El caos

Luis Javier Garrido

El escenario de caos institucional en que se hunde el país no es consecuencia tan sólo de la ineptitud del gobierno de facto de Felipe Calderón, sino que es, sobre todo, la expresión de una estrategia definida por los intereses trasnacionales, que desde hace un cuarto de siglo han buscado con la complicidad de los tecnócratas priístas el desmantelamiento del Estado nacional mexicano.

1. La tesis original de los neoliberales de Chicago para imponer en América Latina el modelo neoliberal supuso desde el caso chileno la instauración de gobiernos autoritarios o dictatoriales, que por la vía de la fuerza y en un escenario de caos social y político, generado desde arriba, desmantelaran las estructuras existentes y controlaran la inconformidad social a fin de poder imponer en medio de ese escenario crítico los programas decididos por los organismos financieros internacionales, y ése está siendo ahora el caso de México.

2. El fracaso de la administración de Fox para acelerar el proceso de desmantelamiento del Estado, y en consecuencia de la nación, ha conducido a los poderes trasnacionales, apoyados por los tecnócratas priístas, a cambiar de estrategia y, en el contexto de la subordinación de Felipe Calderón a Carlos Salinas de Gortari y a los priístas neoliberales, se ha decidido intensificar el escenario de caos y confusión política para profundizar la imposición del modelo neoliberal y la destrucción total del Estado benefactor surgido tras la Revolución Mexicana de 1910.

3. El gobierno de George W. Bush y de los halcones del Pentágono fabricó en Estados Unidos luego de 2001 la tesis de que era necesaria una guerra "contra el terrorismo internacional", con el objetivo de generarse una serie de oposiciones y justificar sus acciones intervencionistas en el mundo, por lo que no es de sorprender que con una maniobra burda, inspirada en esas medidas, los poderes trasnacionales hayan decidido tras el fraude electoral de 2006 que el gobernante pelele Felipe Calderón debía lanzar en México, utilizando al Ejército, una supuesta guerra "contra el narcotráfico" para poder generar así un escenario de caos que le permita la imposición de las medidas neoliberales.

4. La decisión de lanzar a actuar al Ejército como policía judicial es un acto ilegal porque la Constitución lo prohíbe, pero es también un absurdo por el hecho de que las fuerzas armadas no tienen una capacidad técnica para luchar contra el crimen organizado y, en especial, como todo mundo sabe, porque el narcopoder se halla vinculado estrechamente al régimen calderonista y tiene un control determinante de muchas de las instancias administrativas, financieras, policiacas, judiciales y militares del Estado.

5. Carlos Salinas de Gortari, a quien Calderón se halla subordinado, tiene a la vez un poder determinante sobre los principales cárteles organizados y el control de las dos Cámaras federales, ya que sus incondicionales Manlio Fabio Beltrones (jefe de la bancada priísta de diputados) y Emilio Gamboa (jefe de los senadores del PRI) pueden decidir, con el apoyo de los legisladores panistas, que los obedecen dócilmente, las modificaciones legales que se deben hacer para mejor servir a los intereses trasnacionales.

6. Calderón es en México, formalmente, el guardián de los intereses de los cárteles de la droga, y la pregunta surge así: ¿qué está haciendo entonces en realidad el Ejército, además de favorecer una reorganización del mercado de las drogas en función de los intereses empresariales de Salinas y de los amigos de Calderón en ese terreno?

7. El baño de sangre que se está viendo en el país, con múltiples ejecuciones todos los días, es imputable por ello, en primer término, a Calderón, quien al aceptar la exigencia trasnacional de lanzar al Ejército a una tarea que no le corresponde, soñando que así podría darle viabilidad a su gobierno ilegítimo, someter la inconformidad popular y controlar a los movimientos sociales con el objetivo de culminar el desmantelamiento de la nación, no ha hecho más que fortalecer un clima de irracionalidad y violencia institucional.

8. La propaganda oficial en el sentido de que supuestamente Calderón estaría luchando contra el narcotráfico no se sostiene ya y nadie la cree, a pesar del gasto mediático que ha representado y, sin embargo, el gobierno de facto insiste en la simulación.

9. El dilema de México es, por lo mismo, muy claro: o se prosigue en la vía que los poderes trasnacionales han diseñado para poder culminar la destrucción del Estado nacional mexicano, que supone la profundización del escenario del caos, que ellos han diseñado y que la ultraderecha panista asociada a los tecnócratas del PRI ha asumido como la vía para la imposición del proyecto del gran capital, o se logra imponer la racionalidad política, que hoy viene del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador, de la Convención Nacional Democrática, de los movimientos sociales, de los sindicatos democráticos, de las comunidades zapatistas de Chiapas y, desde luego, de lo más profundo de la sociedad.

10. La paciencia del pueblo tiene, sin embargo, un límite, y eso es lo que parecen olvidar quienes hoy pretenden gobernar a México.