Antiterrorismo improcedente

Editorial

El pasado jueves, con la oposición de los integrantes del Frente Amplio Progresista, el Senado de la República aprobó un conjunto de reformas legales oficialmente orientadas a combatir el terrorismo en el país y a quienes lo practiquen y propicien. Consideradas en abstracto, las nuevas disposiciones podrían ser vistas como instrumento para consolidar la seguridad nacional y la paz en el territorio nacional. Pero, en las condiciones concretas del México actual, constituyen una de las más improcedentes, nocivas y peligrosas concesiones de cuantas ha realizado hasta ahora el grupo gobernante a la cruzada internacional del gobierno estadunidense, en nombre del combate al terrorismo, en contra de varios pueblos y gobiernos, así como un alarmante retroceso en materia de derechos y libertades.

Por principio de cuentas, el fenómeno referido no forma parte, ni de lejos, de la acuciante problemática de la presente coyuntura nacional: las lacerantes desigualdades sociales, la creciente inoperancia de los sistemas públicos de salud y educación, la inveterada corrupción en los organismos gubernamentales, los enormes huecos legales de una democracia formal impugnada, la ofensiva de delincuencias que no guardan relación alguna con organizaciones terroristas, el retroceso en materia de derechos humanos y el escandaloso régimen de privilegios fiscales para los grandes capitales son, entre otros, temas que afectan de manera real al país y a su estabilidad, que ameritan modificaciones a las leyes correspondientes y que, en consecuencia, tendrían que ocupar la atención del Legislativo de manera prioritaria. El terrorismo y las medidas para combatirlo, en cambio, son para México asuntos ajenos. El incorporarlos en la legislación nacional es una forma de afiliar al país en una causa fundamentada en falsedades, medias verdades e intereses geoeconómicos inconfesables, como son las guerras de George W. Bush.

Por otra parte, las reformas aprobadas, con sus equívocos e imprecisiones, abren la puerta para que luchadores sociales del país y del extranjero sean discrecionalmente calificados de "terroristas" y perseguidos como tales, lo que constituye una amenaza mayúscula a las libertades individuales y a los derechos políticos de los mexicanos. El hecho resulta especialmente preocupante si se tiene en mente que en el último año las disposiciones ya existentes en materia penal y de orden público se han aplicado de manera francamente excesiva y represiva contra opositores y que, a raíz de los conflictos de Texcoco-Atenco y de Oaxaca, hay en las cárceles del país buen número de reclusos que pueden ser considerados presos políticos. No es difícil imaginar que las tendencias autoritarias y represivas en el actual régimen encontrarán una vía abierta en la caracterización de terroristas aprobada hace dos días: "quien utilice [...] cualquier medio violento [...] para [...] presionar a la autoridad para que tome una determinación". Con semejante tipificación, movimientos como el mexiquense y el oaxaqueño podrían ser homologados con Al Qaeda. Tal es el tamaño del despropósito senatorial.

Finalmente, las modificaciones legales aprobadas establecen una espada de Damocles sobre los ciudadanos mexicanos que se solidarizan en forma organizada con movimientos de resistencia y liberación en distintas regiones del mundo. Los partidarios de causas legítimas, como la palestina o la saharaui, que tienen o han tenido expresiones armadas, podrían ser calificados de terroristas sin torcer demasiado la letra y el espíritu de las disposiciones reformadas.

Resulta necesario, en consecuencia, pugnar por revertir los cambios legales introducidos antier en el Senado de la República, especialmente los efectuados al artículo 139 del Código Penal Federal.