregirlos pretenda negarlos y con ello abra de par en par las puertas de la suspicacia y las suposiciones sin fin y sin límite''.

Lo que abre la suspicacia no es el órgano procurador de justicia sino el hecho que señala Noemí Quirasco: "que antes de concluida la investigación, una instancia que no tiene competencia emita afirmaciones contundentes en el sentido de que no hubo violación, ''porque de esta manera la CNDH está juzgando, sentenciando y absolviendo a posibles responsables de un delito''.

Y si a esto le agregamos que el espurio dió el resultado de la investigación aun antes que la CNDH concluyera las investigaciones pues más suspicacias y si luego las investigaciones que no estaban concluidas coinciden con lo que respondió el espurio pues más.

Abundó (Soberanes): ''Es paradójico, y no voy a omitirlo, que a la misma autoridad que ha incurrido en graves errores deba corresponderle ahora la delicada tarea de esclarecer los hechos para procurar justicia. A pesar de muchos fallos garrafales, esa autoridad estatal tiene la responsabilidad de acumular pruebas hasta establecer si existió una agresión y quiénes fueron los culpables, para encontrarlos y consignarlos judicialmente''.

Preguntó al procurador de Veracruz, Emeterio López Márquez: ''¿Con qué elementos lo hará?, ¿enviará para esto a los mismos peritos que dejaron pudrirse en una hielera pruebas fundamentales?, ¿a los mismos funcionarios que aseguran que las muestras que les fueron solicitadas no las pueden enviar porque ya se les consumieron?''

Resulta muy lógico que ante esta avalancha de críticas y acusaciones de ''intencionalidad política'', de las que han sido objeto las instancias oficiales de Veracruz, la comisionada estatal se pregunte: ''¿Por qué sembrar tanta confusión? ¿Por qué las declaraciones múltiples de la CNDH? ¿Por qué la Secretaría de la Defensa ha emitido boletines en los que asienta afirmaciones contradictorias? ¿Por qué la segunda visitadora, Susana Pedroza, habla de la existencia de más de tres mil hojas, si la averiguación previa, radicada en Veracruz, consta a la fecha de 306? ¿Se trata de cantidad o de calidad?''

Dijo Soberanes que no le correspondía a él responder esas interrogantes, ¿entonces a quién le preguntamos si es él quien las está planteando? Pero que estaba seguro de no ser la única persona que se pregunta en estas semanas cuáles pueden ser las motivaciones de orden extralegal que llevan a una autoridad estatal a desdibujar los hechos, y subrayó que ''estas maniobras políticas atropellan la posibilidad de un compromiso para buscar la verdad y abrirle paso a la justicia''.

Insistió en que la procuraduría veracruzana ''no sólo hizo una muy deficiente necropsia y una mala investigación, sino ha insistido en dar un tratamiento mediático a información confidencial al hacer circular una fotografía en la que el cadáver aparece junto a un envase de refresco con un derrame junto a la cabeza. ¿Qué se intentaba mostrar o demostrar con esa imperdonable patraña?''

Dijo que en la recomendación que hará en unas semanas incluirá señalamientos a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), y destacó que con los comunicados que emitió esa dependencia creó expectativas equivocadas y contribuyó al enrarecimiento de la información sobre el caso.

Interrogado sobre si esa recomendación incluirá al presidente Felipe Calderón quien, en una entrevista con La Jornada, dijo que ''la mujer indígena no había sido violada, sino que murió de gastritis crónica'', el ombudsman expresó que no es el caso, pues al Presidente sólo se le pueden fincar delitos de traición a la patria y otros más graves.

Pues ya le puede ir fincando el delito de traición a la patria porque eso fue lo que hizo traicionando a los mexicanos al usurpar un poder al que no tiene derecho porque no ganó la elección, en cuanto a que hay otros delitos más graves, ¿no le parece delito grave el descalificar la información de una anciana índigena moribunda? Porque ese delito representa lo que un individuo que usurpa el poder es capaz de hacer con tal de no culpar a un grupo de militares que tienen que defenderlo del pueblo que lo rechaza.

