Del Correo Ilustrado
El gobierno federal insiste en crimininalizar la movilización y la organización ciudadanas, derechos escenciales del pueblo amparados en las garantías constitucionales. En los pasados tres años hemos sido testigos de incontables casos en los que se persigue, se encarcela, se tortura y hasta se asesina a quienes de manera organizada y pacífica se oponen a los proyectos antipopulares del gobierno, hoy es el caso de la aprehensión de nuestro compañero Rodolfo Chávez Galindo, quien asesora a las comunidades que defienden sus tierras, amenazadas por el proyecto hidroeléctrico de La Parota, en el río Papagayo, en Guerrero.
Rodolfo Chávez es miembro y fundador de la Asamblea Nacional en Defensa del Agua y de la Tierra y en Contra de su Privatización, y todos los que lo conocemos sabemos de su integridad moral y de su compromiso en su lucha para defender los recursos naturales de la nación, como es el agua y la tierra. Por eso estamos seguros que los cargos que se le imputan son producto del maquiavelismo con el que se pretende acallar la voz popular en contra del proyecto de La Parota, oposición justificada por los nocivos efectos que sobre la naturaleza y los pobladores de la región conlleva.
Coordinadora de Trabajadores en Defensa del Carácter Público del Agua (miembros de la Asamblea Nacional en Defensa del Agua y de la Tierra y en Contra de su Privatización), Rodrigo García E.
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