Gabriela Rodríguez
El trato sexual hacia las mujeres está desenmascarando categóricamente las políticas públicas que sigue el gobierno federal en contraposición al de la capital del país.
El jefe del Ejecutivo, Felipe Calderón, ha detenido la publicación del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, no obstante que el plazo se cumplió el pasado 2 de mayo, y mientras los operativos de la Federación destacan por un excesivo uso de la fuerza y de violaciones contra las mujeres por parte del Ejército y los cuerpos policiacos en Oaxaca, en Zongolica (donde ya aislaron a los familiares de Ernestina Ascensión), en Michoacán, además de Ciudad Juárez y San Salvador Atenco.
En cambio, en el Distrito Federal se despenaliza el aborto hasta las 12 semanas como un acto de gran compromiso de los asambleístas y una determinación -con fuertes riesgos políticos- del jefe de Gobierno y de funcionarios capitalinos para colocar al sector salud y los programas educativos del gobierno de la ciudad de México al servicio de las mujeres que tienen vida sexual.
Hay que hacer un especial reconocimiento a los médicos de los hospitales de la ciudad que están asumiendo un compromiso profesional con las mujeres. Galenos y galenas están desempeñando un nuevo papel en América Latina al superar las presiones de los jerarcas católicos para ejercer su libertad de conciencia y ayudar a quienes deciden interrumpir su embarazo. Son prestadores de servicios de salud que hoy se colocan a la altura de sus colegas en Francia, en España, en Italia, por señalar tres países eminentemente católicos, donde todas las mujeres tienen acceso al aborto legal. Se trata de un cambio de identidad, de quitarse la venda de los ojos que les impedía mirar a todas las muertas por complicaciones de aborto, de desenmascararse frente a un problema grave de salud pública: una forma de dar menos importancia a aquellas actividades, hechos y motivos que componen una versión idealizada del médico y de sus obras. Son médicos y médicas que muestran una nueva faceta del servidor público, mejor a la anterior y en armonía con su autoestima y congruencia, al incorporar en su práctica cotidiana el valor a la salud y a la vida digna, aunque el aborto no esté acreditado por toda la sociedad. Son médicos y médicas que se reafirman con valores más altos, que toman el riesgo y se asumen pioneros de causas sociales, que aportan a la construcción de una historia menos injusta para las mujeres más pobres del siglo XXI, quienes no han tenido acceso a ese servicio.
Tal como quedó incluida en la reforma legal, realizada por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, el derecho a decidir sobre el cuerpo va más allá del acceso al aborto seguro: implica una política pública que garantiza una educación sexual y dispositivos de prevención de la salud sexual y reproductiva. Información, condones y anticonceptivos para todos los habitantes de la ciudad de México, para que sólo se recurra al aborto como última medida y la tasa de éstos sea mínima. En ello trabajan coordinadamente la Secretaría de Salud, la Secretaría de Educación y el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal.
Vale la pena recordar un importante estudio que el doctor Douglas Kirby realizó en 2001 sobre programas de educación sexual en el mundo y sus hallazgos, que han demostrado éxito en la disminución de embarazos no deseados y VIH/sida son aquéllos cuyos servicios comunitarios combinan reuniones grupales y reflexivas; el uso de anticonceptivos se incrementa en el corto plazo si los centros de salud ofrecen material educativo de calidad, si se abren discusiones con los adolescentes y con las mujeres sobre conducta sexual y uso de anticonceptivos; si se difunde un mensaje claro y si se impulsa un programa intensivo que combine educación sexual, salud integral y tutoría individual.
En posición opuesta, la Secretaría de Salud está negando el servicio de aborto en sus instalaciones hospitalarias de la ciudad de México; aun cuando está despenalizada la práctica en este territorio, las mujeres serán rechazadas y no tendrán mucho que agradecer a esos funcionarios.
Pero la Secretaría de Educación Pública cuenta con el beneficio de la duda. Josefina Vázquez Mota ha reiterado su compromiso con la educación laica, la equidad de género y la educación sexual, en tanto la líder del SNTE, Elba Esther Gordillo, afirmó esta semana que no cederá a las presiones de los grupos conservadores para echar atrás el libro de texto de Ciencias de primero de secundaria, en el cual se habla de lo inocuo de la masturbación, de la diversidad de las prácticas sexuales y de los métodos anticonceptivos, incluyendo la anticoncepción de emergencia. En esos textos tendría también que hablarse del aborto legal, de todas las causales despenalizadas que existen en las entidades del país desde hace 70 años, así como del acceso a la interrupción legal antes de las 12 semanas en el Distrito Federal.
El nuevo libro de texto, que está por aprobarse en la SEP, será ocasión para que el gobierno federal defina su verdadero compromiso ante la equidad de género, su posición ante el derecho a decidir de las mujeres y adolescentes para resolver el problema de quienes viven un embarazo no deseado, y también para evitar que lleguen a esa penosa situación porque estarán suficientemente informadas y tendrán acceso a la más alta tecnología anticonceptiva.
Estamos frente a una oportunidad única para desenmascarar a los políticos conservadores modernos, ver si son capaces de tomar una nueva identidad y asumir un compromiso moral al servicio de todos, por encima de sus creencias religiosas. De que nos demuestren que no van a ceder a las presiones de los jerarcas católicos, sino a impulsar la educación sexual y defender la educación laica.
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