Por su parte, los peritos explicaron que entre las múltiples contradicciones resultado de las necropsias están las pruebas que se enviaron a la CNDH. Como ejemplo mencionaron que muestras celulares de la vagina de la occisa no corresponden con su edad cronológica. ''Ellos (la procuraduría estatal) tienen que dar la respuesta; las muestras son de una mujer por lo menos 30 años menor''.

¿Quieren decir que los peritos le sacaron una muestra vaginal a otra persona y la presentaron como prueba? Vaya acusación. ¿Y el semen? ¿Dónde quedó ese semen? Porque la Sedena declaró que lo había. ¿También la Sedena está implicada en esto? ¡Vaya contradicción!

En su turno, Thalía Pedroza expresó que se ha comunicado con los hijos de Ernestina Ascensión para informarles de los resultados que han obtenido del caso. Ellos, subrayó la funcionaria, están enterados de las investigaciones de la CNDH.

-¿ Y les creen?

-Pues tienen que creerlo, es la verdad, es lo investigado.

¿Tienen que? ¿Por qué tienen que? Porque es la verdad o porque ante el poder del gobierno, ellos que son la parte más humillada y más maltratada tienen que seguir callando los ultrajes con riesgo de perder la vida.

Soberanes concluyó que no hubo violación. El deceso, destacó, ''fue causado por una anemia aguda por sangrado de tubo digestivo secundario a úlceras gástricas, pépticas, agudas en una persona que cursaba con una neoplasia hepática maligna, un proceso neumónico en etapa de resolución, isquemia intestinal y trombosis mesentérica''.

¡Andale! Por lo menos hizo un acopio de palabras más impresionante y una causal más adornada que la simple "gastritis" del pelele.

La funcionaria de Veracruz en cambio señaló que, por experiencia, sabe que muy excepcionalmente una víctima de violación miente. ''Y mucho menos una indígena, ya que su sexualidad concierne a lo más pudibundo de su humanidad''.

He aquí como se sucedieron los eventos:

Transcurridas seis semanas de la muerte de la indígena Ernestina Ascensión Rosario, en la sierra Zongolica, Veracruz, los comunicados, declaraciones y versiones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y las autoridades veracruzanas chocan y se refutan. Uno de los "nudos" más enredados de estas contradicciones se centra en las supuestas muestras de semen de los presuntos agresores.

La Sedena divulgó inicialmente un boletín, el 6 de marzo, en el que negó que la base involucrada acampara en Tetlatzinga, y dijo que estaba en otro sitio a 17 kilómetros. En realidad, la Base de Operaciones García llevaba una semana instalada a medio kilómetro del pueblo. Ese boletín atribuía el crimen a "delincuentes que utilizaron prendas militares".

Pocas horas después de que empezara a circular ese comunicado, la dirección de comunicación social castrense lo retiró de su portal cibernético y lo sustituyó por otro, también con el número 019. En este boletín bis ya no se insiste en negar la existencia del campamento militar en Tetlatzinga ni habla de los "desafectos", pero contiene un polémico párrafo en el que se informa del examen médico realizado al "área genital" de los soldados, "los cuales no presentan ningún tipo de lesión en dicha área, indicativo que no han tenido actividad sexual, cuando menos siete días antes de los hechos que se imputan".

Y agrega que peritos especialistas "llevan a cabo las comparaciones" del líquido seminal encontrado en el cuerpo con muestras de sangre de sus soldados.

Pero, ¿de qué muestra de semen hablaba la Sedena en ese momento, cuando ya la CNDH, adelantándose a todos los estudios y peritajes, secundaba los dichos del presidente Felipe Calderón y negaba el delito de violación, incluso antes de que se realizaran la exhumación y la segunda necropsia? ¿Quién realizaba ese peritaje que refería la Sedena? ¿Especialistas militares o civiles?

