Los amparos contra la nueva Ley del ISSSTE

Luis Hernández Navarro

Es un hecho histórico, inusitado. No hay un solo antecedente similar en los anales del derecho mexicano. Los amparos contra la nueva ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado (ISSSTE) son una cascada que no se detiene.

Existen aproximadamente 2 millones 430 mil derechohabientes en el Instituto. Cerca de 750 mil de ellos ganan menos de dos salarios mínimos al mes. La cifra definitiva de los amparos presentados se conocerá hasta el 14 de mayo. No obstante, se sabe que hay, al menos, 100 mil de ellos. Una cantidad, impresionante.

La columna vertebral de la protesta son los maestros que integran la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Sin embargo, la demanda se ha ido desparramando a otros sectores. Prestigiados académicos de El Colegio de México se han amparado. Lo han hecho también magistrados y numerosos empleados de confianza. También trabajadores administrativos, técnicos y manuales. Los amparos provienen de servidores públicos de todo el país y prácticamente de todas las dependencias del gobierno federal.

Las demandas interpuestas impugnan casi todos los capítulos de la nueva ley. Cuestionan su carácter retroactivo, el establecimiento de una base salarial diferente a la que existe ahora para efectos de jubilación, la confiscación de las pensiones en favor de intereses privados o la afectación de los servicios médicos.

Esta catarata de amparos se concentra en la expedición de la ley. Las demandas presentadas son cada vez más finas, más precisas en sus impugnaciones. Pero se trata de, apenas, la primera etapa. A partir de ahora se abrirá un nuevo plazo de 15 días para ampararse contra los efectos en la aplicación de la ley. Se espera una nueva avalancha.

Los amparos contra la nueva Ley de ISSSTE han sido presentados por todos los estratos de funcionarios públicos de la Federación y organismos descentralizados, prácticamente en toda la República y en contra de casi todos los capítulos que la integran. Quienes los interpusieron consideran que la reforma contradice el espíritu enunciado por la Organización Internacional del Trabajo sobre el sistema de jubilación: "que no haya pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión".

La iniciativa ha sido promovido por organismos sindicales, corrientes gremiales democráticas, bufetes de abogados y por integrantes del gobierno legítimo de Andrés Manuel López Obrador. En distintos lugares del país se han instalado módulos de recepción de documentos y de asesoría legal. Un sinnúmero de blogs tienen formatos para ser rellenados por quienes han sido afectados.

Simultáneamente a los amparos, miles de maestros han suspendido labores, han organizado paros cívicos, han marchado y tomado oficinas públicas, incluida la del ISSSTE en la ciudad de México, para expresar su descontento con la nueva legislación. Ellos la han bautizado como ley Gordillo, por el papel que la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación -el SNTE- desempeñó en su elaboración y aprobación.

El Partido de la Revolución Democrática no consiguió el número de firmas de legisladores suficientes para interponer un juicio de controversia constitucional. Los amparos no derogarán la ley, pero podrían logar que los afectados por ella no tuvieran que sujetarse a algunos de sus artículos específicos.

Para enfrentar la avalancha de demandas, el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) aprobó la creación de un juzgado de distrito auxiliar que se encargará de conocer los amparos contra las reformas. El juzgado, con residencia en la ciudad de México pero con competencia para toda le República, está a cargo de José Manuel Villela Ayala.

El CJF también determinó que serán los tribunales colegiados en materia administrativa del primer circuito los que se encargarán de conocer de las impugnaciones contra las determinaciones y resoluciones que dicte el juzgado. El hecho es grave toda vez que se trata de un asunto eminentemente laboral y debería ser tratado por tribunales laborales.

Estos tribunales, junto con el juez del distrito, son los responsables de limpiar de causas de improcedencia y sobreseimiento de las peticiones presentadas. Pueden, pues, determinar que los quejosos no tienen interés jurídico e impedir que el asunto pase a la Corte.

En el gobierno federal hay mucha preocupación con los amparos. Los fanfarrones y mañosos desplantes autoritarios de Miguel Angel Yunes, director del ISSSTE, así lo evidencian. Sin argumento legal alguno a su favor, el funcionario amenazó a quienes se habían amparado contra la ley y obtuvieran una suspensión de un juez federal con perder temporalmente sus derechos a las prestaciones y servicios que ofrece esa dependencia. Sin embargo, más tarde que temprano, fue desmentido por el mismo Poder Judicial. Al otorgar las primeras 2 mil suspensiones provisionales el juez Villela determinó que quienes las promueven mantienen su derecho a los servicios de salud y seguridad social.

El movimiento ha rebasado a los líderes de los sindicatos charros, a quienes no calienta ni el sol. Por todo el país, los empleados de Elba Esther Gordillo tratan de apagar infructuosamente el fuego de la inconformidad asegurando que los amparos "son un trámite riesgoso donde la gente puede perder" y atemorizando a sus agremiados.

Los amparos contra la ley Gordillo fueron la vía que muchísimos servidores públicos, que no fueron consultados para su aprobación, encontraron para canalizar su descontento. Su número ha hecho evidente el profundo rechazo que hay hacia la reforma entre quienes debían ser sus beneficiarios. Son un referendo de facto que hace evidente el repudio que existe abajo a los acuerdos legislativos pactados arriba. Más valdría suspender esta legislación y plantearse seriamente la elaboración de una nueva.