Premio Nacional de Derechos Humanos

Miguel Concha

El pasado martes se anunció que, por unanimidad, se había otorgado este año de manera conjunta el Premio Nacional de Derechos Humanos Don Sergio Méndez Arceo a Ignacio del Valle y al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra (FPDT). Sus representantes lo recibirán el próximo 5 de mayo, aniversario de la represión de Atenco. Se anunció igualmente que se había concedido un reconocimiento especial a la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO).

En el contexto de una clara tendencia a criminalizar la protesta social, y de una evidente falta de voluntad política para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, con ello las organizaciones convocantes expresan su comprensión de que tales garantías antes que nada no son fines sino medios, instrumentos que las víctimas han utilizado para reivindicar su dignidad frente al poder represivo y discriminatorio del Estado, y que los movimientos sociales y populares son los que históricamente los han enarbolado para construir una sociedad justa, de ciudadanos libres y participativos. Ratifican, además, su convicción de que los derechos humanos tienen que ser universales, integrales, indivisibles e interdependientes, y que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados por el Estado con el mismo rigor que los derechos civiles y políticos.

En la propuesta de candidatura de los esta vez galardonados se dice, en efecto, que si bien las organizaciones en las que ha participado Ignacio del Valle y el FPDT se han caracterizado por ser movimientos sociales, todas ellas se han dirigido a la lucha por garantías fundadas en el derecho a la libre determinación de los pueblos y a la no discriminación, buscando siempre una vida digna para los atenquenses, pues con ello se ha propugnado mejorar su calidad educativa, sus servicios de salud y su vivienda, así como impulsar proyectos productivos, difundir y aprovechar los beneficios de la cultura y conservar sus tradiciones.

Debido a ello, desde hace un año Ignacio del Valle se encuentra recluido en el penal de alta seguridad del Altiplano, antes La Palma, acusado falsamente de los delitos de secuestro equiparado y ataques a las vías de comunicación, y sometido a un largo, irregular y tortuoso proceso por un juez que no tiene competencia para ello, y que esperamos pronto la Suprema Corte de Justicia corrija, declarando su libertad.

La APPO, resultado del proceso histórico de un amplio movimiento social en Oaxaca, es también una instancia colectiva compuesta por ciudadanos y alrededor de 350 organizaciones sociales y civiles, muchas de las cuales se han distinguido por su lucha por los derechos humanos integrales de los pueblos oaxaqueños. Algunos de sus principales concejales se encuentran igualmente detenidos arbitrariamente en el penal del Altiplano, o en otros centros de reclusión de Oaxaca, y la Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos ha mostrado claramente no sólo las graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad que los miembros de la APPO o simples ciudadanos solidarios, e incluso transeúntes ocasionales durante los actos represivos, han tenido que padecer impunemente por parte de las fuerzas regulares e irregulares de seguridad de aquel estado y de la misma Federación, desde el 14 de junio del año pasado; sino que también es objeto de una "estrategia jurídica, policiaca y militar, con componentes sicosociales y comunitarios cuyo objetivo último es lograr el control y amedrentamiento de la población civil en zonas donde se desarrollan procesos de organización ciudadana o movimientos de carácter social no partidista".

Este Premio Nacional de Derechos Humanos fue creado hace 16 años por tres instituciones de Morelos, como un homenaje a la memoria de don Sergio Méndez Arceo, séptimo obispo de Cuernavaca, quien entre otras cosas el 17 de abril de 1981 dio a conocer su Decreto de excomunión para los torturadores en Morelos. Hoy son 41 las organizaciones civiles y sociales convocantes y simpatizantes de este premio, que tiene como finalidad principal proseguir la trayectoria de don Sergio.

Su otorgamiento este año cobra especial relevancia, porque se está conmemorando el 15 aniversario de su fallecimiento. La muerte en efecto le sorprendió el 6 de febrero de 1992, luego de una larga vida de solidaridad cristiana con los movimientos sociales y populares de América Latina y el Caribe, defendiendo y promoviendo sus derechos humanos individuales y colectivos. A ello se debe que también se haya organizado el día 4 de mayo en la Catedral de Cuernavaca el Foro de Análisis de la Situación de los Derechos Humanos hoy en México, con el propósito de promover el pensamiento y práctica de don Sergio, así como el significado profundo del premio, mediante el intercambio de experiencias de las luchas de quienes hasta ahora lo han recibido.