La primera mención de una muestra de semen está en el dictamen de necrocirugía de la víctima, practicada el día de su muerte por el legista Juan Pablo Mendizábal Pérez, de Orizaba. Se añade el dictamen ginecológico-proctológico de la médico de la Agencia del Ministerio Público para Delitos Sexuales de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Veracruz (PGJEV), María Catalina Rodríguez, que no menciona rastros de semen, aunque sí un desgarre anal grave causado con objeto contundente.

El 7 y 8 de marzo, la Sedena emitió nuevos boletines idénticos en los que reitera que se tomaron muestras hemáticas a todos los soldados de la base en presencia del Ministerio Público veracruzano y de dos abogados del cuerpo de Defensores del Fuero de Guerra, y que éstas, "junto con la muestra de semen", serían trasladadas a la capital.

El 9 de marzo fue exhumado el cuerpo en Tetlatzinga ante peritos militares y de la PGJEV, además de un equipo de la CNDH. Conforme a la ley, compete a la Dirección de Servicios Periciales de la procuraduría estatal emitir un dictamen en un plazo de 40 a 60 días.

Pero el día 12, el presidente Felipe Calderón emitió su opinión sobre la gastritis y desencadenó la campaña de la CNDH. A seis días de la segunda necropsia, sin el informe de la PGJEV, Soberanes afirmó que se trató de una "muerte natural".

El forense veracruzano Ignacio Gutiérrez Vázquez, quien representó a la PGJEV en la exhumación, informó a finales de marzo sus primeras conclusiones: que hubo "irregularidades y errores" en el peritaje del legista Mendizábal, en particular cuando "señala que existe líquido seminal en abundancia en los genitales de la misma (mujer), sin recabar muestras ni esperar resultados de bioquímica".

Pero sus hallazgos coinciden y reconocen la validez del dictamen proctológico de la doctora Rodríguez Rosas "en la descripción de lesiones del área genital y anal de la víctima". Heridas de este tipo no necesariamente son provocadas por penetración masculina, sino con objetos contundentes. No hay rastros de sangre, pero sí desgarres que pueden ser mortales. Existen antecedentes.

El 29 de marzo la CNDH "descartó" la existencia de esta lesión, basada en "estudios técnico científicos" propios. A su versión sumó una amenaza: denunciar a los funcionarios de la PGJEV "por actos y omisiones".

Si la cuestión está entre creerle al pelele usurpador que fue el primero que dio la versión que ahora Soberanes quien tiene mucho que perder o ganar en este asunto ratifica, y una anciana indígena moribunda, y además contamos con estos antecedentes, nos van a perdonar pero la credibilidad, por experiencias múltiples se la lleva Doña Ernestina por mucho.

Pero además la cuestión sigue llevándose de manera sospechosa y esto es lo de hoy:

El subsecretario de Gobernación realizó una segunda visita a la zona de Zongolica
Furtiva reunión de González Uyeda con deudos

FABIOLA MARTINEZ , ANDRES T. MORALES REPORTERA , CORRESPONSAL

Por segunda ocasión, el subsecretario de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Abraham González Uyeda, se trasladó ayer a la sierra de Zongolica, Veracruz, para reunirse con los familiares de la indígena Ernestina Ascensión Rosario.

A escondidas de las autoridades municipales y estatales, el funcionario y los cinco hijos de Ernestina fueron trasladados de la comunidad de Tetlatzinga a Ciudad Mendoza y posteriormente a Boca del Río. De acuerdo con fuentes de la SG, González permanecerá en la zona ''por lo menos dos días'' y tiene instrucciones precisas de volver a escuchar testimonios y realizar un informe ''objetivo'' del caso.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) insiste en que Ascensión Rosario falleció a consecuencia de una anemia aguda, derivada de una úlcera gástrica, pero la Procuraduría General de Justicia de Veracruz asegura que la mujer murió tras golpes y un ataque sexual, presuntamente tumultuario.

