El fallo

Luis Javier Garrido

El debate que se ha profundizado en el país sobre la inconstitucional ley Televisa y el poder de carácter fascistoide que se está dando al duopolio televisivo en México no ha llegado a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lejos de entrarle al fondo del asunto busca regresarle el problema a los legisladores y sacar partido de su débil fallo intentando así lavar su imagen teñida por décadas de sometimiento a los más oscuros intereses.

1. La controversia constitucional, presentada por 47 senadores en relación a las modificaciones a la Ley Federal de Radio y Televisión y a la Ley Federal de Telecomunicaciones, aprobadas al vapor en 2006 por el Congreso con el objetivo de consolidar el dominio del duopolio Televisa y Tv Azteca sobre los medios masivos de comunicación a cambio de que estos consorcios continuaran sirviendo al grupo panista-priísta en el poder, en particular en las elecciones de 2006, era una oportunidad única para que la Corte pudiese asumir sus responsabilidades, pero lejos de ello este tribunal se está saliendo por la tangente y trata de utilizar el asunto en provecho propio.

2. El contenido de la ley Televisa y la forma en que se aprobó son ya plenamente conocidos y fueron recordados por el escándalo suscitado por las declaraciones del senador panista Santiago Creel, sobre las presiones ejercidas por el duopolio sobre los legisladores y sus partidos, olvidándose que él mismo, como titular de Gobernación de Fox, fue uno de los instrumentos utilizados para doblegar a los legisladores, y sin embargo nada impacta al Poder Judicial.

3. El papel de la Suprema Corte luego de su reconversión en 1994, al inicio del gobierno de Zedillo, en un tribunal constitucional, no ha sido otro que el de actuar de manera vergonzosa como un poder legitimador del proyecto trasnacional de la globalización neoliberal, que supone la cancelación de los derechos de la nación y de los mexicanos, reconocidos en la Constitución de 1917 como una vía para propiciar el dominio de las corporaciones trasnacionales en la vida nacional, y en esta ocasión no está siendo diferente.

4. El desprestigio de la Corte viene no sólo de su negligencia para fungir como un órgano de control de la constitucionalidad de las leyes y de los actos de la administración, de su sumisión indigna al Ejecutivo o de sus fallos vergonzosos, sino también del perfil político y la conducta bochornosa de sus miembros, todos ellos oscuros abogados ultraderechistas, que han tenido una enorme desvergüenza para actuar, desde el indigno Mariano Azuela, quien fungió como asesor de Fox en su designio de cerrarle el camino a la Presidencia a Andrés Manuel López Obrador, hasta José Ramón Cossío, quien al excusarse en este caso argumentó sus vínculos con los consorcios televisivos y el poder trasnacional, o Sergio Valls, quien sin pudor está haciendo publicidad de un sarao en su residencia para hacer evidentes sus nexos con Carlos Salinas de Gortari y Diego Fernández de Cevallos (Milenio Diario, 21/5/07).

5. La transmisión televisiva de las sesiones del pleno de la Corte (21 al 24 de mayo), lejos de generar confianza en el tribunal ha propiciado, por el contrario, una enorme desconfianza hacia los ministros por el rechazo de éstos a abordar el fondo del asunto, por la seudo discusión que han tenido rehuyendo el fondo de la controversia, e incluso por su ignorancia en materia jurídica.

6. El ministro ponente Sergio Salvador Aguirre Anguiano llegó, por ejemplo a afirmar el lunes 21 que el problema fundamental en materia de concesiones era determinar hasta dónde llegaban "los derechos del Estado", desconociendo que la Constitución Mexicana habla de "los derechos originarios de la nación".

7. La Corte, como las otras instancias del Poder Judicial, está sirviendo a los intereses más espurios y este asunto no es la excepción, por lo que crece la convicción de que este supremo poder conservador, creado en 1994 a imagen de la Corte Suprema de Estados Unidos como un "candado de seguridad" de los intereses neoliberales, no puede tener cabida en un México democrático sustentado en el derecho. Así lo reclaman muchas agrupaciones de juristas y así lo planteó el miércoles 23 el Frente Patriótico Nacional en su propuesta de reforma del Estado.

8. El escándalo generado por Televisa ante la decisión tomada en estos días conforme a derecho por el gobierno venezolano de no renovar la concesión a la cadena Radio Caracas Televisión (RCT) del empresario golpista Marcel Granier plantea, por el contrario, el fondo de la cuestión. No es posible que un consorcio como Televisa, que al igual que RCT durante más de medio siglo ha llenado de basura las pantallas negándole de paso al pueblo los derechos a la información, a la educación y a la cultura, pretenda que las concesiones que recibe sean "para la eternidad".

9. El gobierno de facto de Calderón se ha caracterizado por tener un desdén, que raya en el desprecio, por el marco constitucional del país, lo que ha entrañado en estos seis meses una sistemática violación a los derechos fundamentales de los mexicanos. En las cárceles del país hay decenas de presos políticos, las Fuerzas Armadas han cometido todo género de tropelías en diversos estados, los derechos sociales a la salud y a la seguridad social se están cancelando y ahora quiere "institucionalizar", es decir, "hacer nulos", los derechos a la información, a la educación y a la cultura.

10. Las amenazas son cada vez mayores a este respecto, y al margen de la posición que adopten los integrantes de la "clase política" tras el escándalo suscitado por esta legislación inconstitucional, resulta urgente desde la sociedad expresar un mayor rechazo a quienes se han adueñado espuriamente de un espacio estratégico que es, y debe seguir siendo, de la nación.