Los familiares de la occisa, en especial una de sus hijas, aseguran que su madre les dijo antes de perder el conocimiento que había sido atacada por soldados, por lo que exigen justicia. Sin embargo, tras su recorrido inicial por esa zona, el subsecretario declaró a la prensa, el lunes pasado, que ''ellos (los familiares) insisten en que no se puede hacer un señalamiento de los culpables, ni de que fuera el Ejército o elementos del Ejército''.

La versión fue desmentida de inmediato por el presidente municipal de Soledad Atzompa, Javier Pérez Pascuala, presente en la reunión de poco más de dos horas entre el funcionario e integrantes de la familia. Las fuentes consultadas precisaron además que los encargados de Atención Ciudadana de la SG, Lorenzo Gómez y Jorge González, encargado y subdirector de esa área, respectivamente, viajaron también al lugar.

En Bucareli consideran que sería un riesgo que el tema se ''politice'' (el presidente municipal citado es de extracción perredista). Por otra parte, en lo que fue considerada una maniobra de distracción, los hermanos Martha, Carmen, Juana, Francisco y Julio Rosario fueron transportados desde las 8 de la mañana a Ciudad Mendoza. Representantes de la Coordinadora Regional de Organizaciones Indígenas de la Sierra de Zongolica afirmaron que González Uyeda ''exigió'' evadir la presencia de autoridades municipales y de abogados de la familia. ''Quería hablar solo con ellos", aseguraron.

A su vez, el alcalde Pérez Pascuala dijo que no fueron notificados de la reunión. Afirmó que la entrevista que ''a hurtadillas'' tuvo el funcionario federal obedece a un interés claro de evadir la intervención de autoridades municipales, de las organizaciones indígenas y de todos los que han brindado apoyo y asesoría a los deudos. Indicó que González Uyeda se comprometió con el cabildo de Soledad Atzompa a mantenerlos informados de toda asamblea o reunión sobre el caso, y especialmente no ejercer ningún tipo de presiones o amenazas contra los familiares, algunos de los cuales tienen problemas para hablar español.

Estudio pericial

Asimismo, en Jalapa, el secretario de Asuntos Campesinos y Pueblos Indígenas del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, Juan Carlos Mexhua, mostró en una conferencia de prensa un estudio pericial que, aseguró, es el que el médico legista Juan Pablo Mendizábal Pérez entregó a la agencia del Ministerio Público Especializada en Delitos contra la Familia y la Libertad Sexual, en Orizaba.

Mendizábal fue quien practicó la primera autopsia, el pasado 26 de febrero. ''En este estudio se apreció salida de líquido hemático por recto, en abundancia, con múltiples desgarres''. Según Mexhua, el médico indicó que se efectuó un examen interno de la cabeza de Ernestina Ascensión Rosario, a través de una incisión en forma de diadema, es decir, de izquierda a derecha.

''Se separan los colgajos cutáneos y se confirman los hematomas en regiones frontal, porción derecha y central, así como en regiones temporales; se realiza craneotomía y se retira la calota ósea, apreciándose hemisferios cerebrales derecho e izquierdo con circunvoluciones hemorrágicas'', explica en el documento.

Al explorar el piso medio y la base del cráneo, puntualiza el dictamen pericial realizado a las 22 horas del 26 de febrero, ''se aprecia a nivel de la roca, temporal derecho, hemorragia, así como en canal raquimedular, fractura y luxación de vértebras cervicales".

En tanto, la revisión realizada en el tórax de la anciana señala: ''Se apreció fractura de arcos costales, derecho e izquierdo, tercero, cuarto, quinto y sexto de ambos lados''.

En las conclusiones del certificado de la necropsia de ley, el médico legista establece que ''las causas de la muerte fueron traumatismo craneoencefálico, fractura, luxación de vértebras cervicales y anemia aguda''. Tipo de muerte: ''traumática''.